La Nacion, Neiva

El paro de campesinos huilenses, previsto para el próximo miércoles 10 de marzo, no ha quedado en el olvido; todo lo contrario, sus organizadores han confirmado que la decisión continúa inmodificable porque hasta la fecha no han recibido respuesta a sus inquietudes, relacionadas básicamente con precios de sustentación.
Y como buena parte de lo que sucede en el Huila se repite en Caquetá y Putumayo, guardadas proporciones, pues no vacilan en decir que estos dos departamentos se podrían sumar a la protesta, con el fin de darle una connotación mucho mayor. Esta clase de uniones se han dado en otras ocasiones, de manera que se pueden repetir, con todo lo negativo que eso implica.
Desde el mismo momento en que el campesinado sale de sus tierras a caminar por un tiempo indefinido, obstaculizando vías y en situaciones extremas involucrándose en desórdenes, se generan toda suerte de pérdidas, empezando por lo que se deja de producir en cada parcela y más tarde en los vehículos que no pueden llegar oportunamente a sus destinos, debido a los consabidos bloqueos.
No es necesario forzar la memoria para recordar que los campesinos son muy organizados en sus protestas, y si se lo proponen pueden paralizar en gran parte la economía departamental, regional y nacional. Tienen lo más importante, que es el componente humano, lo mismo que una motivación, su inconformidad; elementos más que suficientes para lograr su objetivo.
Quizá no logren todo lo que se proponen, pero con seguridad impondrán condiciones, lo que significa obligar al Ejecutivo a negociar o por lo menos a escucharlos en un contexto de choque, diferente al diálogo formal y tranquilo que se da cuando las partes coinciden en un escenario con las mismas intenciones, con ánimo constructivo.
Con las vías de hecho se da igualmente la intervención de la fuerza pública, que en ocasiones se sobrepasa o se defiende, con resultados delicados cuando hay heridos o víctimas fatales. De suceder algo semejante se convierte en detonante de eventos mucho más delicados, lo que también representa una pérdida para la seguridad ciudadana, porque los uniformados que deberían estar cuidando las calles se ven obligados a estar pendientes de las zonas donde el orden público es alterado por los manifestantes.
Todo lo anterior permite aterrizar en una conclusión,  y es que todavía quedan algunos días para llegar a un acuerdo que evite el paro. Se entiende que no hay recursos para resolver esas demandas como se pretende, pero se podría lograr un acuerdo buscando puntos medios, buscando la coincidencia de voluntades, interesándose por la contraparte.
Todo está dado para que el presidente Álvaro Uribe Vélez venga el próximo fin de semana al departamento; para entonces, debe haber definiciones al respecto, antes que comience la tormenta.