Ricardo Areiza

LA NACIÓN, Neiva

La Procuraduría Regional del Huila remitió a la Fiscalía las investigaciones sobre supuestos excesos de la primera dama Sandra Marcela Rubio y abrió un proceso disciplinario contra cinco secretarios del Despacho y dos asesores. Además, pidió investigar al gobernador Luis Jorge Sánchez y solicitó sus declaraciones de renta. El mandatario seccional desestimó la decisión.

Un año después de las denuncias formuladas por el veedor ciudadano Carlos Eduardo Peinado sobre supuestos excesos de la primera dama del Huila, Sandra Marcela Rubio, la Procuraduría Regional decidió trasladar a la Fiscalía las indagaciones preliminares adelantadas por la entidad para determinar si amerita una investigación de carácter penal.

La decisión, debidamente notificada,  fue adoptada mediante auto fechado el 23 de junio pasado por el procurador regional Otoniel Parra Trujillo.

Además, compulsó copias de todo lo actuado con destino a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa en Bogotá para que investigue al mandatario seccional “por presuntas irregularidades al utilizar bienes públicos del Departamento del Huila, para su usufructo y el de su familia, al ocupar como residencia el séptimo piso del Edificio El Mosaico donde funciona la Gobernación del Huila”.

El funcionario abrió igualmente investigación disciplinaria contra cinco secretarios del despacho y dos antiguos funcionarios asesores de la Primera Dama.

La investigación disciplinaria cobija a Enrique Omar Peña, Mario Enrique Rivera Garzón, Carlos Felipe Trujillo Medina, Eulogio Durán Rodríguez y Miguel Humberto Téllez en sus condiciones de secretarios generales de la Gobernación y contra Luz Elena Gutiérrez Uribe, quien ya se retiró, y Gloria Patricia Walteros Perdomo, como jefes de la Oficina Asesora para la Mujer, Infancia, Adolescencia y Asuntos Sociales.

Según los investigadores de la Procuraduría, los funcionarios serán investigados por “presuntas irregularidades” por permitir que se ocuparan indebidamente oficinas públicas, para asignarlas a la Primera Dama, desde donde despacha conjuntamente con su asistente personal Karla Lizeth Gómez Cano, utilizando mobiliario de propiedad del Estado, además de tener a su servicio a personas ajenas a la entidad, como los contratistas Raúl Eduardo Mosquera Quiñones de la Fundación Social Amigos del Huila; Carmen Amparo Bonilla Córdoba, de la Fundación Ecológica y Social La Esperanza (Fundese) y María Eugenia Alvarado Castro, contratista de la Secretaría de Salud, quienes tienen asignados puesto de trabajo con equipo de cómputo en dichas dependencias.

El gobernador Luis Jorge Sánchez desestimó la decisión de la Procuraduría señalando que es “fallo sin fondo” y que espera que se haga claridad en las otras instancias judiciales.  (Ver entrevista)

A versión libre

Asimismo ordenó la recepción del testimonio del gobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez, mediante declaración bajo certificación jurada. También llamó a rendir declaración jurada a la primera dama, Sandra Marcela Rubio Quibano y la fijó para el 21 de julio próximo a las 8:00 a.m.

Igualmente ese mismo día escuchará en versión libre a Enrique Omar Peña a partir de las 10:00 a.m.; a Mario Enrique Rivera a las 2:00 p.m. y a Carlos Felipe Trujillo a las 4:00 p.m.

Las mismas diligencias se continuarán el 22 de julio con  Eulogio Durán, a las 8:00 a.m.; Miguel Humberto Téllez, a las 10:00 a.m. a Luz Elena Gutiérrez, a las 2:00 p.m. y a Gloria Patricia Walteros Perdomo a las 4:00 p.m.

A la Fiscalía

Actuando de conformidad con el Código Único Disciplinario y argumentando falta de competencia, compulsó fotocopias de todo lo actuado con destino a la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva para que “adelante la actuación penal a que hubiere lugar en contra de la señora Sandra Marcela Rubio Quibano”, en su condición de primera dama. Específicamente la Procuraduría, alegando falta de competencia, compulsó copias para que la Fiscalía determine lo relacionado al ingreso de 1.500 millones de pesos, que según la señora Rubio Quibano obtuvo para obras benéficas en 2009, así como “su posible participación en el presunto direccionamiento y favorecimiento del señor Jaime Martínez, en la adjudicación del contrato para la adquisición de unos amplificadores portátiles marca Challenger visa 80”.

En la misma actuación, el Procurador Regional solicitó a la Secretaría General, fotocopia de la hoja de vida, así como las declaraciones de bienes y rentas del mandatario seccional correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010.

¿Direccionamiento?

La denuncia aparece registrada en una queja formulada el 23 de noviembre de 2009 por John Farid Méndez Lugo, por presuntas irregularidades presentadas en el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa (SESASVO13-2009) tramitada por la Secretaría de Educación para la adquisición de un amplificador portátil “Challenger Visa 80” donde aparecía como único proponente Jaime Martínez.

Según la denuncia radicada en la Procuraduría, el propio Martínez le comentó “que este negocio está matriculado para él, pues en una reunión social con la primera dama Sandra Marcela Rubio había quedado maravillada con el equipo y quería que las escuelas contaran con este espectacular amplificador”.  El denunciante presentó soportes sobre el negocio pero la Procuraduría dejó en manos de la Fiscalía la investigación respectiva sobre este caso.

Contratos

Igualmente pidió las copias de los contratos de prestación de servicios o de interventoría celebrados con María Eugenia Alvarado Castro, así como los informes finales rendidos en cada uno de los contratos.

El investigador, según la decisión, dispondrá de seis meses para la práctica de pruebas y proyecta la decisión que en Derecho corresponda.

En el expediente de la Procuraduría relaciona tres contratos por 135 millones de pesos adjudicados a  Diana Fernanda Gaitán Córdoba de la Fundación Social Amigos del Huila.

Asimismo relaciona otros dos contratos por 98 millones adjudicados a Martha Edith Rojas Cuenca, de la Fundación Fundese,  por parte de la Secretaría de Desarrollo.

Testimonios

Según un testimonio rendido por Dubbi Cardoso Tovar “los contratistas que utilizan los cubículos en estas oficinas son María Eugenia Alvarado, quien tiene un contrato con la Secretaría de Salud Departamental del Huila para realizar algunas interventorías; la doctora Amparo Bonilla, que tiene contrato con una fundación y el doctor Raúl Mosquera, quien está vinculado con una fundación y ocupan dichas oficinas desde 2008”.

Testimonios similares fueron recepcionados a funcionarios y particulares que se encontraban en el despacho de la Primera Dama cuando se realizó la inspección ocular.

La denuncia

Las denuncias fueron formuladas el 28 de julio de 2009 por el veedor ciudadano Carlos Eduardo Peinado Dulcey, argumentando una supuesta “injerencia desmedida” de la Primera Dama en el manejo de la cosa pública. Según su queja, ella “es quien gobierna, da órdenes, traslada y para tal fin se le ha dotado de toda la logística en una oficina ubicada en el sexto piso, dedicada la Primera Dama, con personal, muebles y enseres pagados por el Departamento. Igualmente solicita que se investigue cuál fue la injerencia en la Junta Directiva del Festival el año pasado y el destino final de los dineros recaudados en el 2009 en el desfile de las candidatas en traje de baño en el Club Campestre, “en donde se coaccionó a los empleados para que adquirieran la boletería”.

Con fundamento en esta información reseñada, la Procuraduría abrió indagación preliminar el 20 de agosto de 2009 para verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si era constitutiva de falta disciplinaria e identificar al presunto infractor.

Inspección ocular

Durante la sorpresiva inspección realizada por funcionarios de la Procuraduría en la Oficina de la Primera Dama se encontraban los particulares Karla Gómez Cano, Raúl Eduardo Mosquera Quiñones, Carmen Amparo Bonilla Córdoba y María Eugenia Alvarado Castro y se verificó la relación de los elementos a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora, Gloria Patricia Walteros Perdomo, y que según los investigadores, “gran parte de ellos (estaban) al servicio de la Oficina de la Primera Dama”.

Los investigadores se soportaron además en una sentencia de la Corte Constitucional, según la cual,  las primeras damas no ostentan el carácter de servidor público y, por lo tanto, solamente pueden desempeñar las atribuciones públicas que la ley específicamente les confiera. Hacerlo, según esa providencia, “se estaría permitiendo que estos servidores públicos ejerzan unas actividades que dependen del libre albedrío de un particular”.

La primera dama Sandra Marcela Rubio en su antiguo despacho.