La controvertida demanda de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt  para exigir al Estado una millonaria compensación económica por su secuestro desató en el país una verdadera tormenta que terminó con el retiro de la pretendida reclamación. Pero además, puso al descubierto otras acciones similares emprendidas por varios ex secuestrados políticos y su núcleo familiar para que el Estado los indemnice por los perjuicios causados por su cautiverio. Auque las condiciones difieren sustancialmente con las insólitas pretensiones de Bentancur, quien con su actuación facilitó su plagio, las aspiraciones de los demás secuestrados son legítimas.
Sin embargo, llama la atención que aunque están legitimados para constituirse en parte civil y actuar como tales, ninguna actuación ha sido orientada para buscar la verdad y la justicia.  Por sus demandas, sólo buscan una reparación patrimonial por daños morales y materiales, algunos ya resarcidos.
Durante el cautiverio, sus familiares recibieron todos los beneficios económicos, sanitarios y tributarios, contenidos en las normas de protección expedidas por el Congreso. Incluso beneficios burocráticos y contractuales otorgados discrecionalmente por el Estado para compensar transitoriamente la tragedia.
No así, centenares de empresarios, grandes y medianos, ciudadanos comunes, modestos servidores públicos, víctimas como ellos del mismo flagelo, pero en muchos casos anónimos,  sin estatus y sin ningún privilegio. Por eso, les tocó ceder al chantaje de los plagiarios y pagar, para salvar sus vidas y recuperar su libertad, ante un estado indolente que no fue capaz de protegerlos ni garantizarles sus derechos esenciales.
Como ocurrió en el asalto al edificio Torres de Miraflores, uno de los primeros efectos de la zona de distensión que nos puso en alto riesgo. Por eso la reparación. Las víctimas, que individual o colectivamente, hayan sufrido daños directos, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, tienen derecho a ser indemnizadas. Es una lógica incuestionable. Y un derecho elemental.
Esto no significa que el Estado está obligado a presumir el daño frente a todos los familiares de la víctima directa. Tampoco significa que todos los familiares tengan exactamente los mismos derechos.
Lo que si se deriva de las normas y la jurisprudencia, es que la ley no puede impedir el acceso de los familiares de la víctima de violaciones de derechos humanos, a las autoridades encargadas de investigar, juzgar, condenar al responsable y reparar la violación. Y más cuanto el Estado por acción o por omisión, no fue capaz de garantizar sus derechos fundamentales.
Por eso llama la atención la propuesta del ex diputado y ex secuestrado Sigifredo López, para que las indemnizaciones a las víctimas por este flagelo sean reparadas con los bienes incautados a las Farc.

“Las víctimas tienen derecho a ser indemnizadas. Es una lógica incuestionable. Y un derecho elemental”.

El traslado del peaje ubicado en los Llanos de la Virgen y la creación de una nueva caseta en la vía Suaza-Florencia ha comenzado a generar polémica. Y con razón. Los efectos sobre la movilidad en las zonas de influencia son negativos. Y más cuando las inversiones ejecutadas en esa zona no se ven.