Así Piensan

Los ex congresistas Gloria Polanco, Consuelo González, Jorge Gechem y Orlando Beltrán, han presentado demandas contra el Estado por un equivalente de cerca de 10 millones de dólares.
La existencia de las demandas se conocieron el mismo día en que la también ex rehén de las Farc, Ingrid Betancourt, retiró un pedido de indemnización al Estado colombiano de unos 8 millones de dólares por su secuestro, tras haber recibido una oleada de críticas por esa pretensión.

Venas rotas
Eduardo Pizarro Leongómez
El tiempo
Demandar al Estado se ha convertido en un deporte nacional. Centenares de abogados viven de demandas, muchas justas, pero también muchas, muchísimas son simples montajes para esquilmar los recursos públicos. Para ello cuentan con la complicidad de algunos jueces y fiscales venales e, incluso, en algunos casos con funcionarios de las altas cortes (como ocurrió, recientemente, con altos funcionarios del Consejo de Estado).
Creo que la reciente demanda de Íngrid Betancourt -que ha ofendido a la inmensa mayoría de los colombianos- ha sido la gota que colmó la copa. Llegó la hora de introducir las reformas constitucionales y legales necesarias para evitar que esta vena rota en los recursos públicos continúe fluyendo hacia manos privadas sin diques de contención. Como el petróleo en el Golfo de México, debido a la irresponsabilidad de la British Petroleum Company. La corrupción es una de las peores manchas negras que ahogan la vida nacional.
Como han podido comprobar los estudios de la ONG Transparencia Internacional, la corrupción constituye uno de los principales factores explicativos del atraso económico. La desviación de los recursos del Estado hacia las arcas privadas no solamente disminuye la inversión pública destinada a los bienes colectivos (salud, educación, vivienda, vías, etc.), sino que ahonda la desigualdad de los ingresos. Los escasos bienes de la sociedad terminan concentrándose en pocas manos, como ocurre en múltiples naciones africanas, en donde minoritarias élites depredadoras acumulan la inmensa mayoría de las riquezas del país.
Además, la corrupción ahonda los costos de transacción para la economía. Si para obtener un contrato los proponentes deben pagar una coima del 10 o el 20 por ciento a los funcionarios públicos responsables de las licitaciones, pues simple y llanamente las obras se encarecen en ese mismo monto.

De Piedad a Ingrid
Beatriz López
El País
El rechazo a Piedad Córdoba por parte de estratos altos y medios que no la bajan de guerrillera y apátrida y al que se sumó la Procuraduría General, fue superado con creces contra Ingrid Betancourt, quien en dos días pasó de ser la Juana de Arco colombiana a la persona más ingrata, oportunista y ambiciosa, según palabras de Pacho Santos. Y si vamos a ponerlas al mismo nivel, hay que reconocer que Piedad ha hecho mucho más por los secuestrados que la misma Ingrid.
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Así Piedad no frene su lengua y se olvide que es colombiana cuando participa en foros internacionales o comparte tarima con Chávez, la prefiero mil veces a la Ingrid postsecuestro arrogante, calculadora y demás epítetos que le han dado millares de colombianos a través de las redes sociales de Twitter y Facebook y columnistas como Luis Guillermo Restrepo, María Jimena Dussán y Daniel Samper Ospina, después de interponer su demanda de $15.000 millones al Estado colombiano.
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Todos recordamos la figura fresca de Ingrid antes del secuestro, con sus golpes de opinión salidos de contexto como cuando hizo dieta de hambre en el Senado, su libro ‘Rabia en el corazón’, que lanzó en Francia, sobre el proceso 8.000, la campaña por la Presidencia, repartiendo condones en los buses, y su magistral intervención en el Caguán, cuando le dijo de frente a la guerrilla de las Farc todo lo que pensaba de ella.
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Meses después de que el país lloró con su liberación durante la Operación Jaque, se empezó a conocer el lado oscuro de Ingrid, a través de los relatos de sus compañeros de cautiverio, Clara Rojas y Goncalves, el gringo.
Sin embargo, al parecer, no todo es culpa de Ingrid. Circula por Internet una nota escrita por Nicolas Umaña, ex ministro plenipotenciario de Colombia en Francia, donde acusa a la familia de Ingrid, su madre, su cuñado, su esposo, ex esposo y un puñado de políticos, funcionarios y ONG francesas y europeas, “que se dedicaron a vivir de la causa de Ingrid, se repartieron su herencia y el legado, mientras ella se podría en la selva. Se dedicaron a construir sus grandes fortunas a expensas de una Nación, un Gobierno y un pueblo”.

Madame Íngrid
Por Alberto Salcedo Ramos
El heraldo
Siempre me ha asombrado la hostilidad con la cual los colombianos rasos se refieren a Íngrid Betancourt. En los foros virtuales, en las redes sociales, en las tertulias de café, la gente suele reprobarla con los adjetivos más duros. Muchos de esos calificativos resultan impublicables. Los que sí se pueden publicar la tildan de aprovechada, de exhibicionista.
La masa anónima, tan diligente cuando se trata de ventilar las miserias ajenas, encuentra criticable casi todo lo que Betancourt hace: la frialdad con la que marginó a su esposo, Juan Carlos Lecompte, desde el día mismo en que fue rescatada por el Ejército; el orgullo con el que porta su nacionalidad francesa, el cual contrasta con su distanciamiento de Colombia; la vida de majestad que lleva en París, lejos de estas tierras nuestras que, a juzgar por su larga ausencia, considera hediondas; los amores y odios que, presuntamente, caracterizaron sus relaciones en la selva con los demás secuestrados; la habilidad que demostró a la hora de vender su historia a las editoriales y a las productoras de cine.
Algunos de esos cuestionamientos se me antojan injustos. Resulta insensato que ella, además de haber estado seis años en la manigua bajo el yugo de la guerrilla, salga a debernos a nosotros. ¿Qué autoridad tenemos para criticar sus relaciones familiares o para juzgar las decisiones que tomó en la selva, sometida a presiones infames que nosotros, en la comodidad de nuestros hogares, no hemos padecido? Por antipático que nos parezca, ella tiene derecho a aborrecernos y a disfrutar plenamente de los privilegios que le brinda el gobierno francés. Tiene derecho a enriquecerse vendiéndole su historia al mejor postor, tanto en el mundo editorial como en el mercado cinematográfico. Tiene derecho a posar como diva y a cobrar por eso, en dólares o en euros, así su oportunismo nos resulte irritante.
Lo que resulta inaceptable es su pretensión de reclamarle una indemnización al Estado, cuando ella es, precisamente, la única víctima del secuestro que no tiene derecho a exigir ninguna compensación económica. Aunque ahora salga con el cuento de que no quería ser privada de la libertad, lo cierto es que su comportamiento irresponsable fue el principal motivo de su secuestro. Acostumbrada desde niña a los privilegios, pensó, quizá, que las ventajas de las que disfrutaba en Dinamarca podrían servirle en Cundinamarca, y se lanzó a la aventura de desafiar a las Farc en su territorio, con la misma frescura que habría utilizado para ir a su salón de belleza favorito. Buscaba lo que siempre la ha excitado: figurar. Hubo de ser muy duro para ella enterarse de que el país que por una vez en su vida pisaba como ciudadana común y corriente, no era una prolongación de su alcoba personal ni de las alfombras suntuosas por las que siempre había desfilado.

La impudicia de Íngrid Betancourt
Saúl Hernández Bolívar
El mundo
Los calificativos que se merecen Íngrid Betancourt y su familia, no caben en un titular. Ella, su madre, su hermana y sus hijos están en trance de demandar al Estado por su secuestro, por un monto cercano a los 16.000 millones de pesos, con el argumento de que el Ejército no le prestó la debida seguridad en su aventura por el Caguán y que el Estado debe repararla por el largo período de tiempo que estuvo secuestrada. Sin duda, un acto de cinismo, oportunismo, impudor, mezquindad, desvergüenza, descaro, vileza, bellaquería, insolencia, desfachatez, codicia, sordidez, rapacidad, egoísmo, ingratitud, deslealtad…
Todos los colombianos sabemos que la única responsable del secuestro de Íngrid fue la misma Íngrid, quien contra viento y marea quiso ir a San Vicente del Caguán por razones netamente publicitarias, en un intento por impulsar una campaña electoral totalmente deslucida. Le explicaron que por hallarse en campaña proselitista, no era permitido llevarla en aeronaves oficiales, y le advirtieron hasta la saciedad de los peligros de viajar por tierra a la recientemente disuelta zona de distensión. Sin embargo, no hubo poder humano que la hiciera desistir, por lo que fue necesario hacerla firmar un documento en el último retén militar, en el que ella se hacía responsable de lo que le sucediera. Además, varios miembros de su misma campaña se negaron a acompañarla en tan temeraria correría y se devolvieron para Bogotá.
Es decir, el secuestro de Íngrid difiere sustancialmente de la mayor parte de los miles de secuestros cometidos en Colombia en los últimos 50 años, en el hecho de que las víctimas no han corrido a los brazos de los secuestradores sino que han sido objeto de una especie de cacería por parte de estos, sin que las autoridades hayan podido o querido evitar el acecho. Muchos de esos casos merecerían una indemnización pero no el de Íngrid, quien, como se mencionó, puso en riesgo su propia libertad e integridad, e incluso la de otras personas, y por quien el Estado colombiano –empezando por el Presidente Uribe–, hizo todo lo humano y hasta lo sobrehumano para rescatarla.

Jaque a Ingrid
María Jimena Duzan
Semana
Íngrid Betancourt acaba de presentar una demanda contra el Estado colombiano por el daño moral y material que ella y su familia sufrieron a causa de su cautiverio. Si la demanda prospera, el Estado tendrá que destinar más de 15.000 millones de pesos del dinero de nuestros impuestos para pagarle a Íngrid sus caprichos de dama consentida del jet-set internacional. Si eso sucede, prometo desde ya que haré hasta lo imposible para evitar que el dinero de mis impuestos termine en esas manos. No se lo merecen.
La demanda es una gran farsa y un despropósito de pies a cabeza. La tesis jurídica de que al permitir que la secuestraran el Estado incumplió con su deber de garantizarle sus derechos ni siquiera se cumple en su caso: Íngrid entró a la zona del Caguán a pesar de todas las advertencias que se le hicieron. En el último retén tuvo incluso que firmar un papel en el que decía que entraba a la zona bajo su propia cuenta y riesgo.
En una conversación que tuve con Clara Rojas luego de su liberación, supe un detalle que me llamó la atención: Íngrid decidió dejar en ese retén a su esquema de seguridad y se fue con Clara y un periodista francés que venía con ella desde Bogotá. Todavía creo que Íngrid nunca pensó que las Farc la iban a tratar como a cualquier mortal, sino que en consideración a su fama de gran starlette internacional la iban a soltar en unos dos o tres días, y así ella podría utilizar ese secuestro para relanzar su imagen política en Europa, aprovechando el encantamiento que la prensa francesa tenía por ella. Íngrid nunca se imaginó que las Farc fueran tan pedestres y tan poco visionarias como para dejarla en la selva seis años de su vida.
Durante el cautiverio su familia hizo todos los esfuerzos posibles para lograr su liberación, y hasta sus excesos se les perdonaron. Mientras a las demás familias de los secuestrados les tocaba pelear con las uñas para que la sociedad y el gobierno no se olvidaran de sus seres queridos, la familia de Íngrid hacía sus gestiones al más alto nivel, como si ella fuera la única secuestrada; pero, repito, esa falta de tacto y de solidaridad con las demás familias de los secuestrados también se la perdonamos.
Por cuenta de sus estrechas conexiones con el gobierno francés, la familia de Íngrid logró que un avión de ese país aterrizara clandestinamente en Brasil, creyendo que las Farc iban a liberarla en esa frontera con Colombia. Y aunque el gobierno Uribe siempre tuvo como primera fórmula el rescate militar antes que el acuerdo humanitario, hizo por Íngrid lo que no ha hecho por ningún otro secuestrado: liberó a Granda, el canciller de las Farc, por petición expresa del presidente Sarkozy. La familia de Íngrid consideró que la excarcelación de ese guerrillero podía permitir su liberación, pero, insisto, hasta la apresurada liberación de Granda -sin duda el acto más contraproducente para la seguridad democrática porque reactivó a uno de los cuadros más importantes de las Farc- se la perdonamos.

Ingrid está en todo su derecho
LÁZARO JOSÉ VIVERO PANIZA
El universal
Gústenos o no lo que pretende Ingrid Betancourt, está en todo su derecho de conciliar, de demandar al estado colombiano si cree que se le vulneraron los derechos que, como reza en la Constitución Política de Colombia, deben de ser iguales para todos.
Que pensemos que actúa egoístamente, que como dijo el vicepresidente Francisco Santos, catalogándola con todos los epítetos que se le vinieron a la cabeza, ella ni ninguno de nosotros, tenemos que actuar como los demás crean cuando de defender los derechos individuales se trata.
Nos acostumbramos a actuar y hablar según el momento, según quien en los medios de comunicación lo afirme y así, dentro de un estado de derecho no son las cosas.
Si creo que se me está dejando sin protección por parte del Estado cuando me atracan en una vía concurrida o no, de una ciudad o de algún lugar del territorio colombiano y con ello, se vulneran mis derechos, sería mi obligación demandar.
Es lo mismo en este caso y si los requerimientos que se le hicieron en el momento hacen que la responsabilidad no recaiga en la fuerza pública, serán los jueces quienes lo determinen, y no la ciudadanía en general.
Se valorarán los hechos, pero todos tenemos el derecho y la obligación constitucional de hacer lo que creamos que debemos hacer.
Políticamente tendrá su costo, ya que lo que se afirma es que la mayoría de los colombianos rechazan esta pretensión y se ve incluso como muchos, tratando de hacer que las opiniones sean desfavorables para ella, aduciendo incluso que debería estar agradecida con los militares, como lo dijo monseñor Pedro Rubiano, estarán pensando que debería ir a una hoguera para ser quemada en público por desagradecida.
No todos pensamos como ellos. En mi caso respeto la decisión de una ciudadana, y analizándola con cabeza fría, me parece un hecho además plausible, que ayuda a determinar quién podría tener, o tiene en últimas la razón.
Voy a dar un ejemplo que puede servir. En la vía de Florencia a San Vicente del Caguán existían en la época varios retenes militares y, esporádicamente, salían retenes guerrilleros.
Cuando transitaba uno por allí, si existían los últimos, la fuerza pública no permitía el paso de vehículos así fuera el mismísimo Santo Padre. Me pregunto: si la insistencia de la candidata era tan grande, ¿por qué en alguno de estos retenes no se impidió el paso a sabiendas de que como se lo habían dicho, existía mucho riesgo porque había enfrentamientos?
Debería haber sucedido así y esto a mi modo de ver, puede ser una causal para señalar que no se le dio la protección necesaria.