En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, los campesinos apelan de nuevo a las concentraciones y las marchas pacíficas de protesta por la posición de desventaja en que continúan; aunque en condiciones normales deberían ser uno de los grupos poblacionales más aventajados por su principalísimo aporte a la seguridad alimentaria.

La verdad es que la concentración de la tierra, el desplazamiento y los Tratados de Libre Comercio son factores que han impactado de manera directa la economía campesina colombiana, incidiendo, entre otras cosas, tanto en la superficie cosechada como en su manutención, que para la mayoría en el país es apenas de subsistencia.

Una reorganización de la tierra es parte de lo que se reclama, pues para nadie es secreto que la mafia y politiqueros de oficio, entre otros, se han apoderado en forma irregular de grandes extensiones aptas para el agro, que deben ser entregadas a los campesinos de tal manera que puedan cumplir con su labor en condiciones dignas, sin temores de ninguna naturaleza.

Infinidad de veces se ha expresado la necesidad de una verdadera reforma agraria o aunque sea aumentar la tierra productiva para la siembra de alimentos, con el fin de asegurar el autoabastecimiento, y para ello el Gobierno debe apoyar con subsidios, compra de cosechas y regulación de precios. Pero esto no deja de ser una idea abstracta.

Y qué decir del desplazamiento, que obliga a las familias a desprenderse de sus pocas pertenencias, abandonar su hábitat y someterse a las hostilidades de la ciudad, un medio donde estarán siempre en desventaja, así reciban asistencia. Eso cuando logran sobrevivir al conflicto armado, que con todo y la política de Seguridad Democrática sigue provocando toda suerte de males.

Producto de los efectos del desplazamiento forzado y la carencia de políticas públicas que garanticen la producción nacional y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, se presentan esta clase de manifestaciones en las que participan hombres y mujeres deseosos de que se les haga justicia.

Acceder a créditos es otra de las dificultades por las que deben atravesar. Así desde Bogotá se diga lo contrario, el Estado sigue en deuda con este sector de la población; las oportunidades son mínimas, y cada vez que se dan otros sacan ventaja por cuenta de la corrupción rampante. Sucedió con Agroingreso Seguro, por mencionar sólo uno de los capítulos más recientes de ingrata recordación.

Ya basta de modelos que solo sirven de distracción o para enriquecer aún más a unos pocos. Es tiempo de escuchar a quienes durante décadas han reclamado sin recibir la compensación mínima deseada. Bienvenidas, entonces, las expresiones de inconformidad, en defensa de sus derechos, siempre que se hagan sin atentar contra el orden.