Carlos Javier Murcia

LA NACIÓN, Bogotá

La reforma a la Ley 30 sobre educación superior mantendrá el esquema de financiación y definirá lineamientos para acceso y mejoramiento de la calidad, aseguró el senador Carlos Ferro.

La ministra de Educación, María Fernanda Campo y el sector académico avanzaron esta semana en un acuerdo sobre el contenido de la reforma a la Ley 30 de educación superior que se presentará al Congreso a partir del próximo 20 de julio.

El senador Carlos Ferro, integrante de la Comisión Sexta de Senado, donde se tratan temas como educación, explicó en diálogo con LA NACIÓN,  los lineamientos generales de la reforma.

-¿Cuáles son las líneas generales de la reforma?

Es una propuesta que presentará el Gobierno Nacional al Congreso de la República que busca fortalecer el proceso de la educación superior y aumentar en cerca de un millón y medio los cupos que en estos momentos se tienen en materia de educación. Se quiere fortalecer en proceso de la universidad pública y al mismo tiempo busca unos incentivos que permitan a inversionistas privados meterse en la educación y ayuden a apalancar los cupos que se quieren en los próximos años.

-¿Cómo se lograría?

Inicialmente hay un acuerdo entre los  rectores de las universidades públicas para aumentar en un tres por ciento los ingresos que provienen de la financiación de la Educación Superior que antes tenía el Icfes y van a buscar que con ellos se aumente la oferta universitaria a nivel regional. Se quiere hacer inversión en ciencia y tecnología.  También se busca incentivar un proceso en materia de acreditación a nivel universitario. Pero estamos esperando la propuesta del Gobierno para los incentivos en el caso de los inversionistas privados. Desde el año 1992 la Ley 30 no había sido modificada.

-¿Qué significado tiene vincular al sector privado?

Simplemente que sean un motor generador en materia de desarrollo, que permitan que por medio de los recursos que puede tener la empresa privada todos los sectores puedan llegar a la educación y de esta manera generar proceso de fortalecimiento en materia de cobertura de la Educación Superior. Aquí se podrían presentar una series de alianzas del sector privado para mejorar la calidad de la educación y ayudaría a impulsar los campos de investigación. Igualmente el sector privado puede participar en alianzas con las universidades internacionales y que los doctorados que hay en el exterior se puedan dictar en Colombia y saldría así más económico.

-¿Qué pasará con la acreditación?

Hay una preocupación bastante alta por parte de las universidades, en relación a las exigencias. Aquí se busca que el Gobierno ayude a financiar la oportunidad que deben tener las universidades públicas para que tengan profesionales mínimos en maestría para que dicten clases en Colombia.

-Con la vinculación del sector privado, ¿bajaría el costo de los cupos?

Se tendría que revisar una serie de políticas que permita que los sectores privados generen una inversión y que al final obtengan unos resultados económicos. Este ejercicio lograría que cuando se presenten los cupos haya una posibilidad mayor para los estratos 1, 2 y 3. El ejecutivo debe crear un mecanismo para bajar los costos.

-¿Cómo quedarán las carreras técnicas?

Aquí se esta buscando un fortalecimiento de las carreras técnicas y va jugar un papel importante en Sena que a nivel nacional viene adelantando una gran labor.

-¿Esto puede generar una privatización de las universidades públicas?

Para nada, fundamentalmente la Ley 30 mantiene el esquema de financiación, la educación superior en Colombia es una obligatoriedad consagrada en la Constitución y por eso el Estado debe darle la oportunidad a los colombianos acceder a ella y el esquema que se quiere mantener es con el apoyo del Estado.

Temas relevantes del acuerdo

Se mantienen la autonomía universitaria. También las instituciones de educación superior con ánimo de lucro para que entren a cofinanciar la educación superior. Pero tendrán un mayor control sobre las fuentes de recursos y socios. La autorización, otorgada por el Ministerio de Educación, será temporal por cinco años.

El Ministerio acogió la propuesta de los rectores de incrementar en 3%, desde 2012, el presupuesto base de las universidades. Incremento que se sumará cada año hasta 2022. Los recursos podrían ascender $1,5 billones. Las regalías se destinarán para inversiones físicas (infraestructura y TIC) en educación, podrán invertirse en las IES. El 10% del Sistema General de Regalías vaya destinado a Ciencia, Tecnología e Investigación.

Carlos Ferro, miembro comisión sexta del Senado.

Gobierno y académicos lograron un primer acuerdo.