El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, explica los retos y dificultades que enfrenta el gobierno para poner en práctica las recomendaciones del informe de desarrollo humano ‘Colombia rural, razones para la esperanza’.

SEMANA: Después de leer el informe de ‘Colombia rural, razones para la esperanza’, quedan motivos de preocupación. ¿El gobierno está de acuerdo con esa radiografía?

JUAN CAMILO RESTREPO: El informe coincide con lo que ha sido el interés del gobierno de poner en el escenario de las grandes preocupaciones nacionales el tema rural y de tomar medidas para promover la condición de quienes viven en la ruralidad, que son los más pobres de Colombia. Vemos muchos puntos de coincidencia. Primero, el informe recomienda que se haga un censo rural, que hace 41 años no se hacía. Ese censo ya empezó: el Dane lo está preparando y está proyectado para terminar al final de 2013. Segundo, el informe también recomienda que hay que gravar mejor la tierra, para que no se le mire como un activo de especulación o de engorde, sino como un activo productivo

SEMANA: ¿Cómo?

J.C.R.: En el plan de desarrollo se ordenó actualizar el Catastro rural que está muy atrasado. El 70 por ciento de los predios estará cerca en su valor catastral a los valores comerciales, y eso arrastra de por sí una dinámica muy importante en el predial porque está vinculado al valor catastral.

SEMANA: ¿En qué no está de acuerdo con el informe?

J.C.R.: En que el predial lo dejen de manejar los municipios y lo pase a manejar el gobierno nacional.

SEMANA: ¿Cómo encontró las instituciones cuando llegó y qué está haciendo para que el sector tenga más estado en el mercado?

J.C.R.: Encontramos una institucionalidad hacia el sector rural completamente destruida. Los programas reducidos a su mínima expresión, los recursos públicos, que son escasos, dedicados en gran medida a apoyar la gran agricultura, que es respetable, por supuesto, pero que tiene otros medios para financiarse. En cambio los programas de apoyo a la pequeña y mediana agricultura estaban completamente decaídos. Hemos hecho un esfuerzo para cambiar eso. El programa de vivienda rural para el año entrante es cinco veces superior al promedio que se venía ejecutando y el programa Alianzas Productivas, que es para aglutinar pequeños y medianos agricultores, se ha triplicado. Transformamos el llamado AIS lo en un nuevo programa que se llama DRE, Desarrollo Rural con Equidad, ya eso dice bastante. Pero también la institucionalidad. Una de las entidades más importantes es el Incoder para hacer desarrollo rural. Lo encontramos bastante descaecido y se le está haciendo una reingeniería a fondo.

SEMANA: ¿Eso significa cambio de personal?

J.C.R.: Ya han salido funcionarios y saldrán otros. El Incoder está supremamente infiltrado, sobre todo a nivel regional. Había regionales que estaban prácticamente tomadas por intereses paramilitares.

SEMANA: ¿Cuáles de esas sedes del Incoder tenían más grado de infiltración paramilitar?

J.C.R.: Magdalena, Meta, el Urabá antioqueño, y había infiltraciones graves también en otras áreas como en Córdoba. 

SEMANA: El gobierno decidió hacer un Plan de Choque de Tierras y aprobar la Ley de Víctimas, antes de organizar el sector. ¿No era mejor hacer primero la ley de desarrollo rural?

J.C.R.: La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras era una primerísima prioridad y hubo el momento parlamentario para impulsarla, pero mientras esa ley se aprobaba transformamos el AIS, crecimos los presupuestos y estamos reestructurando el Incoder. Medidas de desarrollo rural se han venido tomando y ahora vamos a rematar con una ley.

SEMANA: ¿Son suficientes los instrumentos creados y los que se están trabajando?

J.C.R.: Nada es suficiente, pero por algo hay que comenzar. Otra cosa que está muy desdibujada, casi desaparecida, es la asistencia técnica que ha venido quedando en manos de los gremios, a pesar de que la ley dice que es un servicio público y obligatorio que deben prestar coordinadamente el gobierno central y entidades descentralizadas.

SEMANA: El informe considera que es crucial que las políticas sean intersectoriales, que tengan un enfoque integral. ¿La nueva ley tiene ese enfoque

J.C.R.: El Consejo Nacional de Tierras es un buen ejemplo porque allí se van a integrar los ministerios, y también en la unidad de aguas y de tierras, porque una de las falencias mayores que tenemos en este momento en Colombia, paradójicamente, es el uso del agua. Hace veinte años no se construye un embalse regulatorio en Colombia ni un nuevo distrito de riego. Necesitamos una política realmente ordenada en materia de irrigación y de aguas.

SEMANA: ¿Y cómo va a funcionar ese Consejo Nacional de Tierras? ¿Qué capacidad real tiene usted de decirle al ministro de Minas, que es un par suyo, dónde puede o no hacer minería?

J.C.R.: Hay un manchón potencial sobre el 85 por ciento de la tierra agrícola del país, en donde hay concesiones mineras otorgadas. Tiene que haber una autoridad que zanje y arbitre esos problemas. Colombia tiene que tener la lucidez de saber explotar bien sus recursos mineros legales, pero sin arrasar con la agricultura ni con el medio ambiente, ir induciendo unos mejores usos de la tierra.

SEMANA: ¿El modelo de la ley es desarrollista, o tiene una visión integral como la que propone el informe?

J.C.R.: En Colombia puede y debe haber agricultura empresarial de gran formato con miras a la exportación moderna con gran inversión de capital. Pero así como decíamos que la minería no puede avasallar a la agricultura, tampoco podemos avasallar la pequeña y mediana agricultura del país, que finalmente es la que produce el 70 por ciento de los alimentos, de la que viven tantos millones de colombianos, tenemos que encontrar un modelo de equilibrio. Otro punto muy importante en que coincidimos con el informe es la formalización de la propiedad rural. El 40 por ciento de los predios que se trabajan en Colombia son informales y esta es una de las trampas de la pobreza rural porque al no estar formalizado muchas personas no están bancarizadas, no pueden hipotecar, no pueden tener crédito, no pueden tener subsidio.

SEMANA: ¿Cuál es la meta en formalización de tierras?

J.C.R.: En los cuatro años, dos millones de hectáreas formalizadas.

SEMANA: La formalización es uno de los grandes problemas pero el uso de la tierra es el otro. La Ley de Ordenamiento Territorial hubiera podido meterse de fondo en este asunto, pero no lo hizo…

J.C.R.: A la Ley hay que darle tiempo, lleva seis meses de sancionada. El uso de las tierras es la sumatoria de muchos factores: un buen régimen tributario, el manejo del POT, un buen manejo de estímulos. Tenemos que avanzar, Colombia tiene 38 millones de hectáreas en ganadería y apenas cinco en agricultura. Podemos ser una potencia ganadera de exportación reducida, de veinte millones de hectáreas, y liberar diez millones para la agricultura con programas de silvicultura. Una hectárea en promedio en agricultura produce 12,5 más veces valor agregado que una en ganadería.

SEMANA: ¿Pero la Ley de Ordenamiento Territorial sirve para esa transformación?

J.C.R.: Sirve. Lo que busca es inducir racionalmente este cambio. En vez de cinco millones en agricultura podemos tener hasta veinte millones. Tenemos apenas 350.000 hectáreas forestales y hay que tener siquiera un millón en el cuatrienio, para irnos enrumbados a un potencial de 14 millones de hectáreas. Esto es lo que se llama el cambio gradual.

SEMANA: ¿Cuándo se podría ver la primera expropiación de un predio improductivo en este gobierno?

J.C.R: La primera va a ser muy pronto en una finca emblemática de despojo y mal uso ambiental que se llama Las Pavas, en el Magdalena, que además ha sido lugar de conflictos agrarios y ha tenido uso indebido ambiental.

SEMANA: ¿Cómo está avanzando en la implementación de la Ley de Víctimas y de Tierras?

J.C.R.: Es una ley con dificultades jurídicas y de seguridad. El primero en reconocerlo es el gobierno, pero no porque esas dificultades existan vamos a echar atrás. Hay dos millones de hectáreas, 135.000 familias despojadas en este cuatrienio.

SEMANA: Que el 20 por ciento de las tierras del Meta se las hayan robado es un gran escándalo.

J.C.R.: Es una vergüenza nacional.

SEMANA: Por todo lo que hemos conversado, usted tiene que liderar una tarea titánica con muchos costos. ¿Se va a quedar en el Ministerio los cuatro años?

J.C.R.: Los ministros somos siempre transeúntes y nuestra permanencia depende del presidente de la República. Lo importante es que ya hay una política de Estado y un compromiso muy claro. Yo quisiera terminar esta entrevista con una frase que recuerda a un pensador español de finales del siglo XVIII, víctima de los déspotas de esa época, Melchor de Jovellanos. Él hablaba que España era un territorio de tierras sin hombres y de hombres sin tierras. La situación de la ruralidad colombiana no es muy diferente. Lo que queremos es que haya menos tierras sin hombres y más hombres con tierras.