El gobierno quiere tener un marco jurídico para algún día poder hacer la paz en Colombia, y acaba de presentar un proyecto. Pero tantos intereses, temores   y visiones encontradas reflejan lo difícil que es crear un consenso para acabar  el conflicto armado.

Semana

Informe Especial

Es casi increíble -y muy revelador- lo que pueden provocar 41 líneas de texto. Nada más apasionado que el debate que ha despertado el lacónico texto de la iniciativa del gobierno que busca aprobar en el Congreso un marco constitucional para la paz, sin que una negociación con la guerrilla se avizore siquiera en el horizonte, al menos por lo que se sabe. Más allá de la incierta suerte del acto legislativo en el Congreso, con la Unidad Nacional dividida y el ex presidente Álvaro Uribe lanzando un trino tras otro en su contra, queda claro que, después de cuatro años de Caguán y ocho de guerra abierta, Colombia dista de los consensos necesarios para llegar al cierre del medio siglo más bárbaro de su violenta historia.

Ningún proyecto respaldado por el gobierno, con su aplastante mayoría en el Congreso, había arrancado como este. Estuvo a punto de naufragar en el primero de sus ocho debates, en la Comisión Primera de la Cámara, el pasado martes 4, y solo lo salvó su aplazamiento para esta semana. Aunque la Unidad Nacional, reunida con el presidente, le había dado la bendición, desde el liberalismo y el Partido de la U lo criticaron duramente. Los militares lo miran de reojo. El diario conservador El Nuevo Siglo se preguntó sobre su “oportunidad”. Michael Reed, ex director de la oficina en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional y fundador de la Corporación Punto de Vista, lo calificó de “innecesario, enredado, redundante, oscuro, contradictorio y prematuro”, adjetivos esparcidos a lo largo de un argumentado artículo en la revista digital Razón Pública. El presidente, el vicepresidente y hasta el alto comisionado para la Reintegración tuvieron que salir a defenderlo.

¿Qué es lo que ha producido tales reacciones?
El proyecto del gobierno, o Acto Legislativo 94 de 2011, busca dos objetivos: resolver la crisis de la Ley de Justicia y Paz y despejar obstáculos jurídicos y constitucionales para futuros procesos de paz. Por una parte, el gobierno sostiene que, con solo cuatro condenas en seis años y más de 1.800 de los 4.600 postulados aún sin rendir versión libre, es urgente ofrecer claridad jurídica a las desmovilizaciones pasadas (paramilitares) y las futuras (guerrillas). “La alternativa a ese proyecto de acto legislativo es que podríamos ver a más de 25.000 personas reintegradas siendo nuevamente reclutadas por las bandas criminales o por la propia guerrilla, como ya en efecto están comenzando a hacer”, dijo Santos. Ante la imposibilidad de investigar y juzgar cientos de miles de crímenes cometidos en el conflicto, propone aplicar criterios de selección (escoger qué casos se investigan y cuáles no) y de priorización, para privilegiar los procesos de los perpetradores “más responsables” o los crímenes más emblemáticos.
Por otra parte, eleva a rango constitucional la justicia transicional y el “conflicto armado interno” (no hace falta imaginar la reacción de Álvaro Uribe y sus seguidores); autoriza un “tratamiento diferenciado para cada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades” (con lo cual incluye a los militares como actores del conflicto y sujetos de justicia transicional). Además, añade una excepción al artículo 122 de la Carta. Este prohíbe, desde que se aprobó el Acto Legislativo 01 de 2009, que condenados por pertenencia a grupos armados ilegales o delitos de lesa humanidad y narcotráfico ocupen cargos de elección popular o puestos públicos. Con la reforma, el gobierno podrá pedir al Congreso que “miembros de grupos armados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un eventual proceso futuro de paz” accedan a esas dignidades.
Sus antagonistas alegan varias cosas. Algunos creen que ofrecer la posibilidad de cargos de elección popular a la guerrilla debe ser parte de la negociación, no una concesión previa. Otros, como Miguel Gómez, de La U, sostienen que el proyecto permitiría indultar y amnistiar a victimarios que han cometido delitos atroces, y afirman que ni el derecho internacional ni las normas constitucionales permiten usar mecanismos no judiciales, que significan renunciar a la sanción penal ante crímenes de lesa humanidad. Diego Vecino, ex comandante paramilitar, envió una carta apoyando la idea de que él y sus ‘colegas’ puedan participar en política.
Ciertamente, el gobierno y el senador Roy Barreras, autor del proyecto, apuntan a un problema de fondo: con las limitaciones que han ido imponiendo las cortes Constitucional y Suprema a la figura del delito político, del concierto para delinquir agravado y a la aplicación a los desmovilizados del principio de oportunidad, cualquier negociación futura con la guerrilla es inviable. Ningún jefe de las Farc va a entregarse para ir varios años a la cárcel y no poder participar en política. A la vez, la crisis de Justicia y Paz es tan seria que el proceso puede colapsar en cualquier momento y abrir la puerta a una intervención de la Corte Penal Internacional por su falta de resultados.
La conducta de los encargados de resolver estos líos no ha contribuido precisamente a dar una sensación de armonía y coordinación en las altas esferas del Estado. La idea original del senador Barreras era tramitar, por una parte, una rápida reforma legislativa a la Ley 975, de Justicia y Paz y, por separado, un acto legislativo para futuros procesos de paz. No solo el gobierno decidió mezclar ambas iniciativas y emprender el empinado camino de la reforma constitucional, sino que la Fiscalía presentó por su cuenta al Congreso una reforma a la Ley 975 con sus propios criterios.
Para completar, el juez Baltasar Garzón, quien, en el marco de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y por solicitud del gobierno, venía haciendo consultas y buscando consensos, presentará sus recomendaciones esta semana, cuando los demás ya jugaron sus cartas sobre la mesa en el Congreso.
Unir en un solo proyecto de nivel constitucional el marco jurídico para la paz futura y las soluciones a la crisis de hoy en Justicia y Paz puede ser problemático. La iniciativa oficial solo se aprobaría en junio de 2012, y una ley de Justicia y Paz reformada bajo los nuevos parámetros solo estaría lista a fines de ese año. Los 20.000 desmovilizados que están por fuera del proceso tienen plazo hasta diciembre de 2011 para acogerse al Decreto 1424, emitido para resolver su incertidumbre jurídica. El decreto pende de la Corte Constitucional, y los desmovilizados no se están registrando. Un año y medio de limbo jurídico que puede convertirse en la fiesta del reclutamiento para las llamadas Bacrim.

Preguntas y expectativas
En el fondo, el debate planteado refleja la magnitud de los desacuerdos esenciales en Colombia. Para conseguir la paz, ¿la vía es cero concesiones y guerra hasta el fin, o negociación? Si la guerrilla se desmoviliza, ¿se pondrá énfasis en el castigo a sus crímenes o en la reconciliación? Cada proceso de justicia transicional es una combinación única de verdad, justicia y reparación a las víctimas; ¿cuál combinación quiere esta sociedad? ¿Cómo conciliarían la decisión nacional y los imperativos cada vez más punitivos del derecho internacional? Sin llegar a ciertos consensos en torno a las respuestas será imposible terminar el conflicto armado.
De pronto, sería mejor estarlos discutiendo en un amplio escenario que involucre a toda la sociedad, y no en torno a una reforma constitucional en el Congreso.
El gobierno busca una solución definitiva pero no parece contar con ciertas cosas. Dejar abierto el tiempo de aplicación de la justicia transicional arriesga a convertir en permanente un mecanismo excepcional, lo que puede terminar incentivando la comisión de nuevos crímenes. La crisis de la Ley de Justicia y Paz podría encararse con reformas legales, no constitucionales, y con medidas prácticas de más fácil trámite que el polémico acto legislativo. Las medidas de justicia transicional que una sociedad define para terminar un conflicto armado son resultado del proceso político cuando este madura hacia una negociación, y no al revés, las medidas primero y el proceso después. Tener listo el cuero antes de siquiera avistar al tigre no va probablemente a contribuir a que pasen a la historia las 41 líneas del proyecto de acto legislativo del presidente Santos. Más allá del complejo debate político y jurídico, queda claro que el presidente Santos quiere pasar a la historia como el hombre que quiere hacer la paz en Colombia y está abonando el terreno para ello.