En Neiva son preocupantes las quejas por presuntas negligencias de las EPS e IPS para atender a sus pacientes. En lo corrido del 2011 se han reportado, según la Defensoría del Pueblo, un total de 88 casos. Aunque la cifra es alarmante, se queda corta para todos los episodios que en realidad se presentan y no se denuncian. LA NACIÓN revela panorama de esta dramática situación.

LINA JOHANA MEDINA

LA NACIÓN, NEIVA

El cáncer de esófago de Aquileo Parra Ramírez, un hombre de 87 años, fue diagnosticado en enero de 2011. Su enfermedad pudo intervenirse a tiempo sino fuera porque su EPS aplazó tanto las autorizaciones de sus exámenes y medicamentos. Hoy, el adulto mayor reside en una habitación en el municipio de Yaguará al cuidado de una sobrina y en un avanzado estado de desnutrición porque su cuerpo solo recibe líquidos.

Ese es, con documentos en mano, el argumento de Gladys Parra, sobrina del señor Aquileo y quien ha estado al pendiente de los procedimientos médicos de su familiar. De acuerdo a la mujer, los exámenes tanto de laboratorio como de radiografías siempre han tardado entre uno y dos meses para las respectivas autorizaciones y ejecución de los mismos, lo que ha retrasado el tratamiento del paciente.

Aquileo Parra Ramírez, reside en Yaguará en un alto estado de desnutrición.

Tan solo en mayo  Aquileo fue remitido a Oncología, Gastroenterología y Radio oncología, en Solsalud del municipio de Yaguará. Sin embargo, fue enviado a Neiva donde mes y medio después de notificadas las órdenes aún no se daban las autorizaciones necesarias para la valoración con los especialistas.

Fue así como Gladys tomó cartas en el asunto e interpuso la primera acción de tutela el 21 de julio ante el Juzgado Cuarto Civil Municipal. El 4 de agosto aún no había respuesta porque según la funcionaria del despacho son muchas las tutelas a la espera de ser falladas. Siete días después salió el fallo, pero en contra ya que la EPS argumentó que sí habían autorizado la valoración, según Gladys si fue cierta la autorización pero solo cinco días después.

Gladys Parra, sobrina  al frente del caso.

La lucha parecía eterna, hasta que por fin se logró la valoración con los especialistas en Oncología y Gastroenterología. En este punto la familia sentía que había ya una luz de esperanza, pero el avance de la patología hizo que los exámenes de laboratorio tomados en marzo, fueran repetidos a su vez que Parra fue remitido con el nutricionista y empieza de nuevo la lucha de las autorizaciones.

Cuando ya Gladys tenía los resultados de los exámenes de laboratorio, Solsalud remitió el paciente al Instituto Huilense de Cirugía Gástrica para la valoración con la nutricionista. Inicialmente le dijeron que estaría en la lista de espera de citas, pero diez días después este se negó a prestarle el servicio explicando que su EPS no pagaba y no estaba atendiendo a los usuarios pertenecientes a ella.

Hoy, el señor Parra Ramírez ya está cansado, ha perdido peso y las ganas de vivir. Su cuerpo empieza a hincharse por la avanzada desnutrición, y no puede estar esperanzado al cuidado de los hijos porque nunca tuvo, toda su vida cultivó la tierra, sembró los mejores productos para la venta y siente que el Estado no le reconoce eso.

Muchos casos sin denunciar

Como el caso de Aquileo Parra Ramírez, son muchos los que existen en Neiva y el Huila, pero sin denunciar. La demora en las autorizaciones para medicamentos, exámenes, cirugías e incluso en el mismo sistema judicial, colma la paciencia de muchos usuarios que optan por sacar de su mismo bolsillo para financiar algunos procedimientos, mientras que para otros el temor a que la EPS tome represalias por hacer pública la negligencia les impide hablar. Y están quienes por desconocimiento de las leyes y los derechos a la salud se resignan y llevan el proceso al paso de la entidad en salud: lento, muy lento.

LA NACIÓN consultó a la entidad que atiende al señor Aquileo. Esperanza Castro, gerente de Solsalud en Neiva, dijo que después de la revisión de las órdenes de exámenes radicadas  de Aquileo Parra Ramírez, no se evidencian demoras en la toma de los mismos o ayudas diagnósticas. “La única demora que se registra es la ocasionada por el daño del equipo del Hospital Universitario requerido para la colocación del Stent Esofágico que le permite al paciente pasar alimentos, sin embargo, lo remitimos a Bogotá pero su sobrina se negó a trasladarlo”, asegura.La funcionaria de la entidad privada  expresó que en varias ocasiones se le ha dicho a la familia que Solsalud se encarga de sacar las citas a don Aquileo, pero ellos no aceptan la ayuda. Aún así, “cuando sí se han presentado retrasos con otros usuarios es porque el servicio no está disponible, porque existe tardanza en la asignación de citas en el Hospital, y hasta porque en algunas ocasiones solo hay un especialista para tratar alguna enfermedad y no está en la ciudad”.

Reconoce que hay muchas complicaciones en el sector salud, e insiste en que los costos médicos son muy altos, “y el Gobierno Nacional da muy pocos recursos por los usuarios del régimen subsidiado. El sector salud está en crisis, hay muchos empleados sin que se les cancele sus sueldos.

El tratamiento de don Aquileo nos cuesta tres millones de pesos y a nosotros elGobierno sólo nos gira veintidós mil pesos, pero a veces la gente no entiende eso”, puntualizó.

“A las EPS les interesa la rentabilidad”

Cosa muy distinta piensa un defensor de las leyes en Colombia. Las EPS y Las IPS trabajan como empresa, y una empresa lo que busca es rentabilidad, abaratar costos, refiere Camilo Rodríguez, abogado con experiencia en este tipo de casos. “Ellos venden un servicio, pero no garantizan el derecho a la salud, y las personas que no tienen recursos para pagar un médico privado se quedan muchas veces sin ser atendidos, como quien dice eso está fuera del Plan Obligatorio de Salud (POS) eso no nos interesa argumentan las entidades en salud”.

Camilo Rodríguez, abogado.

En algunas circunstancias, los usuarios acuden a la Acción de Tutela, defendida por la Corte Constitucional como el único mecanismo que tienen para que se les garantice su derecho a la salud. Lo grave es que a veces tienen que hacer uso de esta herramienta para acceder a un servicio

que sí está dentro del POS.

Rodríguez cuenta cuáles son las denuncias más frecuentes: “Cuando se presentan enfermedades terminales los usuarios manifiestan retraso en la entrega de medicamentos y ejecución de los tratamientos.  Últimamente a personas afiliadas en las diferentes EPS les ha tocado demostrar que tener dificultades como la obesidad o problemas dentales no es una problemática estética, sino que es algo vinculado directamente con el bienestar y la salud de la persona ya que si alguien por ejemplo no tiene una dentadura en las mejores condiciones no puede masticar, y por lo tanto hacer el proceso digestivo que inicia desde el consumo de los alimentos”.

Para el defensor, Colombia tiene un sistema de salud que solamente responde a la enfermedad, busca atacarla, pero no prevenirla. “Claro, como eso no da plata y no es la lógica del mercado la que asumen las EPS e IPS, o el Gobierno Nacional por eso no se evitan las enfermedades”, explica.

“Los casos por negligencia son más”

Entre tanto, para Constanza Arias, defensora regional del Pueblo en el Huila, aunque son muchos los casos presentados este año por negligencias de las EPS, también son bastantes lo que no se conocen, pero que existen y no se denuncian.

Para la funcionaria, este año se han interpuesto un total de 88 quejas y 12 Acciones de Tutela. “El usuario va en búsqueda de que nosotros le prestemos un acompañamiento, asesoría o una intervención para que la solicitud sea atendida. Las más frecuentes es por la negativa al otorgamiento de citas con especialistas, autorización de medicamentos y procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, aunque la cifra es alarmante, también es corta para todas las negligencias que en realidad se presentan y no se tiene conocimiento, de todas formas  denuncias por negligencia de las EPS es una tendencia siempre a aumentar”, indicó.

Según Constanza Arias, acudir a la Acción de Tutela es sinónimo de falta de garantías al derecho a la salud en Neiva. “Existe una alta negativa de las entidades de salud a los usuarios y se convirtió en una necesidad acudir a la acción de tutela, entonces lo que tenemos es un sistema que no garantiza los derechos de salud y obviamente a las condiciones de vida. Por otro lado, se prestan los servicios en unas condiciones muy bajas y eso, para lo único que está sirviendo es para beneficio de las entidades y no para el usuario. Cada día es menos eficaz, menos oportuno el servicio de la salud a los beneficiarios”, confirmó Arias, tras recordar la importancia de denunciar los casos “porque se trata de la vida de las personas”.

¿Por qué no denuncian?

Pedro José Iriarte Flórez, personero delegado para los Derechos Humanos de la Personería de Neiva, asevera que por supuesto existen muchos casos por negligencia de las EPS, “pero muchas veces la persona en lugar de presentar una queja, denuncia, evita hacerlo para ahorrarse el tiempo extenso de un procedimiento o proceso judicial y rendir declaraciones. Muchos prefieren dejar las cosas así, pocos, buscan un abogado y demandan por la parte civil o administrativa a la EPS o la clínica”.

Cuando existen peticiones, su función es hacerlas cumplir. “Nosotros velamos por el cumplimiento de los Derechos Humanos, y a una queja le damos el trámite correspondiente, pero una cosa son las sanciones administrativas y otra que se puedan interponer a una EPS – IPS, y otras sanciones de tipo legal donde la persona a través de un proceso judicial busque un resarcimiento económico por los perjuicios que se le causaron”, concluyó.

Fotos: LA NACIÓN/ Suministradas