El ex candidato a la Gobernación, Carlos Mauricio Iriarte, se defiende de un proceso en su contra que cursa en la Fiscalía  porque estando de gerente de E.P.N contrató con una firma, cuyos socios eran  funcionarios públicos como él. “Se contrató ajustado a la legalidad”.

FRANCISCO ARGÜELLO

LA NACIÓN, Neiva

Durante la semana, LA NACIÓN reveló detalles del por qué Carlos Mauricio Iriarte, ex gerente de E.P.N terminó enredado con la Fiscalía por adjudicarle cuatro contratos para medición de contadores de agua a O.P.S, una firma cuyos socios eran funcionarios públicos, cuando la ley lo impide.

El ex candidato a la Gobernación del Huila, se defendió en LA NACIÓN y habló de la medida de aseguramiento con beneficio de ex carcelación que le profirió la Fiscalía.

-¿Qué dice frente a su proceso en la Fiscalía?

Lo que tengo que decir es con respecto a lo que he leído  en las informaciones de prensa, básicamente en LA NACIÓN. Tengo que aclarar que no es una investigación o proceso donde se investigue un robo, una desviación de recursos o una utilización de dineros del Estado en provecho propio. Nada de eso. No se investigan inmoralidades mías, tengo que decirle a la opinión  pública que no hay en el país una sola persona que pueda mirarme a los ojos y decirme ‘usted algún día como funcionario público me pidió un dinero por una contratación o tuvo un interés oscuro en una contratación’. Es una investigación en la cual rendí versión hace cuatro años, ahora  leo que se resuelve situación jurídica. Y me entero por la prensa que el mayor cargo que se me hace es que se trataba de una empresa, cuyos algunos socios eran servidores públicos, algo que entraría a mirar con mis abogados, con quienes vamos a defender el caso, porque otra cosa que tengo que decir es que soy enemigo y nunca me ha gustado controvertir decisiones o providencias judiciales en los medios de comunicación. Pero como me enteré por los medios, por eso concedo la entrevista.

-Cuando usted decide contratar con O.S.P, la empresa que lo tiene en líos con la Fiscalía, ¿hace un análisis detallado de dicha firma? ¿Cómo fue la selección?

Claro, EPN se rige por unas normas especiales, no por ley 80, sino por normas especiales de contratación basada en las normas de servicio público. Y, las contrataciones son basadas en el derecho privado y con unos estatutos que hoy tiene y en la época tenía la empresa. Yo puedo darle la certeza en un ciento por ciento a los huilenses que hubo apego a las normas, a la legalidad, a las normas jurídicas en la contratación. Además, selección objetiva y apego a las buenas costumbres y buenos usos de la administración porque ese ha sido mi actuar siempre.

-Pero pese a sus argumentos, la Fiscalía optó por dictarle medida de aseguramiento con beneficio de excarcelación porque contrató con una firma, cuyos socios eran funcionarios públicos

Yo no contraté con funcionarios, eso sí se lo puedo decir claramente, porque lo demás vamos a decirlo en el organismo judicial correspondiente. Empresas Públicas contrató con una empresa particular que es un ente jurídico diferente a sus socios. Jurídicamente una empresa tiene personería jurídica y representante legal. Y la empresa es un ente jurídico diferente a los socios que la componen. Yo no contraté con los socios, es más ni siquiera sabía quiénes eran y no tenía por qué saberlo como gerente porque esa función no le corresponde a un gerente. Se trató de la contratación con una empresa y no con personas naturales, ni funcionarios públicos. En alguna parte del contrato debe haber una clausula donde el representante legal afirme que la empresa no está bajo ninguna inhabilidad o incompatibilidad para contratar.

-Pero el Representante Legal de O.S.P inicialmente era Eduardo Beltrán, ex rector de la Usco, según la Fiscalía

No, se está diciendo que era Vladimir Fernández, pero eso tengo que mirarlo porque no lo he mirado bien. El cargo mayor apunta a que algunos socios de la empresa que se contrató, eran servidores públicos. Eso es algo que tengo que mirar, documentarme y haré los correspondientes alegados frente a la instancia respectiva.

-¿Usted no conocía a Vladimir Fernández en la época? ¿Conocía que era el Presidente del Consejo Superior de la Usco?

Conocía a Vladimir, pero no sabía que pertenecía al Consejo Superior de la Usco, lo conocía como a Eduardo Beltrán, pues en un pueblo tan pequeño como Neiva todo mundo se conoce. Ahora, con ellos no tenía una relación de amistad, ni mucho menos de cercanía.

-Cómo califica que la empresa a la que usted le adjudicó el contrato, quebró y tuvo que E.P.N responder solidariamente por demandas de 300 millones que ganaron los empleados

Ese es otro capítulo. Aclaro que el contrato que se hizo con O.S.P fue con una empresa legalmente constituida que estaba operando y se desarrolló normalmente mientras fui gerente. Cumplió el objetivo del contrato, los precios fueron los del mercado. No se habla de que se hizo una contratación que no se ejecutó. No sé qué pasó después cuando dejé la gerencia de E.P.N. Ahora, si eso ocurrió después, había mecanismos dentro del contrato que amparaban ese tipo de riesgos, tuvo que haber una póliza.

-Le cuento que la aseguradora ‘Condor’ se declaró en  quiebra en la época

Bueno, eso es otra cosa, pero tuvieron que haber pólizas, cuando los funcionarios del contratista demandaron solidariamente, E.P.N tuvo que vincular a la aseguradora (…) Eso no fue durante la época en que ejercí la gerencia.

-Sino era su función investigar los antecedentes de la empresa que iba a contratar, entonces ¿de quién era?

Lo que pasa es que el análisis  detallado de quiénes son los socios, quiénes lo componen, imagino que sería de un área de contratación o jurídica, pero vuelvo y le digo, la empresa que se contrató no tenía ningún problema legal, ni inhabilidad o incompatibilidad.

-Ahora cuando se entera que la mayoría de socios de esa empresa eran funcionarios públicos, igual que usted, ¿cree que le metieron gato por liebre?

Ese es un elemento que tenemos que analizar con los abogados, mirar de qué se trata, que visos tienen cada una de esas circunstancias y será objeto de mecanismos jurídicos que vamos a emplear.

-Usted cree que le han archivado el proceso, pero después la Fiscalía dicta medida de aseguramiento con beneficio de ex carcelación, ¿qué pasa?

Respeto las decisiones judiciales, de los tiempos, funciones de los responsables, organismos de control, pero por supuesto, ejerceré todos mis derechos y recursos, además lo haré rápidamente porque yo seré el primer interesado en que el asunto se resuelva  rápidamente. Iré por cuenta propia para aportar las pruebas necesarias al proceso. Le advierto a quienes han hecho fiesta con esta noticia, teniendo rabo de paja, que con esta información no van a quedar empatados.

Carlos Mauricio Iriarte.