Con el lanzamiento del Plan Integral Único (PIU), para la Atención de Desplazados  en el Huila por parte de la Gobernación, se conocieron detalles de cómo viven 41.600 víctimas, de las 84.650 que residen en este departamento. ¿Cuántos quieren retornar? ¿Por qué se desplazaron? Y ¿quiénes los sacaron corriendo de sus fincas?, algunas de las respuestas.

LA NACIÓN, Neiva

No hay duda que los desplazados abundan. Viven 84.650 personas en esta región, es decir, el 12 por ciento de la población del departamento. En Neiva, escamparon 40.000 víctimas, algo más del 12 por ciento del total de los habitantes de la capital huilense. Las cifras se desprenden de una caracterización a  9.898 familias (41.600 personas), desplazadas residentes en 32 municipios del Huila realizada por la Secretaría de Gobierno Departamental y otras organizaciones sociales en el Huila que  aprobaron el Plan Integral Único (PIU), para atención a desplazados, que busca conocer quiénes son y jalonar proyectos y recursos del Gobierno Nacional.

El primer dato: 41.745 hombres y 42.905 mujeres que fueron desterrados de sus fincas por grupos alzados en armas. De estos, el 49 por ciento, son jóvenes entre los 0 y 17 años. El 16 por ciento están en edades desde los 18 y 26 años. Otro 30 por ciento tiene entre 27 y 59 años y solo el cinco por ciento son adultos mayores.

Las familias se localizan en su mayoría (en un 80 por ciento), en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata y Campoalegre. El restante 20 por ciento reside en las zonas rurales del Huila.

Según la caracterización, el 2.76 por ciento de los desplazados encuestados pertenecen a minorías étnicas, de los cuales, el 1.37 son provenientes de culturas indígenas, el 0.72 afrodescendientes, 0.63 gitanos y el 0.03 raizales de San Andrés y Providencia.

Los desplazados de arraigo indígena están asentados en Neiva, Rivera, Palestina, San Agustín y Pitalito. Los afrodescendientes permanecen en Neiva, Colombia, Baraya, Pitalito y Timaná. Y gitanos en Suaza, Rivera, Neiva, Baraya y Aipe. Los raizales permanecen en Suaza, San Agustín, Neiva y Rivera.

Pero, ¿por qué se desplazaron las familias encuestadas? El 82 por ciento por amenaza directa, 54 por ciento por confrontación armada, 26 por ciento amenaza directa, 21 por ciento amenaza de un familiar, 21 por ciento por ausencia de gobernabilidad, 18 por ciento reclutamiento de menores y 9 por ciento, asustados por minas antipersonales.

Lo cierto es que dentro de las 9.898 familias encuestadas, 828 han sido víctimas de homicidios. Hay 774 hogares que manifiestan haber tenido algún familiar detenido de forma arbitraria y 717 familias fueron víctimas de reclutamiento forzado por parte de algún grupo alzado en armas.

De los desplazados, 516 familias tuvieron parientes secuestrados, (Algeciras, 18 casos; Colombia, 18;  Neiva, 16; Baraya, 11 casos, entre otros). Asimismo, 202 son de familias que llegaron desde Caquetá,  50 del Putumayo, 46 del Cauca, 26 del Meta, 25 del Tolima.

La caracterización reporta que 171 hogares de desplazados que viven en el Huila, fueron víctimas de minas antipersonales. Al menos, 57 familias son originarias de este departamento, 56 de Caquetá, 13 del Cauca, 12 del Tolima. Los restantes fueron de otros departamentos.

Temores

Y los desplazados también sienten temores. Hay 746 familiares que consideran que están en riesgo extremo o extraordinario. De estos, 49 residen en Garzón, dos en Agrado, cinco en Aipe, seis en Campoalegre, 20 en Baraya, 28 en Colombia, cinco en Gigante, siete en Hobo, dos en Isnos, seis en La Argentina, 16 en La Plata, uno en Paicol, 118 en Pitalito, ocho en San Agustín, tres en Santa María, siete en Suaza, seis en Tesalia, cinco en Villavieja y tres en Yaguará.

Al menos, 645 familias están ubicadas en zona urbana y 110 en zona rural. De los 746 casos, 110 reconocen habérsele brindado algún tipo de protección (Policía atendió 19 casos, Ejército, siete; Ministerio del Interior, cuatro; Protección de testigos de la Fiscalía, 13 y otros 14 casos).

Tipo de desplazamiento

La caracterización permite concluir que el 19 por ciento de la muestra (1.932 hogares), se desplazaron masivamente, 7.576 se desplazaron individualmente y el restante cuatro por ciento no respondieron al interrogante.

Colombia, es el municipio donde más se desplazan los pobladores. De las analizadas, 302 hogares provinieron de ese municipio. Algeciras, 59 familias; Neiva, 55 casos (provenientes de Vegalarga, San Antonio y zona rural de la capital). Le sigue Baraya con 54 familias; Gigante, 32; Garzón, 30; Tello con 26.

En el Huila solo se reconocen como desplazamientos masivos los que se registraron en Colombia en el 2003, 2007, 2008 y 2011. Neiva, en el año 2007 y Tello en 2003.

Procedentes por desplazamiento masivo sigue el Caquetá que expulsó a 569 familias (San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Florencia y Puerto Rico). Le siguen Putumayo (167 hogares), Cauca (144 familias), Tolima (139), Meta (60), Nariño (48).

Opciones de retorno

Las expectativas de que los desplazados retornen a sus hogares, no es muy buena. En la caracterización se preguntó a las familias si está en retorno y solo dijeron sí el cuatro por ciento, frente a un 79 por ciento que dijo no.

De las 367 familias retornadas, de las encuestadas, se indagó acerca del acompañamiento que tuvieron para hacerlo. Y el 23 por ciento de éstas, contaron con apoyo. El 72 por ciento lo hicieron sin acompañamiento y el otro cinco por ciento, no responde.

¿La decisión fue propia? Les preguntaron. Al menos, 304 de las 367 familias que retornaron, manifestaron que lo hicieron por voluntad propia.

En sí, el 70 por ciento de los encuestados tiene como principal opción permanecer en el sitio donde están actualmente, un 14 por ciento está indeciso, el 12 por ciento quiere una reubicación, un dos por ciento considera marcharse fuera del país y apenas el 1 por ciento busca regresarse al lugar de donde fue desplazado por la violencia.

“Al verificar si estas familias que han tenido sus retornos, se mantienen actualmente en el municipio del cual salieron desplazados, tenemos que la gran mayoría están radicados en  otro lugar. Excepcionalmente, en el municipio de Colombia permanecen  76 de las 78 familias que  respondieron haber hecho retorno. Lo mismo con 15 familias en Baraya”, dice textualmente la caracterización.

Pero, ¿por qué la mayoría no quiere retornar a sus lugares de origen? El 70 por ciento aduce que continúan en sus fincas las causas del desplazamiento, es decir, conflicto armado, presencia de grupos armados ilegales, violencia, zonas de orden público.

Otro 21 por ciento no respondió. Las demás fueron razones relacionadas con las conducciones de estabilización socioeconómica como falta de servicios públicos,  salud, oportunidades de trabajo, entre otras.

Abandono de bienes

El 56 por ciento de las familias analizadas dijeron que dejaron bienes abandonados en sus fincas, de los cuales el cuatro por ciento ha pedido medida de protección para sus propiedades.  No obstante, según el proyecto de protección de bienes y patrimonio de Acción Social, hasta el momento se han producido medidas de protección para 680 bienes en el Huila, que benefician a 590 personas propietarias y suman 13.306 hectáreas.

De los 5.002 bienes abandonados, 3.673 son fincas o parcelas con casa de habitación, equivalente al 73 por ciento de las propiedades abandonadas. También 999 casas o apartamentos y 330 fincas o parcelas sin casa. Las propiedades están ubicadas en Colombia, Neiva, Algeciras, Baraya, Tello, Gigante, Garzón, La Plata, Acevedo, entre otros.

Óscar Goyeneche, investigador de Redepaz y quien estuvo al frente de la caracterización de los desplazados, concluyó que le preocupa el grado de vulnerabilidad de estas familias “que es auto elevado. Casi el ocho por ciento de la población del Huila son víctimas de desplazamiento y el 98 por ciento de las víctimas son pobres. Y en situación de pobreza extrema está en el 88 por ciento, es decir, sus ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas insatisfechas. Esto afecta los indicadores sociales del departamento”.

Añade “que en materia de expulsión, Algeciras, preocupa. De 16.000 habitantes, cerca de 8.600 personas han salido expulsadas. Ese censo está proyectado con base en el Censo 2005. Es probable que dramáticamente hoy viva la mitad de la población que habitó el municipio hasta hace unos años”. Todo porque los desplazados que vienen desde la zona rural de Algeciras, no se quedan en el casco urbano. Emigran hasta Neiva o localidades vecinas.

“Colombia, preocupa. Es expulsor y el 15 por ciento de sus pobladores fueron o son víctimas de desplazamiento”, dice Óscar Goyeneche, investigador de Redepaz.

Neiva es el más receptor, pero al tiempo es el más expulsor de desplazados en el Huila. “De sus zonas rurales hay un fuerte desplazamiento hacia la zona urbana”.

Y agrega el investigador que la educación y salud para las víctimas ha mejorado, pero las necesidades más sentidas son viviendas y generación de ingresos.  “En vivienda, de 22.000 familias desplazadas hay un déficit de 16.000 soluciones solo para atender esa población”.

La caracterización de desplazados, es una herramienta que tiene el Gobierno Departamental para jalonar recursos y proyectos del Gobierno Nacional, concluye Ema Constanza Sastoque, secretaria de Gobierno, líder del programa en el Huila.