El ex candidato a la Asamblea del Huila, Duber Sánchez, fue demandado por supuesta estafa. Al menos 400 personas le pagaron tres millones cada una hace tres años, prometió unas viviendas y no ha cumplido. 280 declinaron del proyecto y 120 siguen esperando. Solo existe un lote a nombre de una cooperativa. El dirigente se defiende y pide paciencia “porque vamos a entregar las casas”.

FRANCISCO ARGÜELLO

LA NACIÓN, Neiva

Hasta hace tres meses sonaba como un político promisorio. Su nombre hacía eco como firme ganador de las elecciones a la Asamblea Departamental, aunque finalmente fue derrotado en las urnas. Hoy, el nombre Duber Antonio Sánchez Jiménez, ex asesor jurídico de la Gobernación, suena en los pasillos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), de la Fiscalía.

Fue demandado por supuesta estafa el 12 de diciembre de este año. Lo hicieron cuatro personas (le seguirán otros diez), de los 120 huilenses que se asociaron al plan de vivienda San Nicolás, que el político conservador ofreció en el 2008, les cobró dinero y a la fecha no entrega el lote, menos las viviendas. Pobladores de Vegalarga, San Antonio, Balsillas, Caquetá; el municipio de Colombia, Garzón, Gigante y otras localidades, invirtieron en el proyecto del dirigente sin encontrar resultados.

LA NACIÓN se entrevistó con varias de las personas que se consideran víctimas. Una de ellas, Andrés (nombre cambiado por petición del afectado). Le entregó tres millones de pesos por petición del mismo político. “Nos prometió inicialmente un lote para construir nuestra casa propia”, narra este hombre, quien tiene en su poder unos planos de la residencia unifamiliar y bifamiliar que Sánchez Jiménez ofrecía.

“Nos dijo que para afiliarnos a la cooperativa Coopita- que él conformó en septiembre de 2008 justo cuando convocó a las personas para que invirtieran en los lotes, según registro Cámara de Comercio-  teníamos que pasarle inicialmente 150 mil pesos para afiliarnos a la cooperativa. En el 2010 pidió otros 100 mil pesos para un estudio de legalización del proyecto”, narra Andrés.

Al menos 400 familias integraron el plan de vivienda porque creían que era la oferta del año. No obstante, quedaron 120 hogares. Los demás se retiraron porque se cansaron de esperar, así perdieran el 10 por ciento de lo invertido ($3 millones), como lo exigía la cooperativa.

Duber Antonio Sánchez compró el famoso lote. Le llaman La Alejandría, al lado del barrio Los Colores, en la Comuna  Diez, en la parte alta de Neiva. Tenía una extensión amplia cuando se compró. No obstante, en enero de 2011, más de la mitad del predio fue vendido a la Constructora Santa Lucia.

“Duber Antonio no reportó que había vendido la mitad de nuestro lote”, coinciden parte de los afectados. Curiosamente el terreno fue vendido en una temporada en que la campaña política estaba en su furor y Duber Sánchez aspiraba a la Asamblea. ¿Tendría relación? Sánchez lo desmiente.

Lote

El lote existe- actualmente con menos de la mitad de extensión-, pero no figura a nombre de las 120 personas que invirtieron en el proyecto San Nicolás porque no ha sido desenglobado. Aparece como dueña la Cooperativa Multiactiva del Huila (Coopita), de NIT  900238041-1 y cuyo representante legal es el abogado Duber Antonio Jiménez Sánchez. Al menos, así se observa en el certificado de libertad y tradición de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, con número de matrícula 200-208280, donde además se verifican las áreas que se vendieron a la Constructora Santa Lucia.

Es decir, de momento, las familias solo tienen comprobantes de pago  que le hicieron a Coopita, la Cooperativa Multiactiva del Huila, “la solución a su problema de vivienda”, como dice su eslogan.

Y un contrato de promesa de compraventa suscrito entre Duber  Antonio Sánchez y cada uno de los inversionistas donde queda claro que  Altos de San Nicolás se construiría en un lote de  55.105 metros cuadrados ubicado con las nomenclaturas calle 28 N. 41-60, calle 28 N. 43-72 y la carrera 50 N. 27 A-60.

También que las casas unifamiliares tendrían dos alcobas, sala, comedor, cocina, baño y patio de ropa. El lote se compró el 16 de enero de 2009 a Ruth Barreiro de Yépez y Guillermo Barreiro Quintero, tres meses después que la cooperativa recaudara los dineros de los inversionistas.

¿Subsidios enredados?

En un parágrafo de la cláusula quinta del contrato de compraventa está claro “que la cooperativa Coopita  realizará la gestión ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, tendiente a obtener el subsidio nacional que el gobierno ofrece para la construcción de vivienda de interés social. Asimismo, la cooperativa realizará gestión con el fin de obtener el subsidio departamental”.

Sin embargo, no se ha cumplido. Los inversionistas no saben cuál pedazo del lote que aún queda, les corresponden. Menos, ayudas del Gobierno. Comfamiliar del Huila le negó los subsidios a cuatro de los postulantes “porque la cooperativa Coopita no está autorizada para recibir dichos aportes”, como confirma Duber Sánchez, quien le envía una carta a la Comfamiliar el 4 de enero de 2011 donde le pide le explique por qué asegura que no pueden recaudar dineros y si existen falencias que se pueden corregir.

Y es que Harold Yesid Salamanca Falla, secretario General de Comfamiliar- Huila le envía una misiva a Duber Antonio Sánchez donde le dice: “Una de las razones del rechazo de los postulantes a subsidio consiste en que no se demostró que el ahorro programado se encontraba en una entidad vigilada por el Estado, bien a través de la Superintendencia Financiera, o bien, de la Superintendencia de Economía Solidaria, tratándose de cooperativas que tengan sección de ahorros”.

Los afectados piden que les devuelvan el lote que compraron en el 2008 con 3 millones de pesos, según promesas del dirigente político. Y no quieren el dinero porque saben que el predio se valorizó considerablemente en los últimos tres años y pasó de 600 millones de pesos a  $1.200 millones aproximadamente, como reconoce Duber Sánchez en entrevista con LA NACIÓN. Ahí está el dilema.

Conciliación fallida

El tema llegó hasta la Fiscalía porque los afectados  exigen sus lotes y aún pagan con intereses los tres millones invertidos. Nelson Mauricio Ávila Lozano, Marlio Bonilla Caquimbo y Graciela Mora Baquero, fueron los primeros en demandar a Duber Sánchez, según un acta de conciliación que terminó fallida entre las partes.

Todos pedían los lotes en menos de tres meses y uno pidió el dinero más intereses.  El demandado respondió “que en cuanto a las pretensiones de los citantes, no es posible acceder a las mismas por cuanto desbordan cualquier competencia de mi representación de la cooperativa. Ante esa situación y conforme lo establecen los estatutos, a los aquí citantes se procederá a retirarlos del proyecto y consignarles sus pagos en títulos judiciales”. Aunque la cooperativa busca sacar a los demandantes del proyecto, ellos se oponen. Alegan que durante tres años les tuvieron su dinero.

Amigos del proyecto

José Nelson Martín, socio e inversionista del proyecto, está preocupado por el plan de vivienda, pero está confiado que las casas saldrán. Es amigo de Duber Sánchez y dice que confía en sus labores de gestión. “Hay mal ambiente, se ha creado un grupo que distorsionan la información”. Lo mismo dice José Eugenio Cano, también del plan de vivienda quien está seguro de su inversión. “Me preocupa la demora, pero todo saldrá bien”, dice. Lo cierto es que desde 2008 se invirtieron los dineros y hoy los socios no tienen idea qué pedazo de lote les corresponde.

RECUADRO

“Pido paciencia, vamos a terminar el proyecto”

Duber Sánchez se defiende. Dice que va a terminar el proyecto de vivienda, explica las razones de la demora de las casa y pide paciencia. No permitiré        que diez personas frustren los sueños de 120, destaca.

-¿Qué opina de la demanda por estafa en su contra?

Es un tramite que se está surtiendo e inició con una conciliación, pero es un tema que no tiene ninguna situación jurídica, ningún hecho que pueda terminar en una situación efectiva porque ellos están partiendo del proyecto de vivienda de donde hacen parte y obviamente hoy, ya con todos esos tramites que están haciendo, van a ser retirados del proyecto, entonces no tienen ningún argumento para que se determine que existe un ilícito allí. Estamos hablando de cuatro personas que han instaurado ese proceso, pero decimos que son 120 quienes hacen parte del mismo y avalan el proyecto de San Nicolás. Están hablando que no existe lote, ni proyecto. Quiero precisar: Iniciamos con el proyecto en el 2008 con esfuerzo de la comunidad, personas que hacen sus propias inversiones. Nosotros los apoyamos con la gestión de los subsidios y eso es lo que hacemos. Hay que tener en cuenta que el POT fue aprobado en noviembre de 2010 y eso generó que muchas licencias de construcción, sufrieran un estancamiento. Cuando Planeación dio el visto bueno a los planes de urbanismo, comenzamos a hacer la gestión de licencia de urbanismo y construcción. En diciembre de 2010 radicamos la solicitud a la Curaduría Segunda de Neiva para que nos entregara las licencias y el 14 de febrero de 2010 dicha curaduría nos otorgó la licencia de urbanismo. A partir de julio de 2011 iniciamos la gestión para que nos aprobaran la licencia de construcción y un oficio nos dio una certeza del trámite en que va la autorización. Tenemos los usos de suelo y el certificado de matrícula inmobiliaria donde efectivamente el lote pertenece  a la cooperativa. Los que están denunciando están detrás de que vendamos el lote para tener una ganancia adicional para ellos. El lote se valorizó, nos  costó 600 millones hoy vale 1.200 millones. El lote no se va a vender.

-Pero ellos piden  que usted les entregue el lote

Aquí dijeron eso, pero en la conciliación nosotros eso fue lo que tratamos. Yo les dije que si querían les adjudicábamos los lotes y no quisieron. Pedían que se les devolviera la plata y que se le tuviera que reconocer un valor adicional. Se va hacer la gestión de los subsidios por bolsa territorial y efectivamente cada uno deberá cumplir con los requisitos para obtener el subsidio y así accedería a las viviendas. Hacemos reuniones cada mes y tenemos las actas firmadas. Solamente son diez personas las que alegan y son 120 los que avalan el proyecto.

-¿Por qué dice usted que va a sacar a unas personas porque protestan, si yo ni siquiera le he dado a usted los nombres de ellos?

(Piensa) Porque yo ya sé quienes son. Ya han iniciado manifestaciones en contra del proyecto y eso es causal del retiro de esas personas. Además, iniciaron el proceso de lo que es producto en LA NACIÓN y eso es causal para que sean retirados del proyecto.

-¿Y no le parece injusto? ¿No es normal que personas que en 2008 invirtieron, hoy después de tres años que no se cristalicen sus promesas, protesten?

Sino se diera información mensual sobre la situación, yo le diría que sí, pero se les ha explicado paso a paso lo que ha realizado la cooperativa.

-Le insisto en lo mismo, ¿Cree que informar cada mes es suficiente para que después de tres años de invertir dinero no se les cumpla los sueños a las personas?

Le estoy explicando que no ha sido atribuible a la gestión de Duber Sánchez, ni a la cooperativa porque el proyecto no es mío. Actúo como representante legal de la cooperativa. El proyecto arrancó en el 2008, pero apenas en 2010 pudimos empezar a realizar trámites de licencia de construcción porque el POT se aprobó en 2010.

-¿Por qué vendió más de la mitad del lote?

Porque teníamos inicialmente 400 socios y teníamos un lote mucho más grande, pero la gente se retiró por inconformidad con la demora. Se pidió autorización a la asamblea, de la que hicieron parte quienes presentan la denuncia. Además, del lote se debían 200 millones y se pagaron. Hay que tener paciencia porque vamos a terminar el proyecto. En el 2010 estaremos entregando las viviendas.

-¿La venta del lote no coincide con su campaña política a la Asamblea? Se lo pregunto porque se vendió en la fecha del furor

Me da tristeza que hoy vean esto como un tema político, claro que no.  Quiero decirle a usted que ninguna de estas personas fue convidada a votar por Duber Sánchez porque no metí al proyecto en política.

-¿Quién lo avala a usted en el proyecto?

Tenemos unas constructoras de Bogotá que nos ayudan a gestionar los subsidios, CP jurídica, el ingeniero Lacidez Segovia, a la ingeniera que realizó Riveras de Garzón. Hay un equipo que avala y está en la búsqueda de la construcción y quien le pone la cara a todo esto es Duber Sánchez.