LA NACIÓN, Bogotá
Por graves omisiones que culminaron con el secuestro y posterior asesinato del ex gobernador de Caquetá Luis Francisco Cuéllar Carvajal, el 21 de diciembre de 2009, la Procuraduría General de la Nación sancionó al ex comandante del Departamento de Policía Caquetá, coronel Israel Robayo Rojas.
El oficial, quien fue relevado, fue sancionado en primera instancia, con suspensión del cargo por tres meses e inhabilidad especial para ejercer cargos o funciones públicas. La medida podrá ser apelada ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación.
Según el Ministerio Público, el oficial tuvo conocimiento del informe de inteligencia que alertaba sobre una posible acción terrorista por parte de las Farc, relacionada con el consejo de seguridad al cual asistiría el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. “Entonces no resulta lógico que ante los antecedentes, el investigado hubiere continuado con el esquema de seguridad dado al gobernador Cuéllar Carvajal dispuesto desde el año 2008”, precisó el organismo de control.
El mandatario, fue sacado de su propia residencia por un comando ‘James Patamala’ de las Farc, después de la Novena de Aguinaldo. El funcionario estaba solo con su esposa y no tenía todo el esquema de seguridad requerido.  Durante la acción guerrillera fue asesinado un patrullero de la Policía que cumplía las labores de escolta y otros dos resultaron heridos.
Horas después del plagio fue degollado por los captores, presionados por el fuerte operativo que se realizaban en la zona. El inmolado mandatario de 69 años, había sido secuestrado cuatro veces.
“Con su actuar omisivo, el coronel Robayo afectó en forma injustificada su deber de prestar la colaboración necesaria a los servidores del Estado, cuando se les deba asistencia o apoyo en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con las competencias legales atribuidas a la Policía Nacional”.
La conducta fue calificada como falta disciplinaria grave, cometida a título de culpa gravísima. Teniendo en cuenta que el disciplinado no presentaba sanciones anteriores se impuso la medida de suspensión por tres meses sin derecho a remuneración. Por encontrarse retirado del servicio se convertirá en multa de ocho millones de pesos, así como la inhabilidad especial para desempeñar cargos públicos por el mencionado término de tres meses.