En varias regiones del país, proliferan las extracciones ilegales. Foto AFP
El accidente mortal en una mina en Cauca disparó de nuevo las alertas sobre prevalencia de la explotación ilegal en Colombia.

El accidente del pasado miércoles en una mina del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), en el que tres personas murieron y 13 continúan desaparecidas, alertó sobre la prevalencia de la minería ilegal en Colombia, que según cifras oficiales llega al 63% de las explotaciones.

De acuerdo con un reciente informe de la Contraloría, encargada de velar por los recursos estatales, la cifra aumenta si se suman las excavaciones sin licencia ambiental, caso en el que el porcentaje de minas ilegales llega hasta 80%.

El problema de estas excavaciones no autorizadas, es que además de restar recursos al Estado y dañar el medio ambiente, exponen constantemente a sus trabajadores a la muerte.

"Las condiciones de informalidad laboral e infraestructura significaban un riesgo latente" para las vidas de los mineros, aseguró la Defensoría del Pueblo.

Tras la informalidad
La Defensoría acusó a la guerrilla de las Farc de beneficiarse de la extracción mediante el cobro de extorsiones.

Bandas narcotraficantes de origen paramilitar también obtendrían réditos económicos con la misma estrategia, dijo Ariel Ávila, politólogo y experto en seguridad rural y urbana.

"Hay tres modalidades: el cobro de un impuesto" que varía según la maquinaria de que se disponga, el control de las "cooperativas que compran oro a las comunidades" y la administración directa de canteras por los ilegales, donde ellos mismos fijan los precios, afirmó.

La minería ilegal se ha vuelto una fuente de financiación importante para grupos armados fuera de la ley, porque "los bolivianos y peruanos han tomado parte de la producción de coca, entonces los grupos ilegales han empezado a transformar su economía hacia la microextorsión y la minería criminal", complementó Ávila.

A pesar de los riesgos de la minería ilegal y sus vínculos en algunos casos con grupos armados, el fenómeno se expande por la mayoría del territorio colombiano: de los 32 departamentos del país, 22 padecen este flagelo (un 70% del territorio), según la Fiscalía.

Las zonas más afectadas son “los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba, Cauca, Tolima y Putumayo", explicó Álvaro Pardo, asesor de la Contraloría en temas mineros.

En el este, el departamento más golpeado es Guainía, limítrofe con Venezuela, "donde hay unas explotaciones de tungsteno, coltán y oro", añadió.

Fuente de trabajo
Pese al alcance de la minería ilegal, la formal representó un 2,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.

Sin embargo, la informalidad es más atractiva para miles de personas porque "ofrece fuente de trabajo y supervivencia, que la gran minería no hace", afirmó Ávila.

Esto, sumado a la falta de legislación, la ausencia del Estado en zonas apartadas y los precios internacionales de metales como el oro, propician el surgimiento de minas ilegales en Colombia, sobre todo en los últimos diez años, según analistas.

"El código de minas es muy liberal, en el sentido de que hoy un minero puede hacer prácticamente lo que quiera", aseguró Pardo.

No obstante, las autoridades han adelantado operativos para cerrar este tipo de explotaciones, que suelen hacerse a cielo abierto o en socavones, y al lado de ríos, como en el caso de la veta de Santander de Quilichao.

Y luego del accidente de esta semana, el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, recordó que "se estableció una fuerza de tarea de las Fuerzas Armadas" para combatir la minería ilegal.

La Policía también señaló que 1.167 de estos yacimientos han sido cerrados en cuatro años, con 1.261 máquinas retroexcavadoras decomisadas.
Sin embargo, ante la frecuencia de los accidentes mineros, las críticas arrecian.

"La única alternativa del Estado frente a la minería ilegal es combatirla por las vías de hecho, destruyendo la maquinaria y encarcelando a los pequeños y medianos mineros", enfatizó Pardo, añadiendo que el tema no solo es de orden público o de seguridad laboral, sino también "social, ambiental, económico".

El accidente minero del miércoles pasado es el segundo mortal que ocurre en menos de una semana. Hace ocho días, cuatro mineros murieron tras inhalar gases en una veta ilegal en Antioquia.

 

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