La falta de oxígeno y los sedimentos por la avalancha del río Páez, ocasionaron la pérdida de 2.300 toneladas de peces.

RICARDO AREIZA/LN

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Los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y la multinacional Emgesa fueron eximidos de cualquier responsabilidad por la tragedia ecológica ocurrida en el 2007 en el embalse de Betania.

En cambio, las autoridades ambientales regionales podrían tener la principal responsabilidad por no haber ejercido a tiempo los controles y la regulación del embalse.

Y para completar, la mayor responsabilidad la tendrían los propios productores, quienes podrían ser llamados a responder por la mortandad de peces ocasionada por falta de oxígeno.

Las tres decisiones las tomó el Tribunal Administrativo de Arauca que conoció el caso por políticas de descongestión. El magistrado Édgar Guillermo Cabrera Ramos rechazó las reclamaciones formuladas por la sociedad piscícola New York, la principal exportadora de tilapia a los Estados Unidos.

La acción de reparación fue instaurada contra la multinacional Emgesa, dueña del complejo hidroeléctrico y los ministerios de Agricultura y  Medio Ambiente, considerando que no adoptaron las medidas para impedir el desastre ambiental.

GRAVES OMISIONES

Según el gerente de la compañía, Eugenio Silva Ruiz, la producción de mojarra fue afectada en un 90% por los fenómenos ocurridos entre el 23 y 27 de febrero de 2007.

El embalse se encontraba en un 45,04%. Ese nivel crítico influyó en la capacidad de carga del embalse.

El desastre ambiental fue ocasionado por la falta de oxígeno, por los bajos niveles del embalse por sequía y la sedimentación por la intempestiva erupción del Volcán Nevado del Huila.

En sólo tres semanas se perdieron  2.276 toneladas de mojarra. La mortandad dejó pérdidas calculadas por los piscicultores en 24.700 millones de pesos.

“La mortandad de peces no fue producto de envenenamiento o enfermedad sino por falta de oxígeno, originada por los niveles críticos del embalse que se complicaron con la turbidez generada por la avalancha del río Páez”, anotó al sustentar la primera demanda presentada el 4 de mayo de 2007. Pero no prosperó.

LOS ARGUMENTOS

La represa fue construida para generación de energía y no tiene carácter multifuncional, reiteró Emgesa.

Además, puso en evidencia que las empresas piscícolas, muchas sin permiso, sobrepasaron la capacidad de carga y generaron un grave desequilibrio ambiental.

En estas condiciones- dijo- el embalse fue impactado por una gran carga contaminante, la que incidió en el aumento desmesurado de la capacidad de carga con la consecuente disminución de oxígeno que provocó la mortandad.

La mortandad se produjo por anoxia ocasionada por el bajo nivel del embalse. Según un estudio realizado por expertos de Corhuila,  la disminución de los valores de oxígeno disuelto por falta de volúmenes adecuados de agua fue lo que conllevó  a una mayor concentración de contaminantes.

La mortandad, según la prueba pericial, se produjo por el bajo nivel de oxígeno en el agua, debido al incremento de sedimentos transportados por el río Páez, posterior a la erupción del Volcán Nevado del Huila y los niveles críticos del embalse (547 msnm) cercanos a la cota mínima (544 msnm).

Los niveles no llegaron a la cota mínima permitida sino tres puntos más arriba para garantizar la generación de energía, en condiciones de crítica sequía.

“El solo hecho de generar energía eléctrica desde el punto de vista de la baja de cota por efecto de la sequía no fue la causa principal de la mortandad de peces, sino por la llegada de sedimentos”, argumentó el magistrado  Cabrera Ramos.

ESTABA ADVERTIDA

Como ha ocurrido con las otras dos emergencias registradas la tragedia estaba advertida.

Un año antes de la catástrofe piscícola las autoridades ambientales ya habían advertido la preocupante situación de contaminación en el embalse. No solo la alarmante presencia de macrófitas (vegetación acuática) en una amplia zona del embalse y por lo tanto la excesiva acumulación de residuos orgánicos y anormal incremento de nutrientes.

Adicionalmente estaban advertidos otros factores de contaminación: las cargas  orgánicas  adicionales de otros vertimientos, las aguas residuales de los municipios ribereños, las escorrentías de agroquímicos provenientes de los cultivos de arroz y el exceso e inadecuado uso de alimentos concentrados  para la actividad piscícola.

Las malas prácticas utilizadas por algunas empresas piscícolas aportaban una mayor carga orgánica por la sedimentación de las heces de los peces.

EXONERADOS

Curiosamente, los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, según la corporación judicial, no tenían la competencia para ejercer los controles, seguimiento y planificación del plan de manejo ambiental, metas de producción, otorgamiento de licencias, concesiones de aguas, calidad de agua, entre otros.

En cambio, el Incoder (en liquidación) y la CAM tendrían la mayor responsabilidad que por acción u omisión dejaron de hacer el seguimiento y control de los niveles del agua, la calidad físico-química y todos los factores ambientales directamente relacionados con la sostenibilidad de la industria acuícola.

“Solo así se puede determinar la responsabilidad de las autoridades ambientales regionales, personas jurídicas que no fueron vinculadas a la demanda”, expresó. Por esta razón no fueron vinculadas.

OTROS RESPONSABLES

“Si bien es cierto que todas anomalías debieron corregirse y advertirse por las autoridades ambientales mencionadas, que incluía el cumplimiento estricto del Popa, también lo es que fue la conducta de los industriales, uno de los factores de la tragedia”, advirtió el magistrado Cabrera Ramos.

Además- añadió-“ existen otros actores, los demás industriales, personas naturales o jurídicas, que contribuyeron con el desastre y que luego solicitaron subsidios y ayudas del Estado, los cuales no fueron demandados para que responsan por la actitud irresponsable en la explotación del embalse, muchos sin concesión de aguas y licencia para operar”. El fallo fue impugnado y en la actualidad se tramita el recurso de apelación.

HECHOS RECURRENTES

El fallo revive el debate sobre la informalidad y la problemática ambiental que se registraba en el embalse. Hoy está controlada.

Además de haber rebasado los límites de producción permitidos, se registraban en el embalse serios problemas de manejo ambiental que amenazan la sostenibilidad de la industria pesquera.

Según se comprobó la capacidad de carga superaba las 40.000 toneladas métricas, por encima de la establecida en un estudio de la Universidad Javeriana fijada en 22.000 toneladas. Incluso llegó a soportar hasta 50.000 toneladas en los ciclos de máximos niveles.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca ejerce desde hace dos años los controles en el embalse, evitando la saturación de la capacidad de carga. La CAM, ejerce  igualmente procesos sancionatorios para acabar con la informalidad en la represa.

El embalse fue impactado por una gran carga contaminante, la que incidió en el aumento desmesurado de la capacidad de carga.

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