La Corte Suprema de Justicia despejó el camino para que los exmilitares puedan acogerse a la Justicia Especial de Paz.

RICARDO AREIZA/LN

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La Corte Suprema de Justicia avaló en principio la libertad condicionada  a los militares, procesados por un falso positivo ocurrido en San Agustín (Huila).

Sin embargo, determinó que la competencia para definir la suspensión del proceso y la remisión a la Jurisdicción Especial de Paz, es el Juzgado  Segundo Penal del Circuito de Pitalito, donde se adelanta la instrucción contra cinco de los doce soldados profesionales implicados en la muerte del campesino Ever Urquina Rojas ocurrida el 13 de enero de 2008.  El labriego, de 34 años, fue presentado como  guerrillero muerto en un combate que nunca ocurrió.

La decisión beneficiará a  Jorge Eliécer Urbano Ortiz, Darío Zúñiga Ruiz, Jiminson Hurtado Hurtado, John Kenedy Guevara Campo y Eliécer Alonso Jojoa Ruiz, acusados por  abuso de autoridad y omisión de denuncia.  Estos últimos no aceptaron los cargos.

Tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía, los doce exmilitares, orgánicos del batallón Magdalena,  admitieron los cargos y se preparaban para iniciar el juicio oral cuando anunciaron que someterán a la Jurisdicción Especial de Paz.

La petición fue elevada en junio pasado por el cabo tercero José Roldán López Cerón y los soldados profesionales José Yati Anacona Bueno, José Alfredo Córdoba Vargas, Faiver Hernán Buesaquillo Quinayás,  Óscar Mauricio Álvarez Cuéllar, Humberto Javier Cerón Sánchez, acusados como coautores materiales de homicidio agravado y desaparición forzada.

La suerte de los otros siete militares, acusados directamente del crimen se tramita en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Neiva, donde se radicó la acusación y se tramitará la audiencia preparatoria, en suspenso por la decisión de someterse a la Jurisdicción Especial de Paz, que se encargará de estudiar los delitos cometidos con ocasión del conflicto armado.

A LA JEP

Los exmilitares, orgánicos del Batallón Magdalena, anunciaron su intención de acogerse a este mecanismo de justicia transicional el 11 de mayo pasado durante la audiencia de juicio oral realizada en la capital huilense.

La solicitud, la primera que se comenzó a tramitar en el Huila por los llamados ‘falsos positivos’ se abre paso con la decisión que acaba de proferir la Sala de Casación Penal.

El acta de compromiso fue presentada por la defensa ante la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado quedando en suspenso la continuación del juicio  mientras se define la competencia para tramitar la solicitud.

El 24 de julio pasado la Corte levantó las primeras órdenes de captura proferidas  contra los exsoldados profesionales Rodrigo Galindo Herrera y Mauricio Cubillos Luna, condenados a 380 meses de prisión, condenados por el crimen del cafetero José Néstor Rivera Gutiérrez perpetrado en el 2006, en la vereda Peñalosa en Gigante (Huila).

DEBATE JURÍDICO

Los primeros cinco militares que recobrarán la libertad en los próximos días, en la ampliación del interrogatorio admitieron que lo sucedido esa noche no fue un enfrentamiento armado, que efectivamente no había nadie en el lugar de los hechos y que ellos no participaron en la ejecución del campesino Ever Urquina Rojas.

El occiso, un vecino del lugar- dijeron- recibió seis impactos a una distancia menor a los a 1, 50 metros.

El 2 de septiembre de 2015 la Fiscalía presentó el escrito de acusación ante el Juzgado  Segundo del Circuito Especializado de Neiva. Cinco de los implicados impugnaron.  Por competencia le correspondió  al Juzgado Segundo Penal Circuito de Pitalito.

El  14 de junio de 2017, antes de iniciar la audiencia preparatorias los militares anunciaron su intención de acogerse a los beneficios de la Jurisdicción Especial de Paz, hecho que según la defensa, generaría otro causal de incompetencia sobreviniente.

En consecuencia pidió que se suspensa el proceso penal y se traslade a la naciente Jurisdicción Especial de Paz, encargada de juzgar a los autores del conflicto armado, a civiles y agentes del estado, que hayan participado directa o indirectamente en la confrontación.

La Fiscalía y el delegado de la Procuraduría se opusieron considerando que este caso el delito no fue cometido con ocasión del conflicto armado.

Un mes después, el 14 de julio, el Tribunal Superior advirtió que en este caso no se trata de una definición de competencia sino de jurisdicciones. Y lo remitió a la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de Casación Penal con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier despejó la solicitud presentada por los militares.

PRECISIONES

La Corte consideró que la solicitud en principio es improcedente porque aún no han entrado a operar las autoridades judiciales que deben asumir los procesos de competencia de la Jurisdicción Especial de Paz.

“Disponer el envío de la actuación para que su conocimiento sea asumido por esa jurisdicción  no es una medida posible por ahora ni se encuentra prevista  dentro de los varios mecanismos a los que pueden acceder los militares que están siendo investigados o hayan sido condenados  por la justicia ordinaria, cuya competencia termina cuando entre a operar aquella”, subrayó el magistrado Fernández Carlier.

La Corte respaldó la tesis del Tribunal Superior de Neiva, y concluyó que el juez que esté conociendo de la causa es el competente para definir las solicitudes de libertad transitoria, condicionada y anticipada, la suspensión de los trámites y la remisión a la JEP.

Tratamiento especial

En su criterio, la Ley 1820 de 2016 regula las amnistías y los indultos  por delitos políticos y conexos relacionados con el conflicto armado.

En lo que concierne a los agentes del Estado, la citada norma dispuso (artículo 9) que no serán objetos de amnistía o indultos. Sin embargo,  si hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa e indirecta con el conflicto armado antes de la firma de los acuerdos de paz recibirán un tratamiento penal “especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo”.

La competencia, a juicio de los magistrados, quedó radicada en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP de oficio o a petición del interesado. Una vez en firme la resolución  será remitida a la autoridad judicial que esté conociendo el caso para que le dé cumplimiento.

Como el proceso penal se encuentra en la fase de juzgamiento, la Corte  remitió de manera inmediata el expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito para que entre a resolver la libertad condicionada de los cinco militares, procesados por acusados por abuso de autoridad y omisión de denuncia.

La suerte de los demás militares, acusados por homicidio agravado y desaparición forzada, será definida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado donde se adelanta la audiencia preparatoria.

El sargento segundo William Andrés Capera Vargas, autor intelectual y material del crimen, no figura entre los posibles beneficiarios. El suboficial, vinculado en varias ejecuciones extrajudiciales, fue capturado en agosto de 2016 en Medellín y responde en varios procesos por estos crímenes.

EN ESPERA

Otros ocho exmilitares del Batallón  Magdalena, investigados por el doble crimen de Juan Perdomo Claros y Albert Augusto Lizcano Cedeño ocurrido en Suaza, también se someterán al modelo de justicia transicional.

La solicitud fue presentada el 21 de junio de 2017, pero quedó en suspenso mientras el Tribunal Superior se pronuncia en casos similares a los ya relatados.

Willlam Andrés Capera, el autor intelectual y material no figura entre los beneficiados.

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