Las obras nuevas agravaron la vulnerabilidad sísmica y estructural del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’.

RICARDO AREIZA/LN

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La Contraloría General de la República abrió formalmente el proceso de responsabilidad fiscal por el colapso de la tribuna occidental del estadio ‘Guillermo Plazas’, ocurrida el 19 de agosto de 2016.

El proceso fue abierto por el Contralor Delegado Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. El funcionario vinculó a 16 personas naturales y jurídicas para que respondan pecuniariamente por los daños al patrimonio público ocasionados por el desplome de la gradería, el 19 de agosto de 2016,  que dejó cuatro muertos y diez heridos.

Sorpresivamente, el organismo de control vinculó al proceso al alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, y a su jefe de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias, a sus antecesores, a los contratistas, interventores y a los dos supervisores.

La medida está contenida en el Auto No. 1409 en proceso de notificación.  La información fue soportada con los hallazgos que encontró un equipo regional de auditoría, encabezado por el abogado Omar Castro Parra, gerente regional de la Contraloría.

El mandatario neivano fue vinculado al proceso de responsabilidad fiscal por la adición presupuestal proyectada por su antecesor, Pedro Hernán Suárez el 29 de diciembre de 2015, dos días antes de terminar el mandato. Ese día se adicionó el plazo y el valor del contrato.

“Este es un proceso que apenas comienza. Desde que asumí el cargo anuncié que terminaría esta como otras obras inconclusas. La Contraloría no ha hecho imputaciones solo abrió el proceso de responsabilidad fiscal, y como tal, vamos a presentar todas las explicaciones del caso”, afirmó Lara Sánchez.

En su criterio, la decisión no lo sorprendió porque era de esperarse. “Ahora hay que demostrar las razones de nuestras actuaciones y la garantía para la terminación de las obras, de tal manera que se salve la inversión y se garantice la culminación del proyecto”.

Desde ya, un equipo jurídico comenzó a preparar la defensa. El jefe de contratación, Fernando Mauricio Iglesias, quien ya se notificó, no se pronunció, en razón a decisiones que están a punto de salir, frente a una posible caducidad del contrato.

Lara Sánchez argumentó que esa adición fue aprobada por el Ocad, previa justificación técnica para asegurar la terminación de las obras.

El aval quedó consignado en el acta 42 y acuerdo 42. La adición por 7.249 millones se soportó en la necesidad de que el proyecto encuentre su equilibrio funcional y pueda ser utilizado para los objetivos inicialmente trazados. Con esta adición equivalente al 36.24%  el valor del contrato de obra ascendió a 27.249 millones de pesos.

LOS CONTRATISTAS

Al avocar el conocimiento, la Contraloría Delegada vinculó inicialmente a los contratistas.

El contrato de obra 1758 fue adjudicado al consorcio Estadio 2014 representado por el ingeniero civil Miguel Alejandro Lozano Castañeda. Curiosamente éste no fue vinculado al proceso de responsabilidad fiscal. En cambio, fueron vinculados sus hijos, Miguel Alejandro Lozano Arbeláez, representante de la firma L.A. Constructores SAS, dueño del 25% de las acciones; Miguel Mauricio Lozano Arbeláez, representante de la firma M.L. Ingenieros Constructores SAS, dueño del otro 25% de la participación accionaria.

Igualmente responderá fiscalmente el ingeniero caqueteño Jarlinson Hurtado Salas, dueño del 50% de la participación accionaria del consorcio constructor.

INTERVENTORES

Igualmente deberán responder personalmente los socios del equipo interventor. El contrato 1760 fue adjudicado al Consorcio Interventoría 2014 representado legalmente por Luis Alfonso Trujillo Bríñez. Este último no fue vinculado en su calidad de representante legal del consorcio.

En cambio aparece como presunto responsable fiscal la empresa consorciada Dicon Diseños y Construcciones Ingenierías SAS, representada por Luis Alfonso Trujillo Bríñez con el 70%. Igualmente el ingeniero laboyano Diego Fernando Jaime Escobar con un 25% y el ingeniero valluno Pedro José Serrano Carrasquilla con un 5%.  Los dos últimos figuraron como parte del personal de apoyo.

Jaime Escobar figuraba como experto en ingeniería hidrosanitaria. Durante el concurso de méritos llevó la vocería del consorcio.
El contrato inicial fue por 1.199 millones de pesos con un plazo de diez meses. Posteriormente fue adicionada en 434,96 millones para un total de 1.635 millones de pesos.

LOS CONTRATANTES

En el segundo bloque de probables responsables fiscales fueron vinculados el exalcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez Trujillo, el principal abanderado del proyecto de modernización del estadio, una de sus banderas de campaña. El exmandatario, actualmente detenido por estos mismos hechos.

Según la Fiscalía, Suárez Trujillo direccionó la contratación y no ejerció los debidos controles.

En ese mismo orden fue vinculado el exdirector de Deportes, Carlos Alberto Ramos Parrací, quien inició los trámites del proyecto, realizó los estudios previos incluyendo el reforzamiento estructural que nunca se ejecutó. En su calidad de supervisor no ejerció los controles debidos en la etapa precontractual, recibió y liquidó los estudios y diseños incompletos, sin ninguna observación.

Igualmente fue vinculado el abogado caqueteño Carlos Fernando Puentes Ramírez, exjefe de Contratación, quien dirigió los procesos de licitación, adjudicó y firmó los contratos de obras, la contratación y adjudicación de los estudios y diseños; la interventoría y el concurso de méritos para los estudios y diseños, sin que el único oferente hubiera recibido las propuestas técnicas, sin tener el personal idóneo ni cumplir con los requisitos habilitantes.

Los tres exfuncionarios, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, tenían pleno conocimiento de la insuficiencia de recursos para terminar la obra y sin embargo, cambiaron el objeto central que incluía la readecuación y reforzamiento estructural para todo el estadio y lo convirtieron en un proyecto por etapas. Los tres exfuncionarios fueron notificados el viernes pasado, antes del mediodía en la cárcel del distrito judicial de Neiva, donde permanecen detenidos. La notificación, según lo confirmaron voceros del Inpec, fue hecha por el propio gerente departamental de la Contraloría, Omar Castro.

SUPERVISORES

Adicionalmente deberán responder fiscalmente el ingeniero Gerardo Alberto González Charry, en su calidad de supervisor del contrato de interventoría  desde el 3 de febrero de 2015 hasta el 22 de febrero de 2015.

También responderá el ingeniero Armando Albarracín Palomina, en su calidad de supervisor del contrato de interventoría desde el 22 de febrero de 2016.

ASEGURADORAS

Como terceros, civilmente responsables fueron vinculadas las compañías  de seguros La Confianza, La Previsora y la  Aseguradora Solidaria de Colombia.

Las compañías expidieron las pólizas de garantías tanto de los contratistas como de los servidores públicos.

DETRIMENTO

El detrimento fue cuantificado en 28.884 millones de pesos (27.249 millones por obras ejecutadas y 1.635 millones de pesos correspondiente al valor de la interventoría).

Coldeportes participó en la financiación del proyecto con 11.200 millones de pesos y la Alcaldía con 9.234 millones inicialmente. Luego se adicionaron 7.684 millones de los cuales 3.450 los aportó la Gobernación y 4.234 millones la Alcaldía de Neiva. Por esta última adición, la Contraloría vinculó al actual alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez.

RAZONES DE PESO

La probable responsabilidad fiscal está soportada en los hallazgos iniciales encontrados en Neiva por haber excluido del contrato, el reforzamiento estructural.

Una auditoría inicial ordenada por el gerente regional Omar Castro Parra develó las primeras pistas sobre las fallas que se venían registrando en la parte constructiva y las anomalías en la fase contractual.

Según el informe técnico, las obras contempladas en el contrato final no eran adecuadas ni suficientes para la repotenciación estructural dela tribuna occidental. Adicionalmente, el funcionario evidenció que esos ítems, en todo caso, no fueron ejecutados. El contratista sólo realizó las obras nuevas de ampliación y remodelación de las canchas, la construcción de camerinos  y los niveles cuarto, quinto, sexto y séptimo de la tribuna occidental. Nada más.

Un peritaje realizado por la firma Ingeniería Sísmica & Estructuras, confirmó las falencias.

El escenario deportivo incluyendo la vieja estructura y las obras nuevas, no ofrece las mínimas garantías para su funcionamiento.

El estadio no cumple con las exigencias estructurales contempladas en la norma NSR-10. El sistema estructural está deteriorado convirtiéndose en un factor de  alto riesgo para hinchas y deportistas. La distribución arquitectónica y los componentes del escenario no cumplen con las normas nacionales e internacionales.

La primera fase contemplaba la adecuación, remodelación y reforzamiento arquitectónico y estructural. Pero no se hizo. Solo se ejecutaron las obras nuevas.

“Las actividades correspondientes al reforzamiento de la tribuna occidental existente quedaron con cantidad cero, lo cual implica que no se ejecutan, aspecto que incide en la funcionalidad del estadio”, concluyeron los peritos.

En estas condiciones, el escenario deportivo,  entendido como una unidad integral quedó en peores condiciones de vulnerabilidad sísmica e inestabilidad estructural que lo hacen inviable.

Los recursos asignados originalmente para el reforzamiento de la estructura fueron redistribuidos en otras actividades que no garantizaban el comportamiento estructural adecuado de la gradería existente.

Según el nuevo estudio las obras realizadas no son funcionales, no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad, los materiales no tienen las calidades exigidas y en estas condiciones no podrán utilizarse. En otras palabras: la inversión ejecutada, no cumplió con el objeto, lo que podría configurar un posible detrimento patrimonial.

“Lo que ahora nos corresponde es salvar la inversión ejecutada, realizar el reforzamiento y garantizar la terminación y uso de las obras”, anotó Lara Sánchez. Eso sí, no se comprometió con una fecha.

Contratistas y contratantes responden en diversos escenarios por el colapso de la tribuna occidental.

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