El Parque de la Música sigue heredando los pleitos judiciales que demoraron su ejecución.

RICARDO AREIZA/LN
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El Parque de la Música, proyectado para mantener viva la imagen del fallecido maestro JorgeVillamil Cordovéz, acaba de resolver uno de los pleitos que dejó su interferida construcción.

Después de múltiples dificultades, técnicas y financieras, el gobierno seccional abrió la licitación pública, que terminó con un solo proponente. El consorcio Parque de la Música JVC (conformado por Inversiones Grandes Vías e Ingeniería, Ángel Rincón Barón & Cía. Ltda. y Obras, Maquinarias y Equipos Tres A) demandó a la  Gobernación por daños y perjuicios ocasionados

Las firmas reclamaban una millonaria indemnización por haber declarado desierta la licitación pública para la construcción del bloque A del parque de la Música ‘Jorge Villamil Cordovéz, a cargo de la Gobernación. Los otros dos bloques le correspondían a la Alcaldía y al Ministerio de Cultura.

A título de reparación por los daños causados, las tres empresas reclamaban el pago de una cifra superior a los 5.000 millones de pesos, más intereses remuneratorios o civiles corrientes, sobre el valor de la utilidad, más los costos de oportunidad, por daño material al buen nombre y lucro cesante.

El proceso fue reversado por el entonces gobernador interino, Luis Guillermo Vélez Cabrera, actual director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y exsecretario General de la Presidencia.

Vélez Cabrera, quien ejercía como superintendente de Sociedades, asumió el cargo en enero de 2013 en reemplazo de Cielo González Villa, inhabilitada por la Procuraduría.

Con el apoyo de la directora de la oficina Jurídica de la Superintendencia, Luz Amparo Cardozo, y la jefe de la oficina de Contratación, Diana Marcela Ávila, el gobernador interino inició la revisión de toda la contratación, entre ella la de alimentación escolar con Comfamiliar. En esa revisión también cayó la construcción del parque de la Música que estaba en proceso de licitación.

EL ENREDO

El consorcio consideró que en razón a que su propuesta fue declarada hábil por el comité evaluador, tenía derecho a que le adjudicaran la licitación (porque satisfacía a plenitud la capacidad residual de contratación).

Sin embargo, un día antes que expirara el término para presentar observaciones al proceso de evaluación, Vélez Cabera, reasumió la competencia para dirigir el proceso licitatorio (revocando  tácitamente la delegación que le había otorgado al Director del Departamento Administrativo de Contratación), y suspendió el proceso durante 15 días, para efectuar una revisión general al procedimiento y requisitos del mismo para determinar la procedencia de su continuidad.

El 11 de junio de 2013 la comisión de evaluación anunció que se presentaron inconsistencias en la información reportada por el consorcio. En su criterio, el consorcio no estaba habilitado para participar en la licitación, como quiera que suministró información errada y no pudo acreditar la capacidad residual de contratación/contratos en ejecución. “A pesar de que trató de corregir los yerros enunciados, no  podía permitir que la propuesta fuera mejorada, complementada o adicionada”, reseñó el informe.

La comisión evaluadora rectificó la evaluación técnica argumentando que el único proponente no se encontraba habilitado para participar en el proceso, ya que no acreditó la experiencia específica.

LAS FALENCIAS

El consorcio aceptó que incurrió en las flaquezas detectadas y corrigió la información aclarando que son errores  involuntarios, cometidos de buena fe y ajenos a cualquier ánimo defraudatorio.

En su opinión, eran falencias numéricas, fácilmente explicables, porqué cada uno de los consorciados tiene varios contratos en

No obstante, en la audiencia celebrada el 19 y el 21 de junio de 2013, la administración departamental desestimó la explicación y declaró desierta la licitación.

El gobierno argumentó que el proponente no podía subsanar unilateralmente errores en temas fundamentales; porque ello implicaba adicionar y mejorar la oferta (aspecto que sólo se podía hacer a petición de la entidad). Así las cosas, estimó que los datos  consignados eran inexactos, no coinciden con los valores de los contratos reportados,  con los saldos por ejecutar ni  con  los plazos. En razón a  que el formulario no es un simple requisito habilitante o de verificación,  estimó que no es subsanable.

Sin embargo, otra cosa opinaron los magistrados que estudiaron la demanda. En su criterio, los documentos requeridos para acreditar la capacidad financiera del consorcio eran requisitos habilitantes, ya que ésta no es  susceptible de calificación. “De ahí que la información que se registró para acreditar la capacidad residual de contratación,  podía  enmendarse  antes de la adjudicación, a petición de la entidad”, precisó el magistrado Ramiro Aponte.

“En este caso- agregó- lo prudente hubiera sido  solicitarle las correspondientes aclaraciones. Cosa que no se hizo; ya que se limitaron a  afirmar que los yerros  anotados no  permitían hacer dicho cálculo; lo cual, no es cierto, porque en ese momento contaban con los medios de prueba para realizar ese ejercicio (y tenían la obligación de hacerlo). Y en el evento hipotético de que no los tuvieran, debieron darle la oportunidad al consorcio actor para que aportara la documentación requerida para acreditar ese requisito  habilitante”.

La administración seccional tenía la  obligación de  realizar los cálculos y precisar sí los proponentes satisfacían la capacidad residual de contratación (requisito habilitante, previamente avalado por el Comité de Evaluación el 16 de abril de 2013).

En su criterio, las falencias no se pueden  tipificar como actos constitutivos de falsedad ideológica o material, fraude o engaño. Los contratos relacionados por cada uno delos consorciados, efectivamente se suscribieron, pero se presentaron inconsistencias al diligenciar el formato o se omitió información. Tampoco es cierto que podrían inducir a error o que impidieran evaluar la oferta. Se reitera: porqué la capacidad residual es un requisito habilitante; lo cual, permite corregir las inconsistencias que en procura de su demostración se pudieran presentar. Y ello no implica modificar o mejorar la oferta.

Sin embargo, la multimillonaria demanda no prosperó por otra razón.

La sociedad Inversiones Grandes Vías e Ingeniería SAS tenía el 3% de participación en la unión temporal. Es evidente que únicamente podía atribuirse ese porcentaje de experiencia específica, y no el 100% de la misma, como se reportó.

“En ese orden de ideas el consorcio no satisfacía ese requisito habilitante, y por ese específico aspecto, se justificaba declarar desierta la licitación; como en efecto se hizo”, concluyó el Tribunal Administrativo del Huila, salvando a la Gobernación de la indemnización reclamada.

 

Los costos del proyecto

El Parque de la Música diseñado por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional en homenaje al fallecido compositor de las Américas, Jorge Villamil. ‘Los Guadualues’, uno de sus mejores temas, inspiraron los diseños que se complementan con amplios espacios para la recreación y una fuente luminosa (aun sin construir).

El proyecto, construido  en la  antigua concha Acústica, tuvo una inversión estimada de 32.000 millones de pesos (aun sin terminar).

La obra consta de tres bloques de dos pisos. En el primero se ubican los baños públicos de graderías y espacios para recreación. En el segundo un auditorio con su área de taquillas y en el tercero los restaurantes, locales comerciales, camerinos, parqueaderos, administración y cuartos de máquinas con los tanques de reserva de agua.

La primera fase (bloque C) costó 10.000 millones de pesos aportados y ejecutados por el Ministerio de Cultura.

El Gobierno departamental aportó 9.000 millones y le correspondió el bloque A. La Alcaldía aportó 3.500 millones y le correspondió el bloque B.

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