Un presunto desfalco de recursos públicos envió a la cárcel al alcalde de Curillo.

LA NACIÓN

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El actual alcalde del municipio de Curillo es el primer mandatario del Caquetá en ser capturado por presuntos hechos de corrupción. Según dio a conocer, la   Fiscalía General de la Nación hizo una investigación exhaustiva por unas denuncias que interpusieron las mismas comunidades y los concejales de este municipio por unos contratos que fueron celebrados por el actual mandatario.

 

Según el ente acusador, se decidió imputar cargos al alcalde y a dos funcionarios en razón a unas irregularidades encontradas en cuatro contratos celebrados en este municipio del sur del Caquetá. De acuerdo a lo que se pudo conocer, el caso que tiene en aprietos al alcalde es un presunto desfalco de recursos públicos a la hora de ejecutar algunos contratos cuya cuantía no superan los 25 millones de pesos.

 

“Ante las constantes denuncias de la comunidad y de algunos concejales del municipio de Curillo, se hizo necesario establecer una investigación, donde se reunieron algunos testimonios e intercepciones telefónicas, que permitieron establecer que él había favorecido a terceras personas en la ejecución de contratos ficticios”, dijo el director seccional de Fiscalía, Alexander Bermeo.

 

Para obtener las pruebas que tienen al mandatario hoy tras las rejas el Fiscal dio a conocer que se realizaron unas intercepciones telefónicas en las que se detectaron unas situaciones de índole moral que podrían atentar contra el director Seccional de Fiscalía, la fiscal que adelanta el caso y los investigadores.

Asimismo, dio a conocer que algunas de las irregularidades está el hecho de que se suscribió un contrato para el suministro de un combustible a una comunidad del área rural, combustible nunca fue entregado, peor para el cual el mandatario local sí solicitó que se firmara un acta de entrega.

Al igual hay otros contratos en los cuales se legalizó un rubro para unas obras pero era mucho menor, o en su defecto no se realizaron. Estos proyectos no superan los 25 millones de pesos.

“Seguiremos trabajando en los delitos contra la administración pública sin importar el monto de los contratos denunciados por la comunidad, cualquier irregularidad debe ser investigada sin importar la suma de la presunta malversación de fondos del Estado”, dijo.

 

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