Por: Revista Semana.

Una semana antes de lo anunciado, el Comité de Escogencia hizo pública la lista de los elegidos para conformar la Comisión de la Verdad creada por los acuerdos entre el gobierno y las Farc. Se trata de una pieza clave de la compleja arquitectura diseñada para hacer viable el cambio de la lucha armada por la actividad política legal, basada en el principio de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Aparte de la fecha de la noticia, el Comité de Escogencia –compuesto por 3 expertos nacionales y 2 colombianos– no sorprendió. En términos generales, mantuvo los criterios con los que ya había llenado las vacantes de la justicia especial para la paz: amplia presencia de la mujer (5 de 11), representatividad regional (hay 5 antioqueños), hojas de vida con vasta experiencia en el campo e inclusión de minorías étnicas. Tampoco hubo diferencia en la preferencia por miembros con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, que en ambos casos ha generado críticas en la derecha, que la interpreta como un supuesto sesgo ideológico.

Estaba cantado que el sacerdote jesuita Francisco de Roux saldría elegido y que sería el presidente. Su trabajo en favor de los derechos humanos es ampliamente reconocido. Fue el primer ganador del Premio Nacional de Paz, por su labor con las comunidades del Magdalena Medio, y su personalidad discreta y prudente genera respeto en todos los sectores. El propio expresidente Álvaro Uribe, crítico de los acuerdos con las Farc y del trabajo del Comité de Escogencia de la JEP y de la Comisión de la Verdad, se refirió en forma positiva a su nombramiento en entrevista concedida a RCN Radio.

Junto con De Roux, la comisión quedó conformada por Marta Ruiz, consejera editorial de SEMANA; Saúl Franco Agudelo, médico de la Universidad de Antioquia; María Patricia Tobón, asesora de resguardos indígenas; el español Carlos Beristain, el único extranjero, quien laboró en las Comisiones de la Verdad de Paraguay y Perú; Lucía González, con trabajos en temas de memoria y resolución de conflictos sociales; María Ángela Salazar, vocera de la Mesa Departamental del Conflicto Armado de Antioquia; Carlos Ospina Galvis, exmiembro del Ejército; Alfredo Molano, periodista y escritor; Alejandra Miller, investigadora de la Comisión de la Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto; y Alejandro Valencia, quien se ha desempeñado en actividades semejantes en Guatemala, Perú y Ecuador.

Es frecuente que los procesos de negociación política para terminar conflictos incluyan un mecanismo de esta naturaleza. Así ha ocurrido en todo el mundo, porque las diferencias sobre la interpretación de la historia de la violencia son una de las causas mismas del enfrentamiento. En consecuencia, construir una narrativa unificada que reúna altos niveles de consenso se considera una condición necesaria para cambiar el curso de la historia. Las víctimas de la guerra, además, no van a ser resarcidas con justicia plena para los victimarios –porque se aplicarán penas reducidas dentro del concepto de justicia transicional–, y la construcción de una verdad compensa esa necesidad. Hay víctimas que prefieren el conocimiento pleno de los hechos sobre la aplicación de la justicia.

LOS OBSTÁCULOS

La investigación sobre la verdad es una fórmula para pasar la página, pero también puede reabrir y profundizar heridas. La línea divisoria es delgada. En la era de la posverdad y las manipulaciones políticas de las versiones sobre hechos tan complejos, el trabajo de la comisión tiene que resultar tan efectivo como prudente. Y bajo una polarización como la que ha generado el proceso de paz, se requerirá de mucho rigor y tino para que la exploración a fondo de la realidad del conflicto no exacerbe aún más los ánimos, lo contrario a su naturaleza.

Colombia tiene experiencias en este campo. El informe ¡Basta ya!, emanado de la Ley de Justicia y Paz con la que se desmovilizaron los grupos paramilitares, fue un primer esfuerzo de recopilación de la historia violenta de los últimos años. El hecho de que la comisión de nombramiento, ahora, no haya incluido al historiador Gonzalo Sánchez, quien encabezó su redacción, se ha interpretado como una señal de que la Comisión de la Verdad no debe repetir lo ya hecho. Tampoco se trata de una instancia paralela para el tratamiento judicial de los procesos penales de quienes participaron en el conflicto, de lo cual se hará cargo la JEP.

Los propios comisionados recientemente elegidos, bajo la presidencia de Francisco de Roux, tendrán un papel en la definición de su trabajo. Aunque hay parámetros fijados por los acuerdos entre el gobierno y las Farc, la comisión definirá sus procedimientos para conocer la realidad de las regiones y para abrir mecanismos de comunicación con las víctimas de diversos sectores. La tarea, para la que tendrá un plazo de tres años, con seis meses anteriores de preparación, definitivamente no significa encerrarse en un salón para redactar un nuevo informe. Lo único claro es que no será fácil.

 

 

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