El secretario Ejecutivo de la JEP, ex magistrado Néstor Raúl Correa Henao entutelado por un ex guerrillero de las Farc preso.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

La demora en el otorgamiento de la libertad condicionada a ex guerrilleros de las Farc presos en las cárceles del país, puede desatar un nuevo ‘tutelatón’ en el país.

La primera tutela fue instaurada en Neiva por  Carlos Enrique Montoya Zapata condenado por el secuestro del empresario laboyano Agustín González Medina.  El hombre argumentó demoras en el trámite de su libertad condicionada a la que tendría derecho por los beneficios derivados del acuerdo de paz.

El sentenciado solicitó el amparo de sus derechos de petición, información, documentación pública, igualdad, dignidad humana, acceso a la justicia, debido proceso y libertad personal, vulnerados en su sentir, por el Inpec, el Banco Agrario y la Secretaría Técnica de la Jurisdicción Especial de Paz.

Según su relato, una funcionaria de la JEP le tomó los datos pero nunca remitió las actas de compromiso de sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz para poder recobrar la libertad provisional.

Montoya Zapata, presentó dos peticiones: una dirigidas a la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la JEP solicitando la remisión del acta de compromiso  y otra al Banco Agrario de Rivera pidiendo información sobre un aporte para la reincorporación a la vida civil. Las peticiones fueron radicadas en la oficina de correspondencia del Inpec el 12 y 20 de octubre pasado.

La tutela fue presentada cinco días después sin que se hubieren vencido los términos legales para que respondieran el derecho de petición. El recurso fue tramitado por el Tribunal Administrativo del Huila. Pero no prosperó.

Antecedentes

Montoya Zapata, el conductor y hombre de confianza, facilitó el secuestro del empresario Agustín González Medina, ocurrido el 6 de enero de 2011en una finca de su propiedad ubicada en la vereda Corinto en Pitalito.

Por el plagio también fueron condenados a 39 años de prisión,  otras cinco personas, entre ellas, Ángelo Ferney Busto Niño, un pariente cercano y José Antonio Rivera (‘Toño Nieves’), el cerebro del plagio y supuesto ‘enlace’ con las Farc.

El mismo día de la sentencia los condenados pidieron su libertad ante el Juzgado Segundo Penal Especializado de Neiva. Sin embargo, no fue admitida. El Tribunal Superior también las rechazó argumentando que no figuraban en los listados de eventuales beneficiarios de la amnistía.

 La libertad

Según el secretario Ejecutivo de la JEP, el ex magistrado Néstor Raúl Correa Henao,  desde marzo de 2017 viene adelantando  un plan de acción a nivel nacional para suscribir actas formales  de compromiso con posibles beneficiarios de la libertad condicionada prevista en ley de amnistía (Ley 1820 de 2016 ) y el Decreto 277 de 2017 que reguló su implementación.

Las visitas se realizan a partir de un cronograma  en todos los centros carcelarios del país que albergan internos identificados como miembros activos de esa organización guerrillera ya desmovilizada.

“Ese beneficio-dijo- cobija también a quienes han sido condenados, procesados  o investigados como integrantes o colaboradores de dicho grupo, aunque no hagan parte de los listados elaborados por ella, pues no cuenta en la actualidad con el listado de personas que no hacen parte de esa organización pero pueden ser favorecidos con tal libertad”.

En este caso los jueces de ejecución de penas pueden aplicar el artículo 12-c del Decreto 277 y una vez verificados los requisitos legales para la libertad, condicional, la pueden ordenar supeditando su materialización a la suscripción formal del acta de compromiso y oficiar a esa Secretaría para lo de su competencia”.

En todo caso el trámite completo, a partir de la radicación de la solicitud, hasta la decisión judicial, no podrá demorar más de los diez días.

Seguridad

Correa Henao, precisó que ese organismo transitorio ha establecido unos estándares de seguridad de tales documentos para que los jueces puedan tener plena certeza de su validez y cumplir los criterios legales para conceder la libertad condicionada.

Una de las tres copias de la diligencia que se surta con cada potencial beneficiario se envía al despacho judicial. La certificación  realizada papel amarrillo lleva además un número consecutivo de color rojo y en la parte derecha la firma del Secretario ejecutivo de la JEP.

Correa Henao afirmó que a esa oficina no le ha sido asignada la función de analizar requisitos ni conceder la libertad condicionada sino solamente suscribir las actas de compromiso como una de las exigencias para el otorgamiento de la libertad, atendiendo los listados entregados por la Oficina del alto Comisionado para la Paz o, cuando una decisión judicial así lo ordene, previa verificación de cumplir los requisitos para acceder a la citada libertad.

No cumplía

En el caso concreto,  informó que Montoya Zapata no reunía en ese momento los requisitos necesarios para suscribir las actas de compromiso. Primero,  porque su nombre no estaba incluido en los listados de miembros de las Farc remitidos por la Oficina del Comisionado de paz,  ni tampoco le habían notificado decisiones judiciales que ordenen la suscripción de la misma. “Por esa razón-dijo- no se ha procedido a levantar el mencionado documento”.

Con esta argumentación, la tutela no prosperó. El magistrado Jorge Alirio Cortés acreditó que el Banco Agrario de Rivera el 21 de octubre de 2017 y la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la JEP el 27 de octubre de 2017 dieron respuesta a las peticiones del demandante de fondo, en forma clara y concreta.

El empresario Agustín González Medina (izq) y su ex mayordomo Carlos Montoya Zapata.

En trámite

Sin embargo, confirmó que el ex mayordomo del empresario laboyano, allegó el pasado 12 de octubre una certificación expedida  el 8 de septiembre de 2017 por el  Comisionado para la Paz donde le notifica que fue aceptado como miembro integrante de las Farc.

En esas condiciones, se procederá a suscribir el acta de compromiso que le permitirá recobrar la libertad condicionada, mientras la Jurisdicción Especial de Paz define su situación jurídica.

“La respectiva diligencia de suscripción se programará en el mes de noviembre en curso, de conformidad con los recursos humanos y logísticos disponibles para el efecto”, subrayó el Secretario Ejecutivo de la JEP.

Un reporte oficial revela que hasta julio el gobierno nacional había otorgado la amnistía a 7.696 exguerrilleros de las Farc como parte del acuerdo de paz. No obstante, por lo menos otros 9.500 ex guerrilleros de las Farc continúan en las cárceles.

 

Carlos Montoya en el juicio oral.

 

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