Algunas obras como las cubiertas para centros del deporte registran deficiencias según el informe presentado por la contralora Adriana Escobar.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Una auditoría regular en San Agustín  puso en evidencia una cadena de irregularidades en el manejo de los recursos públicos detectadas en los dos últimos años. Las anomalías compromete a los dos últimos alcaldes Edgar Martín Lara y Ever Bolaños Jojoa.

La contralora Departamental, Adriana Escobar, reveló que se encontraron serias deficiencias, falta de planeación e ineficiencia en el manejo de los recursos públicos  que pueden configurar un detrimento patrimonial estimado de 892 millones de pesos.  El informe concluyó con 66 observaciones, 52 hallazgos administrativos, 20 fiscales y ocho con posible incidencia disciplinaria.

Lo curioso: los contratos de suministro de combustibles se ejecutaron cuando la maquinaria estuvo parada. Los programas de mantenimiento de vías no están soportados y en dos días se consumieron 16 millones de pesos en combustible.

Asesoría

El contrato de prestación de servicios 032 fue firmado inicialmente por 50 millones de pesos para asesorar  la elaboración del plan de desarrollo.

El contrato fue adicionado en diez millones de pesos el primero de junio de 2016 cuando ya el plan de desarrollo había sido aprobado por el Concejo (Acuerdo 010 expedido el 31 de mayo de 2016).

A juicio de la Contraloría esta adición constituye un detrimento patrimonial ya que para esta fecha los documentos que soportaban el plan de desarrollo ya debían estar elaborados y publicados.

Suministro

El suministro de combustible generó uno de los principales hallazgos. Todos realizados con el mismo proveedor. El contrato fue firmado con María Elena Obando para el suministro de combustible en las dos administraciones.

El primero mediante contrato 067 firmado el 30 de marzo de 2016 por 19,30 millones de pesos la alcaldía dispuso el suministro de combustible al parque automotor de la alcaldía.

Para justificarlo se elaboró un supuesto plan de mantenimiento de vías. Entre otras programó el mantenimiento ficticio de 14 vías, entre ellas las carreteras a las veredas Villa Fátima, Puerto Quinchana, El Carmen, El Barniz, Cascajal, Palmito, Obando y La Candela.

En el documento se asegura que ese mantenimiento fue realizado con una retroexcavadora Case590N y una volqueta en los primeros tres meses del año. Lo que se comprobó es que esa maquinaria no salió jamás del parqueadero en la fecha en que supuestamente se realizaron las labores de mantenimiento. Tampoco se expidieron las respectivas órdenes de trabajo.

“El contrato y el acta de inicio fueron firmados el 30 de marzo. Esto indica que el municipio no utilizó al parecer la maquinaria durante los primeros tres meses del año, teniendo en cuenta que no se celebró el contrato de suministro anterior a este”, reportó la investigación de la Contraloría.

Según un reporte de la Personería, durante los tres meses siguientes (abril, mayo y junio) la maquinaria tampoco salió del parqueadero. En ese periodo no se reportó en la minuta la entrada o salida de la maquinaria.

El contrato, según el reporte del Personero, registró serias inconsistencias. En los estudios previos y en la invitación se consignó un monto distinto al que apareció en el registro presupuestal. La notificación de aceptación de la oferta se hizo el 31 de marzo. Curiosamente el acta de inicio se firmó un día antes y la póliza de cumplimiento se expidió el 4 de abril, cinco días después de haber protocolizado el acta de inicio. Y el pago de la estampilla pro cultura se realizó un día después.

edgar Bolaños, actual alcalde.

Otra perla

En las cuentas de cobro presentadas por el contratista aparecen facturas expedidas con antelación a la fecha del contrato. El acta de pago 01 fue perfeccionada el 30 de marzo. Sin embargo, en el acta de liquidación  se indica que el contrato 067 fue pagado con acta de pago 001 el 29 de febrero de 2016.

La administración argumentó que se trató de “errores en la elaboración de las actas”. Sin embargo, no dio razón sobre el uso del combustible.

Consumo récord

En tiempo récord, dos días,  la administración municipal utilizó combustible por 16,2 millones de pesos, supuestamente para mantenimiento de las vías rurales.

El contrato de suministro 238 de 2016 fue perfeccionado con la misma contratista para el suministro de acpm para la rehabilitación de cien kilómetros de vías terciarias entre otras, Mesitas, Sevilla, Los Robles, La Magdalena, Alto del Obispo y Simón Bolívar. Además, la remoción de derrumbes en las veredas Nazareth, El Retiro y La Tribuna.

El contrato se suscribió el 28 de diciembre de 2016 con acta de inicio el mismo días y acta de finalización el 29 de diciembre. “Al parecer se ejecutó la suma de 16,30 millones de pesos en un tiempo máximo de dos días, hecho que se escapa a la lógica y sentido común”, anotó la agencia fiscalizadora.

Aunado a lo anterior no se anexan al contrato evidencias que confirmen el suministro de combustible y que permitan inferir a que vehículos se suministró el acpm.

Sin soportes

Pero no ha sido el único. Las fallas también se le encontraron a su antecesor.
“La administración municipal no tiene control sobre el suministro de combustibles, toda vez que los contratos celebrados por este concepto durante las vigencias auditadas (2015-2016) carecen de soportes de autorización y orden de pedido para el suministro así como del recibido. Lo anterior como consecuencia de la ausencia de controles que garanticen el cumplimiento del objeto contractual y el correcto manejo de los recursos públicos”, precisó el organismo fiscalizador.

Entre otros, mencionó el contrato 013 de 2015, sin que pudiera verificar el volumen de combustible verdaderamente utilizado.

Su antecesor también contrató el suministro de 564 galones de gasolina por 4,99 millones para el carro del alcalde sin ningún soporte. Y otros 2 millones de pesos en gasolina para el mantenimiento del estadio Gerardo Ortiz (Contrato 066 de 2015), sin que exista evidencia que se ejecutó.

Lo mismo ocurre con el combustible destinado a los vehículos de la fuerza pública. Los registros en la estación de gasolina no reportan los soportes mínimos como las placas de los vehículos surtidos.

En las facturas presentadas por el contratista aparecen pagos  por 18,99 millones de pesos. De estos solo 5,59 millones de pesos tienen soportes.

“En consecuencia, es posible concluir, que se canceló una suma de 13,40 millones de pesos sin justificación, como quiera que no existe soporte que indique ese suministro por este valor y si efectivamente fue suministrado a vehículos de la fuerza pública”, afirmó la Contraloría.

Al no encontrarse los soportes, el organismo fiscalizador determinó un daño patrimonial en esa cuantía.

También se encontraron inconsistencias en otro contrato de suministro de combustible adjudicado a la estación Los Andes. El primero por 19,30 millones en agosto de 2016 no tuvo inconveniente. El ‘enredo’ surgió con un ‘otrosí’ por otros 9,65 millones sin soportes ni justificación.

Igual ocurrió con otro contrato para el suministro de lubricantes destinados a los vehículos de la Cárcel del Circuito Judicial de Pitalito, por 6,99 millones, sin ningún soporte.

Hallazgo insólito

El polémico mandatario Ever Bolaños, contrató los servicios de un conductor, asignado a su despacho, sin necesitarlo.

El funcionario vinculó como su conductor al señor Sandro Janet Losada. El nombramiento quedó con código 480, grado 3, asignado al despacho del alcalde. Además le asignaron entre otras las siguientes funciones: mantener el carro limpio, realizar reparaciones sencillas, responder por las herramientas, velar porque el vehículo funcione correctamente.

Lo increíble: el alcalde no tiene asignado ningún vehículo ni por parte de la Alcaldía ni por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Y peor aún: la camioneta Luv color verde modelo 1982 de propiedad de la Alcaldía no se encuentra en servicio desde el mes de noviembre de 2013. Tampoco la camioneta Chevrolet Gran Vitara color rojo modelo 2001. El vehículo está fuera de servicio desde el mes de junio de 2014.

“Así las cosas, es posible concluir, que se está efectuando una erogación de recursos públicos, sin justificación, sin que cumpla las funciones para las cuales fue nombrado”, concluyó el equipo auditor.

En estas condiciones, configuró otro detrimento patrimonial calculado en 20 millones de pesos, correspondiente a los emolumentos cancelados como conductor.

El mandatario confirmó que no tiene carro, pero anda en moto prestada. El conductor lo lleva en la moto para todas partes, incluso a la zona rural.

“Pedí un carro a la unidad de protección y solo me asignaron un chaleco antibalas que no acepté. Ahora tengo previsto alquilar por Leasing un vehículo”, explicó.

El funcionario admitió que la mayoría de los hallazgos son de la anterior administración y que en su caso, dará respuesta oportuna a la Contraloría. “Es una oportunidad para mejorar y estamos dispuesto a aclarar y desvirtuar todos esos hallazgos”, explicó.

Material didáctico

La administración contrató el año pasado el suministro de material didáctico para las nueve instituciones educativas de la localidad. Aunque se canceló el 29 de diciembre de 2016, el material nunca llegó a las instituciones.

El material estaba destinado a reforzar los programas de comprensión de lectura y matemáticas para las pruebas ‘Saber’ realizadas el 27 de agosto de 2017.

“La inversión de estos recursos públicos no han producido un beneficio a la comunidad”, apuntó el organismo fiscalizador.

La administración aseguró que el material fue entregado a los rectores de las instituciones educativas.

Transporte escolar

La actual administración contrato con la empresa Trasandina de San Agustín el transporte escolar por 206,67 millones de pesos (Contrato 177 de 2016). Sin embargo se registraron inconsistencias entre los alumnos transportados y el número de estudiantes registrados en las instituciones educativas públicas. La Contraloría detectó un posible detrimento cuantificado en 13,84 millones de pesos.

Otros casos

Durante la auditoría se detectó que varios contratos no tienen la respectiva póliza de garantía. No hay organización en la preservación de los archivos. Tampoco se aplican correctamente los descuentos de ley en algunos contratos de prestación de servicios. Muchos de los hallazgos corresponden a la vigencia de 2015.

Igualmente encontraron anomalías en la ejecución de un convenio (No. 55 de 2015) para adelantar programas de reforestación en las veredas Alto Frutal, La Estrella, El Retiro, El Carmen y Marbella. Según el ente de control, el proyecto no se cumple sólo con la siembra de árboles por 182,2 millones de pesos.

Asimismo se encontraron posibles irregularidades en el suministro de cemento para construir de obras de arte en las vías urbanas  por 17,85 millones (Contrato 81 de 2015) sin que exista evidencia que efectivamente fueron ejecutados por su antecesor Edgar Martín Lara.

Lo mismo ocurrió para el suministro de tejas de zinc para vivienda urbana, en plena campaña (contrato 234 de 2015) por17 millones de pesos sin que existan soportes ni evidencias del suministro.

Cubiertas

Adicionalmente la Contraloría detectó irregularidades en la contratación de las cubiertas del centro cultural y deportivo en las sedes principales de las instituciones educativas Laureano Gómez, Carlos Ramón Repizo, El Rosario, sede La Aguada, Arauca y dos cubiertas más en las veredas La Pradera y Puerto Quinchana.

Las obras tuvieron un costo de 868 millones de pesos adjudicadas por el anterior alcalde (contrato 210de 2015). Algunas obras presentan problemas estructurales.

 

Algunas obras como las cubiertas para centros del deporte registran deficiencias según el informe presentado por la contralora Adriana Escobar.

 

 

Algunas obras como las cubiertas para centros del deporte registran deficiencias según el informe presentado por la contralora Adriana Escobar.

 

 

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