El Juez Primero Penal del Circuito descartó el archivo del proceso penal por recobros ilegales.

RICARO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El ex director de la Caja de Compensación Familiar, Armando Ariza Quintero, perdió una nueva batalla jurídica en uno de los tres procesos que le adelanta la Fiscalía por indebido manejo de recursos de la salud.

Una sorpresiva solicitud de cesación de la acción penal por el recobro ilegal de medicamentos de alto costo no prosperó. El Juez Primero Penal del Circuito de Neiva, Carlos Ochoa, rechazó de plano la solicitud, argumentando que esa garantía, contemplada en el nuevo Código de Procedimiento Penal, no se configuraba en este caso.

El 7 de noviembre pasado, el juez Cuarto Penal del Circuito de Neiva, Hermógenes Trujillo Salas dejó en firme la medida de aseguramiento y se opuso a la revocatoria, como lo había sustentado la juez de garantías.

La decisión fue notificada ayer en medio de un candente debate jurídico. La audiencia preparatoria por el recobro ilegal de este medicamento quedó en suspenso hasta que resuelva el recurso de apelación que deberá proferir el Tribunal Superior de Neiva. Las audiencias preparatorias por los casos de Revivir y Medilaser quedaron programadas para el próximo año.

Polémico archivo

El abogado Jesús Antonio Marín presentó en septiembre pasado la solicitud de preclusión o la finalización del proceso penal invocando dos causales: la inexistencia del hecho investigado y por indemnización integral.

Las causales están taxativamente consagradas en la ley  pero exige unos requisitos.

Según el juez, el Código Penal prevé explícitamente que la acción penal se extingue por indemnización integral en los casos previstos en la ley (artículo 82-7), la figura es procedente en todos los casos en que se satisfagan las exigencias propias de la indemnización integral.

La cesación de procedimiento depende en este caso de la voluntad de los sujetos procesales. La figura es procedente en los delitos contra el patrimonio económico como la estafa cuando  la  cuantía  no  exceda  de  200 salarios  mínimos  mensuales.

La acción penal se  extinguirá  para todos los sindicados cuando cualquiera  repare integralmente el daño ocasionado. Sin embargo, exige que en esta reparación medie un dictamen pericial o una manifestación expresa de las víctimas que se sienten reparadas integralmente.

“Las certificaciones expedidas por las secretarías de Salud del Huila y Boyacá no generan plena  certeza de la existencia de reparación integral”, anotó el juez de conocimiento.

“Para el despacho no prospera la causal. Tampoco la preclusión por inexistencia del hecho. En concreto la conducta existió porque se tramitaron los recobros por el medicamento de alto costo a las dos entidades públicas.

La aplicación de la figura se tornará procedente siempre y cuando se satisfagan los presupuestos establecidos en el artículo 42 de la Ley 600 de 2000. En este caso no dan esos presupuestos ni existe la certeza de esa indemnización.

“La reparación integral se efectuará con base en el avalúo que de los perjuicios haga un perito, a  menos  que  exista  acuerdo  sobre  el  mismo  o  el  perjudicado  manifieste  expresamente  haber  sido indemnizado”, afirmó.

Armando Ariza seguirá con medida de aseguramiento.

Lo probado

Está probado que  Ariza Quintero, gestionó el pago de 4.797 millones de pesos por el suministro de medicamento Fandhi Factor VIII antihemofílico. Los trámites se efectuaron entre 2003 y 2015.  De estos, 1.290 millones fueron cancelados entre 2010 y 2012 a las secretarías de Salud del Huila y Boyacá.

En el Huila se autorizó el pago de 3.506 millones pero se frenó por falta de recursos. El medicamento no podía en ese momento recobrado porque existía en el Plan Obligatorio de Salud.

El medicamento fue suministrado por la empresa Distrimedical sin tener la representación o la autorización para comercializar ese producto fabricado en Alemania.

La empresa en tres años, recibió cerca de 11.000 millones de pesos por suministro de ese medicamento formulado a pacientes diagnosticados con hemofilia.

El año pasado la Fiscalía le imputó cargos por los supuestos delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, tentativa de peculado por apropiación a favor de terceros y fraude procesal.

En momentos en que se disponía a vincular a la investigación a los secretarios de salud de la época, a médicos y otros funcionarios, el caso tomó un sorpresivo viraje al probarse que este caso, era totalmente distinto al que se investiga en Córdoba.

No obstante, la Fiscalía cambió la adecuación jurídica y acusó a Ariza Quintero por los delitos de estafa agravada en concurso con estafa agravada en grado de tentativa y fraude procesal.

Las razones

“La acción penal no puede proseguir porque hubo una indemnización integral. Esa fue la causal soportada partiendo de que existió el recobro, sin reconocer responsabilidad penal, se hicieron los reintegros o las devoluciones de los dineros recobrados. Prueba de ello es que no ha existido ninguna reclamación, reconociendo que hubo una indemnización que se devolvieron los recursos recobrados, con todos los intereses causados”, insistió Marín al recurrir el fallo negando la cesación del procedimiento.

Sin embargo, no fue posible que acreditar expresamente esa circunstancia.  En esas condiciones mantuvo la solicitud de preclusión y le pidió al Tribunal Superior que revoque la decisión de primera instancia que la negó y proceda a decretar la libertad inmediata de Ariza Quintero.

El debate

La impugnación anticipó un nuevo debate jurídico.

El Procurador Judicial mantuvo su posición y pidió que se confirme la decisión porque en su opinión, las causales invocadas no son procedentes.

“Las causales invocadas carecen de razón jurídica  y por el contrario están gravemente viciadas desde el punto de vista de la argumentación  que la hacen absolutamente inaplicables”, afirmó.

Aunque la Fiscalía cambió la imputación inicial de peculado por apropiación los hechos relevantes de la imputación siguen incólumes. En su opinión, tampoco se demostró que

“Una cosa es la devolución de unos dineros como un trámite administrativo y otra muy distinta la reparación integral en un proceso penal. Para que la causal opere se requiere no el trámite administrativo sino que exista una reparación del daño causado por el hecho punible generador de obligaciones”, afirmó el agente del Ministerio Público.

En su criterio, los pagos y devoluciones pueden ser parte final de la indemnización pero la indemnización integral es la que emana de los estados procesales, no la simple devolución.

“El hecho en sí mimo es inescindible”, y por lo tanto no es aislado y va encadenado con una serie de conductas tipificadas por la Fiscalía. El funcionario estimó que el Tribunal Superior de Neiva debe confirmar integralmente la decisión una vez conozca en segunda instancia la petición de preclusión.

El acusador

La misma posición la asumió el fiscal de apoyo Joseph Verdugo, quien reemplazó al titular, incapacitado por problemas de salud.

El funcionario que desde el momento en que se solicitó el recobro se incurrió en un delito.

“Ariza de manera ilegal e ilícita, indujo en error a las secretarías de Salud del Huila y Boyacá, y lo hizo en tres momentos distintos. Eso es lo que está probado hasta el momento”, anotó Berdugo.

“Las circunstancias en lo que hizo deben probarse en el juicio oral y no en esta audiencia. Lo concreto: ¿existió o nó el recobro? Sí, existió y eso es lo que cuestiona la Fiscalía”.

Este supuesto descarta en su sentir, la primera causal invocada sobre la inexistencia de la conducta.

La figura es  procedente en los delitos contra el patrimonio económico como la estafa cuando  la  cuantía  no  exceda  de  200 salarios  mínimos  mensuales. La acción penal se  extinguirá  para todos los sindicados cuando cualquiera  repare integralmente el daño ocasionado.

Sin embargo, exige que en esta reparación medie un dictamen pericial o una manifestación expresa de las víctimas que se sienten reparadas integralmente.

“No sólo debe existir una manifestación de parte de las víctimas, sino que además deben ser libre, consciente e informada. En este caso, el pago integral de los daños no están acreditados y por lo tanto la preclusión alegada es improcedente”, afirmó al reiterar la confirmación de la providencia.

Finalmente le pidió celeridad a los magistrados del Tribunal para que resuelvan con prontitud este recurso. No obstante, por la agenda judicial, la segunda instancia se surtirá el próximo año, una vez termine el receso judicial de fin de año.

 

El Juez Primero Penal del Circuito descartó el archivo del proceso penal por recobros ilegales.

 

 

 

 

 

Comentarios