El alcalde de Neiva Rodrigo Lara Sánchez con contratistas e interventores.

RICARDO AREIZA

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Por primera vez, el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, fijó su posición sobre los hechos que rodearon la parálisis del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’,

Durante una hora y veinte minutos atendió el interrogatorio que le formuló el contralor delegado, Eduardo José Pineda Arrieta, sobre la adición presupuestal que le correspondió autorizar, un mes y 17 días después de haber asumido el cargo.

Acompañado de su apoderado, Lara Sánchez, puso la cara y rindió su versión libre, programada por el ente de control, dentro del proceso de responsabilidad fiscal que abrió el 23 de agosto pasado.

El contralor delegado, adscrito a la Unidad Especial contra la Corrupción, vinculó al proceso a 16 personas, entre ellas a los socios del consorcio constructor,  al equipo interventor, a los supervisores, a los funcionarios que participaron en el proceso de adjudicación del contrato, al actual alcalde y a su jefe de contratación.

El ex alcalde Neiva, Pedro Hernán Suárez, se abstuvo de rendir su versión libre, programada para el jueves pasado. Lo mismo hicieron los integrantes del consorcio contratista. La diligencia estaba prevista para el 7 de noviembre.

El interventor tampoco compareció a la diligencia programada para el 27 de noviembre. La misma posición la asumió el ex jefe de contratación Carlos Fernando Puentes.

En cambio el  ex director de Deportes, Carlos Ramos Parrací, quien realizó solamente los estudios previos rindió desde la cárcel de Ibagué, vía Skype, su versión sobre los hechos, el 31 de octubre. El viernes pasado lo hizo el jefe de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias.

Funcionarios de la Contraloría consultados por LA NACIÓN anunciaron que están pendientes las versiones de otros autores vinculados al proceso de responsabilidad fiscal.

La versión de Lara

Según Lara Sánchez, cuando asumió el cargo el primero de enero de 2016 la obra estaba ejecutada en un 65% y quedó en suspenso con un avance del 92%.

Según el mandatario, el proyecto registraba graves falencias desde el principio sin que hubieran sido reportadas durante el empalme y menos en los informes técnicos anteriores rendidos por la interventoría, entre ellos la decisión inconsulta de cancelar las obras de reforzamiento estructural, el objeto central del contrato.

Sin títulos

En su extenso relato, la decisión de suprimir el reforzamiento estructural fue unilateral e inconsulta. En la decisión participaron, personas que no reunían los requisitos de idoneidad, como anticipadamente lo reveló LA NACIÓN.

El director  del proyecto, Oscar Mauricio Montoya Marín, en cuyas manos se produjo el desplome de la gradería, no reunía las calidades profesionales ni la experiencia acreditada para dirigir una obra de esa envergadura.

Según el reglamento de construcciones de obras civiles, el director debe ser un ingeniero civil o arquitecto, poseer matrícula profesional vigente y acreditar experiencia o estudios de postgrado en estructuras, geotécnica o ingeniería sísmica. Aunque el informe de evaluación, previo a la adjudicación del contrato, estableció que el proponente cumplía con todos los requisitos, en este caso,  no era cierto, como lo reveló LA NACIÒN.

El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia)  confirmó que Montoya Marín, quien dirigía la obra, está matriculado como  tecnólogo en construcciones civiles.

Lo mismo ocurrió con el consorcio Interventoría Estadio 2014, representado por Luis Alfonso Trujillo Bríñez, quien figuraba como un ingeniero agroindustrial, especializado en manejo de forrajes para vientres bovinos y proyectos agropecuarios. Sin embargo, tampoco es ingeniero, ni está acreditado como tal, según lo certificó el Copnia.

El director de interventoría Jaime Andrés Arévalo Rojas, esposo de la entonces directora de Justicia de Neiva, Carolina Moncaleano, tampoco reunía las calidades profesionales y la experiencia requeridas para ejercer una interventoría técnica para un proyecto de esa magnitud. La poca experiencia no era una garantía de solvencia técnica.

Polémica adición

Lara Sánchez por primera vez explicó las circunstancias en que se firmó el polémico otrosí 3 (el 18 de febrero de 2016) que permitió adicionar recursos por 7.249,40  millones de pesos, proyectados desde el 2015.

Los recursos, según la justificación técnica y la viabilidad del contrato permitirían la terminación de las obras. Las actas de justificación se perfeccionaron entre el 22 y el 28 de diciembre.

El 29 diciembre, dos días antes de terminar el mandato, se firmó el acta de reinició del contrato que se encontraba suspendido desde el 13 de octubre de 2015.

“Además -dijo- la adición, proveniente de regalías petroleras, había sido aprobada sin reparos por los Ocad tanto local como regional, debidamente soportada. Igualmente tenía la viabilidad del Departamento Nacional de Planeación y contaba con la cofinanciación de varias entidades públicas. En estas condiciones, para la entidad ejecutora, no era legalmente procedente cualquier modificación”.

Con esta adicción, el costo de la remodelación ascendió a 27.250 millones de pesos, suma determinada como presunto detrimento patrimonial.

En esa época, comenzando su mandato,  según Lara, no se conocían las falencias que registraba la ejecución del contrato, especialmente la inejecución del reforzamiento estructural.

La ineficacia de la interventoría impidió que ese hecho se hiciera público y que descubrió la propia Contraloría en una auditoría que ordenó el gerente departamental Omar Castro Parra.

Vulnerabilidad

El estudio puso en evidencia la vulnerabilidad total de la obra, la inviabilidad estructural del escenario deportivo y el alto riesgo que representaba por no  cumplir con los estándares mínimos de seguridad.

Según el informe técnico, las obras contempladas en el contrato final no eran adecuadas ni suficientes para la repotenciación estructural dela tribuna occidental, objeto del contrato. Adicionalmente, los ítems referidos al reforzamiento no fueron ejecutados. El contratista sólo realizó las obras nuevas de ampliación y remodelación de las canchas, la construcción de camerinos  y los niveles cuarto, quinto, sexto y séptimo de la tribuna occidental. Nada más.

La decisión, la adoptaron, de común acuerdo, el contratista e interventor, el 4 de junio de 2015 en un comité técnico, cuya conclusiones quedaron consignadas en el Acta No 17.

Las verdaderas falencias que la obra registraba fueron advertidas en un peritaje técnico luego de la tragedia que dejó cuatro muertos y diez heridos.

Hasta la fecha del colapso (19 de agosto de 2016) las obras de repotenciación sismo-resistente, origen y razón de ser de la remodelación, no se ejecutaron previamente.

“Las actividades correspondientes al reforzamiento de la tribuna occidental existente quedaron con cantidad cero, lo cual implica que no se ejecutaron”, concluyó la firma Ingeniería Sísmica & Estructural, encargada del peritazgo.

“Los recursos asignados originalmente para el reforzamiento de la estructura fueron redistribuidos en otras actividades que no garantizaban el comportamiento estructural adecuado de la gradería existente”, concluyó la firma especializada. Este dictamen pericial sirvió para iniciar un proceso sancionatorio contra los contratistas.

¿Interferencias?

Lara Sánchez advirtió que su interés es resolver cuanto antes la situación del contrato para poder intervenir y terminar la obra, facilitar la iluminación y habilitarlo mientras se culminan las obras, previo el reforzamiento.

“Pero no pudimos. Hemos recibido todos los problemas que han torpedeado el proceso sancionatorio que veníamos adelantando. Debates de control político en el Concejo el mismo días de las audiencias.  La Fiscalía tiene grabaciones de conversaciones de Pedro hablando con los concejales para que sabotearan el proceso, los debates en el Concejo”.

Además, la recusación formulada por la contraparte, impidió que se tomara una decisión, al parecer, orientada a declarar la caducidad del contrato, anticipar la liquidación y facilitar la terminación de la obra.

Sin embargo, advirtió que el proceso sancionatorio viene siendo inexplicamente interferido por dirigentes políticos, quienes vienen actuando a alto nivel para evitar que se hagan efectivas las pólizas de garantía.

“Cuando estábamos para fallar fuimos recusados y eso impidió que pudiéramos terminar la actuación. Ahora estamos separados del proceso esperando que el alcalde Ad hoc, defina el impedimento y se desenrede el proceso”, señaló el jefe de Contratación Fernando Mauricio Iglesias.

Aunque Lara no quiso pronunciarse expresamente, otros miembros de su equipo, solicitarán una vigilancia especial ante eventuales interferencias políticas, incluyendo a los organismos de control, frente al proceso sancionatorio que se viene adelantando contra los contratistas e interventores.

 

 

 

.La remodelación del estadio se ejecutó sin hacer previamente el reforzamiento estructural. FOTOS ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

 

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