Con un balance precario terminó el procedimiento de vía rápida para la agenda de paz.

La agenda legislativa para la paz, contemplada en el mecanismo del ‘Fast Track’ para tramitar por vía rápida iniciativas claves para implementar los acuerdos de paz, quedó en la mitad del camino.

Aunque salieron avance temas importantes por la participación políticas de la Farc, el nuevo partido de la desmovilizada organización guerrillera, otras iniciativas destinadas a beneficiar a las comunidades rurales, quedaron rezagadas en un ambiente de polarización, desinterés, ausentismo y voracidad burocrática, de un congreso, que no estuvo a la altura para blindar la construcción de la paz en las regiones.

El ‘fast track’ no arrojó los resultados esperados, ni la contundencia que se esperaba para blindar definitivamente los acuerdos de paz.

La figura utilizada para agilizar el paquete legislativo para la paz terminó en saldo rojo. De las 40 iniciativas previstas solo pasaron ocho, nueve quedaron en trámite, incluyendo la reforma política. } Desde el primero de diciembre de 2016 se tramitaron en el Congreso 22 proyectos de ley y un acto legislativo. Fueron pasaron siete reformas constitucionales, 11 leyes ordinarias, dos leyes estatutarias y dos orgánicas.

Durante este año se aprobaron por ‘vía rápida’ 11 normas, claves para implementrar los acuerdos.

Lo que pasó

Sin embargo, fueron aprobados, entre otros, el blindaje jurídico que le da  estabilidad al  acuerdo durante 12 años, la ley de amnistía, la justicia especial para la paz, la participación en política de las Farc y el estatuto de la oposición, la esencia para garantizar la incorporación de los ex guerrilleros a la vida social, policía y económica del país.

Sin embargo, lo más grave, las iniciativas que beneficiarían a las comunidades y regiones, sensiblemente golpeadas por la confrontación armada, quedaron en el tintero. Entre ellas, las políticas de desarrollo rural que beneficiaría a los campesinos, no a la Farc, no alcanzaron a tramitarse. Tampoco la reforma política ni un proyecto de sometimiento de las bandas criminales.

El desgaste del gobierno en el ocaso de su mandato, sumada la polarización política electoral permitió que esta vez el Congreso no estuviera con la camisa puesta para facilitar la salida política al conflicto armado.

Según analistas, la voracidad burocrática de los congresistas de la Unidad Nacional terminó interfiriendo la agenda legislativa y las mayorías, claves para aprobar los proyectos, dependían no de su compromiso con la paz, sino con la mermelada burocrática.

Además, la ruptura con Cambio Radical, impactó esas mayorías, y su bancada terminó alineada con la bancada derechista. El ausentismo, voluntario o premeditado, reflejaba el marcado desinterés. No en vano, el propio ministro del Interior, Guillermo Rivera, advirtió esa preocupación.

La JEP

La plenaria del Senado aprobó el jueves, con 52 votos a favor y 1 en contra,  el informe de conciliación del proyecto de ley estatutaria que reglamenta la Justicia Especial para la Paz, JEP.

La iniciativa contempla que los excombatientes podrán participar en política a partir de las elecciones de 2018 y que ocuparán cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara baja.

No obstante, en el documento aprobado quedó establecido el régimen de inhabilidades para los 51 magistrados de la JEP, listos para posesionarse.

La Corte Constitucional la que tendrá que definir, en su estudio de constitucionalidad,  la exequibilidad de dichos requisitos aprobados por ambas cámaras del Congreso, para que el proyecto sea posteriormente sancionado por el presidente de la República.

Según la norma, quienes hayan ejercido representación judicial durante los cinco años anteriores en procesos relacionados con el conflicto armado, o que quienes hayan pertenecido a organizaciones que hubieran realizado tal representación, no puedan acceder al cargo. También se prohíbe que quien haya tramitado acciones judiciales contra el Estado colombiano ante instancias internacionales durante los cinco años anteriores por casos de derechos humanos, entre a la magistratura de la JEP.

Asimismo establece que los altos mandos militares y los miembros de la Fuerza Pública tendrán que comparecer ante la JEP en caso de ser requeridos.  En el caso de los terceros y los agentes del Estado con fuero constitucional, la presentación será voluntaria.

Igualmente garantiza que no habrá beneficios a los miembros de las Farc que hayan cometido delitos sexuales en contra de menores de edad, a quienes se les aplicarán las penas que establece la justicia

Reforma política

La iniciativa promovida por el Gobierno finalmente naufragó. El gobierno no compartía finalmente el texto aprobado en Cámara de Representantes y prefirió facilitar su retiro. Sin embargo, naufragó por 68 votos y dos que pedían su sepultura. La reforma política y electoral no tuvo el respaldo suficiente en el Congreso.

“Pasemos la página de la reforma política que definitivamente no fue la que hubiésemos querido”, advirtió el ministro del Interior, aceptando la derrota.

El proyecto contemplaba un revolcón en la forma de hacer política, esencial para la implementación de los acuerdos de paz.

Entre otros cambios, promovía crear un consejo electoral con independencia, personería jurídica para los movimientos minoritarios y permitía + esos pequeños partidos armaran coaliciones entre ellos.

“Lo que hacía era reacomodar las diferentes bancadas e intereses políticos a los posibles resultados electorales”, asegur


Las víctimas, no los políticos ni la Farc, tendrán 16 curules.
Con un balance precario terminó el procedimiento de vía rápida para la agenda de paz.

ó Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE). La resurrección del transfuguismo terminó certificando su defunción.

Curules para las víctimas

Las 16 curules para las víctimas, pactadas en los acuerdos de paz se salvó. Con una tesis: la mayoría absoluta se calcula con 99 y no con 102 senadores, pues tres de ellos están suspendidos.

Al votar la conciliación en el Senado, la iniciativa registro 50 votos a favor y 7 en contra dejando planteada una controversia que seguramente tendrá que dirimirla la Corte Constitucional.  Para el gobierno, el proyecto pasó al registrar la mayoría. Para los detractores, la iniciativa naufragó.

A partir del próximo año, las víctimas de los municipios más afectados con el conflicto armado, tendrán 16 nuevas curules en la Cámara de Representantes.

Contario a los que cuestionan los detractores, estas curules serán para las víctimas, no para los políticos ni para las Farc ya desmovilizadas.

Las curules serán transitorias y estarán vigentes por los dos próximos periodos legislativos (2018 -2022  y 2022 -2026) en estas zonas, que según el censo electoral 2016 se concentra el 7.6% del potencial electoral del país (2.688.159  cedulados).

Las circunscripciones especiales de paz, destinadas para las víctimas, coinciden con los 167 municipios priorizados como Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Las circunscripciones transitorias de paz contarán con reglas especiales para la inscripción, acompañamiento y elección de candidatos. Además tendrá acceso a financiación especial por parte del Estado.

Los candidatos sólo podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos organizaciones sociales, consejos comunitarios o resguardos indígenas legalmente constituidos, cuando la circunscripción coincida en todo o en parte con sus territorios.

Los candidatos no podrán presentar listas para otras circunscripciones.Los partidos políticos con representación en el Congreso no podrán presentar ni avalar candidatos en estas zonas.  El movimiento o partido de las antiguas Farc tampoco podrá presentar candidatos.

 

 

Con un balance precario terminó el procedimiento de vía rápida para la agenda de paz.

 

Las víctimas, no los políticos ni las Farc, tendrán 16 curules.
 

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