El gerente departamental Omar Castro Parra en compañía de los contralores provinciales de Neiva.

RICARDO AREIZA

La Contraloría General de la República presentó ayer los diez casos emblemáticos de corrupción adelantados en el Huila en el último año.

El balance fue presentado por el equipo  regional del organismo fiscalizador en una audiencia simultánea de rendición de cuentas, con las otras regionales del país.

En el último año, la gerencia departamental realizó siete auditorías y tres investigaciones especiales, entre ellas la del estadio de Neiva, cuyo impacto se debate en los estrados judiciales y fiscales del país.

“Durante este periodo se obtuvieron beneficios de auditoría por valor de $778 millones, por concepto de recuperaciones, reparaciones y puesta en funcionamiento de obras por $21.120 millones  en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal”, reportó el gerente departamental Omar Castro Parra.  Lo acompañaron los dos contralores provinciales y el equipo de auditores.

Durante este periodo se profirieron 14 fallos con responsabilidad fiscal por 4.612 millones de pesos.

Durante el último año, según el contralor provincial, Adolfo Castro Silva,  se profirieron 16 autos de imputación de responsabilidad fiscal, cuya cuantía del detrimento al patrimonio económico del estado asciende 1.679 millones de pesos.

En esta vigencia se iniciaron 49 procesos fiscales por 55.931 millones de pesos. De éstos 44 son ordinarios y cinco procesos verbales.

Adicionalmente,  en las investigaciones iniciadas entre agosto de 2016 y agosto de 2017 se encontraron 27 incidencia fiscal por 14.206 millones de pesos, 50 hallazgos disciplinarios y 147 administrativos practicados a los diez sujetos de control.

El contralor General Edgardo Maya reconoció la labor del equipo auditor del Huila y reiteró su bandera de lucha contra la corrupción. Entre otros destacamos los principales casos.

Ciclovía fantasma

Por este caso la Contraloría abrió el juicio fiscal. Como presuntos responsables fueron vinculados inicialmente el ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez, su asesor Espitia Duque y el contratista Víctor Julio Agudelo Santander, representante legal de la firma

La obra se proyectó para recuperar ambientalmente parte del antiguo corredor férreo, en la ruta de los centros comerciales. Cerca de mil millones de pesos, provenientes de regalías petroleras quedaron sepultados, a lo largo de la vieja ruta del ferrocarril que se pretendía convertir en un eje lúdico, cultural y recreativo.

La primera fase debía ejecutarse en la margen de seguridad de la carrera 16 entre calles 27 y 41, en virtud de un comodato, vigente desde el año 2002.

El proyecto contemplaba además de la ciclovía un área de vóley playa, canchas de mini fútbol y zonas de juego para los niños. Nada de eso se hizo.

La polémica ciclovía fue adjudicada en un acelerado proceso licitatorio y se firmó el 29 de diciembre de 2011, dos días antes de terminar el mandato del alcalde Héctor Aníbal Ramírez. En tiempo récord la Alcaldía licitó la Alcaldía de Neiva, licitó, adjudicó, contrató y giró los recursos para la construcción del eje lúdico, cultural y recreativo.

El contrato quedó en manos de una unión temporal con sede en Sogamoso (Boyacá), conformada por Ingenial Construcción Ltda, representada por Lee Marvin Fuentes y la firma Ingearki Ltda, representada por Andrés Pérez y Víctor Agudelo Santander.

El eje lúdico estaba financiado con recursos de regalías petroleras. El costo global $1.815,55 millones de pesos. La interventoría fue adjudicada a la firma Sinco Ltda por $79,99 millones. Los dineros públicos quedaron enterrados en la maleza.

El acta de inicio fue firmada el 26 de enero de 2012 durante la administración de Pedro Suarez que apenas comenzaba.

El plazo: tres meses. Inicio: 15 de febrero: Fecha límite: 14 de mayo de 2012. Según el acta de liquidación expedida el 16 de abril de 2015, el contratista recibió la suma de 823,64 millones.

De estos, por anticipo del 30%  recibió $544,66 millones y el primer pago por $278,97 millones según actas parciales. Quedó a favor del municipio un saldo de $372,44 millones de pesos que el contratista nunca restituyó.

Sin embargo,  la Contraloría General de la Nación abrió el proceso de responsabilidad fiscal por el valor del anticipo (544,66 millones de pesos). El proceso se encuentra actualmente en audiencia de descargos.

Por este caso, ocho personas fueron vinculadas a un proceso penal que adelanta la Fiscalía.

Las casas en el aire

El gobierno contrató 124 viviendas populares en la urbanización Villa Karol en Garzón. El objeto: construcción de 124 viviendas nuevas en la urbanización Villa Karol (Garzón). Solo se construyeron 50. Las otras 66 viviendas aunque pagadas quedaron en el aire.

De las 58 construidas,  45 viviendas presentan afectaciones por la mala calidad en los elementos estructurales y en la mampostería. Las otras 13 viviendas no han sido legalizadas.

El contrato de obra civil adjudicado a la firma Inca Ltda fue suscrito el 29 de junio de 2011 con la concurrencia financiera del Fondo de Vivienda del Huila (Fonvihuila) y de la Gobernación del Huila.

El contrato costó 1.463 millones de pesos de los cuales Fonvihuila aportó $657, 20 millones y la Alcaldía de Garzón $806 respectivamente, recursos transferidos por concepto de regalías petroleras.

La contraloría les imputó responsabilidad fiscal al alcalde de la época, Delio González Carvajal; a la firma contratista, Ingeniería Civil Agrícola Ltda, representada por Augusto César Alarcón Umbarila, quien tuvo a disposición los dineros del contrato y le correspondía garantizar la terminación y la calidad de las obras; al interventor,  Carlos Edwars Gómez Ledesma y a los dos supervisores, Robert Ardila Rojas y  Jorge Eliecer Hernández Ulloa.

Además, vinculó en calidad de terceros civilmente responsables a las aseguradoras La Previsora, Crediafianzar, Liberty Seguros y Seguros del Estado.

El presunto detrimento patrimonial fue establecido en 1.140 millones de pesos.

Muelles flotantes

El proyecto complementario para el parque Isla de Aventura incluía la construcción de dos muelles flotantes y una barcaza como un componente turístico en el río Magdalena.

La barcaza ‘La Magdalena’ y los dos muelles flotantes fueron contratados por el Municipio y Cormagdalena con el consorcio Muelles 2010  de Cartagena pese a los reparos que se formularon durante el proceso licitatorio.

El contrato costaba 914, 44 millones de pesos. Aunque se invirtieron los recursos los dos sistemas no están operando.

El muelle flotante ubicado en el Parque Isla Aventura desapareció de su sitio. La barcaza y el muelle flotante de Caracolí permanece en el sitio sin operarlo y en avanzado deterioro.  El proceso fiscal fue abierto el 26 de noviembre de 2015. Después de dos años el organismo de control le imputó responsabilidad al ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez y a su jefe de Contratación, Euclides Dussán.

Colegio de Oporapa

Con recursos de regalías se contrató la ampliación del colegio San José en Oporapa. La iniciativa la lideró por el alcalde Jaime Calderón Losada, sin terminarse. Su sucesor, Jamit Sterling Sánchez tampoco pudo culminarla.

El proyecto tenía un costo de 2.188 millones de pesos, de los cuales 2.100 millones los aportaba el Fondo Nacional de Regalías y 50 millones los aportaba como contrapartida la Alcaldía.

El organismo nacional en cumplimiento del convenio suscrito con la administración local giró los primeros 630,20 millones de pesos, correspondiente al 30% del valor total.  Sin embargo, no pudo culminarse. El avance físico llegó al 30%.

El convenio de asociación No. 014 fue suscrito el 28 de diciembre de 2011 (Día de los Inocentes) con  la Fundación Edificar de Colombia (Funecol) por valor de 2.028 millones. La entidad foránea, con sede en Bucaramanga, recibió el anticipó y resultó incapaz para ejecutar la obra.

El proyecto se encuentra suspendido desde el 30 de agosto de 2014.

El convenio de asociación fue adjudicado a dedo el 29 de diciembre de 2013. La obra quedó paralizada y en total abandono.

Los reiterados incumplimientos de los contratistas, interventor y de la propia administración local, originó la pérdida de los recursos. El Fondo Nacional de Regalías liquidó unilateralmente el contrato, suspendió la cofinanciación y dispuso la devolución de los recursos.

Alertas tempranas

El Sistema de Alertas Tempranas, contratadas durante la anterior administración para prevenir en tiempo real,  eventuales avalanchas  o crecientes torrenciales en las principales cuencas hidrográficas terminó en otro caso emblemático de ineficiencia  como lo denunció LA NACIÒN.

Igual ocurrió con la red de comunicaciones de emergencia, administradas por las estaciones de bomberos.  Ninguno está funcionando.

Los dos sistemas, implementados supuestamente para reducir los riesgos por fenómenos de remoción en masa o crecientes súbitas, le costaron al Huila 1.697,59 millones de pesos, dineros públicos que se perdieron por la deficiente gestión, la falta de control y las graves fallas en la contratación.

Por estos hechos la Contraloría abrió el proceso de responsabilidad fiscal. Se encuentra en el periodo de pruebas.

El tercer sistema, el centro de gestión de información y sala de crisis, otro monumento a la ineficiencia que le costó al tesoro público, 3.880 millones de pesos,  sigue sin prestar los servicios para los cuales fue diseñado.

Estadio de Neiva

El caso más emblemático presentado ayer durante la rendición de cuentas fue la controvertida remodelación del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’ que tiene hoy ‘enredados’ a contratistas, interventores, supervisores, al ex alcalde Pedro Suárez, a su jefe de contratación, Carlos Fernando Puentes, a sus sucesores Rodrigo Lara y Mauricio Fernando Iglesias.

Soportado en la investigación realizada por el equipo auditor, liderado por el gerente departamental Omar Castro, la Contraloría General de la República abrió formalmente el proceso de responsabilidad fiscal por el colapso de la tribuna occidental del estadio ‘Guillermo Plazas’ ocurrida el 19 de agosto de 2016.

El proceso fue abierto por el Contralor Delegado Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

El presunto detrimento fue cuantificado inicialmente en 24.364 millones de pesos. La probable responsabilidad fiscal está soportada en los hallazgos iniciales encontrados en Neiva por haber excluido del contrato, el reforzamiento estructural.

Elefante blanco en Palermo

La construcción del centro de salud en el resguardo indígena Páez de Baché, ubicado en la vereda San Francisco, terminó en otro monumento al despilfarro.

La obra fue construida hace seis años en Palermo (Huila)  por la cuestionada Fundación para el Bienestar Global (hoy Fundacubo).

El centro de salud está totalmente abandonado, no tiene servicios públicos, carece de dotación y se está desmoronando por la humedad y la falta de uso. La obra diseñada para programas de medicina ancestral está enmontada e invadida por la maleza.

 

 

 

 

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