En lo que terminó el eje lúdico, una obra de ornato para Campoalegre.

RICARDO AREIZA

El eje lúdico y cultura de Campoalegre, destinado a recuperar una zona comercial y mejorar la movilidad terminó convertido en otro monumento a la ineficiencia.  Los recursos entregados anticipadamente a un particular, sin ninguna garantía, se esfumaron y hoy siete años después no existe ni dinero ni la obra proyecta. Solo quedaron los vestigios de una mala construcción y las inundaciones que provoca en época de invierno. La Contraloría llamó a responder a quienes participaron en la irregular contratación.

El proyecto fue gestionado por el alcalde César Alberto Polonia Silva en la vigencia de 2010,  paralelamente con la construcción del alcantarillado sanitario y la red de  aguas lluvias.

El primer contrato distinguido con el número 119  fue adjudicado el 22 de julio de 2010 a la Unión Temporal Redes Campoalegre.  El  objeto: la construcción del alcantarillado sanitario y  la red de aguas lluvias de la carrera 9 entre calles 13 y 24. Los recursos fueron aportados  por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La entidad destinó la suma de 2.116 millones de pesos. (Resolución 2218 de 2009)

Simultáneamente la administración local proyectó la construcción del eje lúdico, cultural y peatonal en el mismo sector para facilitar la movilidad, generar espacios adecuados para peatones y discapacitados y recuperar el sector comercial.

La obra costaba alrededor de 1.700 millones de pesos, adquiridos a través de un crédito de fomento con el Instituto Financiero para el Desarrollo del Huila (Infihuila). El empréstito fue  suscrito el 22 de noviembre de 2010 con un plazo de tres años, con cargo al Sistema General de Participaciones.  Además, pignoró la sobretasa a la gasolina y el impuesto predial. Dos semanas después los recursos fueron adicionales al presupuesto.

Fundación ‘pirata’

Curiosamente, como ha ocurrido en la mayoría de las alcaldías del Huila, la totalidad de los recursos fueron entregados anticipadamente, sin ninguna garantía,  a la fundación para el Bienestar Global (Hoy Fundacubo) dirigida por Hugo Mario Zuluaga Urrea, el mismo personaje que ‘tumbó’ a muchos alcaldes del Huila y que sigue contratando impunemente en el país.

En la misma época  Zuluaga Urrea suscribió el 22 diciembre de 2010, otro contrato similar para la construcción de un acueducto regional y la primera fase de las obras de recuperación paisajística del río La Plata. Esos recursos también se perdieron y la obra quedó iniciada.  Además firmó convenios en Aipe, Yaguará, Palermo, entre otros.

Irregularidades

En el caso de Campoalegre, los estudios previos fueron realizados en un solo día, recomendando la contratación con la cuestionada fundación antioqueña. El alcalde le entregó a dedo el contrato el 20 de diciembre (Resolución 369 de 2010) con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El 22 de diciembre de 2010 se suscribió el acta de inicio. Ese mismo día la cuestionada fundación paisa se embolsilló los 1.699 millones de pesos, producto del crédito. El eje lúdico nunca arrancó como estaba pactado.

Las demoras en la culminación del alcantarillado terminaron impactando la construcción del eje lúdico. Un mes antes de vencerse el contrato se prorrogó el plazo. Otros seis aplazamientos se realizaron en el primer año. Además se reanudaron  en cuatro oportunidades y se autorizaron tres ampliaciones de plazo.

El médico Polanía  Silva terminó su mandato en el 2011 y la obra quedó en cero. En el segundo  año, durante una nueva administración se ampliaron los plazos varias veces hasta que se suspendió definitivamente el 24 de febrero de 2012.

La fundación que ha ‘tumbado’ a numerosos municipios del país y muchos del Huila, expuso miles de pretextos, entre ellos el invierno y otros de carácter administrativos para justificar las suspensiones.

El viejo truco

Aunque la entidad, no podía subcontratar, finalmente lo hizo ante la incapacidad técnica y operativa para realizar la obra. Por un menor valor al que recibió subcontrató las mismas actividades pero con mayores cantidades de obra y precios distintos. El viejo truco. Y tampoco avanzó.

La comunidad denunció las irregularidades ante los organismos de control y en señal de protesta simbólica le partió una ‘torta’ al cumplirse los dos primeros años de iniciada la obra inconclusa.

La Contraloría  confirmó las graves anomalías. No solo la indebida modalidad de contratación sino que cuestionó la supuesta idoneidad de la fundación. En su investigación confirmó que la fundación paisa no posee la experiencia necesaria para la ejecución del objeto contractual, puesto que tan solo se limita a suscribir los respectivos convenios y luego a subcontratar las obras de mala calidad e inconclusas. La entidad terminó cediendo el contrato, pero además imponiendo a su propio interventor.

Lo contratado

El eje lúdico contemplaba la recuperación de la placa asfáltica en 5.20 ancho y 964 metros lineales de la carrera novena con espesor de 6cm., iniciando en la calle 24 hacia el sur. Además,  la ampliación de la zona peatonal a tres metros de ancho, en adoquín, arborizada, con redes subterráneas para alumbrado público y acometidas domiciliarias, señalización vial, reductores de velocidad, marcación de cebras para paso peatonal, habilitación funcional para uso de personas con discapacidad, amoblamiento urbano y paisajístico, según los diseños y cantidades de obra pactados. Otra cosa fue lo que entregó el contratista.

Sin embargo, apareció una mayor cantidad de obras ejecutadas y por lo tanto aparecieron las cuentas infladas.

“Evaluada la información que aparece en el acta parcial No.03 de agosto de 2012, firmada por la Fundación para el Bienestar Global, el Interventor contratado, el Secretario de Planeación y Director Operativo como supervisores por parte del municipio, se observa falta de seriedad, de ética y poca responsabilidad debido a las inconsistencias encontradas en su elaboración”, precisó el equipo auditor al realizar el examen de la obra.

E valor del acta parcial 3 es errada: aparece un valor por 456  millones y la suma correcta es 364 millones de pesos, con una diferencia de 91, 91 millones de pesos.

En las tres actas se incluyeron cantidades de obra en ítems que no existen, razón por la cual la sumatoria de las tres actas no concuerda con el acumulado.

Las fallas constructivas generan graves inundaciones en el sector.

Lo entregado

Las obras registran serias deficiencias del pavimento flexible, bolardos y andenes. La capa asfáltica no es homogénea y presenta problemas de gravedad.

El pavimento registró un deterioro prematuro, presentaba ‘ahuellamiento’ y mezcla de materiales extraño. El espesor del pavimento era insuficiente y la calidad de compactación resultó deficiente.

En la ejecución de andenes se encontraron varios tramos en contrapendiente, es decir que el andén tiene su pendiente en dirección a la vivienda propia, lo que genera inundaciones.

La administración no le exigió a la fundación pirata la constitución de la póliza única de cumplimiento con el amparo de estabilidad y calidad. En cambio le permitió que ella misma contratara a su propio interventor. Insólito.

Siete años después la obra sigue sin terminarse, solo se ejecutaron algunos ítems y el contrato sigue sin liquidarse.

El ex alcalde César Polanía y el equipo responsable de la obra/FOTOS ARCHIVO

Los responsables

La agencia fiscalizadora determinó que los recursos que le ‘embolsillaron’ anticipadamente a la fundación paisa, como ha ocurrido en otros casos, se perdieron.

La jefe de Responsabilidad Fiscal, Diana Carolina Fernández determinó el daño patrimonial en 1.699 millones de pesos, que corresponde al valor que le entregaron  a la fundación Fundacubo, sin que hayan sido resarcidos.

En estas condiciones la funcionaria les imputó responsabilidad fiscal al ex alcalde César Alberto Polanía Silva; al representante de la fundación Hugo Mario Zuluaga,  al contratista, Carlos Manrique Saavedra, quien recibió el contrato y al interventor, Mario Hernández Valenzuela.

Igualmente le imputó responsabilidad fiscal al ex secretario de planeación e infraestructura, Yesid Llanos Rincón y  al ex director operativo y supervisor, Álvaro Andrés Guevara, quienes tendrán que resarcir solidariamente los daños al patrimonio público.

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