La alcaldía de Rivera no pasó el examen fiscal.

RICARDO AREIZA

En materia de gestión fiscal, la Alcaldía de Rivera, no salió bien librada. A pesar de haber incrementado en un 577% los gastos burocráticos con una extraordinaria nómina paralela, los resultados no fueron los mejores en el primer año del actual alcalde Néstor Ramiro Barreiro.

Según la matriz de calificación, la gestión fue desfavorable lo que significa que no pasó el examen fiscal al obtener una calificación total de 71,1 puntos. Con este puntaje la Contraloría Departamental no feneció la cuenta.

Durante la auditoría se configuraron 30 hallazgos, cinco con incidencia disciplinaria y otros ocho por 827,10 millones con posible incidencia fiscal.

Contratación a dedo

El año pasado firmó 297 contratos por 5.514 millones de pesos. De éstos, 275 contratos (63%) se adjudicaron a dedo. Los contratos sin licitación ascendieron a 3.465 millones de pesos. Solo se realizó una licitación pública por 294 millones y 43 por selección abreviada.

La mayoría 262 contratos corresponden a prestación de servicios (burocracia) y sólo cuatro contratos fueron de obra pública por 624 millones de pesos.

La nómina paralela

La administración tiene una planta de personal de 35 personas. Sin embargo, la nómina paralela es ocho veces superior. Durante el 2106 fueron vinculadas 262 personas con un incremento equivalente al 748,5%, “un porcentaje significativamente alto”, según la agencia fiscalizadora.

Para la actualización catastral se contrataron 60 personas. Sin embargo, restándole este personal el incremento de la nómina burocrática creció un 577%, concluyó el estudio.

La gran mayoría, 191 corresponde a asesores vinculados bajo la figura de apoyo a la gestión y 11 asesores jurídicos que le costaron al municipio 183,41 millones de pesos (17 millones de pesos en promedio por cada abogado).

La nómina burocrática le costó el año pasado 3.704 millones de pesos.

Sin embargo, el personal externo que se contrató para apoyo a la gestión no tuvo ningún impacto. La gestión fue deficiente según la auditoría alcanzando una calificación de 65,8 puntos.

Conductor sin carro

El alcalde contrató a Miller Onas por 4,8 millones de pesos para la conducción de volquetas del municipio. Una con placa OJA 130 tiene conductor propio de planta y la otra (OJA 131) está fuera de servicio. Aunque no prestó el servicio pactado, recibió el valor del contrato.

La Contraloría cuestionó igualmente el contrato 027 por 27,20 millones de pesos firmado con Faiver Aroca, (ex secretario privado de Pedro Suárez). Aroca cumplía labores de auxiliar administrativo cuando existía uno de planta dedicado a la misma actividad, lo que se configuró como un hallazgo con alcalde fiscal y disciplinario.

Combustible

Durante el año 2015 se adjudicaron tres contratos para suministro de combustible para vehículos de la Policía, Ejército, Fiscalía y maquinaria del municipio.  Sin embargo solo aparecen las cuentas de cobro y pago de facturas por 535 millones de pesos, sin ningún soporte.

La misma irregularidad fue detectada en otros dos contratos suscritos en el 2016 en la actual administración por 165 millones de pesos.

Impuesto predial

Aunque no hubo un pronunciamiento de fondo, las presumibles irregularidades en los incrementos del impuesto predial, quedaron en la agenda.

Según veedores de la comunidad, el estudio presentado por el Igac no tuvo en cuenta los usos del suelo contemplados en el Esquema de Ordenamiento Territorial. Además sobrevaloró los precios del mercado.

La actualización catastral concluida en diciembre del año pasado generó un gran movimiento ciudadano. La entidad fiscalizadora trasladó el caso a la Oficina de Participación para profundizar en los reclamos.

La actualización fue concertada como un mecanismo para incrementar los recaudos. Sin embargo, mientras se buscaban nuevos ingresos, curiosamente, por deficiencias administrativas no se cobraban los impuestos por la contratación ejecutada en la localidad.

Menos impuestos

Durante los dos últimos años, la administración de Rivera dejó de percibir 4.767 millones de pesos correspondiente a liquidación de impuestos y contribuciones porque no se hicieron exigibles en la contratación, entre otros, los impuestos de paz y salvo municipal, reteica, estampillas pro electrificación, procultura y prodeportes.
De éstos 3.297 corresponden a la vigencia 2015 (anterior administración) y 1.469 al 2016 “al parecer por una gestión fiscal ineficaz y antieconómica ocasionando con ello un presunto daño patrimonial”.

 

Ancianato

Otro tema que centró la atención de la Contraloría, el estado en que se encuentra el hogar para ancianos ‘Justino José Mañosca’.

Las instalaciones según el reporte no son las mejores. La infraestructura, especialmente las paredes de los dormitorios, baños y pasillos están en regular estado. En el hogar se atienen a 28 abuelos quienes reciben todos los servicios como alimentación y cuidado. Los costos se pagan con recursos propios. Sin embargo, los beneficiarios vienen cancelando mensualidades entre 60 y 100 mil pesos, por concepto de permanencia.
Estos cobros, según la Contraloría, no están autorizados y no se conoce el destino final.

Además, señaló que de los 28 abuelos, 22 son beneficiarios del programa Colombia Mayor. Estos recursos aportados por los acudientes no tienen justificación, no ingresan al presupuesto de la entidad ni están previsto su recaudo y destino final.

Lo mismo sucede con los ingresos que se perciben por el uso del centro recreacional “Tierra de Promisión”, entregado en comodato.

 

Posibles sobrecostos

Los programas de ornato en la entrada de Rivera.

La entidad fiscalizadora investiga posibles sobrecostos en el programa de ornato, en el sitio el Triángulo hasta el parque central, denunciado por veedores ciudadanos.

El contrato 158 fue firmado el 14 de julio de 2016 con la empresa Imca por un valor de 239,5 millones de pesos con un plazo de cuatro meses. Sin embargo, se terminó en junio de 2017. Incluía siembra de plantas y grama, poda y tala de árboles. La Contraloría verificó la ejecución y en principio, no encontró irregularidades.

Reparcheo

La Contraloría investigó otra denuncia ciudadana sobre supuestas irregularidades en la repavimentación de la vía Cruce-Rivera durante la anterior administración.

El proyecto costó 471,5 millones de pesos con un plazo de 30 días y fue adjudicado a la firma Ucing Limitada. La obra comenzó el 9 de diciembre de 2015 y se suspendió el 30 de diciembre por demoras en el suministro de las señales. Se reanudó en marzo de 2016 y concluyó el 5 de abril.  La entidad examina con expertos la calidad del pavimento.
Sin reservas

Según el estudio, la administración canceló cuentas pendientes por reparcheo con reservas presupuestales ya caducadas. Una por 25 millones y otra por 555 millones. Las cuentas se cancelaron el 11 de agosto de 2017 con una reserva presupuestal constituida el año pasado y por lo tanto ya expirada.

Al cierre de la edición no fue posible localizar al alcalde para que conocer su opinión sobre el reporte fiscal.

Comentarios