Algunos de los pozos profundos no están operando.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

El sistema de bombeo y abastecimiento de agua con energía solar iniciado en Aipe (Huila)  hace cuatro años, no dio los resultados esperados.

El proyecto piloto  diseñado para aumentar la disponibilidad de agua en épocas de sequía mediante pozos profundos, está paralizado y las obras iniciadas no están operando como fueron contratadas.

La misma comunidad denunció que los contratistas foráneos abandonaron la región,  dejaron las obras inconclusas y algunos pozos resultaron improductivos.  Adicionalmente, la Contraloría General de la República  comprobó  otras irregularidades en la cantidad y calidad de los materiales utilizados.

Cerca de tres mil millones de pesos, provenientes de regalías petroleras, están en el limbo del despilfarro.  Por estos hechos, investigados por LA NACIÓN, la Contraloría tomó las primeras medidas para recuperar los dineros invertidos.

En principio vinculó  a los dos últimos alcaldes, a los contratistas y a los cuatro supervisores.

Contra la sequía

El montaje del sistema utilizando las aguas superficiales fue la primera alternativa para el suministro del recurso. El proyecto se gestionó en el 2014 tras una fuerte sequía, acrecentada por la explotación petrolera.  El intenso verano aumentó en un 6% tasas de mortalidad del ganado y redujo considerablemente el inventario del hato bovino estimado en unas 28.132 reses.

En el segundo semestre de 2012 se reportaron 1.560 reses muertas por deshidratación y hambre, 4.676 hectáreas de pastos se perdieron por fenómeno de sequía e incendios forestales y la oferta de leche se redujo en un 30%. En esas circunstancias nació el proyecto

La contratación

El proyecto que fue aprobado en noviembre de 2012 y se financió con recursos de regalías petroleras.

La primera fase  incluía la construcción de nueve pozos profundos para la explotación de agua subterránea y la optimización de dos sistemas de abastecimiento.

El alcalde Jesús Ernesto Álvarez López le adjudicó el contrato al consorcio Agua para Aipe 2014 representado por Edgardo Curiel de la Hoz, radicado en La Guajira.

El contrato  número 120 fue celebrado  el 3 de febrero de 2014. El consorcio  estaba conformado por la Asociación de Municipios de la Zona de Régimen Especial Aduanero de La Guajira (Amzoreagua) representada legalmente por Yamid Fajardo Oñate. La agremiación, sancionada en otros procesos por incumplimiento, tenía una participación del 20 por ciento. Como accionista principal aparece Edgardo Curiel de la Hoz, identificado con una participación del 80%.

Contrato inflado

El valor inicial fue de $5.843 millones de pesos. Sin embargo, como siempre ocurre en la contratación estatal, el contrato fue adicionado en dos oportunidades. La primera por 798,74 millones de pesos  y la segunda por  2.122.36 millones de pesos para un valor final de $8.764 millones de pesos.

El plazo inicial pactado fue de nueve meses y luego se convino un plazo de 24 mesas y 23 días. El acta de inicio aparece firmada el 24 de febrero de 2014. Según lo pactado el contrato debía entregarse el 23 de febrero de 2016.

Hasta la fecha el valor ejecutado del contrato corresponde a la suma de 8.186 millones, de los cuales fueron amortizados 2.231.55 millones de pesos. Total neto pagado: 4.059 millones. Valor no ejecutado: 2.474 millones de pesos. Porcentaje ejecución: 71.78%. Estado: suspendido.

Suspendido
El secretario de Infraestructura, Ángel Harvey Cabrera  admitió que el contrato no se cumplió en los plazos previstos pero informó que ya se convocó a los contratistas para reiniciar las obras, terminar las que están pendientes y liquidar el contrato.  El funcionario no confirmó la fecha de reiniciación.

El contrato original establecía la construcción de nueve pozos: Rincón Dos, La Brigada, La Manga, Mesa de la Pava, Campo Dina, El Bolsón, Primavera, Los Cauchos, El Piura y dos optimizaciones: Rincón Uno, y La Rochela.

El contrato fue modificado dos días antes de terminar el mandato (mediante otrosí No. 4 suscrito el 29 de diciembre de 2015),  adicionando la construcción de otros tres pozos: Santa María 1, Santa María 2 en la vereda San Antonio  y Santo Domingo (vereda Río Aipe) por valor de $2.122.368.667.

Estaba pactado que el pozo qua no resulte productivo  no será cancelado y el costo de perforación serán asumidos por al contratista (cláusula segunda del contrato No. 120 de 2014, numeral 36).

Igualmente se convino que el contratista debía realizar estudios de geofísica con al fin de analizar y determinar la viabilidad exploratoria. Igualmente la exploración hidrogeológica (o prospección de aguas subterráneas) por técnicas directas como indirectas, encaminadas a la localización de acuíferos, para captación da aguas subterráneas, en cantidad y con calidad adecuadas para el fin pretendido y definición de las condiciones óptimas en que esta recurso debe explotarse para asegurar fa preservación del mismo. Sin embargo, éstos estudios no aparecen o simplemente no se realizaron.

Además, estaba acordado que el contratista debía realizar la perforación exploratoria o perforación  mecánica de prueba (con taladro) para comprobar los resultados del estudio hidrogeológico o prospección geo eléctrica. Tampoco se realizó.

El sistema se abastecía con aguas superficiales.

Paralizados

Un vocero de la Contraloría General de la República confirmó que el contratista no cumplió con todas las obligaciones pactadas y la administración no ejerció el seguimiento ni el control.  Hasta el momento la administración no ha exigido la devolución de los dineros que se cancelaron por la perforación de los pozos Los Cauchos y Hura, que no están funcionando ni por los estudios geofísicos previos que no se realizaron.

“Es evidente que estos pozos sin agua no están cumpliendo con los cometidos y las finalidades concebidas en el proyecto y en el contrato”, explicó el agente fiscalizador.

En su criterio, se genera un daño patrimonial estimado en 596,23 millones de pesos.

El pozo La Primavera tampoco está operando. Las obras no fueron terminadas generando un daño patrimonial cuantificado en 151,77 millones de pesos. “La falta de gestión por parte de la administración y del contratista, en la continuidad de las obras, ocasiona que las mismas estén incompletas y en este momento abandonadas y por lo tanto no pudiendo operar el sistema de abastecimiento para esa comunidad”, reportó el organismo de control.

“En cuento al pozo el Rincón Dos, se evidencia indebida planeación por parte de la administración al establecer una obra nueva en los estudios previos y en el contrato, cuando realmente se trataba de una optimización”,  concluyó el dictamen.

En estas condiciones, el contratista recibió un pago por una obra ya construida en cuantía de 81, 79 millones de pesos.

Otras anomalías

Adicionalmente, fueron detectadas otras anomalías en los pagos de las redes de conducción y distribución que no corresponden con lo realmente ejecutado según consta en el acta de obra No. 6 de septiembre de 2016.

– Pozo La Manga, corresponde a un valor de $43.683.265.

– Pozo Rincón Uno, corresponde a un valor de $56.994.941

– Pozo La Rochela, se pagaron $502.150.290. En esta obra hubo claros incumplimientos y no se ejecutaron todos los ítems contratados. El ítem excavación estaba estipulado con una profundidad de 80 centímetros, no se hizo.  Las tuberías están superficiales y otra tubería fue enterrada solo 30 centímetros de profundidad.

De otra parte en los apiques (excavación)  realizados para examinar detalladamente el subsuelo no se observó la ejecución del ítem correspondiente al colchón de arena Tubería de dos pulgadas a menos de 30 centímetros de profundidad y sin colchón de arena.

– Igual ocurrió con los encofrados. “En su gran mayoría no se ejecutaron como tal, ya que se observó que solo se colocó sobre la tubería una capa de concreto pobre e incluso mortero y en lugares donde presuntamente no se necesitaba y en otros sitios en que si se requerían, no se construyeron”, relató el perito que realizó la inspección ocular.

Sin embargo, se estipuló y cobró el ítem correspondiente a la excavación en roca. También se reportaron tramos con tubería superficial rial y en otros aparentemente con encofrado.

El diagnóstico reporta que las cajas de válvula están en pésimo estado, sin la profundidad estipulada, en concreto pobre sin impermeabilizar, con hormigueros y algunas paredes rotas.

“En conclusión- dijo- las obras ejecutadas en lo relacionado con las tuberías de conducción y distribución de estos tres pozos presentan incumplimiento de especificaciones técnicas y diferencias considerables entre las cantidades de obra observadas en campo y pagadas según acta de obra No. 6.”

La cuantía se determinó en 602,82 millones de pesos. Además, se observaron inconsistencias en los cálculos de las cantidades de obra pagadas.

Se comprobaron anomalías al cuantificar las actividades canceladas correspondientes a los pozos ubicados en las veredas Dina, Brigada, Rincón 2 y Bolsón (acta parcial de obra No. 6 de septiembre de 2016).

Entre otros se detectó un mayor valor cobrado por rellenos de material en los cuatros sitios, con mayores cantidades de obra por 41,45 millones de pesos en los cuatro pozos.

En el pozo de Mesa de Pava,  se encontraron inconsistencias entre lo calculado y lo que se pagó efectivamente con un detrimento de 11,77 millones. El pozo no está en funcionamiento.  Al no estar operando como se planeó la Contraloría determinó un detrimento calculado en 644.62 millones de pesos.

Los mayores pagos de obra, además de la obra ejecutada y que no está en funcionamiento determinó daños patrimoniales en una cuantía de $829, 80 millones de pesos, por irregularidades en los pozos Los Cauchos, Hura, La primavera y Rincón dos.

Aunque se firmaron compromisos con el contratista para la devolución de los dineros pagados en exceso, hasta la fecha no se han cumplido.

El contrato está suspendido desde el 24 de abril de 2017 cumpliendo casi tres años en ejecución. No obstante, presenta un avance físico del 89%.

Veedores ciudadanos denunciaron otras irregularidades relacionadas con el pago de cantidades de obra no ejecutadas, ítems no ejecutados y pagados e ítems ejecutados sin cumplimiento de especificaciones técnicas, en los pozos Rincón uno, Manga La Rochela. También anomalías  las cantidades de obra pagadas en los pozos Dina, Brigada, Rincón dos y Bolsón y la inoperatividad del pozo de Mesa de La Pava.

El daño patrimonial, según la Contraloría,  asciende a  1.288,90 millones de pesos. “Las irregularidades determinadas en las visitas técnicas permiten tener certeza de la existencia de un daño al patrimonio estatal, representado en la pérdida de los recursos de regalías petrolíferas que le fueran transferidos al municipio de Aipe y que finalmente no están cumpliendo con los fines esenciales del Estado, puesto que no están satisfaciendo las necesidades de la comunidad de Aipe y por supuesto no se da cumplimiento al objeto contractual”, concluyó el organismo fiscalizador.

La administración municipal admitió las anomalías y anunció que se están tomando medidas para corregirlas. Sin embargo,

El contrato de obra 120 de 2014 no ha sido liquidado. Sin embargo, los ítems de obra donde se determinó el daño al patrimonio estatal ya fueron recibidos a satisfacción y cancelados al contratista. El daño patrimonial fue determinado finalmente en 2.118,71 millones de pesos.

Sin embargo la administración cuestionó la decisión.

“El contrato no se ha liquidado y mientras tanto no se haga la liquidación no se pude cuantificar lo que hace faltas. Es un tema complejo”, afirmó el actual secretario de Infraestructura, Ángel Harvey Cabrera.

“Los pozos están operando, lo que pasa es que hace falta mantenimiento. En el momento en que se liquide el contrato se tendrán en cuenta todos los hallazgos que ha reportado la Contraloría”, aseguró. No obstante, otra cosa piensa la Contraloría al iniciar el proceso de responsabilidad fiscal.

El ex alcalde Jesús Ernesto Álvarez inspeccionó uno de los proyectos.

Presuntos responsables fiscales

Por estas irregularidades la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal y señaló como presuntos responsables y gestores fiscales a quienes tuvieron poder decisorio sobre los recursos de regalías asignados para la ejecución del contrato 120 de 2014.

En primer lugar fueron llamados a responder por los incumplimientos los contratistas. En este caso, al representante legal del consorcio Agua para Aipe 2014, Yamid Fajardo Oñate y a su socio Edgardo Curiel de la Hoz. También fueron llamados a responder  los integrantes del consorcio Microacueductos Ambientales, encargados de la interventoría: Leonardo Mauricio Oviedo Adarme, con una participación del 80% y Edgardo Orlando Galofre Sánchez, representante legal del consorcio, con participación del 20%.

Los interventores, también guajiros,  avalaron sin justificación el pago de obra ejecutada a pesar de los hechos irregulares que se constituyen en un detrimento patrimonial.

En este proceso, la gerencia colegiada del Huila, vinculó a los últimos dos alcaldes y a los respectivos supervisores, así:

Jesús Ernesto Alvares López, alcalde de Aipe de 2012 al 2015, quien suscribió el contrato 120 de 2014 y quien fuera ordenador del gasto cuando se pagaron las primeras cinco actas de recibo parcial donde se reconocieron y pagaron ítems de obra no ejecutados.

José Sevel Castro Tovar, actual alcalde de Aipe quien como ordenador del gasto es el responsable de velar por la terminación de la construcción de la obra correspondiente al contrato de obra 120 de 2014 y de que esta se ejecute correctamente con el fin de cumplir el objetivo general del proyecto.

Adicionalmente vinculó al proceso de responsabilidad fiscal a los secretarios de Infraestructura, Carlos Andrés Perdomo Castro, Fabián Andrés Tovar Serrano y Ángel Harvey Cabrera, quienes actuaron como supervisores del contrato, encargados de su correcta  ejecución y cumplimiento del objetivo del proyecto.

Como terceros civilmente responsables fueron vinculadas la compañía de seguros La Previsora, que ampara al alcalde Sevel Castro; a Seguros Generales Suramericana agua para Aipe 2014 y Liberty Seguros S.A. que ampara al interventor.

Contratista había sido sancionado

La firma contratista Amzoreagua radicada en La Guajira ya había sido sancionada en su propio territorio por incumplimiento, lo que le generaba una inhabilidad para contratar.

La empresa recibió el 72% de los dineros y sólo ejecutó el 44% de la obra. El 27de junio de 2012 el alcalde de Riohacha Rafael Ceballos Sierra declaró la caducidad de un contrato para la construcción de un centro de atención para la primera infancia (resolución No. 358 de 2012).

 

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