El acueducto urbano garantiza agua apta para el consumo. La crisis de calidad quedó superada.

RICARDO AREIZA

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En una trascendental decisión, el Consejo de Estado, ordenó el suministro de agua potable para las zonas campesinas. La medida con carácter perentorio fue impartida en principio para las 130 veredas del municipio de La Plata (Huila), en alto riesgo por la baja calidad del agua destinada al consumo doméstico.

La consejera María Elizabeth García González, la ponente, consideró que este servicio público vital debe garantizarse tanto en las zonas urbanas como rurales.

El pronunciamiento fue hecho por la Sala de lo Contencioso Administrativo al fallar en segunda instancia, una acción popular, que lideró el procurador Agrario y Ambiental, Diego Vivas Tafur.

El funcionario, hoy fuera del cargo, instauró la acción judicial luego de un informe sobre calidad de agua que presentó en el 2010 la Secretaría de Salud.

Según el reporte oficial, la empresa de servicios públicos de La Plata (Emserpla) atiende a 57.381 familias, pero que la calidad del agua suministrada no cumplía en esa época con las normas de calidad y por lo tanto, ponía en alto riesgo la salud de los usuarios del servicio público de acueducto.

Aunque el tema urbano fue superado, en la zona rural, el fenómeno, ocho años después sigue siendo crítico, según informe de la Secretaría de Salud del Huila fecha el 30 de agosto de 2017.

En riesgo alto estaría las comunidades que se abastecen del el acueducto rural de Bajo Patico, la vereda La Azufrada,  Agua Bonita Palestina y el resguardo indígena Nueva Esperanza. Igualmente están en alto riesgo los acueductos de las veredas La Muralla, Bajo Rico, Chilicambe,  La Azufrada, Las Brisas y el acueducto de la vereda Potrerito.

Según el mismo informe son inviables sanitariamente los acueductos rurales de Alto Patico, San Mateo, Bajo Retiro, Los Ángeles y San Francisco. Además, resultaron inviables según los análisis de calidad los acueductos regionales La Palma-Los Laureles-Villa Colombia y Limón- Villa de Leiva.

Soportado en este alarmante reporte, el Tribunal Administrativo del Huila, ordenó el 14 de febrero de 2014, las primeras medidas para conjurar los niveles de contaminación microbiológica del precioso líquido.

Las medidas de urgencia fueron confirmadas por la alta corporación, obligando a la alcaldía de La Plata y a la Gobernación del Huila acciones inmediatas para remediar el fenómeno.

La alta corporación consideró que la Alcaldía de La Plata y la Gobernación del Huila, han venido violando los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas.

Además, han negado sistemáticamente a estas comunidades el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y el de los consumidores y usuarios, especialmente de la zona rural que consume agua no apta.

Los acueductos rurales registran altos riesgos de agua contaminada.

Las medidas

Las acciones perentorias quedaron en firme y son de obligatorio cumplimiento.

En un plazo de cinco meses, las dos entidades (Alcaldía y Gobernación) deberán presentar un plan de acción para garantizar el suministro de agua potable a las zonas rurales.

El plan debe contener un cronograma de actividades para que las zonas campesinas tengan garantizado el servicio de agua potable.

El plan debe visualizar las actividades a desarrollar, los responsables, los costos estimados, manera de financiación y ejecución y la época (año) en que de manera definitiva se garantice el cumplimiento del suministro de agua apta para el consumo humano en dicha zona.

La ejecución del plan no debe ser superior a tres años, salvo que circunstancias especiales (bebidamente soportadas) indique que debe ser extenderse.

“Es imposible tener plantas de tratamiento en toda la zona rural. Tenemos 130 veredas, siete centros poblados  Desafortunadamente lo asumimos con mucha responsabilidad”, afirmó el alcalde de La Plata, Luis Armando Ricardo Castillo.

“Actualmente-dijo- el servicio urbano es óptimo. Los resultados del análisis de muestras de la Secretaria de Salud son favorables en términos de calidad. En el municipio opera ilegalmente un acueducto adicional en el barrio San Rafael que registra problemas desde hace muchos años en la parte alta”.

El último informe fechado el 28 de enero de 2018, confirma que el agua en la zona urbana no registra riesgo y por lo tanto es apta para consumo humano desde el punto de vista microbiológico.

Sustentación

Según el magistrado Enrique Dussán Cabrera, durante el trámite de la acción  popular, quedó ampliamente demostrado que si bien en el 2010 existía riesgo en la calidad del agua que suministraba la Empresa de Servicios Públicos de La Plata Huila (Emserpla) para los años 2011, 2012 y 2013 los resultados de las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas realizadas por la Secretaría de Salud del Huila y el Instituto Nacional de Salud arrojaron que no existe riesgo en la calidad del agua y que es apta para el consumo humano.

Sin embargo, en la zona rural es alarmante. El servicio de acueducto lo prestan asociaciones como juntas administradoras de agua, juntas de acción comunal o juntas de acueducto, sin que estén debidamente registradas y sin las garantías de potabilidad.

Según los análisis de la calidad de agua para consumo humano, todos los sistemas presentan alto riesgo y varios son inviables.

“Su actividad pone en riesgo la salud de las personas que reciben el servicio y como tal les corresponde a las entidades sanitarias, ejercer sus funciones y competencias para garantizar un mejoramiento en la calidad del agua con el fin que sea apta para el consumo humano de los habitantes de las veredas de La Plata”, afirmó el magistrado Dussán Cabrera, quien instruyó la primera instancia.

“En este orden de ideas- remarcó- el servicio de acueducto o agua potable hace parte de ese abanico de servicios públicos que debe ser suministrado con calidad y eficiencia, bien directamente el Estado o por particulares. “El agua potable constituye un derecho fundamental que hace parte del núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas cuando está destinada al consumo humano”.

“En consecuencia-recalcó- le corresponde al Estado a través de diferentes autoridades ejercer control y vigilancia sobre la prestación que del servicio de agua potable hagan tanto las empresas de servicios públicos como las personas privadas naturales o jurídicas, pues su incumplimiento pone en riesgo la vida, en este caso de los habitantes de las veredas de La Plata (Huila).

Sin embargo, el hecho que las juntas administradoras de agua, juntas de acción comunal y demás existentes en la zona rural que no se encuentran registradas ante la Superintendencia, debiendo hacerlo , la responsabilidad del municipio del suministro del agua potable, no queda eximida dado que es mandato constitucional y legal radicado en su competencia.

Por lo anterior, la Alcaldía de La Plata, la Gobernación del Huila, la Superintendencia de Servicios Públicos, deben cumplir las funciones y competencias que la ley les ha impuesto en materia de suministro, control y vigilancia del servicio de agua, dado el riesgo de los habitantes de la zona rural del municipio de La Plata, como quedó plenamente demostrado.

 

Razones de peso

Las decisiones fueron respaldadas por el Consejo de Estado al resolver la impugnación.

“Para la Sala no queda duda acerca de la perentoria necesidad de asegurar la prestación del servicio público de agua potable en el Municipio, en coordinación con el Departamento, pues este no puede excusarse en que las muestras de calidad de “nivel alto” e “inviable sanitariamente” corresponden al agua que consumen los pobladores de la zona rural y no de la urbana, esta última a la que se contrae su competencia”, afirmó la magistrada María Elizabeth García.

En su criterio, los argumentos presentados por la Gobernación  y la Alcaldía de La Plata, “no son de recibo, pues como se indicó anteriormente, al departamento le corresponde, además de ejercer las tareas de apoyo y coordinación que le asignó la ley de servicios públicos, desplegar actividades de control y vigilancia sobre la calidad del agua que consume la población, sin que la ley respalde la distinción entre aquella que se localiza en el área rural y la que se encuentra en el área urbana.

En este orden- añadió- para la superación de la problemática que plantea el caso examinado, la Gobernación debe coordinar junto con la Alcaldía de La Plata las acciones que se requieran para lograr que el agua que se suministra a los habitantes de la zona rural sea apta para el consumo humano.

De ahí que la orden impartida en el sentido de que la Gobernación  apoye la elaboración del plan resulte ajustada a derecho, teniendo en cuenta su deber de asistir al ente territorial en la adopción de medidas de asistencia técnica, administrativa y financiera necesarias para garantizar el suministro de agua potable en los parámetros exigidos por la ley.

“Este tema no es solo en La Plata, ocurre no solo en el Huila sino en el resto del país. Hay una enorme brecha las coberturas de agua potable en el sector urbano y rural, las necesidades son muchas”, expresó el gerente de Aguas del Huila, Germán Rodríguez.

El funcionario afirmó que en el caso de la Plata, el tema está superado por lo menos en el sector urbano. El índice de calidad de agua del 2017 es favorable. Para el sector rural en cambio registra niveles de riesgo.

“Estamos muy lejos de cumplir los objetivos del Milenio. El gran reto para seguir viabilizando estos proyectos requiere del esfuerzo de municipios, departamento y del Gobierno Nacional”, apuntó.

Otras decisiones

Además ordenó que las autoridades locales deben ejercer estrictamente la vigilancia y control y garantizar que las juntas administradoras de acueducto, juntas de acción comunal, juntas comunales y acueductos que prestan servicio de agua para el consumo humano, estén inscritas en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

A su vez, la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios debe apoyar a las entidades territoriales con información y capacitación dirigida tanto a servidores públicos de tales entidades, como a los administradores de acueductos para garantizar el cumplimiento de los deberes para que haya agua apta para el consumo humano.

Igualmente reiteró que el fallo debe acatarse en un plazo de cinco meses. En este sentido ordenó la creación  de un comité de verificación de la sentencia. El comité estará conformado además del magistrado ponente, Enrique Dussán Cabrera, el Procurador ambiental y Agrario,  el Personero de La Plata, el alcalde de La Plata, un representante del Gobernación del Huila y uno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. El fallo también se remitió a la Defensoría del Pueblo.

El alcalde de La Plata, admitió que la brecha con el campo es abismal y falta mucho por hacer en materia de agua potable4.

“Sólo hemos logrado en esta administración la aprobación de un acueducto regional de Santa Marta con una inversión de cinco mil millones de pesos que está próximo a iniciarse y beneficiará a trece veredas. Hay muchas otras veredas que no han tenido esta posibilidad”, afirmó.

“En la zona rural henos emprendido varias acciones. Tenemos otros dos proyectos que estamos gestionando y buscamos recursos para financiarlos. Pero no es fácil. El principal obstáculo es la financiación”, subrayó.


En tres años, las autoridades regionales y locales, deben asegurar la potabilidad del servicio en las zonas campesinas.

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