‘Pipe’ Lozada con su candidata Yelitza Fierro, en la vereda Primavera (Teruel) donde se originó la demanda.

RICARDO AREIZA

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El representante a la Cámara Jaime Felipe Lozada Polanco, quien aspira a revalidar su credencial el próximo domingo, se salvó de una ‘muerte política’ por un supuesto tráfico de influencias.

Después de dos años y medio de un interferido trámite, la sala plena del Consejo de Estado, consideró que el supuesto constreñimiento al elector, que soportó la demanda, no configuraba la causal de pérdida de investidura.

La decisión fue adoptada por 25 de los 26 magistrados de la Sala Plena. El consejero huilense, Alberto Yepes, se declaró impedido.  La magistrada Sandra Lisset Ibarra aclaró su voto. La decisión quedó en firme y se acaba de notificar al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio del Interior y a la mesa directiva de la Cámara de Representantes.

La demanda

La solicitud de pérdida de investidura fue instaurada el 10 de septiembre de 2015 por el veedor ciudadano Eris Alonso Sánchez Medina. Según el demandante, ‘Pipe’ Lozada, intervino en un evento político organizado por Yelitza Fierro, candidata a la alcaldía de Teruel, en el que constriñó a los asistentes para que votaran por ella y condicionó su gestión, ante el Gobierno Nacional a que la aspirante resultara elegida.

En el acto realizado el 8 de junio de 2015 en la vereda Primavera,  ‘Pipe’ les dijo que las obras para su municipio  “sólo serían una realidad si contaba con una alcaldesa amiga”. En su criterio, con esa declaración, Lozada Polanco, se configuró la causal de desinvestidura por violación del régimen de incompatibilidades.

La Constitución prevé que los congresistas perderán su investidura por violación del régimen de incompatibilidades. A su vez, prescribe que los congresistas no podrán gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas

Lozada respondió que los hechos alegados como presupuestos de la causal para perder su investidura, son apreciaciones subjetivas y le restó importancia a los videos allegados como soporte, argumentando que no tienen valor probatorio, pues no se acreditó su legitimidad, autenticidad, e integridad. Por lo tanto, pidió que fueran excluidos del material probatorio.

“Gestionar ante el Gobierno Nacional la construcción de unas obras de infraestructura en el municipio de Teruel no configura causal de pérdida de investidura”, afirmó. En su criterio, su proceder obedeció a la satisfacción del interés general, y correspondió al ejercicio legítimo de la representación congresal en beneficio de la comunidad que lo eligió.

Redes sociales

El tema revivió el debate sobre la validez del material que circula en las redes sociales, ya que el video fue bajado de la página virtual de la candidata.

El Código General del Proceso (artículo 243) dispone que los mensajes de datos, los discos y las videograbaciones son documentos. A su vez, el artículo 244 prevé que los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falsos o desconocidos, según el caso. Esa presunción de autenticidad se predica también de los aportados en forma de mensaje de datos.

El magistrado Guillermo Sánchez Luque reforzó el argumento. Advirtió que  los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y que su fuerza probatoria está regulada por las normas del procedimiento civil. Asimismo, precisó que en las actuaciones judiciales no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a la información contenida en un mensaje de datos solo por el hecho de serlo o porque no se presentó en su forma original. Los videos aportados por Sánchez Medina fueron valorados, porque al ser mensajes de datos, copiados en el formato electrónico DVD, cumplían con las exigencias legales.

A pesar de su apoyo, Yelitza no salió pero ´Pipe’ cumplió sus promesas.

Lo que dijo

Lozada, elegido como representante a la Cámara, en las elecciones del 9 de marzo de 2014,  manifestó que obtuvo del Gobierno Nacional unos recursos para el mejoramiento de las vías del municipio y que obtendría más para la construcción de viviendas, pero que para el éxito de esas obras requería la elección de su candidata en la alcaldía.

“A partir del próximo año, ya hemos destinado con la señora Ministra de Transporte unos recursos muy importantes para placa huellas en el municipio de Teruel (…) pero ustedes deben de entender que esa inversión será una realidad si tengo alcaldesa amiga”, afirmó en la plaza pública en la vereda La Primavera.

Y destacó otras gestiones con la ministra Gina Parody:  La segunda fase de la construcción del megacolegio Jaime Lozada Perdomo, la iluminación de la cancha de fútbol y con el Ministerio del Interior el convenio para la construcción del centro de integración ciudadana en el polideportivo, frente a la iglesia. “Estamos esperando que pase la ley de garantías para traer unos recursos para las vías terciarias del municipio…” repitió. Y cumplió.

Los reparos

La acción judicial fue admitida, por tratarse de una conducta prohibida: la gestión en beneficio de un tercero de asuntos ante las entidades públicas, independientemente de los resultados y puede configurar una incompatibilidad.

Sin embargo, el reglamento del Congreso, avalado por la Corte, consagra que sus miembros pueden gestionar en todo tiempo, ante los organismos del Estado cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de salud, educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la comunidad.

No obstante, el alto tribunal, advirtió que en este caso no se presentó constreñimiento alguno ni se configuró incompatibilidad. “Esos anuncios- dijo- corresponden a acciones ante el Gobierno para satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio de Teruel (Huila), esto es, de la circunscripción electoral por la que fue elegido”.

“Además, como las gestiones están relacionadas con la obtención de servicios y ayudas en materia de educación, vivienda y obras públicas, precisamente en beneficio del interés general, o constituyen una violación al régimen de incompatibilidades”.

Según la jurisprudencia constitucional, esas gestiones deben dirigirse exclusivamente a la satisfacción de necesidades de interés general. La incompatibilidad por gestión de asuntos ante entidades públicas, en nombre ajeno, fue incorporada en la legislación para evitar que el congresista en ejercicio de su cargo satisfaga intereses extraños al cumplimiento de la función pública. O  que tramite asuntos con violación del principio de igualdad, aprovechando su investidura.

Espaldarazo

Por su parte, la Procuraduría General, reafirmó que las manifestaciones del congresista, por las que se le acusa de infringir el régimen de incompatibilidades, corresponden a la participación en una actividad política del partido al que pertenece, en apoyo a la entonces una candidata de esa colectividad a la alcaldía municipal de Teruel y están relacionadas con la difusión de la gestión congresal frente a algunos habitantes de la circunscripción por la que fue elegido.

“En otras palabras, el condicionamiento de la gestión a la elección de una candidata no configura la causal de pérdida de investidura invocada”, sentenció la Sala Plena.

Paradoja

Lo paradójico: El dirigente conservador, mantuvo su investidura y su credencial que aspira revalidar este domingo. En cambio su candidata, Yelitsa Fierro Laguna, origen de la demanda,  se quemó. Obtuvo el segundo lugar con 1.617 votos. El primero fue Alberto Calderón Ramírez de la  Alianza Verde con  1.883. Le ganó por 266 votos.

Lo bueno es que las obras anunciadas en la vereda La Primavera, están en marcha. En dos semanas arrancará la construcción de 1.236 metros de placa huella en vías críticas de la zona rural; la segunda etapa del colegio Jaime Lozada Perdomo está lista para ponerla al servicio de la comunidad educativa, con una inversión de 2.000 millones de pesos.

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