RICARDO AREIZA/LN

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Confirmado. El equipo técnico, encargado de ejecutar la polémica remodelación del estadio de Neiva, quedó vinculado por la tragedia que dejó cuatro muertos y diez heridos pero podrán defenderse en plena libertad.

El fiscal Quinto de la Unidad de Vida, Farid Eduardo Plata Ramírez, les imputó cargos por la presunta responsabilidad del personal técnico y directivo, responsables directos de la ejecución de la obra civil. En su criterio, las fallas que pudieron ocasionar la tragedia, estuvieron rodeadas de inexperiencia, impericia y posible negligencia.

La imputación fue formulada ayer ante el juez Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías José Arcesio Hoyos Arias.

A la audiencia concurrieron la totalidad de los imputados, quienes además anunciaron su disposición para comparecer a todas las diligencias. Esta circunstancia, los salvó del carcelazo. El fiscal advirtió que a pesar de ser un hecho lamentable, en este caso, no procede la medida de aseguramiento ni la detención preventiva.

“Es claro para la Fiscalía que no se cumplen los presupuestos mínimos para imponer medida de aseguramiento ni medidas de restricciones de la libertad. La comparecencia de todas las personas convocadas a la diligencia desvirtuó los temores que se tenían de eludir la acción de justicia. Tampoco su comportamiento tiene reproches”, argumentó el fiscal al solicitar el retiro de la solicitud de medida de aseguramiento. Sorpresivamente, las víctimas, presentes en la diligencia, guardaron silencio.

Presuntos responsables

Como lo había anticipado en primicia LA NACIÓN, el fiscal les imputó los cargos de homicidio culposo cometido en concurso homogéneo y lesiones personales culposas en concurso heterogéneo. A todos los hizo la imputación a título de culpa.

Por este caso, distinto a las otras investigaciones en curso, responderá  el ingeniero antioqueño Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal del consorcio Estadio 2014, especializado en gerencia de proyectos.

Igualmente compareció el ingeniero caqueteño Jarlinson Hurtado Salas, dueño del 50% de la participación accionaria del consorcio constructor, quien figuraba como ingeniero residente.

La Fiscalía le imputó los mismos cargos al ingeniero civil Jaime Andrés Arévalo Rojas, director de interventoría, especializado en ingeniería ambiental. Además, vinculó a Óscar Mauricio Montoya Marín, quien fungió como director, sin tener las calidades profesionales requeridas. Es tecnólogo en obras civiles.

Adicionalmente fueron vinculados Angélica María Rojas Gómez, ingeniera residente por parte de la interventoría, a Oscar Alfonso Triana Rojas, ingeniero residente de obra y Carlos Alfonso Vera, coordinador de alturas, técnico en pozos petroleros.

Los siete imputados no aceptaron ni se allanaron a cargos. Todos reiteraron su decisión de comparecer a las diligencias judiciales, orientadas a determinar la eventual responsabilidad por el desafortunado accidente.

Las víctimas fueron reconocidas como parte civil.

 Lo que pasó

Según el dictamen pericial realizado por la firma Ingeniería Sísmica & Estructural, el desplome de la gradería se produjo por un mal procedimiento constructivo. El documento técnico soportó parte de la imputación.

Según las evidencias técnicas recolectadas,  la cimbra (formaleta) se apoyó  sobre la estructura antigua del estadio, lo que generó el fatal colapso.

Al fallar uno de sus puntos de apoyo fue incapaz de redistribuir la carga y permitió la caída de concreto fresco a las gradas inferiores. El impacto del concreto sobre las gradas inferiores generó su fulminante colapso.

La estructura sobre la cual se soportó el pesado andamiaje para la fundición de la nueva gradería, no cumplía con el rigor de la norma de sismo resistencia de 2010 y además, evidenciaba fatiga y fractura visibles a simple vista.

Falla súbita

Según el estudio técnico, refrendado por la Fiscalía, el siniestro se produjo por una carga excesiva transmitida por un taco de apoyo cuando se fundía la placa de concreto a la altura de las cabinas de radio. Esta carga le generó una flexión 2.3 veces mayor a la capacidad de la placa originando la desestabilización del taco, inadecuadamente amarrado.

Al caer desde una altura de 7, 8 metros impactó las graderías existentes con una fuerza  descomunal (527 kilo newton, según expertos). El impacto generó una desestabilización del taco de apoyo, inadecuadamente instalado, ocasionando la pérdida de confinamiento del concreto fresco y por lo tanto el desplome.

“Se produjo una falla súbita por cortante, perdiéndose todo el punto de apoyo inferior de la cimbra y la caída de mayor cantidad de material y colapso de todo el sistema”, concluyó el estudio.

Esta enorme fuerza sobrepasó en varios órdenes de magnitud la capacidad de carga de las graderías, generando su colapso y posterior caída sobre la losa inferior del segundo piso, impactada  además, con el peso del concreto fresco.

El peso de las graderías existente y el peso de todos los elementos de construcción, generaron también el colapso total ocasionando la muerte de cuatro trabajadores de la obra y lesiones de gravedad a otros diez operarios, el 19 de agosto de 2016.

Negligencia

El siniestro no fue fortuito ni ocurrió por azar. Las prácticas constructivas inadecuadas, desde el inicio de la obra, eran comunes y recurrentes por parte del contratista. También hubo descuido, negligencia e impericia, según lo confirmó el fiscal Plata Ramírez.

El primer accidente ocurrió el 12 de septiembre  de 2015 cuando se fundía la losa del cuarto piso, sin dejar víctimas. Uno de los gatos hidráulicos que sostenían las formaletas falló por físico desgaste,  provocando un efecto dominó, y originando el desplome de la estructura.

Una de las fallas técnicas

Impericia

Según el fiscal, en este accidente, hubo impericia y una posible incompetencia, comenzando por el personal encargado de ejecutar el proyecto de alta envergadura. El personal contratado para prevenir accidentes no tenía la formación académica específica en materia de seguridad industrial.

El auxiliar de enfermería era técnico en urgencias médicas; el instructor de primeros auxilios estudiaba licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental. El coordinador de alturas era técnico en pozos de petroleros.

El director del proyecto, Óscar Mauricio Montoya Marín, no era ingeniero civil con especializaciones. Era tecnólogo en obras civiles. El representante legal de la firma interventora Luis Alfonso Trujillo Bríñez tampoco era ingeniero. Su ´perfil es técnico agropecuario, especializado en forrajes para vientres bovinos.

El 19 de agosto, día de la tragedia, en la parte superior donde se realizaba la fundición había diez trabajadores en el área y solo se contaba con tres líneas de vida instaladas. Tampoco existían elementos que restringieran las caídas verticales, que hubiesen permitido que alguno o algunos de los trabajadores implicados en el colapso de la estructura, pudiesen quedar suspendidos, evitando las lesiones por el desplome de la estructura.

Otra falla: la persona encargada del diseño del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenía formación como administrador en salud, gestión sanitaria y ambiental.

El diseño del modelo de gestión, según los peritos, tenía más bien las características de un programa de salud ocupacional, que para la época de la tragedia, no cumplía con los parámetros establecidos en la normatividad vigente.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  no estaba ajustado a la normatividad vigente. Tampoco cumplía con las pautas de seguridad ocupacional.

“No se encontraron los procedimientos para la realización de investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo, ni reporte de investigaciones de accidentes de trabajo ocurridos anteriormente en la obra”, reportaron lo peritos.

Por estas deficiencias el consorcio había sido sancionado por el Ministerio del Trabajo, por incumplir la normatividad, confirmados en dos accidentes ocurridos el 13 de abril del año 2015 con seis personas involucradas y otro el 5 de agosto del 2015 (caída por trabajo en alturas).

Después de tres horas, el juez de garantías, concluyó la diligencia. El fiscal solicitará una nueva audiencia para formular la acusación y preparar el juicio oral.

 

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