El director de la Aunap, Otto Polanco Rengifo explica las medidas adoptadas para ordenar el embalse.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Las medidas de choque adoptadas hace cinco años para frenar la informalidad y la saturación de la capacidad de carga en el embalse de Betania, quedaron  en firme. Una acción popular orientada  a suspender el plan de choque naufragó .

El Tribunal Administrativo del Huila respaldó las acciones puntuales adelantadas por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), encargada de la regulación del sector, para controlar la expansión desproporcionada de los proyectos piscícolas, la sobreproducción y el uso inadecuado de las concesiones de agua.

El ultimátum lo había impartido el director de la entidad Otto Polanco después de la tercera mortandad ocurrida en marzo de 2013 por un agente patógeno que se propagó rápidamente sin que los productores pudieran reaccionar a tiempo y detener la infestación.

La bacteria autóctona, origen de la mortandad, logró neutralizarse y generó acciones puntuales para enfrentar la problemática.

El 13 de mayo de 2015 después de la tercera mortandad  de peces que alcanzó las 2.276 toneladas de mojarra, con pérdidas calculadas en 24.700 millones de pesos, las autoridades ambientales y los organismos de control, lograron un acuerdo para enfrentar la informalidad  en el embalse. La crisis puso en el escenario la verdad de lo que venía ocurriendo.

Los 78 proyectos asentados en el embalse desde hace 35 años, habían  desbordado la capacidad de carga.  Además de haber rebasado los límites de producción permitidos, el embalse comenzó a registrar otros problemas de manejo ambiental que amenazan la sostenibilidad de la industria pesquera, la mejor apuesta exportadora del Huila.

Según los propios productores, la capacidad de carga oscilaba en promedio las 40.000 toneladas métricas, por encima de las 22.000 toneladas permitidas.  En los ciclos de niveles máximos la represa registró hasta 56.000 toneladas al año, como quedó evidenciado en los estudios que soportaron las medidas de control para reordenar el embalse y salvar la industria piscícola.

Las tres emergencias registradas desde el 2007 confirmaron la gravedad de la problemática que venía ocurriendo en el embalse por la superproducción, la informalidad y las prácticas inadecuadas de bioseguridad.

Sin embargo, el embalse soporta además una degradación ambiental, distinta a la generada por los piscicultores. Esta afectación es ocasionada por el inadecuado manejo de aguas servidas, por fallas en la disposición de residuos sólidos y aguas residuales, provenientes de todos los municipios y vertimientos de agroquímicos y sedimentos.

Estos fenómenos, agravados por la construcción de El Quimbo,  han venido afectando la calidad del agua y han puesto en riesgo la sostenibilidad de la piscicultura opita de clase mundial. Por eso había que ponerle orden.

Las medidas

El director de la Aunap, Otto Polanco expidió dos decisiones esenciales para comenzar a ordenar el embalse y

La circular No. 007, estableció medidas de manejo de los piscicultores concediéndoles un plazo de seis meses para que, en desarrollo de un plan piloto, de manera voluntaria, individual o asociada, procedieran a iniciar el traslado de la producción de jaulas al sistema de estanques en tierra.

La Circular 016 expedida el 13 de noviembre de 2015 estableció el 4 de abril de 2016 como fecha límite para tener inactiva la infraestructura no autorizada.

Asimismo, concedió un plazo de tres meses adicionales (hasta el 13 de febrero de 2016) para que los acuicultores que de manera voluntaria o asociada, y en desarrollo de un plan piloto, procedan a iniciar el traslado de la producción de jaulas al sistema de estanques (tierra).

Tres emergencias registradas desde el 2007 confirmaron la gravedad de la problemática que venía ocurriendo en el embalse.

La demanda

La Sociedad Integral Consultancy SAS instauró una acción popular contra la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) y el Ministerio de Agricultura.

La sociedad solicitó la suspensión de las medidas de ordenamiento piscícola en el embalse de Betania, diseñadas por la Aunap el 13 mayo de 2015 (Circulares 007 y 016 de 2015).

La empresa pidió que las medidas quedaran congeladas hasta conocer los resultados de la actualización del  Plan de Ordenamiento Pesquero y Acuícola (Popa) o mientras se genere una solución a los piscicultores de la represa de Betania que tienen  una producción mayor a la inicialmente autorizada.

Y en consecuencia demandó que se permita a los piscicultores seguir produciendo por lo menos el mismo número de toneladas de pescado y de esta manera evitar la quiebra.

Y de paso, advirtió que las medidas amenazan los derechos de los consumidores y usuarios a la provisión de bienes y servicios así como la actividad económica, la iniciativa privada y la libre competencia.

El primero de marzo de 2016 la empresa requirió mecanismos de apoyo, acompañamiento técnico y alternativas con líneas de crédito especiales, para el traslado del embalse a tierra. La Aunap descartó de plano esas alternativas. La demanda fue presentada el 26 de abril de 2016 y admitida el 6 de mayo.

Sanciones

La Aunap confirmó que ha otorgado hasta el momento 65 permisos para el ejercicio de la acuicultura a empresas pesqueras. Además, confirmó que desde el 2013 abrió 53 procesos sancionatorios por sobreproducción, incluyendo a los grandes industriales.

También fueron identificados por el antiguo Incoder, 35 proyectos con mayor infraestructura a la autorizada.

La Cam abrió 49 procesos sancionatorios entre 2011 y 2014 y sancionó a 19 empresas por reincidentes, entre ellas las grandes exportadoras. La Cam otorgó 78 permisos de concesión de aguas y 78 permisos de ocupación de cauce, para 78 empresas productivas,

 

Hundida

La magistrada Lida Yannette Manrique Alonso hundió la acción popular por carencia de objeto o daño consumado. Además, concluyó que no se acreditó la vulneración de los derechos colectivos a la libre competencia y protección de los consumidores  que se invocan en la demanda.

“No existe duda alguna que la Aunap, en ejercicio de sus facultades legales, en aras de favorecer el interés general procedió a efectuar la vigilancia y control sobre la capacidad del embalse de Betania, en razón al incumplimiento de las obligaciones contraídas por los piscicultores a través de los permisos de producción que le fueron otorgados”, anotó Manrique Alonso.

En efecto, la Autoridad de Pesca y Acuicultura inició procesos sancionatorios contra las piscícolas que presentaron una producción de mayor volumen al autorizado. Estas investigaciones iniciadas en el 2013 evidenciaron luego de un censo, que existían 81 proyectos que generaban una sobreproducción.

En el marco de las acciones realizadas y en aplicación del principio de precaución, se identificó como impacto, la afectación del medio ambiente ante la situación sanitaria que presentaba el embalse por la presencia de una bacteria nativa.

Las medidas fueron concertadas en mesas de trabajo.

Espaldarazo

“En estas condiciones, la Aunap debía tomar acciones efectivas, en cumplimiento de las competencias y en esa medida, se encuentra justificado, funcional y materialmente, el límite impuesto para que aquellos acuicultores que excedieran la capacidad autorizada retiraran la infraestructura redundante”, precisó la funcionaria judicial.

Si bien es cierto, en principio, no está demostrado que la causa de la mortalidad haya obedecido única y exclusivamente a la sobreproducción, el exceso de infraestructura para el cultivo de alevinos y la sobrecarga son conductas irregulares que demuestran un incumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de los productores.

Asimismo, quedó en evidencia que la mayoría de las empresas acuícolas no solo han sido investigadas, procesadas y sancionadas por la Aunap por sobreproducción sino también por la autoridad ambiental por sobrepasar el caudal asignado, ejerciendo la actividad contrariando los permisos y reglamentaciones legales y en franca contravención de las normas ambientales.

“Además, porque la administración y, por extensión, toda la sociedad, no podían asumir las pérdidas ambientales que se producirían en este ecosistema por parte de quienes, en contravía de los permisos que les fueron otorgados, seguían generando, por fuera de los límites establecidos, una producción que por su explotación comercial les generaba beneficios económicos”.

Libre competencia

“En este orden de ideas-precisó- no existe medio probatorio alguno del cual se pueda inferir que las medidas regulatorias adoptadas por la Aunap, amparadas en aspectos sanitarios, ambientales y sancionatorios, trastocaran el derecho a la libre competencia”.

Tampoco se vislumbró que las circulares transgredieran las leyes de la oferta y la demanda, “pues no establecen una restricción a la libre competencia y a la libertad económica al no impedir la práctica del cultivo de tilapia de manera legal y conforme a la reglamentación expedida por las autoridades competentes”.

“El hecho de que las circulares procuren impedir la producción por fuera de los límites autorizados en los permisos, no constituye una restricción al comercio ni a la actividad económica de los acuicultores.

Por el contrario, recalcó,  se convierte en una acción positiva e idónea contra su práctica desleal y transgresora del medio ambiente y en esa medida los actos administrativos expedidos por la Aunap garantizan el derecho colectivo a la libre competencia de quienes sí encuadran su actividad en los permisos que le fueron otorgados  y de quienes estarían dispuestos a proceder a trasladar la producción excedente al sistema de estanques en tierra.

Salvaguardia

Tampoco se avizoró en el estudio de la acción popular la transgresión de los derechos de consumidores y usuarios.

“Las medidas de control-dijo- lo que busca es menguar los efectos de la actividad de acuicultura que no se realiza en acatamiento de la reglamentación expedida y que conlleva a que no existan condiciones mínimas de salubridad que garanticen el natural cuidado del producto pesquero que se cultiva en el embalse de Betania y que posteriormente será consumido por la población nacional e internacional”.

“Aun cuando no se constituye en la única causa de la orden de retiro de la infraestructura redundante, si evidencia la necesidad de salvaguardar la capacidad de la carga que soporta el embalse para que el producto pesquero llegue al usuario final en condiciones óptimas para su consumo, muestra categórica de la protección del interés general”, concluyó.

 

 

 

 

 

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