Los municipios pueden prohibir la explotación minero–energética en su jurisdicción. El Huila no es lña excepción.

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

Los municipios, en el marco de sus competencias, están facultados constitucional y legalmente para regular el ordenamiento territorial y el uso del suelo y, por lo tanto pueden acudir a la ciudadanía para solicitar su consentimiento o no para el desarrollo de las actividades minero-energéticas en sus regiones.

Pero además, están obligados por ley a realizar las consultas populares cuando estas actividades como la explotación minero energética afecten de manera significativa las actividades tradicionales de su territorio.

En su sentir, los entes territoriales pueden, en materia minera, en ejercicio de sus competencias, “garantizar la protección de su medio ambiente y regular los usos de su suelo incluso llegado el caso de prohibir la explotación minero-energéticas.

La histórica posición fue fijada ayer por el Consejo de Estado  al rechazar de plano una acción de tutela promovida por el Ministerio de Minas para frenar una consulta popular en el municipio de Jesús María (Santander).

La decisión se conoció ayer en momentos en que la Corte Constitucional realizaba una audiencia pública sobre el futuro de las consultas anti mineras en el país.

El magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, señaló además que las consultas son obligatorias cuando afecten el territorio y tienen fuerza vinculante.

Para la promoción de consultas populares en materia minero-energética, precisó que  no se requiere necesaria u obligatoriamente agotar un procedimiento previo de concertación con las entidades del orden nacional.

“El ordenamiento jurídico no prevé la obligación de los municipios de concertar o incluir en el proceso de consulta popular a las entidades del orden nacional. El ordenamiento territorial y el uso del suelo son competencia de los municipios y distritos, por lo que pueden ser materia de iniciativa popular en el orden local”, señaló en la providencia.

Plantón realizado ayer en Neiva respaldando las consultas

La tutela

El Ministerio de Minas y Energía solicitó que se declare “la inconstitucionalidad de la consulta popular convocada en el municipio de Jesús María (Santander)”.

El argumento: la actividad minero-energética es de interés general y de utilidad pública, lo que implica la posibilidad de que autoridades del orden nacional la regulen sin desconocer la autonomía territorial. Además, argumentó que los asuntos de explotación de recursos naturales no renovables, son de competencia de las entidades del orden nacional, lo que excede las cuestiones meramente locales para las que se habilita el mecanismo de participación ciudadana promovido en el caso concreto.

El Ministerio de Minas, esgrimió otra advertencia: la proliferación indiscriminada de consultas populares puede poner en riesgo el abastecimiento de gas natural y petróleo, lo que incide directamente en la prestación de servicios públicos.

La empresa colombiana de Petróleos (Ecopetrol) coadyuvó la solicitud del Ministerio insistiendo en la falta de competencia de los alcaldes para promover las consultas populares, porque, en su criterio, el tema desborda lo meramente local y se inscribe en el ámbito nacional.

La petición fue respaldada también por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, argumentando que la propiedad de los recursos que se encuentran en el subsuelo es del Estado, no de los municipios, lo que faculta a las autoridades nacionales para intervenir en la definición de los temas que inciden en esa propiedad.

La Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por considerar que el Ministerio de Minas y Energía carecía de legitimación en la causa por no intervenir en el proceso de revisión previa de constitucionalidad de la consulta popular.

En la nueva decisión, el Consejo de Estado, revocó esa providencia y en su defecto, rechazó la tutela, dejando intacta la decisión adoptada el 24 de julio de 2017 por el Tribunal Administrativo de Santander que declaró la constitucionalidad de la consulta popular convocada el alcalde de esa población, previamente respaldada por el concejo y la ciudadanía.

Precisiones

De entrada, el Consejo de Estado, desmontó la dura artillería esgrimida por el Ministerio de Minas, respaldada por Ecopetrol, frente a la propiedad estatal de los recursos naturales.

“En los términos del artículo 332 constitucional es el Estado, no la Nación, el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables como lo son los recursos mineros”, precisó la corporación judicial.

“El concepto de Estado incluye a la Nación y a los entes territoriales, por tal razón las decisiones en estos asuntos corresponden tanto a las autoridades nacionales como a las locales, según las competencias establecidas en el ordenamiento. En otras palabras, la propiedad de esta clase de recursos no corresponde exclusivamente al orden nacional, puesto que los entes territoriales son partícipes activos de la riqueza del subsuelo y de los recursos naturales”, afirmó el magistrado Jorge Octavio Ramírez.

La ciudadanía de Iquira (Huila) lideran estas iniciativas.

Viabilidad

En opinión del alto tribunal, la constitución y la ley facultan a los gobernadores y alcaldes para realizar consultas populares sobre asuntos relacionados con su competencia. El ordenamiento territorial y el uso del suelo, se regulan a través de las autoridades locales, razón por la cual pueden adoptar medidas sobre actividades que se desarrollan en su territorio como la minería.

“Es claro- anotó- que no es obligatorio o indispensable que entre la Nación y los entes territoriales se surta un proceso de concertación previo a la realización de una consulta popular en materia minero-energética”.

En ese sentido estimó que “la función de ordenación territorial recae fundamentalmente en los municipios y distritos, pues tocan directamente aspectos que afectan la vida en comunidad y llegan a determinar el modelo de desarrollo y, por consiguiente, las condiciones de vida en materia económica, social, cultural, ambiental, urbanística, entre otros.

Igualmente fijó un histórico precedente: las licencias de exploración y explotación las confiere la autoridad minera, pero antes de concederlas debe consultar los planes y normas de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo económico y social, así como las normas que sobre el patrimonio ecológico, cultural e histórico hayan expedido los concejos municipales. Igualmente, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, la autoridad minera no puede desconocer dichas normas al determinar zonas de reserva minera.

Facultades

Según el Consejo de Estado, los municipios tienen facultad para adelantar consultas populares relacionadas con la prohibición o autorización para desarrollar en su territorio actividades minero-energéticas.

Esta competencia tiene sustento, además, en el derecho fundamental de participación ciudadana que tienen las comunidades en los asuntos de trascendencia local, como se pasará a explicar.

La actividad minero-energética tiene un papel importante en el desarrollo económico, productivo y social de un Estado. Esta industria representa desafíos en aspectos como la protección del medio ambiente, la adecuada articulación de políticas y competencias nacionales y territoriales, así como en la participación democrática de las comunidades locales en la definición de las actividades que afectan su territorio.

Por tal razón, los municipios y distritos, además de ser competentes, tienen la obligación de realizar consultas populares cuando ese tipo de actividades impliquen cambios significativos y transformación de las actividades tradicionales de su territorio.

“Cuando el desarrollo de proyectos como los de naturaleza minera amenacen con crear cambios significativos en el uso del suelo, que den lugar a una transformación en las actividades tradicionales del ente territorial, se deberá realizar una consulta popular, la cual estará a cargo del municipio correspondiente (Artículo 33 de la Ley 136 de 1994).

Afectaciones

Para la Sala es claro que la minería tiene una incidencia directa y significativa en el ámbito local, toda vez que esos proyectos tienen la potencialidad de incidir en los usos del suelo, en el ambiente, en la economía local prevalentemente agrícola, pecuaria, industrial, turística, etc., razón por la cual la autoridad municipal está legitimada para convocar a sus ciudadanos para pronunciarse sobre dicho aspecto.

Aunada a las competencias constitucionales y legales que permiten la convocatoria a una consulta popular, el Consejo de Estado,  consideró que la participación democrática es un argumento adicional que permite a los ciudadanos manifestarse sobre los asuntos que inciden de manera directa en su entorno territorial, como ocurre respecto de la intervención del suelo con actividades minero-energéticas.

“Las consultas populares sobre proyectos y actividades en materia minero-energética, permiten que los ciudadanos participen en las decisiones sobre aspectos que directamente inciden en su espacio territorial”, anotó.

Este tema se explica, en su criterio,  por la gran significación que reviste la materia en el plano ambiental (por la desaparición o contaminación de las fuentes de agua, el cambio climático, la deforestación), en los derechos de las comunidades étnicas y campesina, en la minería tradicional y en la actividad agropecuaria.

El academico Miller Dussan durante la marcha frente al Palacio de Justicia.

Fuerza vinculante

La consulta popular, por ser una manifestación de la ciudadanía, tiene fuerza vinculante respecto de las autoridades locales, esto es, alcaldes y concejos municipales, advirtió el Con el Consejo de Estado.

“Si dichas autoridades no acatan de manera obligatoria lo dispuesto por la ciudadanía, estarían violando la voluntad popular y el derecho fundamental a la participación ciudadana que informa y rige el ejercicio de las competencias locales”.

Los precedentes destacados

Las consultas populares, según la Corte Constitucional, son factibles en virtud de derecho a la participación ciudadana. Por lo tanto no el tribunal no desconoció el presente constitucional.

“En materia minero-energética es posible la consulta popular. Los municipios, en ejercicio de sus competencias y con el fin de garantizar la protección de su medio ambiente y regular los usos del suelo, pueden prohibir la explotación minero–energética en su jurisdicción”, según lo  afirmó expresamente la Sala Plena de la Corte Constitucional en (Auto A053 de 201734). En tal sentido se indicó que:

– La competencia para ordenar el territorio y reglamentar el uso del suelo se ejerce a través del concejo y el alcalde. En virtud de estas facultades, se adoptan medidas sobre las actividades que se desarrollan en el respectivo ente territorial como las de índole minero.

– En ejercicio de las competencias territoriales, los municipios pueden adoptar medidas relacionadas con la protección al medio ambiente, tal y como lo dispone la Ley 388 de 1997.

– El mecanismo de la consulta popular materializa el derecho de participación de los ciudadanos, quienes podrían verse afectados con la ejecución de proyectos y actividades mineras en su ámbito local.

El magistrado Jorge Octavio Ramírez.

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