El jefe de contratación, Eduardo Richard Vargas, entrará a resolver el proceso sancionatorio contra contratistas e interventores.

RICARDO AREIZA

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Con una tutela de fondo instaurada por un hincha  furibundo, la Alcaldía de Neiva, reactivará esta semana, los procesos administrativos sancionatorios por la tragedia del estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’.

La decisión final sobre el incumplimiento del contrato, que puede concluir con la caducidad, se adoptará en los próximos días. Las dos recusaciones instauradas a finales de marzo pasado quedaron resueltas.

El viceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, quien actúa en este proceso como alcalde ad hoc, rechazó las recusaciones  y autorizó al jefe jurídico Eduardo Richard Vargas para que continúe con las diligencias y defina la suerte de las obras de remodelación, paralizadas desde  el 20 de agosto de 2016.

La decisión se conoció en momentos en que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Neiva admitió una acción de tutela, reclamando a las autoridades municipales para adopten las medidas administrativa que en derecho sean necesarias para la terminación de las obras y se resuelvan los procesos sancionatorios por incumplimiento “para que el Atlético Huila y sus hinchas contemos con un escenario deportivo digno y seguro”.

La tutela

El juez Álvaro Alexis Dussán Castrillón admitió el recurso de amparo colocado contra el viceministro Héctor Olimpo Espinosa, en calidad de alcalde ad hoc y el jefe  jurídico, Eduardo Ricardo Vargas, quien funge en este caso como jefe de Contratación ad hoc.

Además, el juez vinculó a la Dirección de Deportes de Neiva, a la División Mayor del Fútbol (Dimayor), al alcalde Rodrigo Lara Sánchez y  a su jefe de contratación ad hoc, Eduardo Richard Vargas. También vinculó a los propietarios de la firma constructora.

La acción de tutela fue instaurada por el ingeniero ambiental José  Luis Bahamón Valenzuela,  un hincha furibundo.

“Si ya se han evidenciado todas esas fallas porque motivo no se declara la caducidad o se hace algo para que la obra pueda continuar y así algún día disfrutan de la fiesta del fútbol”, argumentó el hincha.

Además, argumentó la incertidumbre en que quedó la terminación de la obra, por las distintas acciones interpuestas por los contratistas para frenar los procesos administrativos sancionatorios.

“Como hincha fiel del Atlético Huila desde que tengo uso de razón, como una persona que ha acompañado al equipo en cada uno de los partidos jugados en el Estadio, me siento terriblemente perjudicado al ver que no se resuelve la situación del estadio de fútbol”, expresó. Bahamón mostró las fotos que ilustran su lealtad al equipo desde que tenía siete años, hoy tiene 32.

“Es inaceptable que a la fecha no podamos tener acceso para ver nuestro equipo jugar, y que no se tengan definidas las situaciones en cuanto a la remodelación que se estaba realizando a la tribuna occidental, que lleva suspendida así casi año y medio”, enfatizó el accionante.

José Luis Bahamón, el hincha que decidió entular.

“Es realmente triste ver como se despedaza en ruinas el lugar donde he vivido tantas alegrías, desde lejos se ve que el estadio se encuentra en las peores condiciones, que no hay camerinos para los jugadores como bien lo dijo la Dimayor, que todo está abandonado y no es más que un ‘elefante blanco’ en medio de la ciudad”, subrayó Bahamón Valenzuela.

En su sentir, “toda la ciudadanía se ha visto gravemente perjudicada, pues tengo el conocimiento de que muchos hinchas y ciudadanos han realizado marchas en protesta y se han causado afectaciones a las instalaciones del Inder, sobretodo mostrando su descontento pues somos una sola voz que se une en el dolor y el sufrimiento que nos causa como hinchas fieles y fanáticos al Atlético Huila ver caer su estadio por la corrupción de este país, mientras nosotros que hemos apoyado desde siempre al equipo, somos los directos perjudicados por esta situación, sin hablar de las miles de personas que viven de la economía que se desarrolla en torno a la fiesta futbolera”.

El juez admitió la tutela.

Las recusaciones

Mientras tanto, coincidiendo con esta tutela, el viceministro Héctor Espinosa, desató las dos últimas recusaciones formuladas por el equipo jurídico de los consorcios constructor e interventor del polémico contrato.

El consorcio interventor cuestionó el uso parcial de la grama del escenario deportivo (acta enero 15 de 2018), el uso de la tribuna oriental y la autorización para realizar obras de carácter provisional para permitir y asegurar la iluminación para que el equipo pudiera jugar de noche, acorde a las exigencias de la Dimayor y la Conmebol.

Además, argumentó que autorizó al Club Deportivo para realizar trabajos eléctricos y la repotenciación de las luminarias, incluidas en el contrato original, “lo que a toda luz es irregular porque se trata de ejecutar ítems ya contratados, sin que el proceso de incumplimiento contractual haya culminado”.

El abogado Mario Bahamón insistió en la recusación, considerando que el jefe de contratación ad hoc, está impedido para actuar. El segundo, Alex Paolo García pidió la nulidad de todo lo actuado, en razón a un eventual conflicto de intereses “como quiera que podrían ser vinculados a procesos posteriores con ocasión de los procesos que se están adelantando por la tragedia del estadio”.

Con la misma argumentación el consorcio constructor, representado por el abogado Carlos Roberto Roa, soportó la nueva recusación para apartar de la investigación al jefe jurídico.

“Si la decisión a tomar aquí no fuera la de declarar la caducidad del contrato sino la continuidad del contrato, el acta del 15 de enero sería espuria porque están dándole a un tercero que intervenga ítems que están contratados, afirmó Roa.

“Con la firma de ese documento no se anticipa ni se sobreentiende un pronunciamiento expreso sobre los hechos objeto del procedimiento administrativo sancionatorio contractual”, concluyó el viceministro.

Tampoco incluye la evaluación de las pruebas, un análisis sobre la culpa o responsabilidad del contratista y menos aún, la declaratoria anticipada de la caducidad.

“Por lo tanto- precisó – no estamos ante un prejuzgamiento toda vez que el acta que se suscribió el 15 de enero de 2018 era permitir que el Atlético Huila pueda continuar usando el estadio de la capital huilense como su sede para llevar a cabo sus compromisos deportivos y cumplir con el mínimo de requisitos que determina la Dimayor para este tipo de escenarios”.
En su criterio, esta decisión fue adoptada de manera autónoma por la administración municipal, mientras se resuelve una solución definitiva. “La suscripción del acta no impide la continuidad de la obra por parte del Consorcio Estadio 2014. Esta es una solución provisional que no afecta las obras de remodelación adelantadas”, puntualizó Espinoza Oliver. Contra estas decisiones no procede ningún recurso.

La otra cara

Adicionalmente, el jefe jurídico reiteró que las intervenciones autorizadas al club deportivo, no afectan las obras ejecutadas.

“Todo el sistema eléctrico que contrató el Atlético Huila es provisional e independiente al del estadio”, anotó el jefe ad hoc, quien rechazó los impedimentos.

Con recursos del equipo se habilitaron las redes eléctricas en el área de camerinos y espacios adyacentes, así como el restablecimiento del fluido eléctrico en las cuatro torres principales de iluminación.

Reviven procesos

Al resolverse definitivamente las dos recusaciones, el jefe jurídico, quien funge por delegación como jefe de Contratación, entrará a resolver en los próximos días, los procesos sancionatorios contractuales.

En estas condiciones, esta semana podrá convocar las dos audiencias para emitir pronunciamientos de fondo.

El jefe de contratación ad hoc, Eduardo Richard Vargas, podrá determinar el incumplimiento del contrato y por lo tanto declarará la caducidad. En el mismo acto hará exigibles las garantías por configuración del siniestro del incumplimiento y  la cláusula penal pecuniaria y ordenará la liquidación del contrato.

Si se declara la caducidad, que parece inminente, no habrá lugar a ninguna indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades legalmente establecidas.

En ese caso, la administración tomará posesión de la obra y podrá continuar ejecutando el contrato directamente o a través del garante o de otro contratista. En este escenario probable, la administración tendrá que reiniciar un proceso de selección del nuevo contratista para continuar y terminar las obras.

En el caso de la interventoría, operará la figura de la terminación anticipada por incumplimiento de las obligaciones pactadas, como parece inminente.

Según el peritaje técnico que soportan las dos decisiones, la obra podrá continuarse, previo a la repotenciación estructural obligatoria, la reconstrucción y reforzamiento de la obra impactada por el colapso. En todo caso la administración, según las recomendaciones técnicas, tendrá que contratar dos nuevos estudios, uno de reforzamiento estructural y otro sobre las obras que deberán ejecutarse.

 

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