Los regalos de Papá Noel para los empleados de la administración central terminaron pagándose con transferencias.

RICARDO AREIZA

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Por una supuesta desviación de recursos, la Contraloría General de la República, abrió el primer juicio de responsabilidad fiscal por la compra de anchetas navideñas para los funcionarios de la Gobernación del Huila.

En principio fueron vinculados como presuntos actor principal el ex jefe de Contratación, Camilo Andrés Guzmán y la firma La Previsora, en calidad de tercero civilmente responsable.

El funcionario, quien dirigió todos los procesos de contratación durante la administración de Carlos Mauricio Iriarte, será escuchado en versión libre el  próximo 29 de mayo. Silvia Cristina Gómez, funcionaria del Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva será la encargada de surtir la respectiva diligencia.

El proceso con  radicado  No. PRF-2018-00377, se tramitará en de única instancia ya que el daño patrimonial es inferior a la menor cuantía.

El contrato

Los regalos de Papá Noel para los empleados de la administración central terminaron pagándose con transferencias que tienen un destino inmodificable. En este caso, educación.

Las anchetas para fueron adquiridas a través del contrato No. 1127  celebrado el 9 de diciembre de 2015, con Paola Andrea Pérez Bonilla por valor de $32.882.630.

Sin embargo, para cancelar el contrato, se apropió y pago una parte con recursos pertenecientes del Sistema General de Participaciones con destinación específica.

Aunque es el primero que se judicializa, no es caso no es el único. El organismo fiscalizador encontró el año pasado anomalías en la indebida utilización de recursos para financiar el ‘sampedrito’ de la Gobernación del Huila, un paseo a Cuba, irregularidades en el pago de incentivos y en la cancelación de intereses por demora en el pago de seguridad social a los maestros.

Detrimento

Según la Contraloría, “en ninguna norma contempla, ni siquiera de manera remota que los recursos de la Nación transferidos a las entidades territoriales para la financiación de algunos servicios por esta fuente, puedan ser utilizados para que el personal de la Gobernación del Huila (Secretaria de Educación) financien actividades como la compra de anchetas”.

“El haber utilizado estos recursos en actividades diferentes a las regladas por la ley, conlleva a que se presente un detrimento a los recursos del Estado”, concluyó.

Los recursos del Sistema General de Participaciones tienen una destinación específica. Entre otros, los recursos para el sector educativo,  contempla que solo podrán utilizarse para el pago del personal docente y administrativo de las instituciones educativas públicas, las contribuciones inherentes a la nómina y sus prestaciones sociales. También incluye la construcción de la infraestructura, mantenimiento, pago de servicios públicos y funcionamiento de las instituciones educativas, la provisión de la canasta educativa y las actividades destinadas a mantener, evaluar y promover la calidad educativa. (Ley 715 de 200).

Según las normas, una vez cubiertos estos costos se destinaran recursos al transporte escolar y la permanencia en el sistema educativo de los niños de estratos bajos.

Adicionalmente, el uso indebido de los recursos públicos para otros fines se aparta de las normas de austeridad, expresamente contempladas por el Gobierno Nacional. Igualmente,  el Decreto 1737 de 1998, prohibió la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del tesoro público. Sin embargo, se han hecho y se continúan realizando en las entidades oficiales.

Otros casos

Durante la auditoría realizada el año pasado el organismo fiscalizador encontró otras anomalías en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones.

Entre otros, el pago de gastos protocolarios de las fiestas del San Pedro y el reinado interno. El contrato se ejecutó y liquidó el 30 de diciembre de 2015.

La administración argumentó que las los eventos corresponden a actividades de bienestar social y laboral para los servidores públicos, acordes con el Decreto 1567 de 1998 que creó el sistema de estímulos para los empleados estatales.

Según la  Contraloría, los recursos transferidos a las entidades territoriales no pueden ser utilizados para que el personal de la Gobernación del Huila  (Secretaria de Educación) financie actividades de la fiesta de San Pedro y de fin de año.  Además, el Decreto 1567 de 1998 no contempla la utilización de recursos de SGP para éste tipo de erogaciones.

“Así las cosas-dijo- la normatividad vigente no permitiría el uso de recursos del Sistema General de Participaciones para financiar el programa de bienestar de estímulos de los funcionarios de la Gobernación del Huila y el compromiso contractual que se canceló para la celebración de las festividades de San Pedro y de fin de año aunque se trate de la dependencia encargada de la administración de SGP en la Secretaría de Educación Departamental.

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