Flora Perdomo librará una nueva batalla para salvar su credencial.

RICARDO AREIZA

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Increíble. Dos meses después de haber recibido la nueva credencial, la congresista liberal Flora Perdomo Andrade enfrenta tres nuevas demandas electorales  con el mismo propósito: sacarla del escenario político al que llegó en el 2008 luego de haber ejercido la docencia en los últimos 20 años.

Curiosamente, tres nuevas demandas fueron instauradas  en forma simultánea ante el Consejo de Estado, argumentando que incurrió  en doble militancia. Las acciones judiciales están en trámite en el alto tribunal. Dos de estas demandas fueron inadmitidas por errores de forma y se encuentran en el plazo para ser corregidas.

Las iniciativas sorprenden. En el pasado reciente, la dirigente liberal, perdió su curul en la Asamblea y luego logró salvar  su investidura, después de una verdadera guerra jurídica que le tocó librar en los estrados judiciales. De hecho, su caso desató un ‘choque de trenes’ entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

A menos de dos meses de iniciarse la nueva legislatura, la licenciada en administración educativa, tendrá que repetir la pesadilla que le costaron las demandas que la dejaron sin curul como diputada.

Nuevas demandas

La primera demanda fue colocada el pasado 30 de abril por el abogado garzoneño Juan Carlos Calderón España, en representación de la Veeduría Ciudadana ‘Recursos Sagrados’,  por considerar que la congresista incurrió  en doble militancia.

Lucy Jeannette Bermúdez, a quien le correspondió por reparto, consideró que están cumplidos los requisitos exigidos para tramitar la acción de nulidad.

La demanda fue admitida el 3 de mayo de 2018. La decisión fue notificada a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. También fue notificada a la congresista.

Según el demandante, la representante fue elegida inicialmente por el movimiento ‘Un Huila Mejor’ en las elecciones del 9 de marzo de 2014. Cuatro años después, el 11 de marzo de 2018 fue elegida por el Partido Liberal, incurriendo en doble militancia.

Juan Carlos Calderón, demandante

En su criterio, violó la reforma política (Ley 1475 de 2011) por cuanto no renunció doce meses antes al movimiento político ‘al que representa actualmente, comprobándose que pertenece simultáneamente a dos sectores políticos y adicionalmente, ostenta actualmente dos curules en la Cámara, una por el movimiento ‘Un Huila Mejor’ y otra por el Partido Liberal que asumirá a partir del próximo 20 de julio.

La reforma política dispuso que “en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos”.

Bajo estos presupuestos, pidió que se declare nula la elección, que se invalide el acto que declaró la elección y que se anule la credencial que le expidió el Consejo Nacional Electoral el pasado 17 de marzo.

Facsímil admisión

Segunda demanda

La segunda demanda fue presentada el 3 de mayo de 2018 por Ovidio Sierra García, un antiguo funcionario de la Comisión Séptima del Senado.

El demandante  solicitó la nulidad del acto administrativo de carácter electoral (Formulario E-26) expedido el 12 de marzo de 2018 por la comisión escrutadora. El documento declaró la elección de la señora Flora Perdomo Andrade como Representante a la Cámara por el Partido Liberal para el periodo 2018-2022. Además, pidió la cancelación de la respectiva credencial por haber incurrido en doble militancia.

Sierra García solicitó que se declare que el Partido Liberal “no tiene derecho a beneficiarse de los votos obtenidos de manera irregular por la candidata al haber obrado de mala fe en perjuicio de su electorado” y por lo tanto que deben restarse los votos obtenidos.

La acción de nulidad  fue inadmitida el pasado 7 de mayo porque el demandante incurrió en una indebida acumulación de pretensiones. Sin embargo, la magistrada ponente Rocío Araújo Oñate le concedió tres días para que corrija la demanda.

Tercera demanda

La tercera acción de nulidad fue colocada el 4 de mayo pasado por el abogado Jorge Andrés Rojas Urrea, quien demandó el acto de elección de la lista encabezada por Flora Perdomo Andrade (liberal), inhabilitada por incurrir en doble militancia;  Justiniano Miranda Solórzano (del Centro Democrático ) inhabilitado por violación al régimen de inhabilidades, al tener contratos con el Estado, seis meses antes a las elecciones y Emma Constanza Sastoque Meñaca (Liberal), igualmente inhabilitada por incurrir en doble militancia.

La demanda fue inadmitida  para que se presente de manera separada las causales de nulidad objetivas de las subjetivas. La magistrada Rocío Araújo estimó que el accionante incurrió en una indebida solicitud de pretensiones y le concedió tres días, para que corrija la demanda.

Nuevo calvario

En el pasado reciente Perdomo Andrade, se salvó de una muerte política. En el trámite de una acción de nulidad el Consejo de Estado le decretó una inhabilidad de por vida. La medida le costó no sólo la pérdida de su curul en la Asamblea Departamental  que había logrado en el 2008.

La demanda fue instaurada en el 2010 por Gilberto Silva Ipus.  Según el demandante  la dirigente liberal se inscribió como candidata a la Asamblea dentro de los 24 meses siguientes a haberse desempeñado como Gobernadora, el 28 de noviembre de 2005, siendo además, secretaria de Educación. El alegato se basó en la violación de la Ley 617 que establece una inhabilidad para los gobernadores para inscribirse a cargos de elección popular dentro de un plazo de 24 meses y no de 12 meses.

Sin embargo no prosperó. El Tribunal Administrativo rechazó la pérdida de investidura. La decisión de primera instancia fue apelada ante el Consejo de Estado, el 24 de mayo de 2010. Por este mismo hecho la Procuraduría regional la exoneró de responsabilidad disciplinaria, soportado en la reforma política.

Muerte políticaEl 2 de diciembre de 2011 el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura y con ella la “muerte política”. En esa fecha el alto tribunal revocó una providencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, el 13 de abril de 2010.

La magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso, explicó que la diputada, estaba inhabilitada cuando se inscribió como candidata a la Asamblea del Huila. Sin embargo, la reforma política, terminó favoreciéndola al recortar los plazos legales.

Batalla jurídica

Conocida la decisión, la dirigente liberal pidió la aclaración y adición de la providencia, la cual fue rechazada el 12 de abril de 2012. Impugnada la decisión, el alto tribunal volvió a rechazar el recurso de reposición el 2 de junio siguiente. Flora Perdomo, no se quedó quieta y replicó veinte días después solicitando la nulidad, el último recurso para salvar su investidura. Pero no le prosperó.

La corporación judicial, denegó las pretensiones y cuestionó los sucesivos recursos que interpuso durante un año para impedir la ejecutoria de la sentencia.

La última batalla la libró en la Corte Constitucional con una tutela contra el Consejo de Estado que terminó dándole la razón.

Choque de trenes

La Corte Constitucional ‘tumbó’ un fallo proferido en diciembre de 2011 por el Consejo de Estado que le decretaba la muerte política, lo que generó un ‘choque de trenes’.

Según el alto tribunal, con la nueva reforma política que entró en vigencia ese mismo año, la dirigente liberal no incurrió en violación al régimen de inhabilidades, por haberse desempeñado durante un día como gobernadora encargada, 24 meses antes de su inscripción como candidata a la Asamblea. El plazo se redujo a la mitad, con la reforma política. Esa circunstancia la salvó.

Según el presidente del alto tribunal, Jorge Iván Palacio, en este caso, el principio de favorabilidad, aun cuando sea posterior, debía aplicarse con preferencia. Y así falló.

“La Corte encontró necesario garantizar el principio de favorabilidad disciplinaria, toda vez que con posterioridad a la misma, el parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 (reforma política) modificó el término de 24 meses previsto en el artículo 32 de la Ley 617 de 2000, reduciéndolo a 12 los meses anteriores a la fecha de elección”, explicó Palacio.

Con el mismo argumento, la Procuraduría Regional la exoneró de responsabilidad disciplinaria.

“Esa circunstancia impide que el fallo se siga ejecutando y se ordena la cesación de los efectos del mismo a partir de la notificación de esta decisión”, expresó la Corte Constitucional al devolverle la plenitud de sus derechos políticos, gracias a la reforma de 2011 que recortó los plazos.

La última acción de nulidad electoral fue instaurada  el 24 de abril de 2014  ante el Consejo de Estado.

El demandante, Wilfrand Cuenca Zuleta, sobrino político de Orlando Beltrán, quien hizo parte de la misma lista, estimó que congresista liberal estaba inhabilitada porque a su juicio, ejerció autoridad “política y administrativa” al desempeñarse como Secretaria Privada de la Gobernación del Huila, un año antes de su elección. Cuenca pidió la nulidad del acta de escrutinio que declaró la elección.
El alto tribunal negó la suspensión provisional y finalmente rechazó la demanda el 9 de abril de 2015

 

 

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