El Juez Tercero Penal del Circuito reanudó ayer el juicio oral contra la ex alcaldesa y ocho concejales.

RICARDO AREIZA

Unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Por supuestas irregularidades en el trámite de un polémico proyecto de alumbrado público, la ex alcaldesa de Campoalegre, Neyla Triviño y ocho de los 13 concejales que apoyaron su gestión, terminaron ‘enredados’ en un proceso penal que tramita actualmente el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva.

La corporación autorizó a la administración para entregar en concesión el servicio de alumbrado público durante 20 años, sin las proyecciones y soportes financieros. En el mismo acuerdo facultó a la mandataria para comprometer vigencias futuras excepcionales a partir del año 2013 y hasta el año 2032, sin agotar todos los requisitos.

La polémica iniciativa fue aprobada el 19 de junio de 2012 por el concejo, sin cumplir, aparentemente,  con todos los requisitos legales exigidos.

El acto administrativo contemplaba la administración, operación, mantenimiento, repotenciación, modernización y expansión del alumbrado público del municipio. Pero no tenía los soportes financieros, según la Fiscalía.

El proyecto tampoco estaba inscrito y viabilizado en el Plan de Desarrollo ni contemplaba las inversiones previstas en el marco fiscal de mediano plazo, de obligatorio cumplimiento.

Pero además, dijo, los concejales amparados en normas derogadas, facultaron a la ejecutiva para comprometer vigencias futuras excepcionales, más allá de su mandato.

El acuerdo, según la acusación, soslayó el marco normativo. No se acreditó la existencia de esta iniciativa debidamente inscrita y viabilizada en los bancos de proyectos. Sin embargo el secretario General de la época, aclaró ayer en la audiencia oral que el proyecto se apoyó en el Plan de Desarrollo anterior (2008-2011) ya que el nuevo 2012-2015  estaba en estudio.

No obstante,  solo aparecía relacionado el subprograma servicios públicos domiciliarios, cuya meta es iluminemos el municipio.

La ex tesorera Sandra Burgos, rindió ayer su testimonio.

La otra cara

La mandataria defendió en su momento la legalidad de la iniciativa y justificó la proyectada concesión. “La necesidad de entregar en concesión el servicio de alumbrado público surgió, según la mandataria,  por la ineficiente prestación del servicio a cargo de la Electrificadora y la falta de recursos para mejorarlo”.

La funcionaria estimó que la meta no era reponer unas bombillas, sino renovar toda la infraestructura como el cableado, principalmente porque las fallas del sistema causan daños permanentes. Las deficiencias del servicio fueron reportados también por los testigos que declararon en el juicio oral.

El secretario General, Ronald Polanía Perdomo confirmó que la administración declaró en consejo de gobierno la “importancia estratégica” de la iniciativa.

Pero se hizo. La importancia estratégica fue declarada por el Consejo Extraordinario de Gobierno (Acta N° 005 de mayo 17 de 2012, presentada como clave en el descubrimiento probatorio).

“Estamos seguros que en este caso no se dan los presupuestos para tipificar las conductas que se endilgan. En este juicio vamos a desvirtuar los cargos que se han formulado”, anotó el abogado Sheiber Cuenca, apoderado de la mandataria.

Durante la audiencia de juicio oral, la ex tesorera, Sandra Milena Burgos, explicó las circunstancias que le correspondió durante el trámite de la iniciativa.

La acusación

La Fiscalía Séptima Seccional, quien lleva la investigación, acusó a la alcaldesa Triviño Rojas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, por adelantar el proceso de licitación para la concesión del alumbrado público sin tener en cuenta los sustentos técnicos, financieros y sociales que implicaba el comprometer vigencias futuras.

A pesar de no estar autorizada para ello, el 31 de octubre de 2012, la mandataria suscribió el contrato de prestación de servicios con un ingeniero eléctrico para desarrollar el acompañamiento del proceso licitatorio. El contrato de “apoyo a la gestión” se realizó cinco días después de que el Tribunal Administrativo del Huila dejara sin validez el cuestionado acuerdo.

Sin ningún estudio financiero, el proyecto contemplaba la pignoración de las rentas por  alumbrado público durante dos décadas, ascendiendo a 8.100 millones de pesos”, sostuvo la Fiscalía al formular la acusación.

“La decisión se sustentó en un simple estudio de conveniencia y no como lo exige la ley en un análisis financiero de fondo”, insistió la Fiscalía.

En estas condiciones estimó la que la funcionaria es “probable autora” de los delitos de prevaricato por acción, al expedir actos ilegales, en concurso con celebración indebida de contratos. Además con la coparticipación de los secretarios de Hacienda, General, Planeación e Infraestructura y Asuntos Sociales y de la tesorera, Sandra Milena Burgos, quien ayer rindió su versión, sobre los antecedentes del polémico acuerdo.

Según la Fiscalía, los concejales incurrieron en el delito de prevaricato por acción por haber proferido el acuerdo 012 de 2012 autorizando vigencias futuras excepcionales sin cumplir con los requisitos legales. Pero además, sin que se encontrara inscrito y viabilizado en el Banco de Proyectos.

Los concejales se apoyaron en una certificación del plan del cuatrienio anterior 2008-2012, como lo reiteró ayer el entonces Secretario General.

Con estas consideraciones, la Fiscalía Séptima Seccional mantuvo la acusación contra los entonces concejales Henry Castillo Casas, Milton Gerardo Cortés Cuéllar, Henry Cuéllar Almario, Lady Nelcy Lizcano Quintero, Reinado Polanía Losada, Ligia Esperanza Quintero Polo, Mercedes Ramírez Montenegro y Hernando Rodríguez Polanía.

Los concejales insistieron en que el acto administrativo se tramitó con los soportes y las certificaciones que entregó la administración.

El calvario

El proyecto se gestó en medio de la polémica y vivió su propio calvario. Las inconsistencias, argumentadas durante la discusión de la iniciativa, fueron corroboradas posteriormente por el Departamento  Administrativo Jurídico de la Gobernación, al realizar el control de legalidad.

El acuerdo no pasó la evaluación jurídica. Por el contrario, la titular de ese despacho, Sandra Elizabeth Collazos lo objetó por razones de ilegalidad e inconveniencia, ratificando las observaciones que en su momento formularon los concejales Oscar Perdomo, Jorge Ávila y Jairo Quintero, Elkin Cerquera y Jackson Toledo, quienes se opusieron a la iniciativa.

El acuerdo, según el Departamento  Administrativo Jurídico de la Gobernación, registraba vicios de nulidad, ante el incumplimiento de varios requisitos que exige la ley a los entes territoriales para comprometer vigencias futuras excepcionales.

Los ocho concejales insisten en que la iniciativa se tramitó legalmente.

Anulado

El acuerdo fue anulado el 26 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Huila por las mismas razones expuestas.

“En síntesis, ni en el anterior ni en el nuevo Plan de Desarrollo del Municipio de Campoalegre existió o existe un proyecto de inversión en materia de alumbrado público debidamente inscrito o viabilizado en el banco de proyectos del Municipio de Campoalegre, objeto de ser financiado con recurso de vigencias futuras excepcionales, desconociendo así además de las precedentes”, explicó.

La denuncia

Los mismos argumentos fueron sustentados por la veeduría  ciudadana que lideraba Esaín Calderón Ibatá, pero sus solicitudes para que se negara, no tuvieron eco. Por esa razón decidió denunciar el caso ante la Fiscalía, semanas después de haberse convocado el proceso licitatorio, aun estando derogado el acuerdo.

En su opinión, el acuerdo fue aprobado y sancionado en junio, desconociendo el marco normativo.

Los concejales que aprobaron la iniciativa habrían incurrido en irregularidades, al aprobarla sin los estudios técnicos que catalogaran la entrega en concesión del alumbrado público como un proyecto de importancia estratégica para el municipio.

Los soportes

El veedor Esaín Calderón, quien formuló la denuncia penal el 12 de diciembre de 2012, reiteró las anomalías. El proyecto se soportó en un estudio de conveniencia y no en un estudio financiero de fondo, como lo exige la normatividad. Un ingeniero electricista formuló sugerencias y recomendaciones relacionadas con la prestación del alumbrado público, pero nada más.

En su criterio, para cumplir con la meta que proponía el Plan de Desarrollo (gestionar e instalar 200 luminarias nuevas y renovar 100), se requería que el municipio realizara una inversión que no superaba los 300 millones de pesos. Adicionalmente, a pesar de las deficiencias, dejaba ganancias.

Según sus cuentas, aunque el servicio de alumbrado público alcanzaba en esa época el 45 por ciento de eficiencia, las actas del cruce de cuentas efectuadas durante el 2011  entre el municipio de Campoalegre y la Electrificadora del Huila encargada del recaudo de impuesto de alumbrado público, dejó ganancias para el municipio por 97 millones de pesos.

Por el mismo concepto de recaudo del impuesto de alumbrado público, en el mes de enero de 2012 hubo un saldo a favor del municipio de Campoalegre de $8,38 millones, en febrero $18,12 millones, marzo $7,61 millones y junio $14,10 millones, arrojando en cuatro de los ocho meses del presente año un saldo a favor del municipio por $48,22 millones.

El planteamiento fue respaldado por la Fiscalía, según la cual,  no existe sustento alguno de carácter técnico que reforzara esa trascendencia.

Las cifras

De 1.289 luminarias, se debían reponer o reparar 494. El precio mínimo de una luminaria es 200.000 pesos y el máximo 500.000. Para mejorar el servicio de alumbrado público y alcanzar una eficiencia del 95 por ciento se debían invertir $247 millones de pesos, lo que hacía innecesaria la entrega del servicio en concesión por 20 años como se proyectaba. “Adicionalmente, con los riesgos para el municipio si no se recaudaba la cifra anual proyectada para el concesionario o contratista, que recibiría en 20 años $8.100 millones”, sostuvo E saín Calderón, autor de la denuncia.

El juicio oral proseguirá en noviembre próximo con los nuevos testigos presentados por la Fiscalía y por la bancada de la defensa.

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