Durante los próximos tres meses, los colombianos acudirán a las urnas a votar la consulta anticorrupción.

Casi dos meses después de acordar su aplazamiento, la Plenaria del Senado votó anoche la Consulta Anticorrupción, impulsada por la Alianza Verde y su cabeza visible, la senadora Claudia López.

El pasado 17 de abril, tras una larga lista de impedimentos de congresistas que fueron todos negados, finalmente se aceptó la petición del Centro Democrático de votar la consulta después de la primera vuelta de las elecciones, para impedir que la época pre-electoral interfiriera en la decisión, recordando que López fue la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo.

“Es la primera vez que se convoca, con el beneplácito de este Senado, una consulta popular para que los ciudadanos expresen en las urnas su voto a favor o en contra de siete mandatos políticos relacionados con la lucha contra la corrupción”, afirmó la congresista.

El Senado solo se limitó a decidir si es o no conveniente convocar a los ciudadanos a decidir si se implementan siete modificaciones al Estado, que reducirán ciertas facultades y beneficios de los funcionarios públicos.

Finalmente, con 84 votos por el sí y 0 por el no, la plenaria del Senado avaló la realización de la consulta anticorrupción.

El paso siguiente es que la ciudadanía debe ser convocada para votar la consulta anticorrupción, lo cual será luego de cumplida la segunda vuelta presidencial del próximo 17 de junio.

De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, para que cada pregunta sea válida debe ser votada, al menos, por la tercera parte del Censo Electoral, es decir por más de 12 millones de ciudadanos. Si se logra este mínimo, se adoptará la decisión que tome la mitad más uno de los sufragantes.

 

Los 7 puntos de la consulta

Durante los próximos tres meses, los colombianos acudirán a las urnas a votar la consulta anticorrupción.
  1. Reducir el salario a los congresistas y altos funcionarios del Estado.
  2. Cárcel para corruptos y se les prohibirá volver a contratar con el Estado.
  3. Contratación transparente obligatoria en todo el país.
  4. Presupuestos públicos con participación ciudadana.
  5. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.
  6. Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles dominio.

7. No más atornillados en el poder: máximo 3 periodos en corporaciones públicas.

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