Miller Sunce, capturado antes del acuerdo de paz, por un homicidio simple, originado en una riña personal.

RICARDO AREIZA

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Cuatro meses antes de la firma del acuerdo de paz, un supuesto miembro de las Farc, acuchilló a un vecino, por un altercado personal, causándole la muerte. El ex guerrillero, quien se desplazaba en una moto, llegó hasta donde estaba la víctima y le hizo encendidas reclamaciones. Sin saber que ese hecho, ajeno al conflicto armado, lo dejaría al margen de los beneficios de la reincorporación a la vida civil, desfundó un  cuchillo y lo agredió en repetidas oportunidades. La disputa se registró el domingo 7 de agosto de 2016, cerca al balneario ‘Los Ángeles’, en el municipio de Rivera (Huila).

Emilio Galindo Lozano, víctima.

El occiso, identificado como Emilio Galindo Lozano, empleado del centro turístico quedó a un lado de la carretera, donde pereció. El difunto, de 47 años, presentaba varias heridas, una de ellas en el pecho producida con arma corto punzante que le ocasionó la muerte, en el sitio del altercado. El victimario huyó en la moto  y se escondió entre los arbustos.

Sunce intentaba evadir la acción de las autoridades pero fue aprehendido por una patrulla de la Policía en la finca La Palmita, en n la vía Termales-Los Ángeles.

El 8 de agosto la Fiscalía Novena Seccional le imputó el delito de homicidio simple. El proceso fue asignado por reparto al Juez Cuarto Penal del Circuito.

Cuatro meses después, el desmovilizado logró un preacuerdo con la Fiscalía, confesó su responsabilidad y a cambio de rebajarle la pena aceptó los cargos.

El 13 de diciembre de ese mismo año se realizó la audiencia de legalización del preacuerdo. El 10 de mayo de 2017, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito profirió sentencia condenatoria.

El juez lo sentenció a 104 meses de prisión como responsable del delito de homicidio simple en calidad de cómplice. Sunce a través de su apoderado impugnó la condena.

El desmovilizado fue condenado a 104 meses de prisión.

Sorpresiva petición

El 17 de enero pasado, cuando se tramitaba el recurso de apelación,  los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, se sorprendieron con la inesperada solicitud.

Sunce aparecía como uno de los beneficiarios de los acuerdos de paz y figuraba  en la lista con otros 334 miembros de las Farc, según Resolución 016 de 2017 firmada por el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo.

La lista lo habilitaba para acceder, previa dejación de las armas, al proceso de reincorporación social, política y económica y al tratamiento jurídico especial que se acuerde. Sunce también suscribió el acta de compromiso para ser beneficiario potencial de la libertad condicionada.

Los dos documentos fueron presentados por su apoderado para demandar su libertad, a pesar de haber sido condenado por un delito común, ocurrido en una riña, originada por asuntos personales.

Freno a ‘colados’

El ex guerrillero presentó la solicitud de libertad condicionada. La petición no pasó los filtros jurídicos para impedir ‘colados’.

El juez estimó que según la Ley 1820 de 2016 que regula la amnistía para los guerrilleros desmovilizados, la petición no era procedente.

El funcionario judicial argumentó que la disposición cobija sólo los delitos políticos y conexos, con ocasión del conflicto armado, situación que en este caso, no se presenta.

“No se advierte ninguna de las circunstancias cobijadas por la ley, donde se evidencie la conexidad del delito de homicidio simple, cometido por Sunce Salazar con el desarrollo del conflicto armado interno, objeto del acuerdo de paz, máxime cuando el mismo ocurrió en una riña y no en un enfrentamiento armado”, afirmo el juez Hermógenes Trujillo Salas.

La Fiscalía corroboró esa posición y se opuso a la petición estimando que el delito por el cual fue condenado no es conexo con el conflicto armado.

Revocatoria

La defensa solicitó la revocatoria de la sentencia condenatoria. Argumentó que la ley dispone que una los miembros de las Farc, una vez entró en vigencia el acuerdo de paz pueden acceder a la libertad condicionada, aunque la providencia no condene, procese o investigue por militar en esa organización.

En otras palabras: la normativa “es cobijar a todas las personas que pertenecían a las Farc, hayan o no cometido delitos conexos con el conflicto armado.

Las únicas conductas punibles por las que no procede la libertad condicionada son las que no guardan vínculo directo e indirecto con el conflicto armado, insistió el togado al rechazar de plano la petición. Nuevamente la decisión fue impugnada.

Caso resuelto

El caso quedó resuelto. El Tribunal Superior de Neiva, no solo ratificó el fallo del juez de conocimiento, sino que reiteró el alcance y el escenario jurídico para la aplicación integral de los beneficios para los guerrilleros que dejaron las armas.

Aunque acreditó los requisitos básicos que se exigían,  Sunce no podía ser beneficiario de la libertad condicionada, porque los hechos y según la aceptación de responsabilidad, contenida en el preacuerdo con la Fiscalía, el homicidio simple por el cual fue condenado en calidad de cómplice, es un delito común, no cometido en el contexto ni en relación con el conflicto armado.

“Los hechos contenidos en la acusación y en el acta de preacuerdo claramente detallan que la muerte del señor Emilio Galindo Lozano  fue producto de una riña que se presentó entre éste y el procesado Sunce”, precisó el magistrado Hernando Caballero.

Además de la confesión, otro testigo, Hernando Guevara Saénz, corroboró las circunstancias en que se produjo el trágico altercado.

“Los hechos fueron aceptados por el imputado sin ningún reparo, con el fin de que se modificara su grado de participación de autor a cómplice en el delito de homicidio endilgado”, subrayó.

El funcionario judicial reiteró los alcances de la ley de amnistía y demás beneficios que cobijan a quienes habiendo participado directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas  punibles por causa, con ocasión o en relación con el conflicto armado, cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de los acuerdos de paz. También cobija conductas amnistiables estrechamente vinculadas con la dejación de armas.

“No basta sólo con revisar las normas regulatorias que determinan los requisitos para acceder a la libertad condicionada, es necesario que esas conductas estén relacionadas con el conflicto armado.

Si la conducta homicida de Miller Sunce no se cometió como consecuencia del conflicto armado, acertada fue la decisión del juez de primera instancia al negarle los beneficios de la libertad condicionada, destinada para los guerrilleros desmovilizados, afirmó la Sala Penal.

“En este caso, no pasó los filtros establecidos por el gobierno para evitar que personas que cometieron delitos comunes con intereses personales se beneficiaran del acuerdo de paz, lo que equivaldría a abrigar impunidad”, anotó Caballero Quintero.

De manera tal, que la libertad condicionada no opera de manera automática ni tampoco simplemente porque haya suscrito el acta de compromiso o aparezcan en la lista. Para otorgarse debe hacerse el análisis integral de las normas expedidas para blindar el acuerdo de paz.

En este caso, Miller Sunce, condenado por un delito común, no podrá gozar de los beneficios jurídicos otorgados a los exguerrilleros de las Farc, por las conductas cometidas con ocasión del conflicto armado.

Primero tendrá que purgar una pena de ocho años, seis meses y seis días de prisión, por haber asesinado, en un acto de intolerancia a un campesino en Rivera (Huila).

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