El Presidente Juan Manuel Santos, durante la firma del Estatuto de Oposición.

 

ANDRÉS MATTA/LN

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Ayer, 25 años después de haber sido enunciada la necesidad de su creación en la Constitución Política de 1991, se realizó la sanción de la Ley sobre el Estatuto de Oposición. Esta herramienta que permitirá trabajar de manera activa y con total derecho a quienes decidan no hacer parte de la línea del Gobierno entrante, fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 25 de abril vía ‘Fast Track’.

El Estatuto que entrará en vigencia a partir del próximo 20 de Julio, día en que tome posesión el nuevo Congreso de Colombia, fue puesto en la mesa de negociación de La Habana como punto básico de participación política.

“Ese Estatuto no es otra cosa que una serie de garantías mínimas para que todos los partidos en antagonismo político e ideológico con el gobierno de turno –y los gobiernos locales– ejerzan con total libertad –y en igualdad de condiciones– sus derechos democráticos, expresó Santos durante la sanción de la norma, la cual se hizo en antesala a la rendición de cuentas del Ministerio del Interior.

 

Equilibrando el poder

Como parte del Estatuto de la Oposición el dirigente político que luchó en contienda electoral con el Presidente electo, en este caso Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Ángela Robledo, ocuparán una curul directa en el Senado y Cámara de Representantes, respectivamente.

Precisamente Gustavo Petro, tras la sanción por parte del Jefe de Estado, publicó en su cuenta oficial de Twitter un comunicado en donde señaló: “Cualquier proceso de garantías a la oposición debe contemplar al menos unos puntos: Primero, que no se asesine a los miembros de la oposición. Esa es la mayor de las garantías y en Colombia es fundamental. Segundo, que la oposición tenga las plenas garantías. Si el pueblo lo quiere, de acceder al poder. La norma puede decir bellezas, pero si se mata, si se impide acceso al poder en lo tácitamente logrado, no habrá garantías a ningún movimiento político que se llame oposición en Colombia”.

Puntos claves

El Estatuto de la Oposición brinda a las organizaciones y partidos políticos los siguientes beneficios para librar su disputa con el gobierno de turno, ya sea en el ámbito nacional, regional y local:

  • Financiación.
  • 30 minutos mensuales en medios de comunicación (públicos y privados).
  • 20 minutos el día de instalación de la sesiones del Congreso.
  • Controvertir alocuciones presidenciales y en los mismos términos.
  • Establecer el orden durante 3 días de las sesiones del Congreso en cada legislatura.
  • Un puesto en la mesa directiva de las plenarias de las Corporaciones Públicas.
  • Derecho de réplica frente a tergiversaciones o ataques públicos proferidos por el Presidente y por cualquier alto funcionario oficial.
  • Tendrán una de las posiciones en la mesa directiva de plenarias del Congreso.
  • Determinar el orden del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, 3 veces en cada legislatura.
  • Transparencia en cuentas del Plan de Desarrollo.
  • Gobierno deberá hacer público los programas y proyectos que pretendan ejecutar.
  • Deberán publicarse las modificaciones o adiciones a su articulado presentadas en el trámite de la construcción de dichos planes plurianuales y los congresistas, diputados y/o concejales autores de las mismas.
  • Quienes hagan parte de movimientos en oposición no podrán ser designados en cargos del gobierno, ni siquiera dentro de los 12 meses siguientes a su renuncia al partido.
  • Se crea la acción de protección de los derechos de oposición, el cual deberá resolverse por la autoridad electoral en unos términos similares a la tutela.

Condenó homicidios de líderes sociales

En la alocución hecha por el Mandatario Nacional, de manera enérgica condenó los últimos hechos de violencia que han cobrado la vida de diferentes líderes sociales en el territorio nacional, mediante la firma de un pacto nacional de rechazo a la violencia, atentados y asesinatos contra los defensores de los derechos humanos.

Juan Manuel Santos indicó que pedirá que el próximo presidente de los colombianos, Iván Duque y la vicepresidenta electa, Marta Lucía Ramírez, firmen este pacto; además indicó que otras personalidades como el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, presidentes de partidos políticos y del Congreso, deberán estampar su firma en dicho tratado.

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