De aprobarse la Ley de Páramos la CAM dejaría de recibir unos 2.500 millones de pesos que son invertidos en la conservación de estas zonas.

Los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de la conservación de los recursos naturales “pusieron el grito en el cielo” por la nueva Ley de Páramos que aprobó el Congreso y que se encuentra lista para la firma del Presidente Santos.

Las corporaciones apoyaban la iniciativa que se viene trabajando desde 2016 y que les daba armas para seguir defiendo los territorios que producen el agua, como los páramos, pero con lo que no contaban era que en el texto les incluían un “mico” que termina lesionando los recursos que el Gobierno Nacional designa para que las corporaciones inviertan en estas regiones.

“Lo primero que hay que destacar es que para nosotros es muy importante que exista una ley de estas características tan importantes que tiende a la conservación de estos ecosistemas, que son los que surten de agua a las poblaciones urbanas. Pero encontramos en el texto final del documento que pasó a sanción del Presidente, que se habla de una transferencia de unos recursos al Fondo Nacional Ambiental, que son recursos que para corporaciones como la CAM ya estaban siendo destinados directamente a la actividad regional”, explicó el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, Carlos Alberto Cuéllar.

Lo que quiere decir que recursos que ya estaban destinados para las regiones ahora van a parar al Fondo Nacional Ambiental, del nivel central y, dejaría sin poder de maniobra a las regiones.

“Aunque en el documento del proyecto de ley todavía no está claramente definido, se indica que parte de los recursos que provienen del sector eléctrico y de la tasa por uso de agua pasarían a una subcuenta nacional destinada al Fondo Nacional Ambiental desde donde se redistribuiría el dinero. Por ello estamos lanzando la alerta y pidiéndole al señor Presidente de la República que revise este proyecto de ley que se encuentra ya para sanción”, señaló Cuellar.

De sancionarse la ley como la aprobó el Congreso, corporaciones como la CAM en el Huila tendrían un recorte del orden de los 2.500 a los 3.000 millones de pesos. Lo que afectaría las inversiones que tiene programadas la corporación justamente en las zonas de protección, como son los páramos.

La CAM en el Huila maneja un presupuesto anual de unos 20 mil millones de pesos aproximadamente, lo que indica que el recorte sería cercano al 10%, lo que terminaría truncando los proyectos de la corporación.

“Lo ideal es que se revise el proyecto, lo corrijan y se apruebe para que nos den instrumentos y además recursos para el cuidado de los páramos. En el cuidado de los páramos el Huila ha sido uno de los departamentos más aplicados del país, porque tenemos los páramos mejor protegidos y conservados, no están muy intervenidos.

“El riesgo de centralizar los recursos para la protección de páramos es que potencialmente puede ocurrir que resulten destinando esos recursos para la protección de páramos en zonas donde no han sido muy disciplinados con el proceso de conservación. Lo que estaríamos avizorando es que le pueden quitar recursos a regiones que han hecho bien el trabajo para pasárselos a regiones donde el trabajo no ha sido tan constante”. Señaló.

LA LEY DE PÁRAMOS

El documento fue votado durante las sesiones extraordinarias del Senado. Da recursos y lineamientos para que comunidades que viven en estos ecosistemas hagan una transición a actividades sostenibles y permitidas.

La iniciativa  vuelve a poner en firme la prohibición de la minería, la extracción de hidrocarburos y la agricultura a gran escala en páramo, así como que se siga avanzando en la definición y delimitación de estos ecosistemas. Aspectos sobre los cuales ya se había pronunciado la Corte Constitucional.

La Ley de Páramos busca también garantizar las fuentes de financiación para lograrlo. Los Pagos por Servicios Ambientales, las líneas especiales de crédito y la asistencia técnica y acompañamiento del sector agrícola fueron algunas de las propuestas presentadas por el Ministerio de Ambiente cuando el documento fue presentado.

Los Páramos en el Huila

De acuerdo con el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, CAM, Carlos Alberto Cuellar, en el Huila hay cerca de 120 mil hectáreas en páramos, áreas que hoy se encuentran blindadas como resultado del ejercicio de conservación que adelanta la corporación.

“Para fortuna de los huilenses todas estas hectáreas están totalmente protegidas producto del ejercicio de conservación que ha venido realizando la Corporación desde hace varios años  y del liderazgo de nuestra junta directiva, la cual se encuentra adoptando este tipo de medidas que nos permiten hoy tener una red de áreas protegidas regionales que superan las 300 mil hectáreas, dentro de las cuales se encuentran incorporadas más del 95% de los territorios en páramos que hay en el Huila”, explicó el director de la CAM.

Estas 120 mil hectáreas de páramos que tiene el departamento hoy se encuentran blindadas para que se adelante cualquier tipo de actividad minera. Esto como resultado de los acuerdos del Consejo Directivo de la CAM que han declarado como áreas de interés natural regional los seis parques del departamento, generando imposibilidad para que se adelante cualquier tipo de actividad que conlleve al deterioro de estas zonas.

Los seis complejos de páramos y su jurisdicción  

  • Sotará con un área de 27265.1 hectáreas, ubicado en el municipio de San Agustín.
  • Los Picachos con un área de 4908.7 hectáreas ubicado en los municipios de Neiva, Tello, Baraya, Algeciras Campoalegre, Rivera y Colombia.
  • Miraflores con un área de 9728.3 hectáreas ubicado en los municipios de Algeciras, Garzón y Gigante.
  • Cruz Verde – Sumapaz con un área de 27816.4 hectáreas ubicado en el municipio de Colombia.
  • Guanacas-Puracé-Coconucos con un área de 30264.9 hectáreas ubicado en los municipios de San Agustín, Saladoblanco, Isnos, La Argentina y La Plata.
  • Nevado del Huila – Moras con un área de 19273.0 hectáreas ubicado en los municipios de Íquira, Palermo, Santa María y Teruel.

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