La nueva empresa registra otra dinámica en la prestación de los servicios públicos.

RICARDO AREIZA

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El Consejo de Estado puso fin a una dura controversia, generada hace diez años, cuando el alcalde de La Argentina (Huila), Dagoberto Gaitán Guerrero, decidió liquidar abruptamente la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios (Empuarg).

La entidad fue disuelta de un solo tajo a finales de octubre de 2008 por su alta ineficiencia en la prestación de los servicios públicos dos años después de su creación.

En su momento, la decisión desató una dura controversia, liderada además por la directora de la entidad, Rubiela Chávez Tamayo, quien se apartó de la medida y lideró un movimiento social para impedir la liquidación.

El mandatario mediante Decreto 077 de 2008 ordenó la liquidación de la entidad y nombró al tesorero Alex Mario Triviño Medina como Gerente Liquidador de la Unidad por el término de dos años con plenas facultades para adelantar el proceso.

El funcionario una vez posesionado tomó las instalaciones y las oficinas de la entidad abruptamente, obligando la intervención de la Personería. Simultáneamente, ordenó al Banco Agrario la actualización de cuentas bancarias, suspendió los movimientos debito de la cuenta corriente de la entidad, cambio los cerrojos e inició en firme el desmonte.

Diez años después, el Consejo de Estado, estimó que el procedimiento estaba ajustado a la normatividad, estimando que la entidad no estaba habilitada como empresa de servicios públicos.

Desacato

La entidad fue creada mediante el Acuerdo No. 008 del 23 de mayo de 2006, expedido por el Concejo de la localidad  por un término de 20 años. La empresa fue constituida como una empresa del Estado, sin ánimo de lucro, descentralizada del orden territorial, cuyo objetivo era la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable, alcantarillado, aseo, gas natural y telefonía.

Sin embargo, no pudo cumplir con su objeto social, como lo constató la Contraloría en una evaluación realizada en esa misma  época.

La directora de la entidad, Rubiela Chávez Tamayo, en abierto desacato al alcalde, quien la nombró, se opuso a la liquidación y demandó los actos administrativos.

En su criterio, el mandatario no contaba con ningún instrumento legal para disolver y liquidar la entidad ni para designar a su agente liquidador.

Recalcó que de conformidad con sus propios órganos internos de administración y basados en sus estatutos, la competencia de nombramiento del liquidador radicaba exclusiva y excluyentemente en la misma entidad para designar liquidador y el remanente que llegase a quedar de su activo patrimonial pasaría a una entidad sin ánimo de lucro.

“Por lo tanto-dijo- el decreto demandado desconoció tal mandato y fue expedido en forma irregular por el alcalde de La Argentina, además usurpó facultades que no le confiere la Constitución Política, la ley, ni los acuerdos municipales, lo que configura la incompetencia y abuso del poder del burgomaestre”.

La demandante – en esencia-  estimó que el Decreto No. 077 del 26 de octubre de 2008 violaba lo dispuesto en los Estatutos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Domiciliarios en lo relacionado a la designación del liquidador, siendo competencia exclusivamente de la Junta directiva de y no del alcalde municipal.

El Procurador 153 Judicial Administrativo de Neiva, respaldó las reclamaciones considerando que el alcalde se extralimitó. “En consecuencia, los actos demandados están viciados de nulidad por falta de competencia del alcalde al momento de expedirlos, por lo que habrá de declararse su nulidad”, estimó la Procuraduría.

La entidad presenta otras cuentas con mayor desempeño.

La otra cara

El mandatario defendió la medida argumentando que con la liquidación  no se vulneraron los derechos de la comunidad, como lo señalaron los demandantes.

“Lo que se pretendió fue la liquidación de una empresa que no cumplía con los requisitos de funcionamiento y prestación de los servicios públicos domiciliarios, además de crear una empresa nueva que garantizara la efectividad en la aplicación de las disposiciones constitucionales y legales al servicio de la comunidad de La Argentina.

“La entidad-dijo- presentaba inconsistencias en su naturaleza jurídica y en la forma de prestar el servicio. Aunque alegaba autonomía, la prestación del servicio en muchos casos dependía de la administración municipal; particularidades que en su momento destacó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”.

Además de esas falencias, se presentaron otras de funcionamiento y administración ya que al momento de iniciarse el proceso de liquidación y, “a pesar de la poca colaboración y apoyo de la directora”, se hallaron irregularidades que fueron poniéndose en conocimiento de las autoridades competentes.

En medio de la polémica que desató la medida, el Concejo derogó el Acuerdo No. 008 de 2008 y facultó al alcalde para que procediera a liquidar la UAE y crear una nueva empresa con el lleno de los requisitos y parámetros legales vigentes (Ley 142 de 1994)

Regulación

Según la Superintendencia de Servicios Públicos, la entidad no era una empresa de servicios públicos, ni un prestador directo de servicios públicos domiciliarios ni se ajusta a los parámetros implementados por dicha ley.

Por esa razón, el organismo de control negó la inscripción de la Unidad en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (Rups). Además, la habilitación que se le dio no correspondía a la figura de prestador directo de servicios públicos.

En estas condiciones, la entidad no se ajustaba a lo previsto en la Ley 142 de 1994, y fue creada como un prestador por fuera de los parámetros de la ley,

Espaldarazo

“La designación del liquidador se hizo acorde a la normativa vigente. El acto administrativo no fue expedido de manera irregular toda vez que los estatutos de la Unidad no contemplaba que la competencia para nombrar al liquidador, recayera en cabeza exclusiva y excluyente de la entidad”, aseguró la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez.

Además, “la entidad no era una entidad comercial sino una empresa sin ánimo de lucro, como lo consagraban sus propios estatutos, por lo que se concluye de la norma, que el mandatario municipal sí tiene la competencia para nombrar al liquidador”, sostuvo Enrique Dussán Cabrera, magistrado del Tribunal Administrativo, quien rechazó la demanda el 14 de febrero de 2011.

En estas condiciones, el organismo colegiado estimó que el alcalde si tenía constitucional y legalmente, la facultad para cumplir con los acuerdos del Concejo y suprimir entidades y dependencias municipales.

La decisión

Según el alto tribunal,  se trataba de la constitución de una nueva entidad de servicios públicos en la modalidad ESP, para garantizar la entrega del agua potable, el manejo del alcantarillado, el aseo, el gas natural y la telefonía y no una Unidad Administrativa Especial, que no es un prestador de servicio como lo exige la ley, en forma independiente y autónoma, sino que se trata de una unidad, similar o parecida a una Secretaría de Despacho o Departamento Administrativo, que forma parte de la organización central del Municipio.

“No encuentra la Sala que el acto acusado se hubiera expedido de manera irregular o sin competencia por parte de quien lo profirió, es decir, que no se advierte la presencia de los vicios señalados que conllevara a la nulidad del Decreto No. 077 de 2008, por lo que deberá confirmarse la decisión de primera instancia que acertadamente negó las pretensiones de la demanda, pues los apelantes no desvirtuaron la legalidad del acto demandado”, explicó la magistrada Rocío Araújo, presidenta de la Sección Quinta al confirmar el fallo de primera instancia.

Empuarg tiene un plan de inversiones para mejorar el servicio.

Las grandes deficiencias

En la misma época, la Contraloría del Huila, cuestionó la gestión ambiental fue deficiente. Obtuvo una calificación del 51.0%. En cuanto el servicio de acueducto urbano, alcanzó una evaluación deficiente al obtener una calificación del 53.0%. El servicio de alcantarillado urbano, éste obtuvo una calificación del 51.4%, siendo evaluado como deficiente.

El servicio de aseo urbano obtuvo la más baja calificación de los tres servicios evaluados: 47.5%, altamente deficiente.

La entidad registraba, según el organismo de control, serias deficiencias.  No tenía el Plan de Cuentas, ni estudio de estratificación socioeconómica, ni sistema de control interno. Además carecía de planos actualizados de las redes y de Plan Maestro de Acueducto, la falta de implementación de manuales preventivos del sistema. Además, carecía de información financiera que permitiera su evaluación.  Tampoco tenía programas de reposición de micro y macro medidores, ni programas de detección de fugas no visibles, control de pérdidas y agua no contabilizada, la falta de plan de contingencia ante eventos naturales.

No tenía reportes de la información al SUI sobre la prestación de los servicios públicos, la inexistencia de estructura medidora de caudal en la derivación de la bocatoma para el acueducto municipal y la nula participación en el diagnóstico y formulación de implementación del Plan de manejo de la cuenca abastecedora de agua para el acueducto municipal. Tampoco tenía establecido el plan de obras e inversiones priorizadas a mediano plazo (5 años).

El índice de agua no contabilizada se encentraba alejado del valor aceptable por la CRA (30%). Para la vigencia 2007 este índice llegó al 49.50% y para la vigencia 2008 no se reportaron datos al respecto; lo que demuestra la ineficiencia de la empresa en la captura y suministro de información relevante para el planificar el sistema. Desde entonces, la nueva empresa, desarrolla otra dinámica.

 

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