El alcalde ayer en las audiencias judiciales preliminares en el palacio de justicia en Neiva.

En el Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, la juez Promiscua Municipal de Tello con funciones de control de garantías llevó a cabo ayer las audiencias judiciales preliminares en contra del alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, por el asesinato del abogado Luis Gerardo Ochoa ocurrido el 6 de abril del 2017.

Luego de legalizar la Juez la captura del alcalde, la Fiscal 28 seccional le imputó cargos como coautor de homicidio agravado a título de determinador, en concurso con el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, los cuales no fueron aceptados por el indiciado.

En la audiencia, Rico Rincón estuvo acompañado de su esposa y el abogado defensor. En la imputación, la Fiscalía narró cómo se obtuvieron las pruebas, declaraciones de testigos y demás material probatorio que comprometen directamente al alcalde Rico Rincón como la persona que ideó el homicidio del abogado.

El Alcalde fue capturado el pasado sábado en la ciudad de Bogotá mediante orden judicial. Hoy se continuará con la audiencia, en la que la Juez determinará si le dicta medida de aseguramiento intramural en centro carcelario, la cual fue solicitada por la Fiscalía.

 

El lote de la Iglesia cristiana

La vinculación del alcalde de Pitalito en la investigación, tiene que ver con la construcción del proyecto habitacional Ciudadela la Voz de Dios en ese municipio, en el cual Rico Rincón tuvo, sostiene la Fiscalía, un marcado interés personal, y que para el abogado Luis Gerardo Ochoa se trataba de una estafa.

La historia se traslada al año 2016, cuando Nelson Argote y Luis Mario Colorado Rodas, pastores de la Iglesia Cristiana Cruzada La Voz de Dios que existe en Pitalito, decidieron vender el lote donde pensaban construir para sus feligreses la ciudadela que se llamaría igualmente La Voz de Dios, para lo cual habían creado la Fundación Centro de Amor y Formación de Emprendimiento Empresarial, CAFEE.

Le vendieron el lote a la constructora Asoginco Apartamentos S.A.S, cuyos dueños eran Mauricio Parra Rodríguez y Cesar Alberto Sierra, y que se encargaría de desarrollar el proyecto de la ciudadela.  Esta estaba constituida en Cámara de Comercio con un capital de 1 millón de pesos.

Uno de los miembros de la junta directiva de la Fundación Cafee, no conforme con la situación, le comentó al abogado Luis Gerardo Ochoa, de quien era amiga personal, porque sospechaba que los estaban estafando. El abogado empezó entonces a recaudar los poderes de las personas de esa Fundación para representarlas ante la Fiscalía para instaurar la respectiva denuncia.

 

El gran proyecto urbanístico

Ya para diciembre del año 2016, se presenta en un evento en Pitalito como una gran obra de urbanismo el proyecto Ciudadela la Voz de Dios, y quien hace la presentación es el alcalde Miguel Rico Rincón. Allí estuvo en compañía de los dueños de Asoginco S.A.S. los representantes legales de la Fundación Cafee, el secretario de Planeación de la época, Edgar Núñez, personalidades de la política y hasta el gobernador del Huila, Julio González Villa. Al inversión sería de más de 600 mil millones pesos.

Mientras tanto Luis Gerardo Ochoa empieza a averiguar quiénes son los dueños de Asoginco. Se entera entonces que Mauricio Parra había sido condenado por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y había acabado de pagar condena. Que además al parecer tenía nexos con el otrora grupo insurgente Farc, y estaba para esos días tramitando con un senador de la República, de apellido Name una condecoración como un gran empresario.

 

El encuentro con el Alcalde

La Fiscalía pudo establecer que el Alcalde Rico Rincón citó a Luis Gerardo Ochoa a la alcaldía municipal, y en presencia de Edgar Núñez, secretario de Planeación, y del asesor jurídico de la alcaldía, el abogado Ochoa les mostró todos los elementos que ha podido recopilar sobre la denuncia, y les dejó una copia de cada uno, las cuales, el alcalde tiró a la caneca de la basura.

Luego, narró la Fiscal, “empiezan entonces a hacer llamadas intimidante al abogado Ochoa”, según dijeron en entrevistas personas cercanas a él.

También recibió mensajes de whatsapp de una persona que se hizo pasar por una presunta víctima de la presunta estafa de la ciudadela, y se concreta la cita con el abogado para el 6 de abril a las 6 de la tarde en su oficina, en el edificio conocido como la Casa Quinta.

 

El asesinato

Según un testigo presencial, minutos antes del homicidio, el abogado salió de su oficina y saludó de mano al joven con quien se había citado y lo hizo ingresar. Aproximadamente 10 minutos después, un cliente del abogado entró y lo encontró muerto en su silla con impactos de arma de fuego, inmediatamente salió y dio aviso.

Gracias a las cámaras de video las autoridades dan captura al sicario Mauricio Murcia alias ‘El Duende’ que fue el que disparó contra la humanidad del abogado Ochoa. El sujeto admitió que fue el autor material del homicidio, y señaló a Stiwar Sterling Santa Cruz alias ‘La Muerte’ como la persona que lo contrató.

Señaló también a Mauricio Ortiz Parra y Cesar Alberto Sierra Avellaneda como las personas que pagó 50 millones de pesos para la comisión del delito del abogado Ochoa. La Fiscalía solicitó entonces las órdenes de captura correspondientes, los capturó y formuló cargos por homicidio agravado y porte de armas de fuego.

 

Testigo protegido

La Fiscalía mencionó ayer en la audiencia que Cesar Alberto Sierra Avellaneda decidió rendir indagatoria, en la que señaló que la constructora Asoginco llegó a Pitalito porque para el año 2015 Mauricio Parra y él conocieron a Miguel Antonio Rico Rincón y éste los invitó a que fueran a su municipio e invirtieran allí. Indica que cuando ellos llegaron el alcalde les mostró especial atención por el proyecto La Voz de Dios. Así empezó a tener un trato de amistad con Mauricio Parra y que él en varias ocasiones le entregó altas sumas de dinero al alcalde.

Sierra menciona que el Alcalde Rico les dijo que se reunieran con varios concejales de Pitalito, porque consideraba que ellos se merecían un apartamento de la ciudadela porque les habían colaborado mucho.

Dijo que cuando el abogado Ochoa empezó a indagar sobre la denuncia, se le escuchaba a Rico Rincón decir que “por qué mejor no se moría y por qué no le daban dinero para que se quedara quieto”. Cesar Sierra dice que no accedió porque admite que las razones de Ochoa eran legítimas.

Mencionó Sierra en el interrogatorio a la Fiscalía, que en la contabilidad del proyecto de la ciudadela había 17 cupos con un código especial que corresponden a Miguel Rico y su esposa, hijos y familiares cercanos. “Que cuando se estaba proyectando la última etapa de la ciudadela La Voz de Dios, es decir el espacio comercial, pensó que él se los podía vender a una cadena reconocida de supermercados, pero que su socio Mauricio Parra le dijo que el área comercial no se podía tocar porque era de Miguel Rico Rincón”, narró la Fiscal.

Señala además Sierra Avellaneda, que el alcalde se empezó a tomar atribuciones que no eran del resorte de él, como quienes debían o no estar en los apartamentos, y a tener más aversión hacia el abogado, y que una vez le dijo, “oye, por qué no se morirá ese hij.., no tendrá nada que hacer?”.

Cesar Sierra, actualmente está en el bunker de la Fiscalía como testigo protegido, porque ha recibido amenazas de muerte.

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