Un nuevo escándalo por presuntos casos de corrupción sacude al Ejército nacional por la existencia de un ‘carrusel de la contratación’ que le costó la salida a varios oficiales. El coronel Robinson González del Río, fue llamado a calificar servicios y trasladado a la cárcel La Picota. El oficial se encontraba detenido hasta ahora, vinculado a un caso de 'falsos postivos', en el Centro de Reclusión Militar (CRM) de la PM 13. El general Javier Rey, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el tercer cargo en relevancia de esa institución, pidió la baja.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, admitió posibles "deficiencias administrativas" en contratos de la Aviación del Ejército, luego que la revista Semana revelara supuestos casos de corrupción militar, a la vez que pidió más averiguaciones y "serenidad" para investigar.
"Se revisaron 105 contratos (en la jefatura de Aviación del Ejército), encontrándose diez hallazgos con una posible connotación disciplinaria por deficiencias administrativas", dijo Pinzón en rueda de prensa, tras explicar que esto hace parte de resultados preliminares obtenidos por una comisión creada en el ministerio de Defensa para investigar las denuncias.
El ministro dijo también que "tomando en cuenta la gravedad de los hechos", solicitó investigaciones independientes de la Contraloría, la Procuraduría General y la Fiscalía colombianas.
Según la versión periodística, parte de los fondos obtenidos irregularmente habrían sido destinados a "pagos a los subalternos presos con el fin de mantener su silencio" en investigaciones penales por cientos de asesinatos de civiles que posteriormente eran presentados como guerrilleros caídos en combate, conocidos en Colombia como "falsos positivos".
El vicefiscal general Jorge Perdomo indicó este mismo lunes que "lo que se ha conocido en los últimos meses por parte de los medios de comunicación es una información que surgió de un proceso que llevaba un fiscal de derechos humanos que investigaba lo que se conoció como falsos positivos".
En el marco de esa investigación, la Fiscalía realizó durante seis meses interceptación de comunicaciones a altos oficiales, añadió Perdomo, sin precisar sus identidades.
Documentos de audio obtenidos por la revista Semana incluyen conversaciones en las que el general Leonardo Barrero, comandante de las fuerzas militares, habría recomendado a los militares investigados "armarse como una mafia" para denunciar a los fiscales.
"Es un tema muy preocupante porque el Ejército es una institución vital para el país. Hay un riesgo para la democracia. Ponerse plata en el bolsillo ya es serio, pero esconder crímenes de lesa humanidad es aún más grave", comentó Jairo Libreros, experto en temas de seguridad y profesor en la Universidad El Externado de Bogotá.