Con 15 personas muertas y más de 110 heridas en los atentados de la semana pasada, las Farc le dijeron brutalmente al país: ‘aquí estamos y las liberaciones serán cuando queramos’.

Informe Especial
Semana
Las bombas de Tumaco y Villa Rica y la serie de atentados con explosivos y cilindros que vienen sacudiendo al Catatumbo mostraron de golpe la potencia letal que conserva el conflicto armado en algunas regiones del país, y un viraje notorio de las Farc hacia acciones de tipo terrorista que, cada día, cobran más víctimas civiles. El gobierno, por su parte, queda ante el crítico desafío de demostrar que su estrategia de seguridad sí funciona.
Los detalles de lo sucedido en Tumaco son escalofriantes. Un video, tomado de las cámaras del Palacio de Justicia local, muestra a dos muchachos dejando un triciclo cargado de frutas frente a la estación de Policía, poco después de que terminara allí una reunión del alto mando policial. Un minuto después, a la 1:50 de la tarde del miércoles 1 de febrero, la estación y las casas que la rodean están destruidas y en la calle, sembrada de escombros, yacen los cadáveres de seis civiles y tres policías y se oyen los gritos de más de 70 heridos. El triciclo tenía 40 kilos de explosivos que, según las autoridades, salieron en una camioneta de Viento Libre, uno de los barrios más peligrosos de Colombia, bajo control de las Águilas Negras, y pasaron sin ser detectados por un retén militar. El gobierno atribuyó el atentado a las Farc, e investiga si lo hicieron en alianza con este grupo, heredero de los paramilitares en Nariño.
Al día siguiente, en Villa Rica, norte del Cauca, la detonación de tres cilindros frente a la estación de Policía, mató a cuatro civiles y dos policías e hirió a 42 personas. Toda esa semana y en las anteriores los pueblos del Catatumbo sufrieron una escalada de atentados similares, el más grave de los cuales tuvo lugar en Petrólea, cerca a Tibú, donde una bomba contra la estación de Policía voló casi una cuadra y causó la muerte de dos mujeres y un niño y heridas graves a dos personas.

Estas acciones, atribuidas a las Farc o reivindicadas por ellas, son, a todas luces, coordinadas. Intentan mostrar unidad de mando y planeación y que sus efectivos encajaron el golpe de la muerte de Alfonso Cano y están siguiendo disciplinadamente la orden de Timochenko de hacer de 2012 un “año de combate” -una palabra que, por lo visto, cada vez significa menos enfrentamiento con la fuerza pública y más el recurso a acciones en las que crecen las víctimas civiles, a las que las Farc consideran meros ‘daños colaterales’ en su guerra contra el Estado-. Si bien las Farc han recurrido con frecuencia a modalidades de guerra en las que los civiles llevan la peor parte y la dinamita ha sido una de sus herramientas, los actos de la semana pasada y la oleada de explosiones en el Catatumbo tienen todos el denominador común de ser acciones de terror, no actos militares, y sugieren que esa guerrilla está intentando mostrar que sigue viva mediante ataques que no hacen la más mínima distinción entre civiles y uniformados.
El gobierno ha dicho que el terrorismo es una muestra de debilidad. Esto puede ser cierto, en la medida en que la guerrilla no logre emprender operaciones militares de envergadura. Pero atentados como estos, además de ser devastadores en términos de vidas humanas, generan un profundo impacto entre la gente. Las autoridades militares dicen haber impedido, solo en el mes pasado, 2.000 acciones de las Farc, desde bombas hasta accidentes de minas, y anunciaron la desactivación de tres carros bomba en el Valle. Pero el solo hecho de que estos atentados puedan llevarse a cabo, uno tras otro, evidencia serios agujeros en la estrategia de seguridad oficial, incapaz de impedirlos.

En perspectivas
Ciertamente, hay que poner estos  actos en perspectiva. Como dijo a SEMANA Camilo Echandía, profesor de la Universidad Externado y experto en el conflicto, se trata de acciones en unas pocas zonas a las que las Farc se han replegado, “que revisten el mínimo de esfuerzo militar pero que generan la sensación de que están recuperándose”. No por casualidad esta escalada comenzó en el Catatumbo, donde se dice que estaría Timochenko, el nuevo jefe del Secretariado, a fines de diciembre, simultáneamente con los anuncios de los nombres de los uniformados que serían liberados. Para evitar que ese gesto luzca como una muestra de debilidad, con esta oleada de atentados las Farc dicen, a su bárbara manera, “aquí estamos”. Tampoco es casual que, con la escalada de las explosiones y las víctimas civiles y la resistencia del gobierno a entrar en un largo tire y afloje para concretarlas, las Farc hayan terminado por anunciar que esas liberaciones quedan pospuestas hasta nueva orden. Otra muestra de su vieja estrategia de dialogar disparando (ellas alegan que el Estado hace lo mismo).
Pero hay otra cara de la moneda. Como lo muestra un reciente informe del Centro Seguridad y Democracia, de Alfredo Rangel, el mes de enero arrojó un número de acciones de la guerrilla que no se presentaba desde enero de 2004 y son casi el triple de las de igual periodo de 2007 o 2008. No solo tuvieron lugar en Nariño, Cauca y el Catatumbo sino en otros seis departamentos. Y no todas son acciones de terror. Una que debería encender alarmas fue el ataque, coordinado por tres frentes, que destruyó el radar de Santana, en El Tambo, Cauca, el pasado 20 de enero, seguido de un combate de varias horas contra el Ejército. “Este modo de operar -dice el informe de Rangel-, que logra concentrar y dispersar ordenadamente una fuerza significativa sin ser detectada ni neutralizada por la Fuerzas Militares, no se le veía a la guerrilla desde hacía ya varios años”.

Farc, ¿barbarie o debilidad?
Si atentados como estos continúan presentándose, acusar a las Farc de barbarie o debilidad no servirá de gran cosa, y van a crecer voces como las del gobernador del Cauca, que pidió a la fuerza pública replantear la estrategia, o la del expresidente Uribe, quien se preguntó en un trino “¿para dónde regresamos?”, en abierta referencia a la situación anterior a su gobierno.
El envío de 2.500 militares y 300 policías a Tumaco, anunciado por el presidente, puede controlar transitoriamente la situación, pero no atiende a los problemas de fondo. Las zonas donde las Farc protagonizan esta escalada llevan décadas de abandono del Estado y están gobernadas por el tráfico de drogas y por las formas de violencia -a menudo de tipo terrorista- que le han sido inherentes en Colombia. Ellas han contribuido a la degradación del conflicto y contaminado a todos los grupos armados, que dependen de su ingente capacidad financiera para continuar su guerra, cada vez más difícil de diferenciar del negocio de la coca. Tumaco es una de esas tormentas perfectas. Con niveles de miseria haitianos, es un hervidero de grupos armados, con alianzas cambiantes que poco atienden a otra ideología que no sea la del negocio. En semejante marco, no será nada fácil para el gobierno enfrentar con éxito el viraje de las Farc hacia la guerra de las bombas.

El gobierno está decidido a ‘meterle pueblo’ a la Ley de Víctimas, al promover manifestaciones campesinas como la de Barranquilla. ¿Qué lleva a Juan Manuel Santos a hacerlo?

Informe Especial
SEMANA
La escena en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el pasado viernes 27 hablaba por sí sola. El Presidente de la República echándose un discurso de plaza pública en una concentración de algunos miles de campesinos, convocada con apoyo del gobierno para respaldar el proceso de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, es algo con pocos precedentes. Los gobernantes hacen grandes concentraciones, en ocasiones electorales y para algunos objetivos puntuales. Pero, salvo contadas excepciones, han sido en general alérgicos a ‘meterle pueblo’ a temas distintos a la paz o el secuestro. ¿Cuáles son entonces las razones que llevan a Juan Manuel Santos a fomentar la movilización de miles de campesinos y afectados por la guerra en respaldo a la Ley de Víctimas?
La concentración no fue la que los organizadores esperaban. No se llenaron las graderías inferiores del estadio barranquillero y la tribuna alta estaba vacía. Tampoco se trató de una marcha sino de un “encuentro”, como lo llaman en Presidencia. Asistieron, a lo sumo, unas 10.000 personas. Pero es apenas lo que se anuncia como el comienzo de un proceso en el que están planeadas nuevas manifestaciones, como la del próximo 11 de febrero en Necoclí, Antioquia (el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, quien la tiene a su cargo, promete 40.000 asistentes), y que seguirá a lo largo de este año en Bogotá y en numeras zonas del país. Ahí se pondrá a prueba, también, la capacidad de convocatoria del gobierno y las organizaciones que apoyan la restitución de tierras y la reparación a las víctimas.
Más allá de la asistencia a esta y a nuevas manifestaciones, quedan sobre la mesa preguntas de fondo. ¿De qué se trata este proceso? ¿De inyectarle pueblo a la restitución de tierras para blindarla frente a sus múltiples enemigos en la izquierda y la derecha extremas? ¿Es una bandera que cae como anillo al dedo para que la agenda presidencial continúe capturando la atención dominante en los medios? ¿O, incluso, un recurso de largo aliento, tan popular como populista, que podría enarbolarse hasta para la reelección?
La idea, según varios de los involucrados consultados por SEMANA, surgió desde las organizaciones de la sociedad civil. Preocupadas por los asesinatos de líderes sociales y reclamantes de tierras despojadas, buscaron a uno de los promotores de la ley, Juan Fernando Cristo, y se organizó una reunión en Palacio el domingo 4 de diciembre con el presidente, varios ministros y la plana mayor de las Fuerzas Armadas en donde una decena de líderes de organizaciones hablaron de las amenazas y los riesgos a los que están expuestos y que son la espada de Damocles sobre la aplicación de la Ley de Víctimas. Allí se afinó la idea de “meterle base social” al proceso, como dice Vargas Lleras. En el alto gobierno creen que, si bien la ley y sus mecanismos están listos, eso no es suficiente. Hay cierta preocupación por el bajo registro de víctimas y se tiene la convicción de que estas manifestaciones masivas pueden ayudar a motivarlas. “Sin este apoyo, la implementación (de la ley) se complica; el acompañamiento es fundamental. La ley tiene muchos enemigos”, dice Cristo.

Dos fuerzas en marcha
Por una parte, es claro que un proceso de restitución como el que ya ha devuelto a sus dueños 800.000 hectáreas, y que este año devolverá otras 130.000, tiene, como lo dijo el presidente en su discurso, “enemigos de la extrema izquierda y (…) de la extrema derecha”. A la guerrilla le disputa una bandera histórica, y a los sectores ligados al paramilitarismo y al despojo los afecta directamente. No faltarán, desde la derecha, quienes digan que estas campañas gubernamentales van a terminar fomentando la invasión de tierras. Acompañar el proceso con la movilización de miles de personas puede contribuir a blindarlo, a darle legitimidad y a proteger a quienes reciban esas tierras, cuya seguridad es uno de los grandes interrogantes que trae consigo la aplicación de la Ley de Víctimas.
Por otra parte, un primer efecto colateral de esta campaña del gobierno es que va, con toda probabilidad, a enfurecer al uribismo más puro y duro y a profundizar el abismo abierto entre el actual mandatario y su antecesor. No es un secreto que Álvaro Uribe y sus partidarios se opusieron a la ley. Verla ahora respaldada con movilizaciones va a generar en algunos sectores señalamientos de demagogia y populismo contra el gobierno de Santos, y de los riesgos de polarización que pueden generar este tipo de manifestaciones en zonas muy afectadas por el conflicto armado.

‘Revolución agraria’
No deja de ser cierto que, quiéralo o no el gobierno, esta campaña tiene su tinte populista. Sobre todo si, como temen algunos, el despliegue de concentraciones, marchas y discursos no se ve acompañado de medidas prácticas que garanticen la implementación de la Ley de Víctimas en el terreno. “Esto no puede quedarse solo en movilizaciones sino en hechos efectivos de reparación y restitución”, dice Ana Teresa Bernal, coordinadora de la Alta Consejería para las Víctimas en Bogotá, quien estuvo entre los promotores de la reunión de diciembre con el Presidente para lanzar las manifestaciones de apoyo a la ley. Los desafíos de seguridad, institucionalidad y justicia que deben superarse para hacer realidad la “revolución agraria” de la que habló Santos en Barranquilla son colosales y este gobierno no se evaluará por cuánta gente movilice a favor de la misma sino por si logra hacer realidad la devolución de cientos de miles de hectáreas expoliadas, sin que, a la vuelta de unos meses, sus beneficiarios las vuelvan a perder. Eso sin contar con que se garantice la viabilidad económica de los proyectos de sus nuevos propietarios.
También es cierto que este gobierno ha mostrado una particular habilidad para que su agenda sea dominante en los medios y sus anuncios acaparen las primeras planas. Este plan de manifestaciones por todo el país, donde víctimas y campesinos se mezclan con el presidente y sus ministros, cumple a la perfección esa misión. Seguir los avatares de miles de fincas devueltas a sus dueños es mucho más difícil para la prensa que cubrir los mítines y los discursos presidenciales, como lo sabe cualquier experto oficial en las sutiles artes de la comunicación política.
Están, por otro lado, organizaciones de víctimas que consideran insuficientes algunos aspectos de la ley tal cual se aprobó en el Congreso y que, además de demandas que buscan que la Corte Constitucional module sus alcances introduciendo mayores garantías, preparan movilizaciones para airear sus críticas y pedir cambios. Las que apoya el gobierno tienen también, de hecho, el ingrediente de salirles al paso a estos críticos. Será interesante ver, a lo largo del año, este pulso en calles y plazas en torno a los alcances de la Ley de Víctimas.

Etapa crucial
Todas estas no son sino manifestaciones de lo crucial que será 2012 para la implementación de esta histórica pieza legislativa (aún está por verse qué dirá la Corte Constitucional que, como lo hizo con la Ley de Justicia y Paz, puede introducir no pocos cambios en sus sentencias a las 19 demandas que ya ha recibido). La aprobación de leyes como esta y sus anuncios de gran impacto mediático han contribuido a que el gobierno Santos mantenga altos índices de popularidad en su primer año y medio. Ahora ha llegado la etapa crucial, la de la ejecución. ‘Meterle pueblo’ a la Ley de Víctimas va a contribuir a sacarla adelante y a blindarla contra sus muchos enemigos. Pero, como dijo a SEMANA Héctor Gutiérrez, un campesino de Juan de Acosta, Atlántico, uno de los muchos asistentes a la concentración en el estadio Metropolitano de Barranquilla que lo han perdido todo, lo que él espera es “tierra”. Y no son solo manifestaciones y discursos las que se la pueden entregar. Este es el gran desafío del presidente Santos.

Beatriz Londoño, una de las personas más calificadas del sector de la salud, tiene el inmenso desafío de enderezar un sistema que hace agua por los cuatro costados.

Informe Especial
SEMANA
Al complejo sistema de salud del país le acaba de pasar lo mismo que a muchos pacientes, que pasan de médico en médico probando todo tipo de drogas y tratamientos sin sentir mejoría, hasta que finalmente encuentran el especialista que les da una esperanza de cura. Eso es lo que puede pasar con la designación de Beatriz Londoño Soto al frente del Ministerio de Salud.
A pesar de que en los dos últimos años se han hecho importantes ajustes y modificaciones al sistema de salud, este sigue en crisis y tiene al borde de la quiebra a la mayoría de las EPS y los hospitales públicos, e insatisfechos a los usuarios. La llegada de Londoño, considerada como una de las mejores técnicas y conocedoras del modelo creado por la Ley 100 de 1993, ha empezado a generar la idea de que por fin el enfermo encontró, como lo advirtió José Félix Patiño, decano de los médicos del país, a la persona que puede salvarlo.
Esta anestesióloga fue escogida en 1994 por el entonces ministro de Salud, Juan Luis Londoño, para hacer parte del equipo técnico que iba a implementar la recién aprobada Ley 100, concebida por él mismo. Ella había terminado su maestría en Salud en la Universidad de Harvard. Al año siguiente, Antanas Mockus la nombró secretaria de Salud para que pusiera a andar el modelo en la capital. Pronto, Beatriz Londoño comprendió lo difícil que era cambiar un esquema en el que el gobierno giraba la plata a los hospitales para que atendieran a los enfermos hasta donde les alcanzara, por uno nuevo, lleno de tecnicismos, entidades y normas, que buscaba que todos los colombianos tuvieran una especie de seguro de salud.
Según recuerdan algunos de sus colaboradores, logró afiliar a unas 850.000 personas al sistema, tecnificó la Secretaría, comenzó el mejoramiento de los hospitales, creó el Centro Regulador de Urgencias y el Laboratorio de Salud Pública, entre otras. En pocos años, Bogotá superó a Antioquia como referente de salud, y dio una dura batalla nacional por depurar las listas de afiliados al sistema, que ya empezaban a desangrar al erario. Enrique Peñalosa la ratificó en 1998, pero Londoño salió al año para afrontar una investigación por haber puesto recursos de la Secretaría en el Banco Andino, de la que finalmente salió exonerada.
Firme a la hora de tomar decisiones, Londoño fue consultora de Unicef, del Mount Sinai Medical Center y de algunos centros de pensamiento, sin perderle el pulso a lo que pasaba en la salud. Fue asesora en seguridad social de Juan Manuel Santos en el Ministerio de Hacienda en 2000 y directora del ICBF durante el primer gobierno de Uribe, donde comenzó una reorganización de la entidad y construyó la política de primera infancia. Después, trabajó para la Asociación Estadounidense del Corazón, desde donde desempeñaría un papel importante en promover la Ley Antitabaco aprobada en 2006.
Fue una de las primeras asesoras en llegar a la campaña de Santos. Fue nombrada viceministra de Salud, y colaboró en la depuración y ajustes que lideró el saliente ministro, Mauricio Santa María, a la salud. Este lunes, cuando Londoño asuma el cargo, se jugará su prestigio para tratar de enderezar un sistema que, paradójicamente, ayudó a concebir e implementar, pero que, casi dos décadas después, hace agua por los cuatro costados.
Para que la atención oportuna y digna -y no la plata- sea el motor que mueva a hospitales, EPS, funcionarios y demás actores del sistema, la ministra tendrá que resolver de una vez por todas las deudas que hay entre todos los involucrados, que pueden superar los 2 billones de pesos, y crear un sistema único de información, que hoy no existe y que permite que una EPS o un hospital cobre servicios, procedimientos o medicamentos por el precio que quiera. Hoy, el Estado no sabe cuánto se gasta al año en aspirinas o cuántas mujeres embarazadas están siendo atendidas. Y lo más importante, se deberá buscar que haya reglas, cuentas y metas claras en un sistema en el que se perdió hasta la confianza.
Hace 19 años, recién aprobada la Ley 100, el entonces ministro, Juan Luis Londoño, dijo que si en el país no se robaran ni se quedaran con la mitad de la plata de la salud, Colombia tendría el mejor sistema de América Latina. Ahora, su discípula y amiga Beatriz Londoño enfrenta el desafío de hacer esto realidad y demostrar, de nuevo en el terreno, cuál fue el modelo que se quedó en el papel.

La elección del vicepresidente en la OIT no es imposible, pero no será fácil. ¿Podría mantenerse como vicepresidente en caso de ganarla?

Informe Especial
SEMANA
La candidatura del vicepresidente Angelino Garzón a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) volvió a generar debate. Garzón inició su campaña la semana pasada con una visita a Turquía e Italia. En Turquía se reunió con sindicalistas, empresarios y el presidente de ese país,  Abdullah Gul. Habló de la posibilidad de estrechar los lazos comerciales y del buen momento económico que atraviesa esa nación. Ante una agencia de prensa local mencionó la posibilidad de acercar a las dos naciones en un encuentro amistoso de fútbol.
Después, en Roma, aprovechó para resaltar las oportunidades comerciales que tiene una eventual sociedad entre Colombia y la Unión Europea y defendió sus cualidades para ocupar el vacío que deja el chileno Juan Somavía en la dirección de la OIT. Se reunió, en Turín, con el alcalde de esa ciudad, Piero Fassino, y con representantes de las centrales obreras italianas.
Desde el momento de su postulación, en octubre pasado, la candidatura del vicepresidente, quien ha tenido salidas públicas que han incomodado al gobierno, fue interpretada como una jugada del presidente Juan Manuel Santos para sacarlo del juego político nacional. Sin embargo, más allá de las consideraciones internas, es la apuesta más ambiciosa de la política exterior de Santos, por la importancia del cargo. La eventual elección de Garzón lo convertiría en el colombiano que ha llegado al punto más alto de la diplomacia mundial.
Pero la apuesta no es fácil. No es claro, desde el punto de vista jurídico, si Garzón podría conservar su título de vicepresidente de Colombia en caso de ser elegido director general de la OIT. El presidente Santos piensa que no: “Yo creo que los cargos son incompatibles”, dijo en una entrevista en diciembre en RCN Radio. Pero otra cosa piensa el propio Garzón. En una conversación con El Nuevo Siglo afirmó la semana pasada que los postulados al cargo de director de la OIT no tienen por qué renunciar al cargo que ostentan, así trabajen en el sector público o en el sector privado.
La Constitución dice que la función del vice es reemplazar al presidente en caso de faltas temporales o absolutas, y agrega que el jefe del Estado puede asignarle otras funciones. Esto incluye la posibilidad de nombrarlo en otros cargos: Ernesto Samper nombró a Humberto de la Calle como embajador en España, y Gustavo Bell fue ministro de Defensa en el de Pastrana. Con base en esa experiencia, el constitucionalista José Gregorio Hernández cree que Garzón puede ser vicepresidente y director de la OIT.
No obstante, aun si las normas internas no son claras y se prestan para interpretaciones, la doble posición no tiene presentación ante la comunidad internacional. La constitución de la OIT establece que su director no puede solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno. Sería contradictorio ser parte de un gobierno particular y a la vez representar intereses supranacionales.

Renunciar a la Vicepresidencia
La pregunta, entonces, es si Angelino Garzón estaría dispuesto a renunciar a la Vicepresidencia en caso de lograr su elección en la OIT. Y en ese sentido hay que evaluar en toda su dimensión la importancia del cargo para el que está postulado. La OIT maneja un presupuesto bianual de más de 700 millones de dólares, y ejerce una enorme influencia en el concierto empresarial y laboral del mundo, pues tiene el encargo de promover los derechos de los trabajadores y ejercer el control sobre su aplicación. El organismo cuenta con 183 países afiliados (diez miembros menos que la ONU), con representación de trabajadores, empresarios y gobiernos, lo cual le da un carácter singular. El momento es crucial, porque debido a la crisis económica y al auge de los tratados comerciales, las condiciones de los trabajadores cobran un espacio importante en la agenda política del mundo. Para un exsindicalista como Garzón, la dirección de la OIT puede resultar más atractiva que la Vicepresidencia de Colombia.
Pero el otro interrogante es si la elección es viable. A Garzón lo favorece haber sido sindicalista, embajador ante la ONU en Ginebra y ministro de Trabajo. Desde el punto de vista político, tiene el respaldo de los países latinoamericanos. Su competidor más fuerte en la región, Celso Amorim, uno de los pesos pesados de la diplomacia brasileña, retiró su candidatura y Brasil decidió respaldar la postulación colombiana.
Ese apoyo no es menor. Brasil hace parte de las diez naciones industrializadas que tienen asiento permanente en el Consejo de Administración de la OIT. Este consejo, que es el que elige al director, consta de 56 delegados. La mitad de ellos son representantes de los países, la otra mitad está compuesta por representantes de los empleadores y de los trabajadores (14 y 14). Muchas de las decisiones se toman por consenso y cada delegación vota unánimemente.
A pesar de estas fortalezas, la elección del vicepresidente Garzón en la OIT no está, para nada, asegurada. La hoja de vida no garantiza apoyos, como lo acaba de demostrar el hecho de que el exmagistrado Eduardo Cifuentes haya sido derrotado en su aspiración a formar parte de la Corte Penal Internacional por candidatos de menor trayectoria de Trinidad Tobago y Honduras: recibió 12 de los 108 votos posibles.
El mecanismo de elección en la OIT es además sui géneris y entraña un obstáculo difícil de sortear: el candidato no solo tiene que ser respaldado por los gobiernos, sino también por los delegados de los empresarios y de los trabajadores. Garzón compite con aspirantes fuertes como el francés Gilles de Robien, diplomático de carrera y exministro de Transporte de ese país, y el holandés Ad Melkert, exministro de Asuntos Sociales y Empleo de los Países Bajos, más los postulados de Malasia, Níger y Senegal. Hasta el próximo 9 de marzo hay plazo para nuevas inscripciones, que podrían sorprender.
El peso de la tradición también juega en contra del vice. El cargo ha estado ocupado en los últimos 13 años por el chileno Juan Somavia, quien fue reelegido dos veces y se retirará el próximo 30 de septiembre. Antes de él hubo ocho directores, seis de ellos oriundos de los países que tienen asiento permanente con repeticiones de Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Es poco probable que un latinoamericano repita.
Finalmente, las opiniones de los sindicalistas en Colombia también conspiran en contra de Garzón. Un sector liderado por el senador del Polo Democrático, Alexánder López, emprendió una campaña en contra de su candidatura. Consideran que su elección sería un premio para un país cuestionado por el incumplimiento de sus obligaciones con los trabajadores. Aunque la cruzada en realidad es contra el gobierno Santos, puede calar en las agremiaciones sindicales. Al mismo tiempo, Julio Roberto Gómez –presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) y delegado ante la OIT– aduce que la llegada de Garzón a la dirección del organismo debe verse como una oportunidad para que el país se comprometa a rajatabla con los derechos laborales.
La tarea no es fácil. La Cancillería y Garzón tienen hasta el 28 de mayo para conquistar los votos que hacen falta. Colombia está en una especie de cuarto de hora de su diplomacia. Pero le ha apostado recientemente a varias elecciones –al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte Penal Internacional– en las que ha invertido capital electoral que podría hacer falta en la difícil batalla que se avecina en la OIT.

La candidatura del vicepresidente Angelino Garzón a la dirección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) volvió a generar debate.

Al terminar la semana pasada, el país aún seguía estupefacto por el paro armado ordenado por el grupo de ‘los Urabeños’ en varias regiones del país. Sin disparar un arma, los delincuentes lograron desafiar al Estado.

Informe Especial

Semana

Cerca del inicio del puente festivo de Reyes, cuando la mayoría de los colombianos seguía descansando y muy pocos estaban pensando en noticias, un paro armado rompió con la tranquilidad de la época y les recordó a los ciudadanos que la dura realidad del orden público en Colombia no está de vacaciones. El miércoles por la noche, emisarios de los Urabeños, uno de los grupos sucesores de los paramilitares, empezaron a distribuir panfletos en los que ordenaban a los comerciantes y transportadores de varios departamentos detener sus labores hasta la media noche del jueves. Pero solamente al amanecer de ese día, y cuando los habitantes de los departamentos de Córdoba, Magdalena y Antioquia empezaron a comunicarse con las emisoras y a hacer llamados por las redes sociales, fue que el país empezó a entender la dimensión del problema.

Según los panfletos, el paro fue ordenado como retaliación por la muerte, en un operativo de la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía, de Juan de Dios Úsuga, alias ‘Giovanni’, el jefe militar, de finanzas y del tráfico de drogas del grupo pos-paramilitar los Urabeños. Un hombre poderoso y temerario que logró tener el poder de la banda gracias a la captura de alias ‘Don Mario’ en 2009 y fortaleció su presencia en el Urabá antioqueño, un área estratégica para el tráfico de cocaína. Tan crucial es la región que esa organización criminal es la responsable del envío al exterior de la quinta parte de la cocaína que produce el país, según las autoridades.
El director antinarcóticos de la Policía Nacional, general Luis Alberto Pérez, quien dirigió el operativo contra Úsuga, intuyó esa mañana del día jueves cuando empezó el paro que los integrantes de la banda se iban a hacer sentir de varias maneras, entre otras, con un incremento de la extorsión y con una puja por el poder que dejó el jefe desaparecido. “Vienen problemas enormes al interior de la estructura”, dijo en diálogo con SEMANA el alto oficial, porque, según él, ‘Giovanni’ tenía el mando de la organización y eso no le da garantías de sucesión a su hermano Dayro Antonio, alias ‘Otoniel’, uno de los más firmes opcionados para quedarse con el control de los Urabeños. Otros que aspiran a ser el máximo cabecilla de la banda son alias ‘Mi sangre’ y alias ‘Gavilán’. Sin embargo, lejos estaba de imaginarse el general Pérez, que la retaliación iba a paralizar 16 municipios cordobeses, que los 600 vehículos de transporte público que salen de Montería hacia esos lugares no se moverían, que las grandes pasteurizadoras en ese departamento dejarían de recolectar más de 50.000 litros de leche durante las 24 horas que duró el paro, que gran parte del comercio de Santa Marta se iba a paralizar y que todo el transporte de Antioquia hacia Urabá iba a quedar suspendido.
La respuesta del gobierno se tradujo en declaraciones de mandos de la Policía Nacional, del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y del propio presidente, Juan Manuel Santos, quien en su cuenta de Twitter aseguró que “los intentos de las bandas por frenar la acción de las autoridades no detendrán la lucha sin cuartel contra estos grupos”. Al mismo tiempo, el presidente ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para identificar a quienes promovieron el paro, ordenó el traslado de 500 policías a los departamentos afectados que llegaron la misma mañana del jueves y realizó un consejo extraordinario de seguridad en Santa Marta el día viernes.

El miedo, arma efectiva
Hay claros ejemplos de que la Fuerza Pública ha cumplido con la tarea de capturar y dar de baja a los cabecillas de las estructuras de las llamadas ‘bandas criminales’, dispersas por todo el país. Además del golpe contra el jefe de los Urabeños, hay otros importantes contra esos grupos como la muerte de alias ‘Cuchillo’, la captura de alias ‘Valenciano’ y ‘Don Mario’, y de decenas de mandos bajos y medios de esos grupos, sin contar los fuertes operativos que han limitado los corredores del narcotráfico. Esas operaciones de la Fuerza Pública desestabilizan el orden dentro de cada estructura criminal hasta que estas logran un rápido reacomodo para ejercer el control territorial en sus zonas de influencia y manejar el negocio del narcotráfico. Pero, entonces, ¿el país retrocede o avanza con la estrategia de capturas y bajas?
El paro armado ordenado por los Urabeños es un claro desafío contra el Estado que no se resuelve con las 30 capturas ocurridas entre jueves y viernes en medio de la zozobra de los colombianos, ni con recompensas millonarias. El expresidente Uribe, que ha sido un crítico permanente del manejo de la política de seguridad del actual gobierno, en uno de sus trinos llegó al extremo de decir que “se necesitan operaciones contundentes contra bandas criminales, por ejemplo bombardeos, sin la excusa de que no son parte del conflicto”.
Cuando el miedo entre una población es tan fuerte y el poder de intimidación tan profundo, las medidas que se esperarían del Estado tendrían que ser las de un modelo de seguridad integral. En Córdoba, por ejemplo, el propio alcalde de Montelíbano, Gabriel Alberto Calle Demoya, reconoció que el paro solo terminaría cuando las ‘Bacrim’ lo autorizaran. Esa posición del funcionario refleja la de muchos habitantes y demuestra que una captura, una redada o la muerte de un cabecilla, no atenúan el temor de la población frente a la amenaza que ejercen estas bandas. El impacto sicológico que generó la amenaza de paro armado deja dos cosas claras: la primera, que los tentáculos de estos grupos sucesores de los paramilitares se han extendido a varios departamentos y que tienen capacidad de intimidación. Y segundo, que más allá de su real poderío militar, logran infundir el terror en la población a través de sus panfletos.
El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que tiene la experiencia como alcalde de Medellín y tuvo que enfrentar los desafíos de la presencia de desmovilizados en la capital, piensa que hay que replantear la estrategia de las autoridades para alcanzar el objetivo del desmantelamiento total de las organizaciones delictivas. Fajardo le dijo a SEMANA que cree que sí es un avance atacar las cabezas de las bandas criminales y que prueba de ello es que la duración de un capo al frente de una organización hoy es menor porque caen muy rápido en manos de las autoridades.

Reflexión y análisis
Sin embargo, viendo que los Urabeños lograron impactar una región del país sin disparar un arma, la reflexión sobre el miedo cobra especial importancia según el exalcalde. “El poder del miedo lleva 30 años construyéndose, a la par con la lucha contra el narcotráfico”, y para contrarrestar eso hay que abordar varios escenarios. Por un lado, las autoridades deben aumentar la capacidad de encontrar, capturar y poner en la cárcel a todas las personas que conviven en las comunidades con las bandas criminales, y eso requiere de una inteligencia distinta, más primaria que la que se necesita para capturar un cabecilla. Y por otro, combatir a través de una cultura de la legalidad la corrupción, porque “los bandidos siempre le van a encontrar precio al que lo tiene”.
El alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, reconoce la dimensión del problema: dice que las Bacrim han aumentado la presencia en su territorio y se suma a Fajardo en su opinión sobre el miedo afirmando que esas bandas sostienen una altísima capacidad para producirlo en la población. Teniendo en cuenta que la capital de Magdalena sufre graves niveles de extorsión del sector productivo y tiene problemas por la presencia del microtráfico y el contrabando de gasolina, Caicedo piensa que el combate contra la delincuencia organizada debe incluir el fortalecimiento de la Policía en la ciudad, el aumento de la inversión social en las áreas más deprimidas y, sobre todo, estrategias para “erradicar de la sicología de los ciudadanos el temor porque los bandidos cabalgan sobre el mapa del miedo que dejaron los paramilitares”.
La noche del viernes 6, las autoridades reportaron un parte de normalidad en la mayoría de las regiones donde los Urabeños ordenaron el paro. Sin embargo, y a pesar de la presencia de la Policía y del Ejército, en varias poblaciones más alejadas, especialmente en Córdoba, seguían a la espera de las instrucciones de los bandidos para reanudar sus actividades comerciales y de transporte. En este episodio queda en claro no solo la amenaza de las bandas criminales sino su capacidad para amplificar su poder a través del amedrentamiento de la población. Sin duda, un gran desafío para el Estado en el 2012.

En este episodio queda en claro no solo la amenaza de las bandas criminales sino su capacidad para amplificar su poder a través del amedrentamiento de la población. Sin duda, un gran desafío para el Estado en el 2012.

“El poder del miedo lleva 30 años construyéndose, a la par con la lucha contra el narcotráfico”, y para contrarrestar eso hay que abordar varios escenarios. Las autoridades deben aumentar la capacidad de encontrar, capturar y poner en la cárcel a todas las personas que conviven en las comunidades con las bandas criminales”

El paro armado ordenado por los Urabeños es un claro desafío contra el Estado que no se resuelve con las 30 capturas ocurridas   en medio de la zozobra de los colombianos, ni con recompensas millonarias

Juan Manuel Santos tuvo un buen año. Logró aprobar una agenda legislativa muy ambiciosa, dio de baja a Alfonso Cano, el desempleo llegó a un bajo histórico y abrió nuevas fronteras a nivel internacional. Su reto para el próximo año será menos estrategia y más acción.

Informe Especial

SEMANA

No es usual que una luna de miel entre el gobernante y sus gobernados dure más de un año. Pero todo parece indicar que después de 16 meses de gobierno, los colombianos siguen contentos con Juan Manuel Santos. Según la encuesta Colombia Opina, el mandatario cuenta con una aprobación del 64 por ciento. Y hay razones para explicarlo. La economía tuvo un año récord, el Congreso aprobó leyes históricas -como la Ley de Víctimas-, en materia de seguridad dio de baja al número uno de las Farc, y a punta de viajes Santos empezó a cambiarle la reputación a Colombia. Aunque tuvo sus primeros reveses, como la decisión de retirar la reforma a la educación superior, la empantanada de la reforma a la justicia y el karma del invierno, el gobierno sigue en los gozosos.

La prueba de fuego será 2012. Para ese entonces, los anuncios de Santos ya no serán novedad y a su gobierno le exigirán resultados concretos. Si 2011 fue el año de los proyectos, 2012 deberá ser el año de la ejecución. Anuncios como la Ley de Víctimas, la aprobación del TLC con Estados Unidos, la reforma a las regalías y la reforma al Estado fueron recibidos con beneplácito. Ahora las locomotoras -y las nuevas instituciones- deben empezar a trabajar a todo vapor.

Revolcón estatal
A Santos no le tembló la mano para reformar el Estado. Cambió a los ministros de Minas, Carlos Rodado, y de Defensa, Rodrigo Rivera, quienes a pesar de cifras récord en el sector minero o grandes operaciones militares, eran considerados los eslabones más débiles del gabinete. El nuevo responsable de liderar el boom de la minería es el economista y exministro Mauricio Cárdenas, quien había estado ausente de la escena nacional en los últimos años. Y el Ministerio de Defensa quedó en manos de uno de los alfiles más cercanos del presidente Santos, Juan Carlos Pinzón, quien antes ocupaba la Secretaría General. También hubo cambios en la la cúpula militar. Relevaron al almirante Édgar Cely y en su lugar pusieron a Alejandro Navas, hasta ese entonces comandante general del Ejército. A pocos meses de haber llegado, Pinzón ha sido bien recibido por la tropa y logró su primer palmarés con el operativo contra alias Alfonso Cano. Con esto, se acallaron las voces inconformes con el manejo de la seguridad en el gobierno de la prosperidad democrática que, paradójicamente, es una de las pocas cosas que han tenido continuidad desde la era Uribe.
Por otro lado, el presidente empleó a fondo las facultades para reestructurar el Estado. Escindió varios ministerios y escogió pesos pesados para ocupar los nuevos cargos. Rafael Pardo -exsenador y exministro- fue designado ministro de Trabajo; Frank Pearl, ex comisionado de Paz, titular del Ministerio de Medio Ambiente, y el exministro Juan Carlos Esguerra, de Justicia. También liquidó el DAS, creó un superministerio para las víctimas y los más pobres, y estableció agencias como la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, entre otras. Santos ajustó tuercas y tornillos del engranaje estatal en aras de más eficiencia y ejecución. Mientras algunos ven una abultada nómina burocrática, otros ven una apuesta para fortalecer instituciones.

Unidad Nacional: vivita y coleando
Aunque pocos creían que la Unidad Nacional iba a sobrevivir el primer año, la gran sorpresa es que en 2011 se fortaleció. Las fricciones entre los partidos de la Unidad se mantuvieron en sus justas proporciones a punta de diálogo y desayunos en Palacio. Santos supo apartarse del proceso electoral y no tuvo ungidos ni favoritos y ni siquiera se le vio un pequeño guiño, lo que minimizó tensiones en la coalición. Como si fuera poco, la Unidad Nacional recibió a un nuevo miembro, el Partido Verde, quien decidió unirse a ella a partir del 20 de julio. Con la unión de los verdes, la oposición quedó reducida a su mínima expresión.
En los primeros seis meses, Santos utilizó hábilmente la coalición para sacar adelante su ambiciosa agenda legislativa, e iniciativas como el estatuto anticorrupción, la Ley de Ordenamiento Territorial, el proyecto de regalías y la ley de víctimas fueron una realidad. En el segundo semestre, la actividad legislativa cedió a la emoción electoral y el gobierno se encontró con los primeros obstáculos. Por ejemplo, después de meses de buscar un consenso, radicó el proyecto para reformar la educación superior, pero no previó la fuerza del movimiento estudiantil y pocas semanas después, retiró la reforma. La ley Lleras, que buscaba regular los derechos de autor, se hundió, y la reforma a la justicia -la ley bandera del gobierno en 2011- pasó raspando su primera ronda de debates y tuvo más de un crítico. Hay quienes predicen que en 2012 será aún más difícil aprobarla. Aunque el Congreso todavía le camina al gobierno, no es un secreto que la locomotora legislativa perdió vapor a lo largo del año. Y el próximo será aún más difícil.

Millas presidenciales
Santos empezó y terminó 2011 montado en un avión. El primero de enero estaba en Brasil en la posesión de Dilma Rousseff y el 19 de diciembre visitó por primera vez a su homólogo Rafael Correa, en Ecuador. Santos es un convencido de que Colombia se puede convertir en un actor de peso a nivel regional, de que tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para lograr la membrecía de la OECD y también cree necesario abrir nuevos destinos comerciales para los productos colombianos. Por esto, a pesar de las críticas que desaprueban la ‘viajadera’, Santos salió casi todos los meses. Cruzó varias veces el Atlántico, pisó por primera vez el Oriente y abrió la primera embajada de Colombia en Turquía. También continuó su cruzada para llegar a las grandes ligas de América Latina, con visitas a Chile, Argentina, México y Venezuela, donde su reconciliación con Hugo Chávez se afianzó. Uno de los éxitos en materia internacional de 2011 es, sin duda, la aprobación del TLC con Estados Unidos. Este diciembre no será necesario que dé la vuelta a la casa con la maleta porque el evento estelar de 2012 es en casa. Desde ya se está preparando todo para que la Cumbre de las Américas, en Cartagena en abril, sea un éxito.

Karma, el invierno
Según el propio Santos, “la maldita Niña” ha sido el karma de su gobierno. Y en realidad, los efectos de la temporada invernal que empezó a finales de 2010 se vivieron a lo largo de todo el año. Nunca paró de llover, lo que no permitió que el gobierno iniciara las obras de reconstrucción. Y lo que es peor, está lloviendo sobre mojado, pues los terrenos inundados nunca se secaron. El año termina con miles de colombianos sin casa, pasando las festividades en albergues. Colombia también termina el año totalmente incomunicada. Las vías de departamentos tan importantes como Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y el Eje Cafetero -en especial La Línea- dan grima. Mientras algunos critican al gobierno por no haber hecho nada, Santos responde que el gobierno ha hecho todo lo posible. Y si bien Colombia Humanitaria se demoró en cogerle el tiro a la gestión invernal, el gobierno ha estado comprometido con los más afectados. Por lo pronto, el invierno seguirá siendo el lunar en el gobierno de Santos y ni siquiera él sabe cuándo cesará la lluvia.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, cuenta todavía con un amplio respaldo ciudadano.

La contralora Sandra Morelli dice que el Estado tiene que decidir qué tipo de Contraloría quiere y acusa al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, de querer monopolizar todo el sistema de regalías

Informe Especial

Semana

La pelea entre la contralora Sandra Morelli y el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, no cede. Por el contrario, al sonoro round que sostuvieron hace dos semanas en el Congreso de la República por cómo se hará el control a las regalías se le suma ahora un rifirrafe no menos fuerte que han sostenido en privado por el trasteo de la Contraloría a una nueva sede. SEMANA revela la polémica y buscó a la funcionaria para preguntarle por las ampollas que ha levantado su decisión de trastearse.

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó?

SANDRA MORELLI: El tema es que este edificio es un chiste. Ahora se va a ir la luz. No se puede hablar por celular. No hay posibilidad de conectividad. Las condiciones de seguridad a la entrada y a la salida son patéticas. No es antisísmico. Cuando llueve, empieza a salir agua por los ascensores. Hace un año, un ascensor se cayó del piso 27 con una funcionaria adentro. Están cristalizados todos los vidrios. Con decirle que recién llegada pedí: “Aquí tienen que venir a trabajar todos los funcionarios”, y a la media hora, cuando me informaron que hay 400 que no tienen dónde sentarse, me tocó decirles: “Háganse los locos”.

Están vivos de milagro.
S.M.: La situación llega a ser dramática. Este edificio se diseñó completamente cerrado porque tenía aire acondicionado; el aire se dañó en los setenta y no se volvió a arreglar. Entonces empezaron a abrir ventanas hechizas, y como no hay respiradores, el tema de hongos es muy complicado. Se hizo un estudio de salubridad, y la situación es muy preocupante porque hay como 30 funcionarios con lupus y 20 con cáncer.

¿Entonces ya es un propósito el trasteo?
No es un propósito. ¡Nos vamos a trastear! Y vamos a aumentar la planta. Y no nos da pena. Yo ya dije: “No hagan un arreglo más”. El presupuesto para tapar goteritas, que es de 4.300 millones de pesos al año, lo ahorramos para pagar la otra sede.

¿Y cuándo es la mudanza
Cuando esté listo el edificio nuevo. La idea es antes de Semana Santa del próximo año.

¿La sede es de la Contraloría
No. Vamos a pagar arriendo. ¿Cómo le parece?

¿Qué cree que es lo que le molesta al ministro de Hacienda?
Que esto vale plata. Yo hablé con el presidente y le dije: “Mi problema no es de edificio. Mi problema es saber qué tipo de control fiscal quiere tener el Estado colombiano”. Aquí parece que hubiera un pacto tácito para que se roben al país. No se puede tener control con 2.800 personas sin asiento, ni aire puro, ni la más mínima norma de seguridad. Mientras a la Fiscalía le dan 1,6 billones de pesos y a la Procuraduría, 900.000 millones, a nosotros nos dan 325.000 millones, nos dejan en la décima, bien retirados, para no ver esta monstruosidad. Nosotros somos los parias.

¿Y qué le dijo el presidente?
Me dijo que tenía razón y que teníamos que hacer ese debate. Pero ya pasaron tres meses y nada. Mientras tanto, yo entiendo que mi función es arreglar esta vaina, a pesar de que un ministro neoliberal, criado en Harvard, considere que esta discusión es un despropósito.

El país le había oído otra discusión, la de los nuevos funcionarios que pidió.
Con el ministro tengo todas las discusiones del planeta. Cuando hablé con él, le dije: “Hay que hacer edificios en Casanare, Guainía y Vaupés. ¡Y bien grandes y bien bonitos!”.

¿Edificios para que no se roben la plata?
Para que el Estado tenga presencia. En todo el planeta el Estado manifiesta su soberanía a través de la arquitectura. Cuando alguien va a París y ve el complejo de edificios de los Inválidos no dice: “¡Qué robo! ¿Cuánto costó el mármol?”, sino “¡qué poder el de Napoléon!”. Acá resolvimos que eso era detrimento patrimonial.

¿Y entonces qué piensa hacer?
Yo le dicho todo esto al ministro. Pero en las peleas, él coge un lápiz y me dice que haga lo que se me dé la gana. Le he pedido que me mande su criterio de racionalidad, él dice que no lo tiene y Planeación, tampoco. Pero como él dice que yo soy una irracional…

¿El gobierno define el presupuesto del organismo de control? Suena absurdo…
Sí, aunque a mí, en teoría, los que me controlan son el auditor y el Congreso; yo no le respondo al ministro.

¿Dónde es la nueva sede y cuánto vale?
Buscamos por todo Bogotá y encontramos un lote detrás del centro comercial Gran Estación. No quisieron vender y nos va a costar a nosotros 17.000 millones de pesos al año. Ponen los muebles, todo el sistema de seguridad, las cámaras, la conectividad, los sistemas de grabación. Y de entrada, nos ahorramos los 4.300 millones que estamos destinando cada año para tapar goteras y hacer arreglos al edificio.

Suena razonable, pero también costoso.
Caro no es, es lo que cuesta. Es que existir vale. Ya tengo el presupuesto. ¿En qué Estado los funcionarios no tienen asientos? ¿O no tienen computador? Francamente no sé cómo trabajan. La Fiscalía va a hacer un edificio nuevo y le aprueban no sé cuántos carros cada nada porque el país considera que la Fiscalía tiene una función. ¿Acaso la Contraloría no la tiene? O que me digan si el Estado colombiano lo que quiere es liquidarla. Si es así, que me lo digan en español.

¿Y por ‘leasing’ no habría sido mejor?
Yo quería leasing. Al final, Echeverry me tiró un lápiz, una hoja, y dijo: “Ponga lo que quiera”. Pero Hernando José Gómez, el director de Planeación, dijo que no, por los costos de interés del leasing. Después, en tres años, nos vamos a otro edificio que está construyendo la Superintendencia, y ese sí va a ser por leasing. Es que todo el mundo se va a trastear. Pero a la única a la que le van a hacer escándalo es a mí.

Y sobre los funcionarios que pidió, ¿cuál es la justificación para pedirlos?
El pedido de los funcionarios es una anécdota. Ese es un tema mucho más grave. Cómo le parece que en el Ministerio de Hacienda quieren concentrar todo. El ministro decidió que va a ser él quien presida el Sistema Nacional de Regalías. Y hay que decirle que eso lo tiene que dirigir el ministro del sector, el de Minas. Esa es la estructura constitucional. Pero no, ellos quieren mantener el control, la planeación, la estructuración del proyecto, la dirección del sistema. ¿Bonito, no? Todo concentrado en Juan Carlos I, rey de la dinastía Echeverry de Colombia. ¡No, este es un Estado de derecho! No se puede concentrar todo. Y el control me toca a mí. La estructuración del proyecto, a Planeación. A Hacienda le toca el girito y no más, por más que él sea una berraquera, y al otro le toca dirigir el sistema.

Volviendo al tema de los funcionarios, ¿la Contraloría no tenía suficientes para el control de las regalías?
No, por el aumento de las regalías. Usted controla lo mismo un peso que 100.000. El problema es cuando no tiene ni para controlar un peso, que es lo que nos pasa a nosotros. El excontralor Turbay, cuando aumentaron las regalías, le dijo al ministro de Hacienda de entonces: “Auménteme la nómina”, y le dijeron que no porque quedaban mal en el FMI y que simplemente hiciera un proyecto de inversión y contrataban a 10.000 personas a 3 millones para que hicieran auditorías que no saben hacer. Eso se llama nómina paralela. A mí no me van a meter en ese rollo. A mí me fortalecen la institución con personal de planta serio.

¿Y cuántos necesita?
No son más de 120. Funcionarios que uno pueda nombrar y sacar si se portan mal. No esta vaina que los meten a la carrera y ellos compran el derecho a ser inamovibles. Es la concepción de una unidad muy moderna y maleable con el uso racional de todos los sistemas de información. Así sí puedo hacer control. Y el ministro entonces dice: “¡Ay, es una vieja loca!”.

Aunque a casi nadie le gusta la reforma a la justicia, el proyecto es imparable en el Congreso. Estos son sus cinco puntos más polémicos.

Informe Especial

SEMANA

AUNQUE MUY POCOS ESTÁN satisfechos con el ‘Frankenstein’ que se ha ido armando con el paso de los debates, la reforma a la justicia avanza por una razón política: el presidente Juan Manuel Santos creó el Ministerio de Justicia para impulsar el proyecto que propuso desde que era candidato. Se dio esa pela y no va a renunciar a ella. Y, además, se convirtió en un asunto de honor luego de que el ex presidente Álvaro Uribe le pidió a La U que no lo respaldara. Ese se convirtió en el espaldarazo que la iniciativa necesitaba.

Antes de terminar el periodo legislativo, el proyecto debe pasar su cuarto debate en la plenaria de la Cámara (de ocho). Lo más probable es que la aplanadora santista lo apruebe con poca discusión, aunque ha advertido que en los seis meses entrantes se deberá ajustar mucho más.
Los puntos más polémicos de la propuesta aprobada la semana pasada son cinco: la ampliación del fuero militar, la adjudicación de la función administrativa de la rama judicial a los presidentes de las cortes, la supresión de la silla vacía a congresistas que cometan delitos contra los mecanismos electorales y la fijación de un presupuesto para la justicia por vía constitucional.

1 El fuero
A la propuesta inicial se le agregó un punto que no tiene que ver con su propósito inicial: la ampliación de la competencia de la justicia penal militar sobre los posibles delitos cometidos por la fuerza pública. Según el proyecto, “en todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones”.
Aunque Colombia ha suscrito tratados en los que se define la competencia de la justicia ordinaria en casos de delitos de lesa humanidad, este artículo le permitiría a la justicia castrense hacer las investigaciones preliminares en esos procesos. Las organizaciones de derechos humanos consideran que si la medida hubiera estado aprobada hace unos años, la justicia militar no habría denunciado los “falsos positivos”.
Aunque el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dice que la ampliación del fuero es necesaria, en Colombia existe la percepción de que por décadas la justicia militar fue inoperante.

2 El Consejo de la Judicatura
Cuando se comenzó a discutir la reforma, el gobierno, las ONG y los expertos consideraron que el Consejo Superior de la Judicatura no debería existir. Propusieron que las funciones administrativas fueran asumidas por un órgano integrado por los magistrados de las altas cortes y las disciplinarias, por un colegio de abogados. Las críticas al Consejo Superior de la Judicatura eran principalmente contra la Sala Disciplinaria, dado su origen político, pues está integrada por candidatos postulados por el gobierno y elegidos por el Congreso.
Pero ahora la sala sacrificada será la Administrativa. Sus competencias pasarán a una Sala de Gobierno en la que además de los presidentes de las cortes, tendrá asiento el Ejecutivo. Esos magistrados tendrán ahora que administrar recursos, pero no cuentan con el conocimiento técnico y las habilidades administrativas para esa tarea. El Congreso insiste en mantener una corte para disciplinar a abogados y jueces, a pesar de que en muchas partes del mundo los tribunales éticos o profesionales hacen esa tarea.

3 La silla ocupada
En la reforma se coló una perla. El texto que fue aprobado en el Senado y en la Comisión Primera de la Cámara quitó del artículo 134 de la Constitución la prohibición de reemplazar a los congresistas condenados o con medida de aseguramiento por delitos de lesa humanidad, narcotráfico, pertenencia o promoción de grupos ilegales. En su lugar incluyó una frase que dice que podrán ser reemplazados los miembros de corporaciones públicas condenados por delitos contra los mecanismos de participación democrática. Es decir, para quienes han constreñido a los electores, perturbado las elecciones o cometido fraude electoral, entre otros, habrá reemplazo. La medida es contraria a la Reforma Política de 2009 que buscó responsabilizar a los partidos políticos por permitir en sus filas infiltrados de la parapolítica o la farcpolítica. Huele a contrarreforma.

4 Una polémica favorabilidad
Los congresistas han reclamado que sus casos sean juzgados en dos instancias para asegurar sus garantías procesales. El acto legislativo entrega la competencia de la investigación a la Fiscalía, y los juicios estarían a cargo del Tribunal Superior de Bogotá en primera instancia, y de la Corte Suprema de Justicia, en segunda.
El fuero del que goza un congresista es el de un dignatario, por lo que no se entiende por qué un tribunal de jerarquía inferior a la de las altas cortes debe ser su juez. Además, congresistas procesados que aún no han sido condenados podrían acudir a un principio del derecho penal de la ley más favorable y obtener esas garantías. Hay quienes temen que se caigan los procesos que aún no tienen fallos por parapolítica.

5 Plata para la justicia
La propuesta fija constitucionalmente un aumento del presupuesto destinado a la rama judicial del 2 por ciento más la inflación proyectada. Así, por ejemplo, para el año entrante podría aumentar hasta el 6 por ciento con relación al actual. Ese porcentaje, cuando el Presupuesto General de la Nación aumentó el año pasado un 9 por ciento, es muy poco. El representante Miguel Gómez, de La U, calcula que la cifra podría ser tan solo de 72.000 millones de pesos de aumento.
El proyecto contempla también la entrega de un billón de pesos para la descongestión judicial para cinco años. No obstante, la Sala Administrativa contempla la ejecución de 300.000 millones de pesos con el mismo fin solo en 2013, lo cual es mucho más que lo fijado.
Lo más grave no es el monto, sino que el cálculo no obedece a un estudio técnico de sus necesidades. En otras palabras, eso significa que la cifra fue sacada como por arte de magia. Un sombrerazo.

El presidente Juan Manuel Santos creó el Ministerio de Justicia para impulsar el proyecto que propuso desde que era candidato. Foto Semana

El ex presidente Álvaro Uribe le pidió a La U que no  respaldara el proyecto de reforma a la justicia.

Las visiones de Santos y de Uribe sobre cómo deben manejarse las relaciones con Venezuela chocan. ¿Ha servido tratar a Chávez como nuevo mejor amigo?

Informe especial

Semana

Las diferencias entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor, Álvaro Uribe, volvieron a salir a flote. Esta vez sobre el tema de las relaciones con Venezuela. El noticiero CM& reveló el jueves segmentos de una charla que sostuvo Uribe con un grupo de representantes de la Mesa de Unidad de la oposición venezolana, en los que criticó con dureza el cambio que le introdujo Santos a la diplomacia frente al vecino. “¿Cómo les da más peso a 800 millones de dólares, o a 400, que a los valores democráticos?”, se preguntó Uribe, y se respondió a sí mismo: “Los valores democráticos no tienen precio”.

Y fue más allá. Les sugirió a los líderes de la oposición venezolana que hicieran “un manifiesto público diciendo: presidente Santos, estamos desconcertados”, justo en vísperas del encuentro programado para este lunes 28 de noviembre entre los presidentes Santos y Chávez en Caracas. Lo que Uribe pretende es que Colombia mantenga una política exterior con un fuerte contenido ideológico y antichavista. Pero Santos, desde el momento mismo en que fue elegido, optó por una actitud pragmática que le da más importancia a la construcción de buenas relaciones -con Venezuela y con otros países- y que respeta el tipo de régimen político de las contrapartes, así no lo comparta.

El discurso de Uribe no era público y no se sabe quién lo grabó. “No era secreto, pero sí privado”, dijo el ex vicepresidente Francisco Santos, actual director del programa de noticias de la mañana de RCN Radio, quien asistió a la reunión con la oposición venezolana junto con otros líderes cercanos a la derecha uribista: José Obdulio Gaviria, Plinio Apuleyo Mendoza, Rafael Nieto y Miguel Gómez. En general, las reacciones fueron muy negativas para Uribe. El gobierno optó por la prudencia: ni el presidente ni la canciller María Ángela Holguín hablaron sobre el tema, y el vicepresidente Angelino Garzón se limitó a afirmar que había que ser “muy respetuosos de los asuntos internos de cada país”. Ramón Guillermo Aveledo, vocero de la Mesa de Unidad venezolana -antichavista-, le pidió a Uribe que no los utilizara “para hacerle oposición a Santos”.

Los efectos

El episodio, más que una anécdota de política interna, tiene efectos sobre la política exterior. Si en algún tema Santos cambió la dirección que traía el gobierno anterior, fue en el de las relaciones con Venezuela. El giro fue de 180 grados y ha sido uno de los principales motivos de la lejanía que hoy existe entre Santos y Uribe. Este último ni siquiera asiste a las reuniones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, una instancia en la que se sientan enemigos acérrimos como Ernesto Samper y Andrés Pastrana y que tiene como objetivo buscar consensos en materia de política internacional para fortalecer la posición del país.

Pero más peligroso que discrepar es adelantar alianzas con la oposición a gobiernos de otros países que al fin y al cabo son las contrapartes oficiales del Estado colombiano. Hace poco Uribe peleó con Rafael Correa, presidente de Ecuador, por su posición sobre las Farc. Y ahora se reunió con críticos acérrimos de Chávez. Para los gobiernos de los países vecinos no es fácil entender que mientras el presidente Santos está empeñado en tener buenas relaciones, Uribe juegue de manera tan abierta en el campo de sus contradictores.

El respeto a los asuntos internos de otros Estados es un principio universal de la convivencia pacífica. Ni siquiera Estados Unidos ha hecho algo para obligar a Chávez a democratizarse. Y Colombia tiene aún más razones para asumir una actitud pragmática, si se tiene en cuenta la magnitud de los intereses que están en juego en su relación con Venezuela. Criticar en estos momentos el autoritarismo de Chávez, su apego al poder o sus abusos antidemocráticos tendría además el efecto de poner sobre la mesa el tema de las relaciones bilaterales justo cuando está comenzando una nueva campaña electoral.

Y la historia demuestra que en épocas de competencia política se exasperan las actitudes nacionalistas y emotivas. Chávez o incluso alguno de sus antecesores podrían caer en la tentación de una peligrosa demagogia. Las épocas de campaña son tiempos de prudencia.

¿Ha servido el cambio?

En todo caso, la gran pregunta es hasta dónde le ha convenido a Colombia el cambio que el presidente Santos les dio a las relaciones con Chávez. ¿Es cierto, como plantea Uribe, que se han abandonado principios esenciales a cambio de logros insignificantes? Aunque la agenda bilateral es muy amplia, hay tres puntos que se destacan: el comercio, la seguridad y el tono de las relaciones políticas.

En materia comercial, el balance es positivo. Aunque Santos les ha dicho a los empresarios que su prioridad es mantener un buen tono en las relaciones políticas y que no hay que hacerse muchas ilusiones sobre un regreso a los niveles de intercambio comercial de hace tres años -cercano a los 7.000 millones de dólares-, las cifras han repuntado. De las deudas acumuladas a exportadores colombianos por el problema de falta de disponibilidad de divisas y su manejo por entidades oficiales, se han pagado 902 millones y quedan pendientes un poco menos de 200. En el mes de julio, por primera vez desde hace dos años, hubo un incremento y se prevé que a finales de 2011 el monto llegará a 1.730, lo que significa un crecimiento anual superior al 20 por ciento.

El monto es bajo comparado con lo que llegó a ser, pero se sabe que en los puntos más altos había niveles de sobrefacturación que escondían la verdadera dimensión del comercio bilateral. Los empresarios han logrado diversificar sus ventas y han reemplazado el mercado venezolano con exportaciones siete veces superiores a lo que representaba Venezuela el año pasado. Sin Venezuela, las manufacturas colombianas crecen al 6 por ciento y las exportaciones industriales crecen en dos dígitos. Esto significa que Venezuela ya no puede utilizar su mercado como carta de negociación frente a Colombia ni puede tratar de sacar provecho en otros temas con el anzuelo de su mercado interno. Lo que sí preocupa es la estabilidad del incipiente proceso de recuperación comercial. Los gobiernos no han logrado un acuerdo sobre un pacto comercial que reemplace el régimen de la Comunidad Andina, del cual Venezuela se retiró, y las transacciones se hacen mediante prórrogas trimestrales que generan incertidumbre. Y en esas condiciones, pocos quieren asumir riesgos con nuevos negocios en Venezuela.

Menos espacio a la guerrilla

En el campo de la seguridad, el vaso puede verse medio lleno o medio vacío. Importantes jefes guerrilleros siguen en Venezuela y muy posiblemente entre ellos -al menos hasta ahora- ha estado Timochenko, el nuevo jefe de las Farc. Sin embargo, la cooperación ha mejorado. Venezuela ha detenido a delincuentes colombianos de segundo nivel, solicitados por el gobierno Santos, y se conocen versiones en el sentido de que las Farc han expresado su inconformidad por un cambio de actitud de Chávez. Los ministros de Defensa de los dos países han reanudado su comunicación y aunque el gobierno colombiano está menos satisfecho de lo que dice públicamente, es una realidad que a la guerrilla se le han estrechado los espacios, físicos y políticos, en Venezuela.

Lo que definitivamente ha mejorado es el clima de las relaciones bilaterales desde que Juan Manuel Santos superó la actitud ideologizada de Uribe. Las confrontaciones verbales quedaron atrás y los tambores de guerra, que llegaron a sonar, se apagaron. Y eso -sumado al cambio de tendencia en lo comercial y a los avances moderados en seguridad- conforma un panorama más rentable, desde un punto de vista de resultados concretos. Que es, al fin y al cabo, lo que se busca con una estrategia pragmática.

Las diferencias entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, volvieron a salir a flote.

El alto perfil que ha adquirido Alejandro Ordóñez tiene entusiasmados a los sectores más conservadores del país, que le ven un gran futuro político. Pero le esperan grandes dificultades.

Informe Especial

SEMANA

HABLAR prematuramente de candidaturas es un deporte nacional. El último turno le correspondió al presidente transitorio del Partido Conservador, José Darío Salazar, quien en declaraciones a los medios de comunicación la semana pasada habló en buenos términos sobre la hipótesis de que el actual procurador, Alejandro Ordóñez, sea el abanderado del conservatismo en 2014.
Salazar se refirió a Ordóñez como “buen candidato”, y enumeró sus argumentos: “Es un conservador convencido, con mucha tradición y con mucha raíz (…) sería un conservador muy auténtico y me parece un muy buen nombre”. Después dijo que “él no ha expresado su intención” y luego aceptó que “el debate es prematuro”.
La idea, sin embargo, surgió hace dos semanas cuando la bancada conservadora se opuso a un ‘articulito’ de la reforma a la justicia que establecía una inhabilidad de cinco años para participar en política que se aplicaría a los magistrados de las altas Cortes, al procurador y al fiscal. En la versión aprobada por la plenaria del Senado, la norma fue retirada -con el espaldarazo evidente de la bancada azul- y más de uno sintió que esa jugada tenía nombre propio: mantener viva la opción de Alejandro Ordóñez para la próxima elección presidencial.
Para nadie es un secreto que el actual procurador, elegido exactamente hace tres años, ha elevado su perfil político y cultiva su cercanía social, moral e ideológica con el partido azul. Y no es raro, en consecuencia, que los conservadores le echen ojo, sobre todo en este momento de crisis e incertidumbre por el que atraviesa la colectividad.
Los conservadores no son tan consentidos del presidente Juan Manuel Santos como lo fueron de Álvaro Uribe; en las elecciones locales pasadas bajaron su votación a menos de dos millones y fueron superados por el Partido Liberal y por La U, y la mayoría de los escándalos de corrupción que han estallado en los últimos meses se han producido en entidades manejadas por miembros de ese partido: la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Inco, Invías, Agro Ingreso Seguro e Incoder. En el escenario mediático no se ve ninguna figura del conservatismo que descolle, y quienes ocupan cargos ministeriales -Juan Camilo Restrepo, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry- son técnicos que no gozan de simpatías dentro del actual directorio. Más bien, convergen con el ex presidente Andrés Pastrana, quien ha asumido una crítica vehemente contra la manera como se viene conduciendo la colectividad.

Arena política

A Ordóñez, quien dentro de un año termina su cuatrienio, le convendría contar con un espacio en la arena política, y al partido le hacen falta figuras. Hay un punto de convergencia de intereses. Y si en algo son ciertas las recientes declaraciones de José Darío Salazar es en que el actual procurador ha asumido con entusiasmo la defensa de banderas ideológicas muy propias de la casa azul. En el país hay brotes de un debate de ideas con connotaciones filosóficas sobre temas como el aborto, los derechos de las parejas del mismo sexo y la restitución del fuero militar. En todos ellos, el procurador Alejandro Ordóñez defiende las posiciones doctrinarias conservadoras.
Otra razón por la cual la vigencia pública de Ordóñez podría necesitar de su participación electoral en el futuro es que sus posibilidades de reelección no están despejadas. Después de que su antecesor, Edgardo Maya, fue escogido para dos cuatrienios, tendría sentido que el procurador figure en la baraja de candidatos para ocupar el cargo. Más aún después de una procuraduría de tan alto perfil como la que ha ejercido Ordóñez. Sin embargo, el escenario de 2008, cuando el Senado lo eligió por una abrumadora mayoría de 81 votos a favor -con los que apabulló a Camilo Ospina y a Germán Bustillo (y al voto en blanco, que obtuvo tres votos)-, no parece repetible bajo las actuales condiciones políticas. El procurador no tiene el apoyo consensuado que hasta el Polo Democrático le brindó entonces.
Uno de los ofrecimientos que hizo Ordóñez durante su ‘campaña’ fue actuar “en seguimiento de la ley y no de la Biblia”. Pero varios de quienes votaron por él consideran que el jefe del Ministerio Público ha actuado con base en su agenda religiosa. En especial, en sus conceptos y actuaciones en proyectos de ley como el que presentó el Partido Conservador para prohibir todas las formas de aborto, incluidos los casos extremos aceptados por la Corte Constitucional. Aunque la iniciativa fue derrotada, el procurador apoyó la causa del Partido Conservador y de su credo católico.

Aspiraciones futuras

A Ordóñez lo favorece, para sus eventuales aspiraciones futuras -en la política electoral o en la reelección como procurador-, que sus fallos en el ejercicio de su función de vigilancia de los servidores públicos han sido drásticos y equilibrados. En la larga lista de sancionados, que incluye a casi treinta gobernadores y alcaldes, varios de ellos mediante procesos expeditos, figuran también personas con altos cargos como los ministros Sabas Pretelt y Andrés Felipe Arias, y figuras de ambos lados del espectro político: dos ex ministros uribistas, los ex directores del DAS Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, y el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, en la esquina derecha, y Piedad Córdoba y Samuel Moreno, en la izquierda.
No es claro si estas credenciales serán definitivas para que Alejandro Ordóñez defina un eventual dilema entre una aspiración presidencial o su permanencia en el cargo por otros cuatro años. Ni tampoco si serán suficientes. Según la última encuesta Invamer-Gallup, al procurador no lo identifican dos tercios de los colombianos y solo el 14 por ciento tiene una imagen positiva de él. Su perfil electoral, en consecuencia, es débil. Y en el otro escenario, el de la reelección, tendría que contar con el apoyo -o por lo menos sin el veto- de algunos de los grandes jefes políticos a los que les ha pisado callos.
En consecuencia, al menos por ahora, de las declaraciones de José Darío Salazar sobre la candidatura presidencial de Ordóñez, la parte más pertinente puede ser que “es inoportuno y prematuro hablar desde ahora sobre el tema”.

‘Para nadie es un secreto que el actual procurador, elegido exactamente hace tres años, ha elevado su perfil político y cultiva su cercanía social, moral e ideológica con el partido azul’.

‘A Ordóñez lo favorece, para sus eventuales aspiraciones  que sus fallos en el ejercicio de su función de vigilancia de los servidores públicos han sido drásticos y equilibrados’