El carismático boyacense Froilán Tiberio Casas Ortiz asumirá en marzo la Diócesis de Neiva. El nuevo prelado, quien se ordenará ocho días antes, habló contra la corrupción, insistió en los diálogos de paz y en la liberación de los secuestrados.
Ricardo Areiza
LA NACIÓN, Neiva

El sacerdote boyacense Froilán Tiberio Casas Ortiz, asumirá en marzo próximo la Diócesis de Neiva, ocho días después de su ordenación como Obispo.
Aunque ha sido un carismático educador, con una larga trayectoria académica, nunca esperó ese nombramiento. Su nueva dignidad la estrenará en Neiva al lado del nuncio Apostólico Aldo Cavalli, quien presidirá la ceremonia de su nueva investidura.
El religioso, de 63 años, nacido en Chiquinquirá, Boyacá, ocupa actualmente la Rectoría del Seminario Conciliar de Tunja.
Casas Ortiz es licenciado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en Filosofía y Ciencias Religiosas en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Fue ordenado sacerdote en 1972.
El nuevo prelado reemplazará a monseñor Ramón Darío Molina Jaramillo quien culmina su carrera sacerdotal al cumplir  la edad de retiro forzoso, ordenada por el Código Canónigo.
Tras una meritoria carrera sacerdotal, académica y pastoral,  Molina Jaramillo, pasará a retiros espirituales. El prelado cumplió 50 años de haberse ordenado sacerdote y 35 años como Obispo, de los cuales 11 estuvo al frente de la Diócesis de Neiva.  Monseñor Molina llegó en marzo de 2001, procedente de M Montería.
El nuevo obispo de Neiva, consideró que mientras no haya justicia, no habrá paz, calificó la corrupción como una pandemia y se mostró partidario de persistir en diálogos de paz. No obstante reclamó seriedad y voluntad de las partes.

-¿Cómo recibe este nombramiento?
Recibo este nombramiento con mucho gozo, con mucha alegría. Un abrazo para ese queridísimo pueblo opita, al cual me unen vínculos de afecto sino de consanguinidad porque tengo familia nacida en Neiva y espero servirle al Huila, a mi iglesia que quiero tanto, y a todo el mundo a creyentes y no creyentes, porque todos merecemos respeto.

-¿Coincidió con su visita a Neiva?
Estuve en Neiva hace ocho días, pero en una fiesta familiar, aprovechando el cumpleaños de mi hermano Álvaro, en un encuentro fraterno. Incluso celebré la Santa Misa, hace ocho días en la Catedral de Neiva, confidencialmente.

-Pero no hubo empalme.
No (risas), yo no sabía nada de mi nombramiento. El señor Obispo tampoco sabía que yo iba a ser su sucesor. Yo oficié misa por invitación del párroco, a quien conocía en el Seminario. La verdad, yo no sabía nada.
-¿Cómo se gestó su nombramiento?
Bueno, el nombramiento de un obispo depende de su comportamiento, de su hoja de vida. La Nunciatura tiene un listado de sacerdotes que pueden ser obispos en el futuro. Y eso fue lo que pasó. El arzobispo de Tunja propuso mi nombre.

-¿Usted esperaba el nombramiento?
La verdad no, tal vez por mi edad, yo tengo 63 años, y nunca pensé que podría darse. Tampoco hice gestión alguna. Si se dio fue tal vez por mi ejercicio sacerdotal, mi entrega al servicio cristiano.
-¿Cuándo será la posesión?
La posesión depende primero de la ordenación episcopal. Esta ordenación será en la Catedral de Tunja, el señor Nuncio me ordenará como Obispo, junto con mi arzobispo monseñor Luis Augusto Castro. Eso es parte del protocolo episcopal. A los ocho días tomaré posesión como Obispo de la Diócesis de Neiva.

-¿Es decir, no será inmediato?
Por lo menos mes y medio. Es decir, a finales de marzo, más o menos. Eso tengo que definirlo ahora, en la Conferencia Episcopal que comienza este lunes. Allí tendré la oportunidad de dialogar personalmente con monseñor Darío Molina y concretar todo lo pertinente para la posesión. Con monseñor hablamos por teléfono, unas cuatro veces este fin de semana.

-¿Con qué expectativas asumirá esta dignidad?
Primero, con la expectativa de servir, ser un instrumento de Jesucristo para unir, para hablar con claridad, para recoger a todo el mundo, para condenar el pecado y acoger al pecador.

-¿Qué piensa de la corrupción?
Esa es una pandemia, que corroe a no solo a los órganos de poder; la corrupción es una pandemia que está enquistada en todos los estratos, de cero a ocho. La corrupción es una de las causantes de la pobreza en Colombia, porque los presupuestos se dilapidan o se los roban. Y somos los contribuyentes los que pagamos.

-¿Cómo enfrentar este flagelo?
Con la honestidad con el trabajo, con la rectitud, con pulcritud. Se contrarrestar con pulcritud, con transparencia. Es necesario recuperar la cultura de la legalidad.

-¿Cómo interpreta el conflicto armado?
El conflicto armado nace en la injusticia, los grupos armados se han levantado, lamentablemente, como consecuencia de la mala administración política del país. En esto todos somos culpables. El conflicto armado se supera generando ambientes de justicia, de respeto. Si queremos la paz, hay que trabajar por la justicia. La paz es la consecuencia de la justicia.  Y no con palomitas blancas ni con discursos, como conseguimos la paz. La paz es fruto de la construcción de la justicia. Si hay justicia habrá paz.
-¿Es necesario persistir en diálogos con la guerrilla?
Yo pienso que si, pero que haya seriedad, que no sea una pantomima para generar expectativas inocuas sino que haya voluntad de cambio. Estar hablando de diálogo con las armas en la mesa no, se debe hacer desarmadamente. Con la mentira no se puede dialogar. Cuando a uno lo engañan no vuelve a creer. Es necesario un ambiente de sinceridad para que los diálogos sean fructíferos.

-¿La liberación de los secuestrados podría ser un primer paso?
Por supuesto. El secuestro es un flagelo terrible, es algo que hay que condenar en donde quiera que se presente. El secuestro es un delito execrable que hay que combatir. Hay que liberar a todos los secuestrados y en ese escenario podríamos hablar de paz. Que se den hechos que demuestren voluntad verdadera de paz.

-¿La iglesia estaría en condiciones de mediar en este proceso?
Claro, todos los obispos, los sacerdotes que hacemos parte de este ministerio tenemos la voluntad. Por eso somos instrumentos de paz, pero no de intereses mezquinos. Tendremos que ser inteligentes, prudentes para no ser idiotas útiles de cada momento o de cada circunstancia.

El sacerdote boyacense Froilán Tiberio Casas Ortiz fue designado como nuevo Obispo de Neiva, en reemplazo de monseñor Darío Molina Jaramillo.

LA NACION, Neiva
La Radio Vaticana informó ayer que en la administración ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre aceptó   la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Neiva en Colombia, presentada por monseñor Ramón Darío Molina Jaramillo,  en conformidad con el canon 401 § 1 del Código de Derecho Canónico. Y nombró en su lugar al  padre Froilán Tiberio Casas Ortiz, del clero de la Arquidiócesis Colombiana de Tunja, hasta ahora Rector del Seminario Mayor Arquidiocesano.
Monseñor Froilán Tiberio Casas Ortiz nació en 1948. Se licenció en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en Filosofía y Ciencias Religiosas en la Universidad “Santo Tomás” de Bogotá. Fue ordenado sacerdote en 1972. Y entre sus cargos pastorales se destacan  el de profesor del Seminario Mayor de Tunja; capellán del “Servicio Nacional de Aprendizaje”, párroco de “Santa Bárbara” y de “San Laureano”, Vicario para los religiosos de la arquidiócesis de Tunja y Rector del Seminario Mayor de esa misma sede.
Cabe recordar que monseñor Molina Jaramillo  cumplió  el 31 de agosto de 2010, 75 años, la edad de retiro forzoso, previsto en el Código Canónico.  El prelado, nacido en Envigado (Antioquia), celebró   35 años como Obispo y  11 de haber llegado al Huila. El jerarca ingresó al noviciado el 2 de enero de 1953 en Cali. Emitió su profesión temporal el 4 de enero de 1954 en esa misma ciudad y su profesión solemne el 6 de enero de 1957 en Ubaté (Cundinamarca). Recibió la Ordenación Presbiteral el 28 de octubre de 1961 en Bogotá y la Ordenación Episcopal el 29 de junio de 1977 en Bogotá.
Monseñor Molina fue consagrado como Obispo Auxiliar de Bogotá (Cundinamarca), el 29 de junio de 1977. De Montería fue traslado en marzo de 2001 como Obispo de la Diócesis de Neiva. El prelado tomó posesión canónica el 17 de marzo de 2001.
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Desde Florencia, Caquetá, el niño emblema de las familias de los secuestrados por las Farc se mostró satisfecho con la condena de alias ‘Rosalba’.

Óscar Neira
LA NACIÓN, FLORENCIA
Johan Stíven Martínez Tulcán, hijo del Sargento Segundo José Libio Martínez, dijo en diálogo con LA NACIÓN que su capítulo como portavoz de mensajes “provenientes de familias afectadas por la violencia” continuará “porque en este país hay un conflicto”.
Siempre acompañado de militares, quienes siguen de cerca sus declaraciones, Martínez Tulcán dejó claro que está satisfecho con la condena de alias ‘Rosalba’, única capturada en la operación militar en la que perdió la vida el suboficial José Libio Martínez y otros tres integrantes de la fuerza pública.
Johan Stíven  es hoy una de las voces que más escuchan los colombianos, por toda su larga espera sin un final feliz y porque el país lo vio crecer frente a las pantallas del televisor y en las hojas impresas de los periódicos.

¿Con la condena de alias ‘Rosalba’ considera usted que se cierra un ciclo para Johan Stíven?
No, este capítulo nunca se ha de cerrar porque mi padre no va a volver. Además sigue habiendo conflicto en este país, por lo que nuestra historia seguirá siendo un emblema de lo que pasa en Colombia. Nunca se cierra porque además quedan secuestrados que las Farc deben regresar sanos y salvos, como se los llevaron.

¿Se siente satisfecho con la condena de 50 años dictada por la justicia colombiana en el caso del asesinato de su padre y tres compañeros más?
Nosotros esperábamos una condena como la que dictó el juez, una condena ejemplar, por lo cual me siento satisfecho. Ojalá sirva de ejemplo para los demás miembros de las Farc. Agradezco a la justicia colombiana, sin embargo no deben olvidar a los 38 miembros de nuestro ejército que en lo corrido de este año han sido mutilados y afectados por la guerra.

La defensa de alias ‘Rosalba’ hizo un alegato que por un momento pareció cambiar las cosas en la sala de audiencias. Ustedes de inmediato reaccionaron. ¿Qué opinión le merecen los argumentos de la defensa?
Cuando la defensa de la señora se manifestó, yo simplemente le pedí a Dios que hiciera justicia. Ciertamente esta señora no es inocente porque se le encontró un fusil, se le encontró en el lugar de los hechos. Qué más podía hacer. Le agradezco mucho al señor juez por haberle dado esa condena ejemplar.

Las Farc anunciaron seis liberaciones en los próximos días. ¿Qué quisiera usted manifestarle al grupo guerrillero?
“Que los liberen sin ningún compromiso, a los que vienen y a todas las personas que tienen en su poder, libérenlos ya. Ojalá sean devueltos al seno de sus hogares sin tanto protagonismo”.

¿Qué le espera a Johan Stíven Martínez Tulcán?
Terminar mis estudios y seguir la carrera militar como oficial de la Fuerza Aérea, como siempre he querido.

Es un poco una manera de honrar la memoria de su padre…
A todos, de verdad que a mí me nace de corazón, siempre he querido ser de la Fuerza Aérea.

¿Cuál es su mensaje para las personas que aún continúan en poder de las Farc?
A las personas que aún permanecen en poder de las Farc les quiero decir que no hay que perder la esperanza. Desde acá les mando todo mi corazón y fortaleza para que sigan adelante.

Johan Stíven Martínez Tulcán, el niño emblema de las familias de los secuestrados por las Farc.

La Contraloría abrió juicio fiscal contra 21 magistrados del Consejo Seccional de la Judicatura, por posible detrimento patrimonial. El organismo se defiende.

LA NACIÓN, Bogotá
La Contraloría General de la República abrió juicio de responsabilidad fiscal contra 21 magistrados de la Judicatura por el posible detrimento patrimonial de 13.000 millones de pesos por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.
Según el ente de control, los altos funcionarios nombraron magistrados auxiliares por periodos de dos a tres meses para aumentarles sus pensiones de jubilación y, por esa razón, la Contraloría intentará establecer por qué a varios de los pensionados, quienes recibían 4 millones de pesos, se les aumentó el pago a 13 millones.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes solicitó a la contralora general, Sandra Morelli, remitir a su despacho “todos y cada uno de los procesos que cursan en ese despacho en contra de los altos funcionarios del Estado que gozan de fueron Constitucional”.

Sin embargo, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes argumentó en la misiva que a esa unidad legislativa le compete “en virtud del mandato constitucional, conocer de las investigaciones que cursen en contra de los funcionarios aforados”, como es el caso de los magistrados de la Judicatura.
El secretario de la Comisión de Acusación, Gonzalo Pinzón, dijo que la Contraloría tiene la función de aportar pruebas “pero no puede iniciar juicios de responsabilidad, menos contra un aforado”.
La contralora, Sandra Morelli indicó que el ente tiene la competencia para investigar fiscalmente a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.

Según Caracol Radio durante todo el año 2010 fueron nombrados por lo menos 20 magistrados que duraban desde un mes y hasta tres meses en sus cargos, con un promedio de 17 millones de pesos de ingresos. Y en las seccionales de la Sala Disciplinaria, se pensionaron por lo menos 10 con tan solo permanecer tres meses en sus cargos.

Disposición
Los siete magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura anunciaron que están en completa disposición para responder por todos sus actos ante las autoridades competentes y dar así ejemplo, como corresponde, de acatamiento a la justicia y a las normas establecidas por el ordenamiento jurídico.
En un comunicado expresaron que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que todas las actuaciones de sus magistrados, en la designación de magistrados auxiliares, fueron hechas conforme con el ordenamiento jurídico y “no hemos desconocido ninguna norma de ética pública, fiscal o penal, por haber designado en algún momento mujeres mayores de 50 años u hombres mayores de 55”.
Explicaron que el 90 por ciento de las personas que son relacionadas por los medios de comunicación, como parte de un documento de la Contraloría General de la Nación, no tienen la edad para adquirir una pensión de jubilación y como consecuencia de ello, no se han pensionado luego de ejercer algún cargo en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Reacciones
El ministro del Interior,Germán Vargas Lleras, salió esta tarde en defensa del informe de la Contraloría General de la República sobre el llamado carrusel de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura, y rechazó la explicación dada por magistrados de ese tribunal.
“Puede que el marco legal excepcional para las pensiones de los altos magistrados de las Cortes permita que una persona, que dura solo dos meses en su cargo -como lo denunció la Contralora- reajuste su pensión, pero no todo lo legal es ético. Es inaceptable e inconcebible proceder a utilizar la figura de los magistrados auxiliares para convertir esto en un carrusel de pensiones”, explicó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
Por su parte el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, señaló que será el Congreso el que defina la suerte del CSJ dentro del debate al proyecto de reforma a la justicia.
“Mi posición es la que tenía el Gobierno al comienzo: yo pienso que el Consejo de la Judicatura ha resultado, lo digo con todo respeto, inferior a las expectativas, inferior a lo que se creyó y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró Esguerra.

LA NACIÓN, Bogotá
El Ministerio de Trabajo impuso una millonaria sanción a empresa del sector palmicultor, cinco cooperativas asociadas y una empresa temporal, por el incumplimiento con obligaciones en salud y otros aspectos laborales.
La histórica sanción es la más alta  que se haya proferido en el país por intermediación laboral, figura prohibida en la ley.
La multa que supera los 11.000 millones de pesos será distribuida así, 2.266 millones de pesos para la empresa Oleaginosas Las Brisas, y 9.435 millones de pesos a las cinco cooperativas y la empresa temporal.
“La ley da la posibilidad de que si la empresa Oleaginosa Las Brisas S.A. voluntariamente formaliza a los trabajadores afectados (514) mediante un contrato laboral a termino indefinido se le reducirá la sanción en un 20 por ciento por cada año que los emplee, con un 100 por ciento de condonación si los mantiene más de cinco años”, indicó Pardo.
La multa impuesta a la compañía podría tener un ajuste siempre y cuando ésta se comprometa a contratar directamente a los actuales operarios, dijo el ministro de Trabajo, Rafael Pardo.
La investigación iniciada por la Dirección Territorial de Santander, se originó por las quejas de las directivas del sindicato de la empresa cultivadora y procesadora de palma africana, sobre la violación a los derechos laborales de 606 trabajadores que prestan sus servicios a la compañía de Puerto Wilches, Santander, señaló el Ministerio en un comunicado.
El ministro de Trabajo compulsó copias a la Superintendencia de Economía Solidaria, quien deberá entrar a estudiar la situación de las cooperativas de trabajo asociado que operan en el municipio de Puerto Wilches en Santander, para decidir su liquidación, además de las faltas en las obligaciones al régimen de salud.

LA NACIÓN, Bogotá
El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la revolución agraria que viene adelantando su administración es integral, ya que cuenta con todos los elementos para que los campesinos vuelvan a sus tierras en condiciones dignas, como cualquier otro ciudadano de Colombia.
“Es una revolución integral. No es solamente repartir las tierras. Es darles a los campesinos todos los elementos para realizar ese sueño de volver ciudadanos dignos a cada uno de los campesinos de Colombia, con ingresos dignos, con acceso a servicios públicos dignos, con nivel de vida digna”, afirmó el Mandatario.
En la Concentración con Líderes Campesinos, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, evento organizado para apoyar la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que viene implementando el Gobierno Nacional, el Jefe de Estado aseguró que esa revolución agraria tiene muchos componentes.
“Esa revolución agraria tiene que ser una revolución que siempre piense en la gente, como debe ser. Esa revolución agraria tiene que ser de la mano de la Constitución y las Leyes, como debe ser. No es una revolución a punta de fusil; es una revolución de las instituciones, del régimen de derecho que tenemos en nuestra democracia, como debe ser. Es una revolución inspirada en la equidad y en la justicia, como debe ser”, afirmó.

Dijo que esa política agraria es prioridad de su Gobierno porque es para cicatrizar las heridas que se han acumulado durante tantos años de violencia y que no se trata de una lucha de clases.

“Esta revolución agraria no es entre los ricos y entre los pobres, esto no es una lucha de clases; esto es entre lo legal y los ilegales. Es una revolución para que la justicia sea un elemento principal de toda nuestra democracia: la justicia social”, puntualizó ante los miles de campesinos que marcharon hasta el Metropolitano para expresar su apoyo a la Ley de Víctimas.

“Restituirles la tierra a todos esos campesinos que fueron desplazados es un paso indispensable si queremos llegar a esa democracia justa que todos estamos añorando, y que nos permita trabajar a todos juntos persiguiendo los mismos objetivos, logrando que este país realmente se desarrolle”, manifestó.

Agregó que la revolución agraria es integral porque contempla una serie de condiciones para que los campesinos puedan volver a sus tierras con una vida digna y todas las garantías.

“Hemos venido trabajando para diseñar una política que sea efectiva, que no sea solamente restituirles las tierras a los campesinos, sino darles asistencia técnica, darles crédito, garantizarles la compra de sus productos, darles viviendas, construirle escuela para sus hijos, darles una vida digna, y eso se lo que estamos haciendo”, explicó.

Una inusual persecución que incluyó seguimiento aéreo permitió abatir a un lugarteniente del capo de la droga Joaquín “Chapo” Guzmán en las inhóspitas montañas de Durango, al norte de México. Once más fueron capturados.

MÉXICO, AFP
Uno de los hombres cercanos al poderoso narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán Loera fue abatido por militares en un inusual operativo aéreo y terrestre en las inhóspitas montañas del estado de Durango, una zona del norte de México donde se supone el capo se esconde.
Luis Alberto Cabrera Sarabia ‘El Arqui’ fue muerto el viernes por fuerzas especiales del ejército en “una operación aeromóvil de precisión en el municipio de Canatlán”, reveló ayer el general Ricardo Trevilla, portavoz del ejército mexicano.
El general Trevilla explicó que la operación contra Cabrera, en la que murió otro de sus hombres y fueron detenidos 11 más, fue realizada por aire con un cerco terrestre.
Se trata de operativos “muy especializados” que se han empezando a implementar en zonas rurales de difícil acceso, añadió Benítez.

Enfrentamiento
Según los militares, inicialmente se registró un enfrentamiento en la finca ‘La cañada del Chile’ y Cabrera Sarabia y su jefe de seguridad trataron de evadirse huyendo a una cueva aledaña, desde donde enfrentaron al ejército.
La operación se realizó en una zona montañosa de difícil acceso en el estado de Durango, un territorio que forma parte de una importante ruta del trasiego de droga y que ha sido refugio de ‘El Chapo’, considerado el más poderoso capo mexicano.
La sierra de Durango se ubica en una zona en la que colindan los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa, y conforma el llamado “Triángulo Dorado”, una importante área de producción de marihuana y parte de la principal ruta de trasiego de droga hacia Estados Unidos.
Cabrera Sarabia se había convertido en hombre de confianza de Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, luego de que su hermano Felipe Cabrera Sarabia, alias ‘El Inge’, fuera detenido en diciembre, según el portavoz.
A ‘El Inge’ las autoridades le atribuían múltiples homicidos, secuestros y extorsiones, así como quema de negocios y viviendas en la zona de Durango.

Duro golpe
La muerte de Cabrera es un duro golpe para el cártel de Sinaloa, aseguró el general Trevillo, quien dijo que ‘El Arqui’ (por arquitecto) se había convertido en hombre de confianza de Guzmán Loera, tras la captura en diciembre de su hermano Felipe, alias ‘El Inge’, en diciembre. Los sospechosos son:
Entre los detenidos figuran Hugo Arrieta Navarrez, Álvaro Martínez Corral, Raúl Rivero Federico, José Arturo Díaz Torres, Jesús Meraz Ontiveros, Leonel Félix García, Jorge Ruiz González, María Luisa Núñez Pérez, Dulce Antonia Morales Núñez, José Manuel Ojeda Sarabia; en tanto que Eduviges Villareal Vizcalla, permanece internado en el Hospital de Durango.

WASHINGTON, AFP
La iniciativa apoyada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para ampliar el fuero militar es la principal preocupación de la organización Human Rights Watch respecto a Colombia, afirmó José Miguel Vivanco, uno de sus directivos.
“No entendemos el afán del actual gobierno por producir un retroceso que es perfectamente evitable en una materia que es central para la vigencia de los derechos humanos en Colombia”, dijo Vivanco en rueda de prensa en Washington, un día después de que HRW divulgara su informe mundial.
“Lo más delicado que hemos podido registrar este año durante el gobierno de Santos es la reforma” de la justicia militar, señaló.
Ampliar el fuero militar “favorece la impunidad”, toda vez que “es conocido el récord de la jurisdicción militar en Colombia, que se ha caracterizado por encubrir, por manipular evidencias”, sostuvo Vivanco.
El proyecto al que se refiere, en trámite en el Congreso, contempla incrementar el alcance de la justicia penal militar para que reciba en primera instancia las investigaciones sobre delitos de los uniformados en actos de servicio.
“Ojalá que el gobierno de Santos retire el proyecto”, dijo Vivanco.
Estimó que el apoyo del gobierno puede deberse a “presión interna”.

“Me imagino particularmente (que) de las fuerzas armadas y especialmente de las organizaciones de exmilitares que tienen una voz muy fuerte”, aseveró.
El director de HRW para las Américas destacó que una ampliación del fuero militar iría en contra de las condiciones acordadas por Bogotá y Washington para que Colombia reciba la ayuda estadounidense en la lucha contra el narcotráfico y los grupos irregulares.
Vivanco dijo que abordará este tema en una reunión que sostendrá esta semana con representantes del Departamento de Estado norteamericano.
En el capítulo sobre Colombia, el informe de HRW lamentó que ese país registre la mayor cantidad de asesinatos de sindicalistas en el mundo, así como que tenga múltiples desafíos relativos a los derechos humanos, como abusos contra la población civil de las guerrillas izquierdistas y grupos sucesores de los paramilitares.
Vivanco destacó un cambio de tono y una “apertura” y “receptividad muy distinta” del gobierno de Santos en comparación con su antecesor, Álvaro Uribe, pero lamentó que “la realidad no ha cambiado mucho con respecto al récord” en derechos humanos.

LA NACIÓN, Bogotá

La Corte Suprema de Justicia llamó nuevamente a juicio al ex senador Miguel de La Espriella, condenado por sus vínculos con paramilitares tras haber firmado el denominado ‘Pacto de Ralito’, para acusarlo del delito de constreñimiento al elector.
Según el alto tribunal, el ex senador De la Espriella no solo se había comprometido a apoyar el proyecto paramilitar frente al Congreso, sino que también se habría aliado con estos grupos para inclinar la votación de los departamentos de Córdoba y Sucre a su favor.
Esta nueva investigación se abre tras el conocimiento unos nuevos documentos, en los que se evidencia que el ex parlamentario habría llegado a un acuerdo con Salvatore Mancuso, para que las Autodefensas apoyaran su campaña en la regiones que tenían controladas.
Esto soportado con las altas votaciones obtenidas por él en estos departamentos hacen suponer que sí hubo presión armada por parte del grupo ilegal para que la gente votara por el ex senador.
De la Espriella, que había renunciado a su curul como congresista con el fin de no ser investigado por la Corte Suprema, no podrá evadir este hecho nuevamente dado que el delito imputado es por un acto realizado en el marco de su servicio en el Senado, y una nueva jurisprudencia permite a la Corte llevar el caso, siempre y cuando sea conexo al hecho por el que ya fue condenado.

La primera audiencia de este juicio se llevará a cabo el próximo 9 de abril, donde se le acusará formalmente por los delitos imputados.

Pese a que hace poco más de dos meses se presentaron las elecciones para Alcaldía, Asamblea, Gobernación y Concejo, en Neiva no había sido retirada completamente la publicidad. Esta semana el Cuerpo de Bomberos retiró más de 221 elementos publicitarios, entre pendones y pasacalles ubicados en puntos clave como el de la carrera séptima con décima.

LA NACIÓN, NEIVA
En el transcurso de la semana el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva  se encontraba realizando una labor de limpieza visual por las calles de Neiva. Y es que luego de la jornada electoral del 30 de octubre, muchos políticos no cumplieron con el compromiso de retirar de los postes la publicidad utilizada en la campaña.
En el primer consejo de gobierno, el alcalde Pedro Suarez hizo público su compromiso junto al director de Emergencias y Desastres del Municipio, David Cangrejo, para contribuir en la descontaminación visual de la capital del Huila. Además de anuncios políticos también era alto el número de publicidad comercial.
Cerca de 39 pendones y 75 pasacalles fueron retirados durante en menos de cinco días según informó el capitán Leónidas Silva del Cuerpo de Bomberos Oficiales de Neiva. Ayer en un recorrido que se realizó por el microcentro de la ciudad en   horas de la tarde, se dio por terminada la labor, retirando trece más.
Las principales calles de Neiva como las carreras séptima y segunda o la avenida Tenerife, ya no tienen la misma publicidad que antes. “La idea de la administración es eso que podemos ver al transitar por la ciudad, una Neiva más descontaminada visualmente. En el microcentro se dio por terminada la labor y en algunos barrios, sin embargo es posible que en las periferias haya. Esto se hace con el ánimo de que cuando se presente alguna emergencia los pasacalles no interfieran”, advierte el capitán Silva.

Alrededor de 221 pasacalles y pendones entre los que se encontraba publicidad política, se encontraban ubicados en sitios estratégicos como la carrera séptima.