El ex ministro del Interior y de Justicia Sabas Pretelt, actual embajador de Colombia en Italia, será llamado a juicio por la ‘yidispolítica’. Supuestamente el funcionario entregó de dádivas a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño en 2004 que permitieron la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe, confirmó ayer la Fiscalía.

El fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza, aseguró que Pretelt será llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho.

“El señor vicefiscal Fernando Pareja que tenía el conocimiento de ese proceso acaba de confirmar (…) la resolución de acusación dictada inicialmente hace unos meses contra el doctor Sabas Pretelt”, dijo.

Mendoza precisó que se había presentado un recurso de reposición en contra de esa acusación de la Fiscalía, que no procedió y por eso el ex ministro del Interior de Uribe será llamado a juicio por la Corte.

“La decisión de renunciar dependería de él o que la Corte Suprema de Justicia le impusiera alguna restricción”, agregó.

El Fiscal General subrayó que una vez se comunique la decisión que se tomó, pasará de inmediato a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El pasado 24 de agosto la Procuraduría General destituyó a Pretelt por la supuesta entrega de dádivas a congresistas en 2004, que permitieron la reelección de Uribe en 2006, sin embargo, la entidad explicó que el fallo esta pendiente del trámite de notificación.

Pretelt se encuentra en Roma en calidad de embajador, pese a que había renunciado al cargo el pasado 13 de mayo.

El ex ministro siempre ha negado los cargos en los que también están involucrados el ex viceministro de Interior y de Justicia, Hernando Angarita Figueredo y el ex representante a la Cámara, Teodolindo Avendaño.

En la Procuraduría General se investiga también en un proceso similar y por los mismos cargos, al ex ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y a otros altos ex funcionarios del Gobierno del presidente Uribe.

Sabas Pretelt de la Vega

El periodista colombiano William Parra, cuya captura fue ordenada por la Fiscalía de Colombia, se declaró inocente de los señalamientos que lo vinculan con la guerrilla de las Farc y aseguró que cuenta con asilo en Venezuela, según un comunicado difundido ayer en Bogotá.

“Soy una persona decente, una persona inocente sobre la cual la perversidad no ha tenido camino distinto para atacarme que el utilizar pruebas ilícitas, pruebas ilegales y violaciones de toda índole a mis derechos fundamentales”, aseguró Parra en el comunicado.

El periodista, que trabajó como corresponsal del canal Telesur y fue jefe de prensa del ex presidente Ernesto Samper, exigió respeto a sus derechos fundamentales y anunció que llevará esa solicitud ante instancias internacionales.

“Esta exigencia será llevada ante las instancias nacionales e internacionales correspondientes, teniendo en cuenta no sólo las violaciones ya sufridas en mis derechos fundamentales, sino además ahora frente a esta nueva vulneración que se presenta a pesar de que soy titular de asilo en la República Bolivariana de Venezuela”, aseveró.

El fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, confirmó ayer que se emitió orden de captura contra Parra y señaló que “los datos más importantes (en este caso) se recogieron del computador de (Raúl) Reyes”.

“En este caso se trata de señalamientos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo. Estamos solamente en la fase investigativa. Efectivamente se le dictó una medida de aseguramiento y una orden de captura”, dijo Mendoza.

Parra era investigado judicialmente desde 2006.

William Parra

Bogotá  (SIG). El Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, instó este lunes a todas las entidades del Estado y ciudadanos del país, para que ayuden al Gobierno Nacional a ejecutar una gran cruzada contra la corrupción.

La invitación fue hecha por el Jefe de Estado, durante el acto de presentación de la Política Anticorrupción del Gobierno Nacional, donde explicó que sí es posible vencer la corrupción para ganar en transparencia.

“¡Hagamos de la lucha contra la corrupción una cruzada nacional! Personalmente, como Presidente de los colombianos, me comprometo a liderar esta gran cruzada”, expresó el Mandatario, desde la Casa de Nariño, donde presentó dicha política.

Santos Calderón pidió el apoyo de todas las instituciones del Estado para poder hacer de esa iniciativa una realidad.

“Pero no puedo solo. La Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Justicia tienen que acompañarnos en este empeño. Y así como los corruptos no tienen reparos en hacer todo cuanto puedan para robar, nosotros haremos lo mismo para encontrarlos y castigarlos”, dijo.

El Mandatario recalcó que vencer a la corrupción si es posible y puso como ejemplo el trabajo que pudo realizar al frente del Ministerio de Defensa, donde se manejaron grandes presupuestos sin inconvenientes de ese tipo.

“En el Ministerio de Defensa tuve la oportunidad de liderar el proceso de compra y contratación de bienes y servicios para nuestra Fuerza Pública, con recursos extraordinarios por 8,25 billones de pesos —los más grandes en nuestra historia reciente—, sin una sola sombra de duda”, puntualizó.

En ese momento el Ministerio de Defensa contó con la garantía de una Comisión de Ética y Transparencia, conformada por destacados empresarios, representantes de universidades, presidentes gremiales y ex ministros de Defensa, y con la presencia del Contralor y el Procurador. Ellos acompañaron el proceso de decisiones para la ejecución de los recursos, cuyas observaciones siempre fueron atendidas.

“Así como lo hicimos en el sector Defensa, demostraremos que es posible hacerlo a nivel nacional y regional, siempre y cuando sigamos obrando unidos, con un propósito común, todas las entidades del Estado —incluyendo las de control, la Rama Judicial, el Legislativo y el Gobierno— y la sociedad civil en su conjunto”, sostuvo.

Pidió que al igual que a los cabecillas del terrorismo y el narcotráfico, las autoridades persigan con todo empeño a los corruptos.

“¡Y vamos a ponerle inteligencia a esta lucha! Con los mismos métodos que hemos logrado la derrota de importantes cabecillas del narcotráfico y terrorismo, vamos ahora por los cabecillas de los carteles de la contratación y sus redes de cooperantes que se han incrustado en las oficinas del Estado”.

Así que quedan avisados: ¡Vamos por los corruptos y por sus bienes, que son los de todos! ¡Vamos por sus cómplices en el sector privado!”, advirtió el Presidente Santos.

El ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera, y su homólogo de China, coronel general Liang Guanglie, firmaron ayer en Bogotá un acuerdo de cooperación militar. El convenio fue suscrito durante la visita del alto funcionario chino, la primera de un ministro de Defensa de la República Popular China a Colombia.

Ambos ministros firmaron un acuerdo mediante el cual China aportará a Colombia unos 8 millones de yuanes (cerca de 1,1 millones de dólares) para que este país sudamericano adquiera materiales de logística, informó el despacho de Defensa en Bogotá.

El ministro Rivera destacó el interés manifestado por el gobierno del país asiático en el alto nivel de especialización de la Fuerza Pública colombiana y de “contribuir con cooperación y adiestramiento al mejoramiento de la capacidad de nuestras unidades militares”.

Durante el encuentro, el general Guanglie extendió una invitación a Rivera para que diez oficiales colombianos participen en diferentes cursos de formación en la República Popular de China, al tiempo que, en respuesta a una solicitud del Ministerio de Defensa chino, Colombia anunció el envío a ese país de especialistas militares en los campos de francotirador, buceo de combate, subsistencia y combate fluvial, con lo cual se busca contribuir con los procesos de formación del personal militar de ese país. Del mismo modo, el Ministerio de Defensa de Colombia puso a disposición de China la experiencia y las capacidades adquiridas en otras áreas como la lucha contra el narcotráfico, interdicción y antisecuestro.

“Hemos compartido las visiones de ambos países en seguridad y defensa y los retos de Colombia contra el narcotráfico y el terrorismo y la necesidad de ambos países de articular esfuerzos de ambos países para enfrentar el crimen trasnacional, muy especialmente el tráfico de drogas, el terrorismo el tráfico de personas y el tráfico de armas”, expresó el Ministro de Defensa de Colombia.

Los ministros destacaron la sólida voluntad de cooperación en seguridad y defensa entre ambas naciones, con las que se pretende contribuir a la paz y seguridad internacionales.

Los ministros destacaron la cooperación en seguridad y defensa entre ambas naciones.

Foto: Javier Casella-Mindefensa

En una carta radicada a la fiscal de Justicia y Paz, Daisy Jaramillo, el cabecilla del bloque norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′, manifestó su deseo de colaborar con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en el proceso, aunque sostuvo que sólo lo podrá hacer cuando se comiencen a conocer las primeras decisiones en su contra por parte de la justicia norteamericana.

El abogado Hernando Bocanegra dijo que su defendido manifiesta en el escrito que desea continuar en Justicia y Paz, pero no seguirá rindiendo versiones libres hasta que no se resuelva el proceso por narcotráfico en Estados Unidos.

Según el penalista, Tovar Pupo seguirá colaborando con la justicia ordinaria en la que ya pidió sentencia anticipada en varios procesos.

El testimonio de ‘Jorge 40’ estaba previsto en diversos procesos por ‘parapolítica’. El pasado 30 de agosto Tovar Pupo fue citado por la Sala Penal de la Corte Suprema en los procesos del ex congresista José Domingo Dávila Armenta y el ex director del DAS Jorge Noguera Cotes, a quien se le acusa de vínculos también con ‘paras’. También debía prestar testimonio en las investigaciones previas que se le adelantan a la ex senadora Nancy Patricia Gutiérrez y el senador Javier Cáceres, ambos implicados, al igual que Dávila Armenta, en ‘parapolítica’.

Alias ‘Jorge 40’

La justicia ecuatoriana volvió a vincular al ex comandante del Ejército de Colombia, general Mario Montoya, a una causa por presunto asesinato a raíz del bombardeo contra las Farc en Angostura, Ecuador.

El fiscal del caso, Carlos Jiménez, dijo el juez Daniel Méndez aceptó un pedido suyo para vincular nuevamente a Montoya, pero no dio paso a su solicitud de arresto preventivo, durante una audiencia el pasado viernes en la ciudad de Lago Agrio.

“Se lo vinculó al proceso”, que también involucra al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien era ministro de Defensa en la fecha del ataque contra las Farc en territorio ecuatoriano. “La Fiscalía pidió prisión preventiva, pero el juez no accedió”, señaló el fiscal.

Según el fiscal Jiménez, existen elementos que hacen “presumir la participación” de Montoya en el ataque contra las Farc en territorio fronterizo de Ecuador el primero de marzo de 2008, que mató a 25 personas, incluido el número dos de la guerrilla, ‘Raúl Reyes’, y derivó en la ruptura de relaciones durante 21 meses.

Entre esos elementos se cuentan “las circunstancias del delito, la muerte de (25) personas, unas que fueron ejecutadas, y los indicios que hay de responsabilidad y participación”, agregó el fiscal.

Montoya era el comandante del Ejército en la época del bombardeo, recordó Jiménez, precisando que el juez no concedió la orden de captura por el principio de “equidad jurídica”, pues los demás implicados no están cubiertos con esa medida.

La decisión se produjo luego de que el pasado 30 de agosto Méndez revocara una orden de prisión contra Santos por el mismo caso.

General (r) Mario Montoya

El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, dijo que la utilización del terrorismo por parte de las Farc demuestra su debilidad y desesperación por la ofensiva de la fuerza pública, y descartó cualquier diálogo de paz con ese grupo guerrillero.

El ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, aseguró   que el Gobierno no tiene pensado abrir un proceso de diálogo con las Farc porque sus acciones terroristas de los últimos días no lo permiten.

“Con los terroristas no se dialoga”, dijo Rivera, tras advertir que el gobierno seguirá enfrentando a este grupo armado ilegal y a las demás guerrillas.

El jefe de la cartera de Defensa insistió en que no hay que creerle a las Farc, pues ellos no tienen voluntad de diálogo ni de dejar las armas ni la violencia, por lo que la única manera de enfrentarlos es mediante el fortalecimiento de las ofensivas militares, con firmeza, determinación y con la colaboración de la ciudadanía.

“No hay ninguna posibilidad de diálogo, no se puede hablar con alguien que cree que utilizar la violencia como lenguaje es la única forma para hacerse entender de su interlocutor. Colombia nunca cederá ante esa clase de chantajes”, enfatizó.

Recordó que el cartel de Medellín se logró derrotar gracias al fuerte accionar de la Fuerza Pública y del mismo modo se derrotará a las Farc.

Rivera calificó el atentado en contra de los 14 policías como una violación a todas las normas del derecho internacional humanitario y señaló que es una muestra de la debilidad de las Farc, es una “patada de ahogado” frente a la fuerte ofensiva de la Fuerza Pública en contra de todas las modalidades de delito.

Una vez más el jefe de la cartera de Defensa expresó su solidaridad con las familias de los 14 policías fallecidos.  Agregó que ese crimen esta siendo denunciado ante la opinión pública nacional e internacional y ante los gobiernos aliados y por ahora descartó que se eleve ante la Corte Penal Internacional, debido a que Colombia está en la capacidad de capturar y castigar severamente a los insurgentes y este organismo solo actúa en los casos en los que se compruebe que un país no puede ejercer justicia.

Reveló el ministro Rivera que una semana antes, esos mismos guerrilleros pusieron un artefacto con 25 kilos de explosivos en El Doncello, los cuales habían sido detectados y desactivados por el mismo escuadrón de carabineros que luego fue atacado por los insurgentes del frente 15 de las Farc.

El funcionario confirmó que en la ofensiva contra la subversión, al menos 15 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) murieron en un bombardeo militar sobre un campamento del grupo insurgente, en jurisdicción del municipio de Saravena, en el departamento del Arauca.

“En este momento estamos construyendo cerca de 140 mil viviendas (anuales); se requiere para eliminar el déficit la construcción de cerca de 250 mil hogares que se forman todos los años, que demandan vivienda y solamente a 140 mil se les puede satisfacer su necesidad básica”, dijo el presidente Juan Manuel  Santos.

De esa manera, el  mandatario reiteró el compromiso que hizo durante la campaña, según la cual “tenemos una meta, que yo sé que es ambiciosa, pero que la podemos cumplir: construir un millón de viviendas en los próximos cuatro años”.

Santos Calderón explicó que en Colombia “hay un déficit mayor, el cualitativo; gente que tiene su vivienda pero que no vive en condiciones dignas. Ese déficit es mucho mayor, se calcula que son más de 2 millones 500 mil personas”.

Vivienda digna

El presidente Santos Calderón consideró necesario que esas viviendas sean construidas con unas características que permitan a los ciudadanos vivir en condiciones dignas.

“No se trata solamente de que tengan unas paredes y un techo, no, se trata de que tengan una vivienda en un entorno agradable, en un entorno en donde el acceso de los hijos al colegio sea un acceso relativamente fácil, en un entorno donde pueda existir un parque, donde puedan vivir dignamente. Ese es nuestro propósito”, afirmó el Jefe de Estado.

Dijo que para avanzar en este sector también habrá que hacer una serie de modificaciones, por ejemplo, en la forma como se distribuyen los subsidios, y destacó el gran esfuerzo que hizo el Gobierno anterior, al dar subsidios a la tasa de interés.

“Ese es el tipo de reingeniería que tenemos que hacer, para ver cómo logramos el paquete completo, donde los constructores comiencen a construir, donde ojalá los beneficiarios inclusive puedan tener la oportunidad de escoger el tipo de vivienda que quieren. Ese sería un gran paso en materia de calidad de vida”, concluyó el Presidente Santos.

Subsidios y tramitología

El Presidente  Santos hizo un llamado a las entidades del Gobierno para que agilicen la asignación de subsidios a las comunidades colombianas y eliminen la tramitología.

Durante la cuarta jornada de Acuerdos para la Prosperidad, que se llevó a cabo en Madrid (Cundinamarca), el Jefe de Estado aseguró que este es un objetivo de su administración, ya que la demora en la entrega de recursos, por la cantidad de trámites, tiene un alto costo.  “En eso vamos a ser muy, muy rigurosos, de ir avanzando y mejorando en todo lo que tenga que ver con la demora en las aprobaciones de muchos de los subsidios o de muchas de las iniciativas, porque nadie ha hecho el cálculo, así como hablábamos, pero esa demora tiene un costo inmenso”, dijo Santos.

La ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, le entregó un reporte al presidente Juan Manuel Santos.

Una ex detective admitió a la Fiscalía de su país haber espiado a magistrados que juzgan a políticos aliados del entonces presidente Álvaro Uribe por nexos con paramilitares pero aclaró que lo hizo atendiendo órdenes superiores.

Alba Luz Flórez, ex integrante del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- admitió que orquestó un plan para espiar a los magistrados, grabar sus conversaciones y hacerse de manera subrepticia de información sobre los procesos.

“Todo cuanto ocurría en las pesquisas de la Corte (a congresistas oficialistas por nexos con escuadrones de ultraderecha) lo supo el DAS”, según los informes.

Según la versión de la detective -apodada por los medios la ‘Mata Hari colombiana’-, en marzo de 2007, el jefe de la subdirección de fuentes humanas del DAS, William Romero, le ordenó infiltrar la Corte Suprema de Justicia y para ello pidió ayuda a un capitán de la Policía, jefe de seguridad del Congreso, con quien había sostenido una relación sentimental.

“Lo primero que hizo fue reconquistarlo, prometerle que se casarían y pedirle que le colaborara con sus contactos para llegar a la Corte Suprema”, añaden los informes. Fue este oficial de la Policía quien la puso en contacto con miembros de la escolta de los magistrados con quienes materializó el plan.  También, convenció a una mujer encargada del aseo del alto tribunal para que introdujera grabadoras y así seguir las sesiones secretas de los magistrados y, según su testimonio, “en junio de 2008 le pidieron obtener, como fuera, el expediente en contra del senador Mario Uribe” primo del entonces presidente.

Según la ex detective -que por su confesión recibió beneficios jurídicos y se convierte en testigo en la investigación por seguimientos y escuchas ilegales- gracias al éxito de su labor recibió felicitaciones de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado.

Según la Fiscalía, el espionaje no sólo fue a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También, a políticos opositores y periodistas críticos del gobierno de Uribe, quien siempre negó haber ordenado los seguimientos. El DAS es un organismo que depende directamente del despacho presidencial.

El escándalo, que fue revelado por la prensa a principios de 2009, resurgió esta semana tras conocerse la condena al ex director de contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, que admitió haber participado en el plan.

Alba Luz Flórez, conocida como la ‘Mata Hari’, le reveló a la Fiscalía la forma cómo ‘chuzo’ a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Según el documento difundido por un medio reconocido del país, en marzo de 2007, el subdirector de fuentes humanas del DAS, William Romero Sánchez le informó sobre la necesidad de recolectar información privilegiada de la Corte. Tarea que adelantó hasta abril de 2009.

Flórez aseguró que se escondió en cafeterías aledañas al Palacio de Justicia para hacerles el seguimiento a los magistrados, así como se hizo pasar por vendedora de productos alimenticios. Además que le pagó, “con dineros del DAS”, a una de las empleadas del servicio de la Corte para que “metiera una pequeña grabadora para grabar las salas plenas de los magistrados”.

Asimismo, aclaró que “entregó copias de inteligencia sobre procesos que adelantaban los magistrados”. Aseguró que la ex directora del DAS María del Pilar Romero conocía sobre sus acciones. “Por los alcances de la misión fue felicitada por orden de la señora María del Pilar que se sentía orgullosa de mi labor”.

La señora Flórez Gélvez dijo que prestó servicios en la dirección de protección, y afirma que escoltó a la esposa de Horacio Serpa, la ex ministra de Defensa, Martha Lucía Ramírez, la esposa de Diego Palacio, la esposa de Fernando Londoño Hoyos y a la ex ministra de Educación, Cecilia María Vélez White. La labor de espionaje a la Corte Suprema de Justicia comenzó con la ayuda del ex jefe de Seguridad del Congreso de la República y concluyó con una de las funcionarias de la cafetería de ese alto tribunal.

Fue en marzo de 2007 cuando a Alba Luz Flórez Gélvez, una de las mejores detectives del DAS, su jefe, el entonces subdirector de Fuentes Humanas, William Romero; le ordenó conseguir los procesos más connotados de la ‘parapolítica’ y la ‘farcpolítica’ a través del reclutamiento de fuentes humanas.

Para cumplir esta misión contactó al capitán Julián Leonardo Laverde con quien sostuvo una relación amorosa en el año 2005 y a quien trató de reconquistar debido al conocimiento que tenía de otros escoltas y funcionarios de la Corte Suprema. La ‘Mata Hari’, como era conocida al interior del organismo de Inteligencia, fungió como una vendedora de productos alimenticios de Omnilife que se ubicaba en diferentes cafeterías aledañas al edificio de la Corte.

Bajo esa fachada fue conociendo a personas como David García, actual escolta del magistrado Iván Velásquez, el investigador estrella de la ‘parapolítica’, quien le presentó a otros funcionarios de mediano nivel, como Manuel Pinzón Casallas, que le entregó los procesos que se le seguían a importantes dirigentes políticos como la senadora Piedad Córdoba, el senador Mario Uribe Escobar, primo del ex presidente Álvaro Uribe; Alvaro García, investigado por masacres en la Costa Atlántica; Wilson Borja, Gloria Ines Ramírez, entre otros.

La siguiente etapa en esta metódica infiltración a la Corte Suprema comenzó en marzo de 2008, cuando Romero le ordenó a la ‘Mata Hari’ obtener grabaciones clandestinas de las sesiones reservadas. Para esta labor, David García le presento a Janeth Maldonado, funcionaria de la cafetería, a quien después de una extensa labor persuasiva le entregó una grabadora de larga duración que la mujer debía colocar en un sitio estratégico de la mesa central del despacho en el que se celebraban las reuniones privadas. “Es de destacar que para no despertar sospechas, la señora Janeth debía introducir la grabadora horas antes, dos o tres horas antes de que se iniciara el evento o la reunión esto me garantizaba tanto la protección de Janeth como la protección de Janeth como la protección de la actividad que se iba a llevar a cabo”, dice textualmente uno de los apartes del documento.

Por explicar en detalle esta compleja y al mismo tiempo elemental estrategia de infiltración a la Corte Suprema de Justicia esta hábil detective recibió el principio de oportunidad que deberá ser o no avalado por un juez el próximo lunes para que se convierta en testigo de cargos dentro de este proceso y continué entregando a la justicia información reveladora que permite identificar plenamente quiénes fueron los responsables de las ‘chuzadas’.