En tiempos de la inmediatez informativa, el uso de poderosas tecnologías y un nuevo marco de relaciones entre la ciudadanía y sus líderes, parece cada vez más difícil separar la delgada línea entre la vida pública de los poderosos y su ámbito privado e íntimo. Es lo que está ocurriendo con la señora fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos y su relación marital con el polémico ex senador Carlos Alonso Lucio, desencadenando fuertes ataques de algunos sectores que consideran que la funcionaria, por esa situación sentimental, no tendría ni la independencia ni la probidad requeridas como máxima jefa de la investigación judicial. Paradójicamente las críticas más duras le han llegado a la señora Fiscal de algunas de sus congéneres periodistas.
En tanto la vida privada, íntima, no interfiera ni se inmiscuya con las actuaciones públicas, la primera deberá ser respetada en toda su extensión, podría ser la postura elemental que rija en este tipo de discusiones. Pero no es tan fácil en tratándose, en este caso de la señora Fiscal, de una relación con otra persona de agitada y dilatada vida pública. Empero, y mientras no se demuestre que el señor Lucio influye en las decisiones de su cónyuge, prevalece el respeto a la vida privada de la funcionaria.
En otra línea, de quienes defienden a la Fiscal, se afirma que este tipo de debates no se les formulan a los hombres públicos, no se les investiga y juzga por quién les habla o con quién duermen. Plantean que la cultura patriarcal – puesta de manifiesto en este asunto – desconoce la autoridad femenina al argumentar que las mujeres son incapaces de ser depositarias del poder, por lo cual la idea de autoridad y autonomía es atribuible sólo a los hombres. Seguramente sí, aún prevalece en la genética nacional un exceso de proteccionismo, acompañado de dosis de superioridad, de los hombres frente a las mujeres. Que la Fiscal haga su trabajo con inteligencia, autonomía e independencia, no sólo de su marido sino de los demás poderes y actores de la vida institucional del país, debería ser el punto central de la discusión. Juega contra ella, es innegable, el activo papel político que ha desempeñado el señor Lucio, sus controvertidos papeles en distintos escenarios pero, en gracia de discusión, eso es más historia que presente. Depende de él, un hombre reconocido como inteligente y hábil, no entorpecer ni convertirse en estorbo de su ocupada esposa.
La situación, en todo caso, debe superar lo privado e íntimo de la funcionaria y encaminarse a que, como corresponde al servicio público, que todos seamos valorados por las capacidades individuales, desempeño y resultados, y no por prejuicios que suponíamos ya superados históricamente en este país del siglo XXI. Que sea mujer u hombre y con quién comparten la cobija es de su respetable fuero íntimo.

“Que la Fiscal haga su trabajo con inteligencia, autonomía e independencia, no sólo de su marido sino de los demás poderes y actores de la vida institucional del país, debería ser el punto central de la discusión”.

EDITORIALITO
Muy bien que la Policía haya emprendido una campaña de sensibilización para prevenir el fleteo y la inseguridad bancaria. Las institituciones financieras tienen la obligación de adoptar las medidas al interior de las propias instituciones, donde, paradójicamente, se han reportado algunos robos.

Así está el Tribunal Superior de Bogotá y más concretamente los magistrados Alberto Poveda (nuestro paisano) y Fernando Pareja, por cuenta del fallo sobre la responsabilidad penal del ex coronel Plazas Vega.  Les ha caído un mundo de críticas por haber tenido la osadía de correr traslado a la Corte Penal Internacional para que investigue al ex presidente Belisario Betancur, al tiempo que ordenar al Ejército de Colombia a que presente disculpas a las víctimas en la Plaza de Bolívar, por la muerte y desaparición de unos sobrevivientes al holocausto del Palacio de Justicia.  Esta vez no solo los militares en retiro ni sus obsecuentes columnistas como Plinio Apuleyo Mendoza y Fernando Londoño, sino el propio Presidente de la República y sus ministros del Interior y de Justicia han salido a descalificar el fallo.

Ciertamente la sentencia se profiere en un momento en el que la Fuerza Publica es muy distinta a la de los años ochenta y justamente ahora, que en el Palacio de Liévano, diagonal al sitio de los hechos, la democracia tiene a Petro y a Navarro (dos ex dirigentes del M-19) rigiendo los destinos de los bogotanos.  Eso también ha aumentado la urticaria que despertó el fallo.  Pero seamos serios: nuestra dirigencia política se jacta y llena su boca afirmando en foros internacionales que el Estado colombiano es un Estado Social de Derecho en el que los derechos fundamentales son su base y la justicia es independiente. No obstante, se rasgan las vestiduras cuando se profiere un fallo como el que hoy se comenta. Y digo que se rasgan, por cuanto el Estado colombiano ya había sido condenado en varias ocasiones por el Consejo de Estado, precisamente por los excesos del Ejército en la retoma del Palacio de Justicia.  Además,  para nadie es un secreto (podría decirse que es hasta vox populi) que la Comisión de Acusaciones no investiga ni juzga a nadie, y que el ex presidente Betancur, quien anda de “Hay Festival”, no fue la excepción.  Debe recordarse, que no solo existe una única declaración de un tal “Villamizar” como se ha querido tergiversar el fallo, sino múltiples piezas probatorias que incluyen videos, necropsias y testimonios que corroboraron la practica criminal de quienes estaban obligados a respetar la ley en la retoma del Palacio.

Ciertamente sorprende que desde un fallo de segunda instancia en el que se resuelve la situación penal de un militar se hayan tomado las otras determinaciones; pero es que el derecho penal está cambiando mundialmente, y habrá que leer y no solo prejuzgar, los mil doscientos folios que integran la sentencia judicial, pues los magistrados que la suscriben no son unos aparecidos.

En diciembre  de 1913 llegó al poblado de San Agustín Konrad  Theodoro Preuss, un alemán con doctorado en Antropología y estudios  en Etnología y Geografía en la universidad de Berlín y con una amplia  trayectoria de investigador en Alemania y en México. Durante  cuatro meses exploró el territorio de los actuales municipios de Isnos y San Agustín, excavó tumbas, reunió información, interpretó  y  fotografió estatuas que le permitieron a su regreso a Alemania escribir el libro Arte Monumental Prehistórico en donde registro para el mundo científico y cultural la naturaleza y las características de la Cultura Agustiniana, que sigue siendo  la base de los estudios de los investigadores durante los  siguientes  cien años. Preuss a su regreso a Alemania,  organizó en 1923 en Berlín una exposición en donde exhibió las estatuas, moldes en yeso, cerámicas y otras piezas  que se llevó, que causaron sensación en el mundo  científico, cultural y periodístico de Europa.

Este hecho  histórico, que guarda  similitudes  con el descubrimiento científico que  hizo  de Machu-Picchu Hiram Bingham en 1911,   me motivó a hacer  la propuesta,  en un documento  próximo a publicarse de que, al igual que lo hizo el presidente Alan García del Perú en julio pasado, es justo que  se celebre en diciembre del año entrante, con  actos  repercusión mundial y con la presencia del presidente de la República y de delegaciones culturales  extranjeras,  el descubrimiento científico que hizo Preuss de la Cultura Agustiniana. Celebración que debe ser el punto de partida para hacer  el relanzamiento de cultural y turístico de este patrimonio mundial, para  mejorar la infraestructura vial y hotelera de  la zona, para incorporar  nuevos sitios  turísticos teniendo en cuenta  la interacción de la cultura y la naturaleza del Macizo Colombiano,  para recuperar la estética urbana de San Agustín  y concientizar a los habitantes del sur del departamento de la  riqueza cultural que se asienta en su territorio. Las intenciones de la  gobernadora Cielo González y de casi todos  los alcaldes del sur, van afortunadamente esa dirección. Lo que se requiere es que todos entendamos que esta es una oportunidad única para el Huila en mucho tiempo.

El Tribunal Superior de Bogotá, confirmó la condena  a un militar que abusó del poder, como es frecuente en ellos. Las investigaciones realizadas, durante más de 26 años y las pruebas logradas, son el soporte legal. Imposible tapar el sol con un dedo.
Quién  dijo Troya. Muchos supuestos demócratas, hipócritas y cínicos, si lo hubieran absuelto, estarían irresponsablemente silenciosos, sin valorar  el daño social e institucional, que ha hecho y hace, desde siempre, la impunidad rampante que ha prevalecido en Colombia. Es la genuina revelación de que las élites del poder económico y político y sus secuaces, quieren mantener la impunidad, para beneficio de ciertos intocables.
Inexcusable  legalmente y muy dañino para la institucionalidad, que representantes de la autoridad y el poder, de esa misma institucionalidad, explicita o soterradamente, pretendan cuestionar y/o desconocer la decisión de miembros de una Rama del Poder Público. Rama  que debe ser garante de la equidad y recta administración de justicia, como garantía del respeto de los derechos de los ciudadanos. Son los mismos que perversamente y maniqueamente, pretenden que continúe aplicándose la ley solo para los de ruana.

El descontento manifiesto, explica por qué, en el gobierno de Uribe, hubo declarada y ya bastante probada persecución contra jueces que actuaban con sujeción a la ley y en particular, contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Eran conscientes solapados, de las responsabilidades delincuenciales, de muchos amigos incondicionales de ese gobierno, que por razón de su fuero legal, tenían que ser investigados por la CSJ.
Ya son muchos los hechos revelados, probados y en investigación, imposibles de ocultar. Cada día surgen más revelaciones y pruebas de las relaciones de miembros de ese gobierno con delincuentes.
Los delincuentes requieren que las leyes, su interpretación y aplicación, puedan ser manipuladas a su antojo. El ruido por la confirmación del fallo, es plena prueba de los propósitos y acciones del régimen, por mantener la caricatura de justicia y democracia. Sin justicia recta no hay democracia real.
Explica también, la conformación de terna, para la selección de Fiscal General de la Nación. Recuérdese que en esa terna, estaba el responsable de la Circular No. 20, diseñada para estimular el delito contra la vida de inocentes, que al ser develados los resultados, el mismo gobierno, los denominó eufemísticamente, “faltos positivos”, cuando llanamente son crímenes de estado.
Explica por qué, el régimen sigue patinando, como jugando a las escondidas, en la identificación de los responsables intelectuales de crímenes como el de Álvaro Gómez, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Jaime Garzón y muchos otros, de los que nunca aparecerán los responsables intelectuales.
Explica la impunidad que ronda a delincuentes como Rito Alejo del Río y muchos otros de similar calaña. Así son los cimientos de la democracia colombiana. Deleznables.

La mayoría de colombianos no está a gusto con el estado de cosas que le ocurren al país, a las puertas del TLC con Estados Unidos y camino de otros tratados o compromisos comerciales igualmente importantes con Canadá, Japón y la Unión Europea.

El Jefe de Estado le ha pedido a su gabinete ministerial que apure el ritmo de los contratos pendientes en todos los frentes de trabajo: infraestructura vial, puertos marítimos, aeropuertos, zonas francas, competitividad, comunicaciones, turismo, propiedad intelectual y política industrial.

Los anteriores son los ejes que harán mover o no las principales locomotoras del desarrollo social y económico del país.

Los aeropuertos regionales, naciones e internacionales, no son adecuados ni suficientes para movilizar carga y pasajeros dentro y fuera del país. Fueron cinco años de gestiones para lograr el TLC con Estados Unidos y nada se hizo para mejorar la aeronavegación nacional.

El caos en la movilidad no está solo en Bogotá y las principales ciudades, se ve y se siente en las precarias carreteras locales y nacionales. Si  bien el invierno no da tregua, y es mucho lo que viene haciendo el Gobierno para mitigar los daños causados, lo que se ha hecho es insuficiente.

En cuanto a la responsabilidad social y económica del atraso en las megaobras viales, los unos y los otros se tiran la pelota, nadie responde por el abuso cometido en tantos contratos donde se gastaron la plata, se montaron peajes, pero los viajeros y transportadores de carga por carretera siguen pagando los platos rotos.

La congestión en la movilidad traspasa las fronteras urbanas. Colombia no tiene autopistas suficientes para asumir el desafío de las grandes ligas del comercio global.

No hay presentación a tanta guachafita con los recursos del Estado, pues ya los corruptos hicieron la fiesta y se bailaron los recursos públicos.

Es urgente trabajar sin pausa, con firme decisión política en la construcción de nuevos aeropuertos, zonas francas y puertos marítimos. De aduanas no sabemos nada. Necesitamos saber cómo va el famoso Túnel de la Línea entre Tolima y Quindío, del cual solo se sabe que hubo sobreinversiones. No más tiempo, señores.

¿Será en octubre de 2012 o de 2013 que se entregará la autopista Bogotá-Girardot? Qué vergüenza haberles dado tanta largas a los mal llamados contratistas que hicieron mucho mérito para robarse la plata y burlar al país.

Como ciudadanos que acatamos el  llamado que nos hiciera el  ahora  gestor cultural Guillermo Plazas Alcid, desde cuando planteó hace casi una década la conmemoración del centenario  del departamento del Huila, no con simples saludos a la bandera, la entonación de los himnos patrios, condecoraciones, muchas veces inmerecidas y buscadas , si no con obras y acciones que cumplieran los sueños y por ende el promisorio futuro para los habitantes de la tierruca, acontecimiento que no fue posible realizar de acuerdo con el espíritu sugerido por Plazas, quien a la vez nos hablara sobre la manera como  los citadinos, con las autoridades y dirigencia en general a la cabeza, deberíamos pensar en los preparativos para la celebración el próximo 24 de mayo de los 400 años de la  fundación de esta capital, solo hasta la semana pasada y por fortuna gracias al interés demostrado por el entrante alcalde Pedro Hernán Suárez Trujillo,  se ha empezado a  hacer  conciencia acerca de la  trascendencia de la efemérides.
Cuánto se hubiera adelantado si el inicio oficial hubiera sucedido hace dos años (hay quienes dicen que uno), con el complementado y decidido apoyo del “pichón”, cuyo nido, especie de tejido electoral que le dejara su padre Álvaro Sánchez Silva (y que usufructuara para su elección como gobernador), ese sí “Pájaro” de alto vuelo político, de reconocida transparencia y sentido de la amistad. De habernos tocado en ésta época como gobernante este ejemplar espécimen humano, tal celebración no hubiera sido tan desdeñada como también lo fue durante la anterior Administración Departamental el grueso de la comunidad huilense y quienes nos creíamos sus amigos.
Pero bueno…, con la ayuda de Dios; de la dinámica dirección del burgomaestre Suárez; de la experimentada y quijotesca gestión de Plazas como Coordinador General; de la asesora del Alcalde para tal efecto, Larisa Calderón; de los presidentes de la Cámara de Comercio de Neiva, Ariel Rincón y del Concejo Municipal, Javier Silva; de los secretarios  de Educación, Faiver Hoyos y de Cultura Municipal, Tania Beatriz Peñafiel y del resto de miembros del Comité de Apoyo Interinstitucional “Neiva 400 años”, vamos a salir adelante con la camiseta  puesta, como ya se vio el anterior 24 en el Centro Cultural y de Convenciones, para que las obras no queden en los pocos anuncios  que se han hecho, sino que, a través de este año ¡y los siguientes!, la tarea, que es de todos, traiga prosperidad, no solo a la Villa que nos fundara  Diego de Ospina, sino a la tierra promisoria de José Eustasio Rivera,  Jorge Villamil  y Misael Pastrana.

Más de 26 años después, transcurridos cinco gobiernos y muertos la mayoría de los protagonistas, algunos en la misma batalla, el país aún no logra desenredar la confusa y compleja madeja que nos dejó el asalto y la retoma del Palacio de Justicia.
Y la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá confirmando la condena a 30 años de prisión contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, ha generado las reacciones más encendidas, a favor y en contra. Y de ellas las dos más polémicas: una, que desde el Ministro de Defensa Nacional, pasando por el resto de la cúpula militar hasta el Comandante de la Escuela de Caballería, “celebren un acto público en la Plaza de Bolívar de Bogotá pidiendo perdón a la comunidad por los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985 que llevaron a la desaparición” de dos personas.
Y dos, la solicitud al Fiscal Principal ante la Corte Penal Internacional para que considere presentar el caso de la posible responsabilidad de Belisario Betancourt Cuartas, presidente para la época de los hechos. Según el Tribunal, para que se “impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al ex presidente de la República en el ámbito interno colombiano”.
Y de nuevo ha sido Troya. Ha metido baza el mismo presidente Santos, poniéndose del lado del Ejército y del ex presidente Betancourt, con inmediatas reacciones de las altas cortes en defensa de la independencia y autonomía de la Justicia y exigiendo el respeto por los fallos judiciales. Lo que viene no será nada fácil. No hay, como se ve, ningún ánimo del Primer Mandatario, en calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, de hacer cumplir la orden de los magistrados. Y resultaría altamente perturbador, independientemente de la gravedad de las desapariciones, el observar a los altos mandos colombianos en un acto público pidiendo perdón a la comunidad.
Lo segundo, el caso Betancourt, depende ya más de un fuero externo, el Fiscal Principal de la Corte Penal Internacional, que de lo que puedan o deban hacer las autoridades colombianas. De cualquier manera, y obviando el silencio que ha guardado el ex mandatario desde noviembre de 1985, llevar ante un órgano judicial extremo a una persona de más de 90 años de edad no sería necesariamente un acto de Justicia. Estos hechos han generado confusión en la opinión ciudadana, que no logran asimilar el impacto de semejantes decisiones, en un país, donde la justicia no ha brillado, con la luz que requiere para la construcción de una sociedad en paz.

“Llevar ante un órgano judicial extremo a una persona de más de 90 años de edad no sería necesariamente un acto de Justicia”.
EDITORIALITO
Es una lástima que el Ministerio del Medio Ambiente no haya garantizado su participación en la audiencia pública para evaluar el cumplimiento de los compromisos por parte de Emgesa, en la construcción de El Quimbo. Aunque la audiencia no ha sido cancelada, debe con urgencia definirse una fecha para aclarar el panorama.

Todos los análisis que se han hecho sobre el actual estado de las Empresas Públicas de Neiva apuntan a lo mismo: Ha habido un desmadre sistemático en esta empresa. El actual alcalde no ha recibido una buena herencia. Y la pregunta que ha quedado planteada en esos análisis es si la actual administración seguirá con la mala herencia que dejaron los demás y si, en verdad, pagaran justos por pecadores. Es decir, yo no creo, de buena fe, que el actual alcalde ponga en riesgo su capital político y su prestigio por defender los malos intereses que otros dejaron incrustado en la EPN. No. Porque no es carreta, frente a la crisis en que está sumida esta empresa, el alcalde debe desmontar la mala herencia que otros dejaron porque está en riesgo un patrimonio de los neivanos y, de paso, el prestigio de él mismo. Por ejemplo, sin duda, y entre más temprano mejor antes que nos salga más caro, tendrá que desmontar la onerosa nómina paralela que le han colgado a esta empresa, pues una cosa es clara: La misión de una empresa pública, llámese como se llame, no es la de engordar desaforadamente la burocracia interna a costa del bolsillo de los ciudadanos, sino la de ofrecer un servicio de calidad a sus usuarios con el personal necesario sin que falte y con el suficiente sin que sobre. Porque este es el contrasentido en que han convertido la misión de las Empresas Públicas de Neiva, que acosta del bolsillo de los neivanos han engordado una voraz burocracia sin importar su número, así el servicio que se está prestando sea deficiente. Ahora, que paguen justos por pecadores va en el mismo sentido, ya que si se sigue sosteniendo la mala herencia que otros dejaron, es como decirles a los usuarios que acepten que se desmosten los subsidios sin que se desmonte la onerosa burocracia que se ha acumulado. ¡Eso sería de marca mayor! Ahora, y siendo objetivos, sin duda el sindicato de esta empresa tiene responsabilidad en esta crisis, porque un sindicato no sólo está para defender los derechos de los trabajadores sino también pada defender los intereses ciudadanos, de los usuarios, es decir, ¡defender la empresa! La razón de ser de un sindicato no es solo los trabajadores, es la empresa misma pues ella es la que da de comer y no se puede permitir que intereses particulares se la traguen. Sensatamente, el sindicato debe ponerse al lado de las buenas intenciones de la actual administración para que la EPN realmente le pertenezca a los neivanos.