Una de las grandes vergüenzas de la Justicia colombiana ha sido y sigue siendo el Régimen Penitenciario y Carcelario, protagonista permanente de sucesivos escándalos de corrupción, desigualdades irritantes y aberrantes, criminalidad interna y un marco administrativo imposible de manejar con 32 sindicatos acosando al Inpec. Lo que acaba de descubrirse con los Nule, no debería llamar a sorpresa a nadie, en un país donde el mismo Código Penitenciario y Carcelario consagra, desde sus principios rectores, la autorización para que se discrimine por distintos motivos, es decir para que se otorguen lujos y privilegios a determinados presos.
La notable desigualdad judicial y carcelaria en Colombia empieza desde la misma captura. No se entiende cómo algunos detenidos van atados con esposas, son conducidos casi a empellones por las fuerzas de seguridad y se les priva por completo de comunicación, en tanto otros llegan de saco y corbata, caminan libremente, reciben visitas todos los días y, como se ha conocido de los señores Nule, tienen derecho a chef propio, televisión satelital y juegos electrónicos. Nada nuevo si recordamos el increíble despelote que reinó en la tristemente célebre cárcel de La Catedral, donde el mafioso Pablo Escobar y sus compinches llegaron al extremo de asesinar contendores en los predios de la misma prisión, o las insólitas fugas protagonizadas por peligrosos criminales o las cómodas condiciones en que se mantienen quienes logran el acceso a las exóticas “casas fiscales”.
Harta falta le hace a Colombia una legislación seria  y responsable en materia de cumplimiento de penas, como ocurre en diversos países en los que la condición de preso o detenido se maneja de manera absolutamente igualitaria. Basta con pertenecer a un círculo social, una posición económica, un rango militar o policial u ostentar un cargo público para que la prisión no sea la misma que la del resto de reos.
En buena hora el señor Ministro de Justicia anuncia una modificación al Código Carcelario y Penitenciario, tarea que no será nada fácil puesto que será el Congreso de la República, tan carcomido en su prestigio y legitimidad por decenas de sus miembros en la cárcel, quien determine esos cambios. Pero esperamos que Cámara y Senado den muestras de responsabilidad y prevalencia del interés general y la igualdad, y se le dé al país un marco jurídico en el que predomine tanto la dignidad del preso como la igualdad sin distingo alguno, exceptuando por supuesto aquellos casos especialísimos, como los de las Fuerzas Armadas, en los que es necesario un régimen distinto pero no menos estricto.

“Basta con pertenecer a un círculo social, una posición económica, un rango militar o policial u ostentar un cargo público para que la prisión no sea la misma que la del resto de reos”.

Editorialito
Según el gerente de Empresas Públicas, los proyectados ajustes en los costos de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, serán temporales. Si piensa en otras alternativas, porque no espera la nueva fórmula para mantener los subsidios. Las medidas transitorias en Colombia se vuelven permanentes.

Nuevamente las tensiones sociales afloran alrededor del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo, suscitadas por la ausencia de los altos funcionarios estatales que debieron poner la cara hace algunos días frente a las comunidades afectadas. En medio de una gigantesca inversión programada cercana a los 800 millones de dólares, aflora la completa ausencia de mecanismos de prevención de las fricciones sociales que son inevitables cuando de obras de alto impacto ambiental se trata. Los teóricos de la política pública y la comunicación contemporánea denominan “gestión de crisis” a todas las acciones, estrategias y medidas que se adoptan para precaver todas y cada una de las dificultades que encontrará cualesquier proyecto sobre una comunidad grande o pequeña. De tal “gestión” poco o nada se ha visto en el desarrollo de la gran obra sobre el río Magdalena.
Ni los entes estatales que han tomado las decisiones de fondo, como el Ministerio de Ambiente, ni el alto gobierno en general y tampoco la multinacional Emgesa han demostrado estar preparados para afrontar los requerimientos, exigencias, posiciones y opiniones de quienes ya padecen el impacto, en primera línea las comunidades que debieron ceder sus tierras. Y un detalle que ha pasado de agache, y que en esta coyuntura debiera considerarse, es el hecho de que el Distrito Capital de Bogotá es uno de los grandes socios de este negocio a través de la Empresa de Energía (EEB); ésta tiene el 51.5% de las acciones de Emgesa, es decir la mayoría aunque, por razones del negocio de energía en la capital, no ejerce el control de la compañía.
La nueva protesta, con la amenaza latente de bloqueos y mayores perjuicios a sectores huilenses de por sí ya golpeados seriamente por el cierre del puente Paso del Colegio, no es más que el resultado de la falta de ese tipo de mecanismos de prevención ya aplicados con éxito en muchísimos casos, incluso más complejos, en el mundo. Y no se trata de mera publicidad o propaganda que falsee los efectos de la obra, o de estrategias de seducción por métodos non sanctos; al contrario, se trata de generar efectivos canales de comunicación, oportuna resolución de inquietudes, completa información y al instante de todo lo que esté pasando con el proyecto, espacios adecuados de discusión y formas eficaces de dar tranquilidad a la comunidad frente a las consecuencias.
En esta línea han fallado tanto el Gobierno Nacional como Emgesa, y lo que se ha desencadenado no es más que el resultado de esas falencias de comunicación frente a los ciudadanos. Están a tiempo de corregirlas, de darle un vuelco a esa forma un tanto torpe y desatinada de manejar las naturales y justas reclamaciones. A sentarse, a dialogar, a escuchar, a tratar con juicio y seriedad cada problemática, a darle a la comunidad la importancia que se merece.

“Se trata de generar efectivos canales de comunicación, oportuna resolución de inquietudes, completa información y al instante de todo lo que esté pasando con el proyecto, espacios adecuados de discusión y formas eficaces de dar tranquilidad a la comunidad frente a las consecuencias”.

EDITORIALITO
Merecido el reconocimiento público hecho al Comité de Cafeteros por el primer lugar que logró el Huila en la producción del grano. Un esfuerzo significativo, que le llevó muchos años para hacer comprender a los productores que era posible superar al viejo eje cafetero.

El próximo 16 de febrero de 2012, esto es en apenas 10 días, debería entregarse completamente terminada la más grande obra pública que se está ejecutando en el Huila: el Distrito de Riego Tesalia – Paicol, en el que se invierten cerca de $100.000 millones de los contribuyentes. Y debería puesto que ya nos anuncian que no, que no será en febrero sino en octubre próximo, ocho meses después.
La alerta de nuevo está al rojo. Una y otra vez los funcionarios a cargo nos dijeron que no había problemas, especialmente el subgerente de Adecuación de Tierras de la Dirección de Infraestructura del Incoder, Rodolfo Acevedo Strauch. A mediados de 2011, cuando LA NACIÓN expresó su preocupación por la inminente quiebra del grupo H&H Arquitectura, una de las dos firmas que se ganaron el multimillonario contrato, el señor Acevedo dijo textualmente: “… el hecho de que uno de los miembros del Consorcio Interriego, H&H Arquitectura,  se acoja a la Ley 1116 de 2006, no tiene impacto sobre el desarrollo del proyecto de riego de mediana escala Tesalia- Paicol”. Y afirmó que se estaba cumpliendo el cronograma, que el 16 de febrero de 2012 la obra sería entregada y que a julio de 2011 el avance de la obra era del 36,9 por ciento.
Hoy, más de medio año después, nos dicen que la obra va en el 42 por ciento pero el Alcalde de Tesalia, que está en el epicentro del proyecto, afirma que no se ve más del 20 por ciento. Y aún si fuese cierto lo del 42 no parece probable que en apenas 8 meses vayan a ejecutar lo que no se ha hecho en más de 2 años. Peor si se tiene en cuenta que H&H Arquitectura, el socio colombiano de los españoles Mondragón Soluciones S.L. en la obra, se declaró en quiebra y en este momento está en proceso de reestructuración empresarial a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Y no es de poca monta el asunto, considerando que H&H tiene el 47% de las acciones del consorcio.
Nuestros gobernantes y líderes en el Congreso deben exigir plena claridad del avance de la obra. El Incoder no puede mentir de nuevo y afirmar que no pasa nada con una empresa que se declaró en bancarrota, tiene que presentarles al Huila y al país un informe serio de cómo va el proyecto, a su vez que, junto con la Gobernación del Huila, tendrá que compeler, si ya no lo ha hecho, a la firma interventora Inar Asociados S.A., contratada por más de $4 mil millones, para que se pronuncie frente a esta grave alerta lanzada por las autoridades locales y el mismo senador Hernán Andrade, quien ha sido el principal impulsor ante el Gobierno Nacional de la trascendental obra.
Estamos ad portas, lastimosamente, de otro lío monumental similar al ya ocurrido con la vía Isnos – Paletará – Popayán, que terminó también en los enredos del tristemente célebre Grupo Nule. En los dos proyectos enormes recursos del Departamento comprometidos e incumplimientos derivados de la quiebra de las empresas responsables. El Huila no soporta otra mega obra atrasada, versiones difusas e informes acomodados, cuando lo que está en juego es el futuro de miles de familias.

Los atentados terroristas perpetrados en Tumaco y Villa Rica (Cauca), con saldo de 17 muertos y unos 100 heridos, condenados dentro y fuera del país, no sólo confirma el desespero de las Farc para demostrar que pese a los duros golpes, siguen vivas.
Las dos explosiones ocurrieron simultáneamente como un acto demencial claramente premeditado para confirmar su lenguaje de guerra: Poner en tela de juicio la estrategia militar y generar incertidumbre.
Y lo hacen indiscriminadamente, a mansalva,  sin medir las consecuencias, sin importar las víctimas, principalmente civiles. Tampoco los daños que puedan ocasionar en apartadas zonas del país, blanco del conflicto, pero también del abandono. Y coincidencialmente, ruta obligada de narcotraficantes.  Esa es la otra disputa. La otra cara de la moneda.
“Son una demostración de irracionalidad, de locura- dijo el presidente Santos. Y con razón. Así actúan, a mansalva, sin importar que las víctimas sean civiles desarmados o humildes servidores públicos, sacrificados en cumplimiento de su deber.
Pero esa ha sido la lógica de las Farc. Estas acciones criminales, coinciden con las propuestas de ‘Timochenko’ para reabrir espacios de diálogo y explorar una salida política. Pero además, con el anuncio de liberaciones de secuestrados, como ha ocurrido en otras oportunidades. Y coinciden con la inesperada suspensión de esas liberaciones, argumentando militarización, cuando ni siquiera se conocían las coordenadas. Es la misma lógica absurda, contradictoria, ‘hipócrita’, como la calificó el presidente Santos.
Es la repetición del mismo cuento: En cada gesto de paz que anuncian unilateralmente, se esconde una escalada de guerra. El doble juego. El doble discurso.
Y no es que el gobierno haya bajado la guardia. Las operaciones militares contra la guerrilla se mantienen desde que asumió el nuevo gobierno. Las muertes del máximo jefe de las Farc ‘Alfonso Cano’ y el ‘Mono Jojoy’, son dos de los golpes más contundentes propinados al corazón de las Farc. La otra razón: demeritar los efectos, por lo menos en el campo de guerra, que deja el plan estratégico emprendido por la fuerza pública.
“Si buscan ablandar al gobierno, lo que hacen es todo lo contrario: nos endurecen”, advirtió el Jefe del Estado. Y ordenó una impresionante militarización en una zona altamente desprotegida.
Pero la solución no es solo militar. En estas zonas, donde predominan todos los actores armados que se disputan a sangre y fuego una salida al mar, para el tráfico de estupefacientes, requiere otro componente en inversión social, inaplazable como la urgencia de una política de paz, como motor de la otra locomotora para construir una convivencia civilizada.

“Es la repetición del mismo cuento: En cada gesto de paz que anuncian unilateralmente, se esconde una escalada de guerra. El doble juego. El doble discurso”.

El sacerdote boyacense Froilán Tiberio Casas Ortiz fue designado como nuevo Obispo de Neiva, en remplazo de monseñor Darío Molina Jaramillo, quien se jubiló al cumplir la edad de retiro forzoso. Sin duda, termina su admirable labor misionera. Al nuevo jerarca le damos la bienvenida.

En tiempos de la inmediatez informativa, el uso de poderosas tecnologías y un nuevo marco de relaciones entre la ciudadanía y sus líderes, parece cada vez más difícil separar la delgada línea entre la vida pública de los poderosos y su ámbito privado e íntimo. Es lo que está ocurriendo con la señora fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos y su relación marital con el polémico ex senador Carlos Alonso Lucio, desencadenando fuertes ataques de algunos sectores que consideran que la funcionaria, por esa situación sentimental, no tendría ni la independencia ni la probidad requeridas como máxima jefa de la investigación judicial. Paradójicamente las críticas más duras le han llegado a la señora Fiscal de algunas de sus congéneres periodistas.
En tanto la vida privada, íntima, no interfiera ni se inmiscuya con las actuaciones públicas, la primera deberá ser respetada en toda su extensión, podría ser la postura elemental que rija en este tipo de discusiones. Pero no es tan fácil en tratándose, en este caso de la señora Fiscal, de una relación con otra persona de agitada y dilatada vida pública. Empero, y mientras no se demuestre que el señor Lucio influye en las decisiones de su cónyuge, prevalece el respeto a la vida privada de la funcionaria.
En otra línea, de quienes defienden a la Fiscal, se afirma que este tipo de debates no se les formulan a los hombres públicos, no se les investiga y juzga por quién les habla o con quién duermen. Plantean que la cultura patriarcal – puesta de manifiesto en este asunto – desconoce la autoridad femenina al argumentar que las mujeres son incapaces de ser depositarias del poder, por lo cual la idea de autoridad y autonomía es atribuible sólo a los hombres. Seguramente sí, aún prevalece en la genética nacional un exceso de proteccionismo, acompañado de dosis de superioridad, de los hombres frente a las mujeres. Que la Fiscal haga su trabajo con inteligencia, autonomía e independencia, no sólo de su marido sino de los demás poderes y actores de la vida institucional del país, debería ser el punto central de la discusión. Juega contra ella, es innegable, el activo papel político que ha desempeñado el señor Lucio, sus controvertidos papeles en distintos escenarios pero, en gracia de discusión, eso es más historia que presente. Depende de él, un hombre reconocido como inteligente y hábil, no entorpecer ni convertirse en estorbo de su ocupada esposa.
La situación, en todo caso, debe superar lo privado e íntimo de la funcionaria y encaminarse a que, como corresponde al servicio público, que todos seamos valorados por las capacidades individuales, desempeño y resultados, y no por prejuicios que suponíamos ya superados históricamente en este país del siglo XXI. Que sea mujer u hombre y con quién comparten la cobija es de su respetable fuero íntimo.

“Que la Fiscal haga su trabajo con inteligencia, autonomía e independencia, no sólo de su marido sino de los demás poderes y actores de la vida institucional del país, debería ser el punto central de la discusión”.

EDITORIALITO
Muy bien que la Policía haya emprendido una campaña de sensibilización para prevenir el fleteo y la inseguridad bancaria. Las institituciones financieras tienen la obligación de adoptar las medidas al interior de las propias instituciones, donde, paradójicamente, se han reportado algunos robos.

Más de 26 años después, transcurridos cinco gobiernos y muertos la mayoría de los protagonistas, algunos en la misma batalla, el país aún no logra desenredar la confusa y compleja madeja que nos dejó el asalto y la retoma del Palacio de Justicia.
Y la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá confirmando la condena a 30 años de prisión contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, ha generado las reacciones más encendidas, a favor y en contra. Y de ellas las dos más polémicas: una, que desde el Ministro de Defensa Nacional, pasando por el resto de la cúpula militar hasta el Comandante de la Escuela de Caballería, “celebren un acto público en la Plaza de Bolívar de Bogotá pidiendo perdón a la comunidad por los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985 que llevaron a la desaparición” de dos personas.
Y dos, la solicitud al Fiscal Principal ante la Corte Penal Internacional para que considere presentar el caso de la posible responsabilidad de Belisario Betancourt Cuartas, presidente para la época de los hechos. Según el Tribunal, para que se “impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al ex presidente de la República en el ámbito interno colombiano”.
Y de nuevo ha sido Troya. Ha metido baza el mismo presidente Santos, poniéndose del lado del Ejército y del ex presidente Betancourt, con inmediatas reacciones de las altas cortes en defensa de la independencia y autonomía de la Justicia y exigiendo el respeto por los fallos judiciales. Lo que viene no será nada fácil. No hay, como se ve, ningún ánimo del Primer Mandatario, en calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, de hacer cumplir la orden de los magistrados. Y resultaría altamente perturbador, independientemente de la gravedad de las desapariciones, el observar a los altos mandos colombianos en un acto público pidiendo perdón a la comunidad.
Lo segundo, el caso Betancourt, depende ya más de un fuero externo, el Fiscal Principal de la Corte Penal Internacional, que de lo que puedan o deban hacer las autoridades colombianas. De cualquier manera, y obviando el silencio que ha guardado el ex mandatario desde noviembre de 1985, llevar ante un órgano judicial extremo a una persona de más de 90 años de edad no sería necesariamente un acto de Justicia. Estos hechos han generado confusión en la opinión ciudadana, que no logran asimilar el impacto de semejantes decisiones, en un país, donde la justicia no ha brillado, con la luz que requiere para la construcción de una sociedad en paz.

“Llevar ante un órgano judicial extremo a una persona de más de 90 años de edad no sería necesariamente un acto de Justicia”.
EDITORIALITO
Es una lástima que el Ministerio del Medio Ambiente no haya garantizado su participación en la audiencia pública para evaluar el cumplimiento de los compromisos por parte de Emgesa, en la construcción de El Quimbo. Aunque la audiencia no ha sido cancelada, debe con urgencia definirse una fecha para aclarar el panorama.

La multinacional Emgesa, constructora del proyecto El Quimbo, sería la responsable de los daños en el puente Paso El Colegio, de acuerdo con la sorpresiva declaración que hizo el senador conservador Hernán Andrade, remitiéndose a su vez a un informe técnico elaborado por el Instituto Nacional de Vías (Invías). Y de inmediato planteó la posibilidad de instaurar una demanda contra la firma española para que se repare económicamente todo el daño ocasionado, tanto al mismo puente – que finalmente es el menor costo – como al perjuicio sufrido por toda la zona occidental del Huila durante varios meses.
Al parecer, las socavaciones de tierra realizadas para la construcción del proyecto, desviaron el cauce del río,  debilitando la estructura. Lo que debe seguir es una juiciosa evaluación técnica, no política, del aludido informe por parte de expertos y sus conclusiones son las que corresponde acatar, para provocar las demandas solicitadas o eximirse de ellas. También, según el dirigente, el informe se encaminaría a inculpar a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), por la falta de controles ambientales a las obras.
Estamos frente a hechos y consecuencias que no son imposibles de verificar, tanto desde el punto de vista técnico como desde el campo jurídico. Los daños del puente, tras una falla del terraplén que se ocasionó por la erosión y, al parecer, el cambio de cruce del río que generó la multinacional Emgesa, están a la vista.
Ahora, en cuanto a la CAM, parece más complejo establecer su real responsabilidad, entre otras razones porque, hasta donde hemos tenido conocimiento público, a diferencia del Ministerio de Ambiente la CAM sí ha tenido una postura crítica y fuerte en el desarrollo del otorgamiento de la licencia ambiental, la discusión de las compensaciones y el inicio de las obras.
Que se haga plena claridad en este asunto, que se establezcan responsabilidades directas, que se determinen técnica y económicamente los perjuicios y, sobre todo, que haya una real compensación por los daños causados. El cierre de la vía Laberinto – Paicol – La Plata y su conexión con Popayán es la única vía nacional que, día a día, aparece desde hace meses en los reportes diarios del estado de las carreteras. Si se evaluara a fondo, el detrimento puede llegar al punto de un verdadero atraso al desarrollo y progreso de toda el área afectada, que no se circunscribe al occidente huilense sino que impacta al mismo Cauca, Caquetá y Putumayo.
Tienen ante sí el Gobierno Departamental, los diputados, alcaldes y congresistas un reto de responsabilidad política ente este caso. Pero son los expertos de la ingeniería, ojalá especializados en puentes, quienes deben dar la última palabra. Y sobre ella actuar.

“Lo que debe seguir es una juiciosa evaluación técnica, no política, del aludido informe por parte de expertos y sus conclusiones son las que corresponde acatar”.

Editorialito
Los recursos anunciados por Invías para enfrentar el caos vial, derivado de la ola invernal, son insuficientes para mitigar los daños. La apropiación de los recursos que el Huila requiere debe ser el esfuerzo mancomunado de la clase dirigente para presionar la atención adecuada.

Mientras los bogotanos disfrutan de agua potable – calificada como una de las de mejor calidad de Suramérica – y su nuevo Alcalde trabaja para bajar aún más las tarifas y fortalecer a la Empresa de Acueducto mediante una holding con las otras compañías distritales de servicios públicos, en Neiva hay serios problemas de suministro del líquido, no hay garantía de que el agua sea potable y, para resolver agudos problemas financieros y administrativos que aquejan a Empresas Públicas (EPN), la única solución que nos anuncian es el aumento exagerado de las tarifas para todos los estratos. Mientras en Bogotá un usuario de estrato uno apenas paga $10 mil mensuales en promedio por el agua, en Neiva no sólo hoy ese mismo estrato pobre paga casi el doble sino que, a partir de marzo, le aumentarán el 25%. Y en similar proporción, o mayor, para el resto de estratos.
Justamente después de las graves denuncias hechas por el propio Gerente de EPN respecto de los altísimos costos laborales, la incorporación de numerosos funcionarios nuevos con jugosos salarios por parte del pasado gobierno local, deudas multimillonarias adquiridas a última hora y un déficit cercano a los $30 mil millones, la solución “mágica” es atacar el bolsillo de los usuarios, pobres y ricos. Y más aún cuando no hay garantías de mejorar la calidad y la continuidad del servicio. Lo legal, como está establecido es que en la mayoría de los e servicios públicos  la variación anual no puede ser superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Una familia neivana de estrato uno, que ya paga en promedio veinticinco mil pesos mensuales, deberá destinar ahora otros cinco mil para cubrir el costo de acueducto; considérese que tal familia no llega a ingresos de un salario mínimo mensual, de tal manera que sólo por el líquido podría estar destinando el 10% o más de sus menguados bolsillos.
Ahora bien, se trata de un aumento derivado de la eliminación de subsidios a los sectores más pobres, originado por los recortes en las regalías directas, de la cual son responsables los congresistas que avalaron la reforma. Mientras para los estratos uno, dos y tres el incremento será entre el 25% y 12%, al cuatro solamente le tocará una variación menor al 4%, y los de cinco y seis pagarán casi el 50% más. Más allá de las discusiones de fondo frente a la posible privatización o reestructuración de EPN, la administración local debe sopesar mejores elementos de juicio, consideraciones sociales y evaluación de otras alternativas antes que recurrir al aumento del servicio. El desgreño administrativo y los excesos clientelistas en EPN, de otros años, no tienen por qué pagarlos los usuarios.

“El desgreño administrativo y los excesos clientelistas en EPN, de otros años, no tienen por qué pagarlos los usuarios”.

Editorialito

El Foro Regional Agropecuario convocado en Neiva resultó un fracaso. Aunque campesinos, alcaldes y dirigentes del sector llegaron cumplidos al certamen, ningún vocero del Gobierno Nacional, atendió la invitación. Otro desplante. ¿Falta mayor liderazgo?

El año pasado los peruanos tiraron la casa por la ventana y vincularon al mundo entero a la celebración de los 100 años de las investigaciones científicas y “descubrimiento” de la ciudadela más impactante de la historia precolombina, Machu Picchu. Fue un acontecimiento de orgullo nacional para sus ciudadanos, aprovechándose de una fecha que no era precisamente ni la de la creación o fundación de la ciudadela y ni siquiera de su real descubrimiento. De Machu Picchu se tenían noticias mucho antes de 1911, incluyendo documentos de los mismos conquistadores españoles del siglo XVI y varias expediciones en los siglos siguientes, pero sólo cuando el profesor estadounidense Hiram Bingham llegó a la ciudadela en julio de ese año y empezó sus indagaciones, con el apoyo de la Universidad de Yale y la National Geographic, el mundo se interesó cultura y turísticamente por el sitio.
La historia de San Agustín es similar. Las esculturas precolombinas, de paso mucho más antiguas que Machu Picchu – que fue construida apenas poco antes de la llegada de Colón – fueron vistas y analizadas por varios investigadores entre los siglos XVIII y XIX, como el misionero Fray Juan de Santa Gertrudis, el sabio Caldas y el geógrafo Codazzi; en tanto los campesinos habitantes de la zona las desenterraban para usarlas como soporte de sus humildes viviendas. Pero es el alemán Konrad Theodor Preuss en 1913 quien, al igual que Bingham, se dedica a investigar a fondo el área, desentierra centenares de esculturas, elabora documentos e incluso se lleva varias a su país. Luego hacen lo propio el español José Pérez de Barradas y los colombianos Gregorio Hernández de Alba, Luis Duque Gómez y Julio César Cubillos.
Corresponde entonces a todos los estamentos oficiales y privados, encabezados por el Gobierno Nacional, la Gobernación y la Alcaldía de San Agustín trazar una conmemoración a la altura o mejor que la hecha por los peruanos. Es un momento clave para fortalecer tanto las investigaciones científicas como rediseñar, remodelar, adornar y darle toda la trascendencia que San Agustín tiene dentro y fuera de Colombia.
Con modestia y bajo perfil el Instituto Colombiano de Antropología ICANH abrirá este viernes 3 de febrero los eventos, denominándolos como  “Arqueología y Mitopoética de San Agustín 100 años”. No hay a la vista, a menos de un año de la fecha, un plan serio de la conmemoración; no se ha escuchado al Presidente de la República, a la Ministra de Cultura, a nuestros congresistas o a la Gobernadora referirse al tema a fondo. San Agustín – quizá con la debilidad de su nombre europeo para efectos de mercadeo y publicidad – es la más grande muestra de arte precolombino al aire libre del mundo. El enigma de sus formas, la increíble asimetría lograda en épocas en las que sólo había piedra para pulir piedra, el misterio de la desaparición de sus grandes artistas y el impresionante paisaje alrededor, que abarca miles de hectáreas con ríos, cascadas y más y más esculturas, merecen una celebración de nivel mundial. ¿Qué estamos esperando para comenzar?

“Corresponde entonces a todos los estamentos oficiales y privados, encabezados por el Gobierno Nacional, la Gobernación y la Alcaldía de San Agustín trazar una conmemoración a la altura o mejor que la hecha por los peruanos”.

EDITORIALITO
Los programas de recuperación de la malla vial en Neiva  quedaron por ahora congelados, por falta de recursos. El alcalde Pedro Hernán Suárez debe gestionarlos para recuperar con urgencia las principales vías urbanas.

Durante muchos años el país ha asistido al espectáculo – afortunadamente en descenso – de las multimillonarias e insólitas pensiones concedidas a un alto número de ex congresistas que, sin haber cotizado suficiente tiempo o apenas unos meses de “palomita” en la curul, lograron los jugosos beneficios que debemos pagar todos los colombianos.
Ahora revienta un particular caso, ya en ciernes desde el año pasado, de magistrados auxiliares del Consejo Superior de la Judicatura que, con pocos meses de labor, consiguieron millonarias pensiones. Y faltan datos de otros municipios, o mejor, de otras altas cortes. La Justicia, majestuosa concepción de la civilización, quizá el mayor logro del ser humano para su armonía y convivencia, cae a lo más bajo de la corruptela y se unta del estiércol de la deshonestidad.
Son ya olvidados los años en que la Justicia colombiana era la cenicienta del Estado. Bajos sueldos, pésimas condiciones de infraestructura, débil apoyo técnico y baja calidad del servicio eran cosa corriente, con jueces y magistrados haciendo gala de su mejor condición de altruismo hacia la sociedad. Hoy los sueldos de la Justicia están a la par estatal, e incluso más arriba en las escalas regionales; un magistrado, fiscal y procurador delegados de Tribunal tienen salarios que casi doblan el de un Gobernador departamental. Jueces de Circuito reciben compensación mucho más alta que la de un Alcalde de ciudad intermedia. Sin embargo, tales sustanciales mejoras han logrado un efecto perverso, especialmente en las deterioradas arcas pensionales. Se ha abierto un voraz apetito por jubilaciones enormes, con la aquiescencia en muchos casos de quienes, como la misma Procuraduría, debieran trabajar para evitarlo.
Pero lo peor es lo que subyace escondido o ligeramente mimetizado en la jurisprudencia. Decenas de fallos de las altas cortes bien podrían catalogarse como sentencias en causa propia: los honorables magistrados, en su sabiduría e independencia, establecen irritantes discriminaciones a favor de la Rama Judicial, hoy para favorecer a uno de sus funcionarios pero sabiendo que mañana esa misma decisión será usada por el magistrado que la dictó.
La “bomba” pensional que el país ha ido inflando en los recientes 20 años tiene gruesa participación de lo más alto del poder del Estado: una minoría de ex congresistas, ex magistrados, ex ministros y generales en retiro gozan de prebendas que superan con creces lo que el promedio de un colombiano trabajador podría lograr en centenares de años. Y reciben esas jugosas mesadas sin haber cotizado o contribuido siquiera la mitad de lo que llega a sus cuentas, y seguirá llegando de manera vitalicia, o a sus cónyuges supérstite.
La discusión del asunto pensional es cada vez más urgente, y debe darse en consideración con las generaciones futuras. Les estamos heredando deudas exorbitantes que ellas no deben ni tienen porqué asumir. Nuestros hijos y nietos no son los deudores de este desbarajuste.